Dos años de pandemia y de aislamiento nos han dejado saldos dolorosos y aprendizajes impensables, pero también nos han enfrentado a las consecuencias de la decisión tomada en el país en las últimas décadas, de dejar en manos del mercado algunos derechos fundamentales como educación y salud.

Sabemos que las características de la sociedad son determinantes para el tipo de educación que tenemos y que ésta permita contribuir al desarrollo individual y colectivo de las personas, es lo que llamamos las características estructurales; tal vez la desigualdad y la debilidad institucional sean dos de las más importantes en el país.

Sabemos que la pandemia no ha afectado a todas las personas por igual y ello se refleja también en la educación. Nuestras instituciones educativas, docentes, estudiantes y logros educativos, aunque venían mejorando, siempre fueron profundamente desiguales; en consecuencia, el acceso a la educación durante la emergencia fue desigual, dependió de los recursos de cada familia, docente y escuela, aunque lo más llamativo fue el acceso desigual a la conectividad y los dispositivos digitales. La desigualdad de las capacidades y recursos de los docentes y las familias fueron gravitantes. En los hogares hubo limitaciones, incluso para disponer de tiempo o de espacio. El resultado es que las brechas de aprendizaje crecieron y fue mayor número de estudiantes que interrumpieron su escolaridad. Estas brechas constituyen el primer gran desafío para nuestro país y para la educación.

Una segunda característica es la debilidad institucional en todos los ámbitos de nuestra sociedad; la informalidad y precariedad del empleo y de los sistemas de seguridad social empujaron rápidamente a muchas familias a romper la cuarentena. Los bonos llegaron mal y tarde y la vida estuvo sujeta a absurdos como el inmoral negociado en la provisión de oxígeno. En educación, ante las inmensas carencias en el acceso a internet, se usó masivamente la mensajería instantánea para “conectarse” con las familias de los estudiantes y hubo casos de abandono parcial o total.

También tenemos debilidad institucional en el Estado. En salud y educación, pagamos el precio de renunciar a la visión del bien público y de derechos humanos fundamentales con la consecuente reducción de la responsabilidad del Estado, lo cual favorece el crecimiento de la oferta privada y la precarización de nuestras instituciones educativas estatales. Ello en el contexto de un discurso social y político hipócrita que afirma que la educación es fundamental en la vida de las personas, familias y pueblos, pero que no se compromete con políticas de largo plazo debidamente financiadas.

El resultado es que en las zonas pobres, nuestras familias y nuestras escuelas son pobres y nuestros docentes son abandonados a su suerte, lo que, aunado a la debilidad institucional, hace que la atención educativa también sea pobre, a pesar del denodado esfuerzo de docentes, escuelas y familias. Indicadores de esa debilidad son la sobrecarga administrativa para los docentes buscando más “control” y la emisión de medidas que cambian constantemente, sin suficiente evidencia y sin objetivos claros, cuyo efecto es la confusión y desánimo.

Por supuesto también hubo aprendizajes importantes, de los que relevamos tres: una gran cantidad de docentes, directivos de instituciones educativas y funcionarios muy comprometidos con los estudiantes, hicieron un gran despliegue de creatividad pedagógica y energía; una nueva relación entre la escuela y la familia basada en los aprendizajes de los chicos y chicas, así como el aprendizaje autónomo como práctica, de estudiantes y docentes. Por supuesto hay muchos más, como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la organización del equipo escolar, los roles de las Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), espacios de intercambio profesional, entre otros.

Mirando hacia adelante, la gran pregunta es qué nos vamos a proponer, como país, con la vuelta presencial a las aulas. Considero que hay, por lo menos, tres escenarios:

Haremos “¡Check!” cumplimos con volver; entonces, los esfuerzos se centrarán en las dificultades del día a día -la infraestructura, la vacunación de docentes y estudiantes, las resistencias de parte del magisterio o las familias, etc.- y luego haremos lo mismo que dos años atrás, en una suerte de “negación de la pandemia” ignorando lo que ha cambiado, que nos faltan estudiantes y colegas en nuestras escuelas o que hemos aprendido cosas diferentes.

Haremos un esfuerzo por “nivelarnos”, buscaremos recuperar el tiempo perdido en los aprendizajes de nuestros estudiantes y ponernos al día, desplegaremos muchos recursos pedagógicos, humanos, financieros e institucionales y en un año o dos, declararemos que para la educación la pandemia ha terminado.

Proponernos mejorar la educación, reinventarla y replantear, de manera significativa, la educación que brindamos a la ciudadanía, enfrentando sus grandes problemas -la desigualdad y las debilidades institucionales-, y proponiendo grandes retos: paradigmas pedagógicos que abracen la diversidad, que habiliten hacia una ciudadanía plena y que aprovechen lo aprendido por docentes, estudiantes y familias.

Es una decisión política y ciudadana que tiene como condición fortalecer la institucionalidad en todo el sistema educativo, incluyendo las articulaciones necesarias, para la atención integral de nuestros estudiantes, con las familias, las municipalidades, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social -Qali Warma, Juntos, Cuna Más- Ministerio de Salud, el RENIEC o los programas de agua segura para las localidades y escuelas.

A cada docente le toca realizar las evaluaciones diagnósticas de sus estudiantes y planificar un trabajo personalizado; a las escuelas, trabajar como comunidad de aprendizaje y de enseñanza recuperando los estudiantes que perdieron, rediseñando sus estrategias pedagógicas, rescatando sus aprendizajes; a las UGEL e instancias regionales, les toca reducir cargas administrativas y dar soporte, orientar y habilitar: al Ministerio, revisar y dar coherencia y sostenibilidad a sus propias normas y orientaciones, abrir juego y ampliar las capacidades de gobiernos regionales, superando la tentación de “sobrenormar” y de sustituir las competencias de las UGEL.