Conceptuamos la familia como el grupo de personas que comparten un proyecto de vida, que se respetan y que, dadas las diversas situaciones de la existencia humana, se prodigan protección en los casos en que la dependencia sea necesaria para la supervivencia. La familia es, además, la unidad básica de la sociedad, el espacio en el que se espera que cada ciudadanx ¹ inicie su interacción social mediada por el afecto. Este es el tipo de familia que el Estado y la sociedad deberían promover y proteger.

Sin embargo, a lo largo de la historia, el sistema heteronormativo ha institucionalizado una forma de familia que ha permitido el ejercicio de la violencia contra las mujeres, infantes, adolescentes, personas adultas mayores y también contra lxs LGBTI.

Los movimientos feministas han logrado avances que han redefinido las relaciones de poder al interior de la familia. Aunque resta mucho por recorrer, el reconocimiento de derechos ha hecho posible dejar de lado la estricta sujeción de la mujer al esposo, vigente hasta hace pocas décadas, así como generar normas que sancionan la violencia contra las mujeres, las personas adultas mayores e infantes, situaciones que son ahora, además, socialmente condenadas.

En este contexto de avances normativos y sociales, la población LGBTI ha permanecido invisible, las familias que conforman no tienen reconocimiento social ni legal. Actualmente, la normativa nacional reconoce expresa y exclusivamente el vínculo heterosexual: en el Código civil (matrimonio) y en la Constitución (unión de hecho). Esto ha generado casos de vulneración de derechos por parte del Estado: a Darling Delfín y Victoria Trujillo, casadas en México y madres de un niño, a quienes el RENIEC no les reconoce la maternidad compartida; a Oscar Ugarteche y Fidel Aroche, lo mismo que a Susel Paredes y Gracia María Aljovin, se les ha negado el reconocimiento de sus matrimonios celebrados en el extranjero. En ambos casos, el PJ falló a favor de la inscripción de su estado civil, como sucede con las parejas heterosexuales, pero el RENIEC apeló las sentencias. Esa falta de reconocimiento de las familias que conformamos ha generado situaciones de vulneración de derechos, como el que ante la enfermedad grave o fallecimiento de la pareja, la otra persona esté impedida de decidir o heredar. Sin embargo, en agosto pasado el Poder Ejecutivo reconoció el otorgamiento del apoyo solidario para los convivientes del personal de salud fallecidos a consecuencia de la pandemia.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, en su Informe 175 (2016), señala que lxs LGBTI son “un grupo vulnerable y proclive a sufrir atentados contra su vida e integridad, discriminación, insultos, exclusión y negación de derechos no solamente por las autoridades o terceras personas sino también por su propia familia...” (p. 127). Los Informes de Derechos Humanos publicados por la Red Peruana TLGB y Promsex, lo mismo que los de la Colectiva #NoTengoMiedo, señalan lo frecuente que suele ser la expulsión del hogar de adolescentes trans femeninas. Ante esta situación, es válido preguntarse: ¿podemos denominar familia a aquella cuyos progenitores arrojan a la calle a sus hijxs adolescentes trans?

Las particulares características de la orientación sexual, la identidad y expresión de género, OSIEG, como causales de prejuicio y discriminación, generan actos de violencia al interior de las familias de origen. En el caso de la causal etnia, tan presente en la sociedad peruana, si una persona afroperuana experimenta discriminación y/o violencia por prejuicio, suele encontrar en su familia un espacio de acogida. Para lxs LGBTI, los prejuicios, la discriminación y la violencia suelen estar presentes incluso al interior de su familia de origen, se viven en lo cotidiano, incluso antes que la persona comparta estos aspectos de su personalidad con algún/a familiar. Es por ello que muchxs viven en el silencio y ocultamiento por temor a las consecuencias, situación que se ha agudizado en esta época de cuarentena en la que algunxs han convivido cotidianamente en entorno familiares signados por el prejuicio.

El activismo LGBTI peruano ha abordado el tema familia en ambos ámbitos. En relación a las familias de origen, desde el 2008 existe la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú, una agrupación conformada por madres, padres y familiares de personas LGBTI, que habiendo dejado de lado los prejuicios por OSIEG, se han unido a la brega por el reconocimiento de los derechos de sus familiares. Además, acompañan a otras familias en el proceso de aceptación, asumiendo el apoyo familiar como factor fundamental para el desarrollo de su hijx o familiar. Esta asociación también ha promovido agrupaciones similares en ciudades de regiones; también ha acogido a jóvenes expulsadxs de su hogar. Definitivamente una acción que suple la labor de protección de derechos que el Estado no está desarrollando.

En relación a las familias que lxs LGBTI conforman, en julio del 2003 se creó el Registro Simbólico de Uniones, una iniciativa del Colectivo Uniones Perú: Hacia lo Igualitario, en la cual las parejas de personas LGTBI pueden expresar simbólicamente su voluntad de ser reconocidas. Otras organizaciones también abordan el tema: entre ellas: la Red Peruana TLGB y Más Igualdad.

Como una demostración de la voluntad política de algunos sectores progresistas, han sido presentadas propuestas: en 1993, Julio Castro Gómez, propuso el reconocimiento de las parejas del mismo sexo en la Asamblea Constituyente; en 2013, fue presentado un proyecto de ley de Unión Civil no matrimonial entre personas del mismo sexo y en 2017 el proyecto de ley de Matrimonio Igualitario. Todas estas propuestas fueron archivadas por la presión de grupos fundamentalistas.

Familias que superen los prejuicios, respeten a cada integrante, que eliminen la discriminación y la violencia, formarán personas con mejores posibilidades de un ejercicio ciudadano para un país con democracia plena, aquél en el que anhelamos vivir y desarrollarnos.