El pasado 20 de octubre, la comisión de relaciones exteriores del Congreso de la República del Perú decidió, por mayoría, archivar la ratificación del Acuerdo de Escazú después de un año de ingreso para su debate luego de que una avasalladora campaña de desinformación sobre los alcances de este instrumento se desplegara en espacios de opinión, tergiversando su contenido y convirtiéndolo en instrumento invasivo y amenazador para la soberanía y las inversiones.

Nada más alejado de la realidad.

Cuando leemos o escuchamos de Escazú, es improbable que pensemos en el primer distrito de San José en Costa Rica. Es muy probable que lo relacionemos con un hecho ocurrido en 2018, que marcaría un hito en la historia ambiental de América Latina, la suscripción del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales

El entorpecido proceso de ratificación

En 2018, Perú y otros 22 países de la región suscribieron el Acuerdo de Escazú -como es conocido ahora-, comprometiéndose a trabajar conjunta y cooperativamente en pro de la transparencia, la rendición de cuentas, el diálogo y el respeto de los derechos humanos mediante la corrección y fortalecimiento del sistema de administración de justicia. A la fecha, el tratado ha sido suscrito por 24 países y ratificado por once,¹ quedando listo para su entrada en vigor.

Pero, ¿por qué el Acuerdo de Escazú cobró tanta relevancia entre la ciudadanía, líderes de opinión y sectores no ambientales? El COVID-19 impactó no solo a las economías, sino en la comprensión y forma de ver a nuestro medio ambiente como eje sustancial en el desarrollo de nuestras vidas.

Un virus de origen zoonótico demostró la interconexión entre las actividades humanas y el impacto de éstas en la biodiversidad, poniendo aún más en evidencia la urgencia de que líderes y lideresas de los países del mundo, trabajen en compromisos más ambiciosos para preservar la diversidad biológica en condiciones aceptables para las generaciones futuras.

En este contexto pandémico, este tratado es un llamado a la acción para todos los países de América Latina y el Caribe. Su ratificación facilitaría los esfuerzos conjuntos para enfrentar desafíos en común, como por ejemplo ser la región con mayor conflictividad socio-ambiental en el mundo, o ser una de las regiones más peligrosas para las personas que ejercen defensa y protección del ambiente.

Sin embargo, actores predominantemente del sector empresarial, iniciaron una campaña de desinformación que fue respaldada por congresistas, exautoridades y autoridades, especialmente de regiones amazónicas. El primer indicio de una posible oposición a la ratificación del Acuerdo fue durante el proceso de negociación por parte de gremios empresariales quienes expresaron su preocupación por la inclusión del reconocimiento y medidas de protección de personas defensoras de derechos humanos.

Este discurso se mantuvo durante el proceso de debate en la Comisión de Relaciones Exteriores, agregando una serie de falacias y tergiversaciones sobre afectaciones a la soberanía del país para decidir sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, el sometimiento a instancias supranacionales, la aplicación desigual de los derechos a personas defensoras, entre otros.

A pesar de que expertos internacionalistas, especialistas ambientales y autoridades refutaron de manera sustentada cada uno de los fundamentos de oposición, la Comisión decidió emitir un dictamen cuestionable, reduntante y poco sustentado para el archivo del proceso.

Los derechos de acceso y la pandemia

John Knox, un ex relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Ambiente, señaló una vez que existe un círculo virtuoso entre el ejercicio de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Hoy sabemos que en tanto ejerzamos nuestros derechos efectivamente, podemos proteger nuestra biodiversidad; y tener un medio ambiente saludable, es requisito para ejercer nuestros derechos plenamente.

Entonces, los derechos de acceso nos permiten estar en contacto de manera fluida y natural con procesos de toma de decisiones respecto a la gestión de nuestros recursos, Esto será vital en una etapa de reactivación post-pandémica. Necesitamos que nuestras instituciones estén en la capacidad de tomar decisiones que favorezcan a todas y todos por igual. La efectividad y eficacia de la decisión es igual de fundamental que la premura por tomarla.

Pero eso no es todo. Los desafíos que genera la implementación de los derechos de acceso para los Estado, permite que la mejora de estándares trascienda del ámbito ambiental y su beneficio alcance a otros sectores. Así, por ejemplo, en este periodo, fue clave la generación de información y la recopilación de percepciones para la toma de decisiones. Muchos de los canales para ello, fueron respuestas reactivas empujadas por la situación de emergencia de los servicios de salud que causó la pandemia. El Acuerdo de Escazú prepara la gestión pública para que éste comportamiento institucional sea proactivo.

Sin duda, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca antes. Es momento de adoptar retos que nos hagan mejores y este Acuerdo refleja una oportunidad única para crecer de manera colectiva. El archivo de la comisión no es definitiva. Mientras tanto, impulsemos la implementación de sus estándares y la creación de sus mecanismos para garantizar que Escazú sea una realidad.