No es ningún descubrimiento reconocer que la pandemia desnudó en el Perú las falencias de un Estado precario y anquilosado, resultado del abandono neoliberal persistente tantos años y de su captura por intereses particulares, revestidos muchas veces como tecnocráticos. No sólo en el sector salud, donde fue más evidente y dramático en este año, sino también en educación, trabajo, transporte, agricultura, ambiente, turismo y cultura. En este último sector, habitual cenicienta del presupuesto y la preocupación gubernamental, se agregó el escándalo de la contratación irregular por varios años de un personaje como Richard Swing, con el aparente padrinazgo del Presidente Vizcarra y su entorno cercano, lo que casi le cuesta la vacancia del cargo. Ello ha acrecentado la percepción negativa del Ministerio, y el incremento de las voces que buscan cerrarlo o fusionarlo, lo que a la larga solo afectaría más al sector, a sus artistas y gestores, profundizando el desdén de nuestra cultura, patrimonial y viva, por parte del Estado.

A diferencia de lo sucedido en otros países, no solo europeos sino de la región, la respuesta estatal a la emergencia sanitaria en cultura fue lenta, burocrática y selectiva. Tardaron casi tres meses en reaccionar, y cuando lo hicieron, revelaron graves falencias en referencia al listado para un bono de apoyo a artistas y gestores culturales afectados por la pandemia, dónde según la Contraloría “no se identificó que la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, haya hecho uso de su sistema de información cultural o haya empleado el registro de personas naturales y jurídicas que administra y supervisa para verificar y filtrar la información recibida por los particulares”. Con diez años de existencia, el ente rector de la cultura en el país debía contar con una base de datos confiable del sector a nivel nacional, como lo establece su propio Reglamento de Organización y Funciones. La creación tardía de una Unidad de Estudios Económicos para llevar a cabo la tarea no suple la obligación de las direcciones existentes de llevar adelante este recojo y renovación de información permanente en sus diversas áreas.

A finales de mayo se aprobaron “mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el sector Cultura producidos en el contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19”, otorgándose cincuenta millones de soles para este propósito (Decreto de Urgencia N° 058-2020). Lo que demandaban los artistas y gestores era un salvavidas urgente ante la crisis y la falta de posibilidades de trabajo en un mediano plazo. Pero a falta de información confiable del sector, los funcionarios del ministerio optaron por lanzar concursos encubiertos en líneas de apoyo. Con eso se impuso un darwinismo cultural, con comité supervisor (que es una forma eufemística de jurado) lo que implica que quienes no sean seleccionados, quedarán en el abandono, es decir la mayoría, porque en gran medida muchos de los artistas carecen de la formalidad requerida, a pesar que sus creaciones son públicas.

Agréguese a todo lo anterior el papeleo y demora para la entrega de estas ayudas, como si viviéramos una situación de normalidad sin urgencias económicas y cuentas que atender. Todo ello coincidente con noticias sobre artistas y gestores en todo el país atravesando graves situaciones de salud por el coronavirus y otros efectos colaterales, además de golpeados por la crisis y el desempleo.

Cinema paraíso

En medio de toda esta situación, el cine aparece como una isla casi privilegiada al contar con una ley y recursos públicos más o menos estables para promover la actividad. Sin embargo, varios hechos recientes públicamente ventilados han demostrado que bajo la aparente fachada de prosperidad se esconden muchos puntos irresueltos y más de un caso pendiente.

El problema de fondo es el agotamiento de un enfoque único del cine nacional, dominado de manera exclusiva por los Concursos, y dónde la Dirección del Audiovisual, Fonografía y Nuevos Medios (DAFO) encargada de implementarlos, adquiere cada vez mayor poder de decisión para imponer las características de un cine nacional centrado en un grupo de productores. Por eso, la última norma de finales del año pasado, el decreto que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual (Decreto de Urgencia N° 022-2019), aprobado con inusual premura por el Ejecutivo durante el interregno sin Congreso, es en lo sustancial más de lo mismo de la anterior promulgada en tiempos de Fujimori, con mayor presupuesto, pero también con puntos regresivos y omisiones sustanciales.

En el Ministerio de Cultura se acentuó en los últimos años una cierta tendencia economicista, con todo el discurso de la “economía naranja” promovido por el BID, que privilegia la acción en las industrias culturales –como si ya estuvieran consolidadas en el país- Eso explica porqué la legislación reciente se preocupó de los productores, disminuyendo los derechos laborales de los trabajadores audiovisuales, así como dejando de lado las mejoras de la Ley del artista. La cultura antes que entidades y obras, son personas de carne y hueso que la hacen posible, como la pandemia lo demuestra.

La controversia por la aparición entre gallos y medianoche de la llamada Academia Peruana de Artes y Ciencias Cinematográficas (APACC) no puede por eso limitarse al intento espurio de un grupo de productores de un gremio por auto instituirse como entidad “oficial” para determinar la representación nacional en premiaciones y eventos internacionales como el Óscar o el Goya, sin dejar de lado el aval que de inmediato le concedió la DAFO, presentándose casi como una mesa de partes, mientras que para cualquier otro trámite en el Ministerio o la Dirección, a casi todos los que los hacen, los empapelan en requisitos. Tal vez se explique mejor esta premura por la visible presencia de EGEDA, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, detrás de la iniciativa, a pesar del evidente conflicto de intereses al respecto.

Similar fue lo que ocurrió alrededor de la discusión sobre el proyecto de Reglamento del Decreto N° 022-2019, que se coordinó con los gremios, pero sin publicar el texto definitivo, presentándose solo power point “explicativos”. Ante la insistencia de cada vez más cineastas para que se haga público, sea por la vía formal o de las redes sociales, finalmente DAFO se avino a hacer público el documento por unos días para recoger opiniones y, oh sorpresa, nos encontramos con todo un capítulo sobre estímulos fiscales censurado. Es cierto que es responsabilidad del Ejecutivo la dación de los reglamentos, pero también que estos deben ser socializados de forma transparente con los interesados y la opinión pública en general, en especial tratándose del manejo de recursos públicos.

Por otra parte, el mencionado proyecto evita reglamentar los artículos referidos a Promoción de la Actividad Cinematográfica (o Film Commission), el uso de la Televisión Pública y del Archivo Cinematográfico y Audiovisual (el archivo del Ministerio de Cultura se constituiría en "Cinemateca Peruana") Igualmente en cuanto a la Formación Cinematográfica y Audiovisual, no hay mención al Ministerio de Educación, que estaba en el texto original. Una muestra clara que a la DAFO sólo le interesan los concursos y el régimen de sanciones (que es el más extenso) y el resto era sólo un saludo a la bandera, incluido lo de la exhibición, limitada al contrato previo entre exhibidores y distribuidores, sabiendo que una ley no puede imponer la suscripción de un compromiso privado sin violar el “libre mercado”.

Un retroceso preocupante en el decreto de urgencia está en relación a los derechos de los artistas y técnicos peruanos en cuanto al porcentaje de trabajadores y al monto de sus remuneraciones que estaba consagrado en la Ley 26370, supuestamente con el objeto de incentivar la coproducción, que sin embargo ya estaba contemplada en la norma anterior. En este tema el reglamento profundiza la desnacionalización ya planteada en el DU para los artistas y técnicos peruanos, o lo que algunos crédulamente creen “internacionalización”, y se juegan con muchas ambigüedades para dejarle la pista libre a quienes quieran aprovechar el clásico “cholo barato” con el pretexto de acceder a Netflix, Amazon, Movistar, o cualquier otra plataforma de moda.

Lo que más llama la atención en todo este proceso es el silencio de la multiplicidad de gremios y asociaciones de cine y audiovisuales nacionales y regionales, entendible en los que representan a los productores, pero en los otros casos aparentemente motivados por evitar cualquier choque con los funcionarios del ministerio y el acceso a los premios. Tal vez la excepción sea el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores del Audiovisual y la Cinematografía del Perú (SINCA), que ha demostrado mayor autonomía en la defensa de sus fueros en esta coyuntura.

El desconcierto

Algunos de esos gremios se han pronunciado contra el Proyecto de Ley N° 6257/2929-CR presentado en la Comisión de Cultura del Congreso, que modifica algunos aspectos y amplía otros del DU N° N° 022-2019. Se arguye que esta propuesta no sería resultado de un proceso democrático, pero tampoco lo fue el D.U., aprobado sin conocimiento ni debate por el Gobierno, y ni qué decir del Reglamento que durante mucho tiempo no se quiso presentar. Otros impugnan que el autor del proyecto sea el exministro y congresista Daniel Urresti, cuestionable por su pasado en tiempos de la guerra sucia (y la acusación pendiente por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en Huanta) además de su accionar autoritario y sus declaraciones poco respetuosas en temas de derechos humanos.

Con los antecedentes de su proponente, uno esperaría que el proyecto de ley contenga una propuesta censora. Sin embargo, el documento parece más bien redactado por un asesor con conocimiento del tema, que señala asuntos urgentes que se esgrimieron en proyectos anteriores, y que sorprendentemente fueron dejados de lado por los funcionarios del Ministerio de Cultura. Por lo demás, el argumento ad hominem contra Urresti olvida que el juego de la política y las leyes no se mueve en el mundo de lo ideal. Recordemos que en 1994 fue posible la Ley 26370 promovida por un gobernante de facto, Alberto Fujimori, que antes había destruido el Decreto Ley de Promoción de la Industria Cinematográfica, la 19327.

¿Qué contiene el proyecto? Básicamente cambios puntuales a algunos artículos del Decreto de Urgencia, que cubren sus más notorios vacíos. En primer lugar, tres artículos relacionados a ampliar el régimen de estímulos tributarios para las personas naturales o jurídicas, para estimular la inversión extranjera y facilitar el crédito fiscal a las inversiones en el sector. Propuestas de mecenazgo, como en otros países, para promover la inversión privada en el audiovisual a cambio de tributos para competir en el mercado mundial de cine y plataformas digitales, que fueron sostenidas en su momento por el excongresista y ministro Francesco Petrozzi, pero que salieron notoriamente disminuidas en la propuesta final del Decreto de Urgencia.

Se plantean también varios puntos que se han venido reclamando en el sector, como la “implementación del Film Commission” para impulsar la filmación extranjera en locaciones en el país, incorporando a los artistas y técnicos peruano y la creación de la Cinemateca Nacional y Archivo Cinematográfico y Audiovisual. Finalmente, en la exhibición de obras cinematográficas se contempla la implementación de un mínimo de mantenimiento para lograr la permanencia de las películas peruanas en las salas comerciales si cubren la capacidad mínima rentable de espectadores establecida previamente, y la Cuota de Pantalla para establecer porcentajes mínimos de obras peruanas a estrenarse en las salas nacionales, tomando como base los acuerdos del TLC con Estados Unidos que permiten hasta un 20% al respecto.

¿Temas pendientes? En lo inmediato lo de los artistas y técnicos peruanos reducidos en sus derechos con el decreto de urgencia, la restitución del 40% del presupuesto para el cine regional, y desconcentrar la capacidad de decisión sin mayor fiscalización de los funcionarios del Ministerio. También, echar a andar la tan ansiada y necesaria Escuela pública de cine y audiovisual peruano.

Al final del camino

Hace un año la ciudad del Cusco fue escenario de un Encuentro Internacional de Cinematecas organizado por la dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura, que con mucha pompa anunció a los nacionales y extranjeros presentes la futura creación de la tan ansiada Cinemateca Nacional en el marco de las acciones por el Bicentenario. Sea por la pandemia u alguna otra situación, lo cierto es que seguimos sin una institución que preserve nuestra memoria audiovisual. En el mismo evento, gracias a la documentada denuncia de Francisco Adrianzén, se supo del abandono y grave deterioro de los archivos fílmicos de lo que fuera la Cinemateca Universitaria, la primera que hubo en el país gracias al empuje pionero de Miguel Reynel.

Al año siguiente, en el Concurso de proyectos de preservación audiovisual que organiza la DAFO para tercerizar en particulares lo que debería ser el accionar de un inexistente archivo fílmico público, no se otorgó ningún apoyo para recuperar esos históricos archivos. Absurdo burocrático que pretende someter al mismo rasero a proyectos por realizar con los que deberían formar parte de nuestro patrimonio audiovisual.

Es hora de cambios de fondo, que no desanden lo avanzado y que permitan tener otra matriz de desarrollo en el cine peruano, donde los beneficios del Estado no sean sólo para unos cuantos productores sino para la sociedad en su conjunto, empezando por su cultura y memoria. Por eso no se debe desestimar la posibilidad de poner en agenda la viabilidad de un cine más inclusivo, integral y sostenible en tiempos de una pandemia que nos ha revelado nuestra propia fragilidad como especie. (Octubre 2020)