La crisis abierta por la pandemia global del coronavirus ¹ está revelando muchas de las fisuras sociales acumuladas en las tres últimas décadas de neoliberalización de la sociedad peruana, tiempos de celebrado crecimiento económico pero con bases muy frágiles: la precarización -“formal” e “informal”- y la desprotección de una amplia mayoría de trabajadores y ciudadanos.

Demos y tánatos

Así, reaparece con fuerza un conjunto de problemas sociales estructurales, como el de la universalización de la salud pública, el sistema previsional y las AFPs, el sistema tributario regresivo, acceso al agua y alcantarillado en sectores populares, empleo con derechos, entre otros. Todo ello configura una situación de “excesiva desigualdad” -en términos del propio FMI-, que es a la vez causa y efecto en la distribución del poder social y político en el país.

Esos problemas, agudizados a lo largo de estas dos décadas de democracia liberal, nunca lograron ser encarados de manera sostenida en la agenda política nacional; cuando aparecían -lobby de por medio- eran sistemáticamente postergados o neutralizados, con lo que nunca se produjo reforma importante alguna. Cada tanto, es cierto, irrumpían, cual retorno de lo reprimido, de la mano de las promesas electorales del outsider de turno, cuando la ciudadanía ejercía su derecho de asustar al poder hegemónico.

El terruqueo tiene una larga historia en el Perú. "El 19/11/1981, el diario El Comercio publicó una caricatura con relación al "Club Terrorista", donde se ve al grupo armado "Sendero Luminoso" y a la vanguardia revolucionaria Unidad Democrático Popular (UDP)". Centro de Documentación e Investigación (CDI) del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social</em>

Sin embargo, dicha situación contrastaba con el clima del debate público, continuamente marcado por una extraña y exacerbada intensidad, situación que Vergara definía como “crispación sin crisis”,² una extraña dinámica política de confrontación sin fondo, un apasionado juego sin proyectos, ideas sin materia, lucha sin clases. Dicha disonancia entre fondo y forma no creo que pueda explicarse solamente por la “calidad” de la clase política o las élites dirigentes, o por la eterna crisis de los partidos; tengo la impresión que hay que buscar una explicación también en el tipo de régimen político construido y, en general, en el sistema político instituido en el presente siglo, así como también en las estrategias de actores y grupos sociales respecto a qué es lo que se debe o puede procesar al interior de dicho régimen y qué lo que debe quedar sistemáticamente fuera.

Es que, a diferencia del régimen político de los ochenta que, como ha señalado Alberto Adrianzén,³ estuvo marcado por la tensión entre una constitución social e igualitaria y una política predominantemente conservadora, el régimen fujimorista que nace del golpe de 1992 y la constitución de 1993 –a lo que hay que agregar la derrota de las representaciones populares-, al suturar dicha contradicción, reconfigura las relaciones entre sociedad, Estado y mercado de manera absolutamente favorable a este último y a su principal actor, el gran empresariado.

De ahí en adelante, la nueva constitución neoliberal y la política al interior del régimen político, avanzaron juntas, primero bajo tutela autoritaria y, luego de la “transición democrática”, vía una hegemonía sostenida por el crecimiento basado en la exportación de commodities y la integración a través del mercado, deuda y consumo, desplazando sistemáticamente así cualquier fórmula o alternativa reformista.

La ulterior “consolidación democrática”, terminó sellando esta separación del régimen y sus condiciones socioeconómicas ⁴ al neutralizarse o bloquearse un conjunto de apuestas igualitarias, distributivas y de derechos sociales. El llamado post fujimorismo, no supuso modificación sustancial alguna en las relaciones de poder y, con la excepción de las Fuerzas Armadas, el resto de actores predominantes en el bloque hegemónico del 90, mantuvieron sus prerrogativas o la reforzaron, como es el caso de los grandes empresarios, profundizando lo que Durand ⁵ llama la captura del Estado, proceso en donde los conglomerados económicos concentran de manera articulada tanto el poder económico como el político.

Los “groupies” del poder

Cabe precisar, que la hegemonía neoliberal se sostenía también por el nada despreciable soporte ideológico y discursivo en medios, academia y, más recientemente, en redes sociales, instalando sentidos comunes mediante la reiteración hasta la náusea de una galería de conceptos mistificadores: tipo “cajón de sastre” (el infaltable “populismo”), tipo espejismo ⁶ (la ubicua “informalidad”), tipo desreglamentador (la “tramitología”) o tipo ideológico-confrontacional (“perro del hortelano”). Sin embargo, un sector más duro de esa derecha (políticos, periodistas, opinólogos, tecnócratas) quiso ir más allá de lo que, al fin y al cabo, es un debate público de ideas, al ubicarse como “barra brava” o “groupie” del orden actual y los grupos de poder, apelando de manera recurrente a definir como “terrorista”, o “proterrorista, a cualquier impugnación parcial o general que cuestione al orden neoliberal y particularmente los privilegios de los grupos empresariales.

El alumnado de la Universidad de San Marcos, recurrente sujeto de "terruqueo". Tomado del álbum “Policías recuperan orden en campus de Universidad San Marcos” 31/03/17. Ministerio del Interior en Flickr.</em>

De ese modo, poco importaba que no haya revolución a la vista, que el MRTA no existiera ni formal ni realmente, que SL redujera su actuación armada “cocalizada” al VRAEM, o que la izquierda legal-parlamentaria fuera la más aburridamente legal de la región, con poca capacidad directa de generar hechos, iniciativas, acontecimientos, orientados a impugnar el actual estado de cosas. Estos sectores, por lo general fujimoristas y grupos próximos a la derecha más dura, a los que se fue sumando el aprismo, empezaron a llamar “caviares” a sus opositores liberales hacia el centro y a la izquierda, reservando lo “terruco” para otro tipo de batallas. En este primer caso, confrontaban con una agenda de derechos humanos, institucionalidad democrática o anticorrupción, con lo que intentaban neutralizar la influencia directa de estos sectores en el Estado y en las políticas públicas. En este caso funcionaba lo que Shklar⁷ señalaba como el acto de “desenmascarar” la supuesta hipocresía como pecado político de los adversarios, lo que no pasaría de ser parte del folklore local, si no se confundiera al liberal o progresista en cuestión con algo parecido a la secta franciscana “fraticelli” de “El nombre de la rosa” de Umberto Eco. Cabe resaltar que dicha estrategia de deslegitimación –que incluso podría leerse como un intento de partición de campos al estilo populista- aparecía, más allá de su agresividad, como una crítica interna del régimen político. Después de todo, tomar un expreso doble por la mañana, vino por la tarde, y cenar caviar ejerciendo la crítica, no atenta contra el modelo económico y el sistema político democrático.

Con todo, ambos casos podrían encajar en el esquivo término de post verdad donde -como se sabe en la cultura posmoderna-, ante la falta de la verdad es mejor tener una a la mano, aunque se sepa que no lo sea. Con el “terruqueo”, claramente, se va más allá de una simple estrategia discursiva de deslegitimación y, tengo la impresión, se conecta profundamente con el tipo de régimen y sistema político antes descrito.

Terror y control: La razón terruqueadora

A partir de la transmisión del video “Los castellanos del Perú” en el programa “Aprendo en casa” de TV Perú, donde se daba cuenta de la discriminación lingüística, pudimos apreciar la inmediata reacción –nunca mejor dicho- de estos sectores, primero acusando infiltración izquierdista o ideologizada, para luego de unos primeros intercambios apelar directamente al terruqueo.⁸ Como afirmó la sociolingüista Zavala, el lenguaje supone siempre una agenda política; en este caso claramente con el objetivo de "producir representaciones a través del lenguaje ha hecho que los significantes de ‘terruco’ e ‘izquierdista’ se hayan aglutinado en un mismo campo semántico y que, en el Perú, hayan terminado significando lo mismo”.⁹

Este incidente, como muchos otros, puede llevarnos a pensar que estamos frente a la siempre inútil tarea de intentar resolver las fracturas sociales con el hecho de no nombrarlas, algo así como callar al perro para matar la rabia. Sin embargo, en este caso estamos más cerca de lo que Coetzee ¹⁰ llamaba "el hecho de ofenderse", vinculado casi siempre a la experiencia de sentirse privado de poder o amenazado de ello, incluso cuando esa sensación es experimentada por sectores privilegiados. Así, “terruqueo” y la amenaza de perder una situación de privilegio o de primacía en las relaciones de poder aparecen estrechamente vinculados.

Jóvenes protestan contra ley de modalidades formativas juveniles, iniciativa del fujimorismo para prácticas preprofesionales no remuneradas, considerada “ley de esclavitud juvenil”. Los jóvenes fueron "terruqueados" por un sector de la prensa y por los promotores de la ley. Febrero de 2018. Foto: Eddy Ramos-Agencia Andina </em>

Por ello, lo que parece a veces grotesco o burdo del “terruqueo” dirigido a candidatos, congresistas, movimientos sociales, grupos estudiantiles, dirigentes sindicales, líderes regionales, o intelectuales, no debe confundirnos sobre su plena racionalidad, orientada no tanto a una lógica contrainsurgente -claramente desfasada-, ni siquiera a la voluntad –notoria por cierto- de exclusión de determinados actores políticos o sociales. Mi hipótesis es que principalmente se orienta a desarrollar una función de prevención y contención: prevención porque pretende apuntalar el disciplinamiento social al desmovilizar y desactivar posibles disrupciones que cuestionan el orden neoliberal y, con ello –y esto es lo principal-, contener, bloquear o debilitar las demandas distributivas, igualitarias.

Entonces, lejos de ver a los terruqueadores como sujetos irracionales, con poca cultura cívica o republicana, debemos empezar a entenderlos como síntoma y como guardianes de un régimen económico y político que, hasta hoy, ha garantizado el imperio del mercado y el homo economicus, de los grandes negocios -principalmente financieros y extractivos-, por sobre los derechos ciudadanos.

Hoy más que nunca, cuando la pandemia nos ha revelado la sociedad neoliberal en toda su crudeza, es cuando debemos preguntarnos si la nueva convivencia propuesta por el gobierno supondrá una nueva relación entre Estado, mercado y sociedad, o si seguiremos manteniendo el privilegio de unos pocos y la postergación de millones de personas.