El conflicto armado interno que enfrentó el país entre 1980-2000, trastocó integralmente la vida de las personas y los pueblos; por lo menos 2 millones de personas, 7 mil comunidades campesinas de la sierra y la selva, mayoritariamente de la región sur central del país. Entre ellas, cerca de 70 mil víctimas de graves violaciones de DDHH: muertos, desaparecidos, personas con discapacidad y víctimas de violencia sexual.

Tras la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en agosto de 2003, se inicia formalmente el proceso de reparaciones con la creación de la Comisión de Alto Nivel encargada de las políticas y acciones en materia de Reparación Colectiva y Reconciliación Nacional, CMAN, en 2005, durante la gestión del Presidente Toledo. Seis años después, al iniciarse la gestión del Presidente Humala, se formaliza el Plan Nacional de Reparaciones 2011-2021 que concluye en agosto de 2021, razón por la que nos proponemos algunas reflexiones a modo de balance preliminar.

El proceso de reparaciones en nuestro país, si bien en lo formal se legitima nacional e internacionalmente como una política de Estado importante, digna de elogios y emulación, en la realidad no habría logrado responder a las demandas y expectativas de las víctimas, fuertemente centradas en la restitución de sus derechos fundamentales, condiciones y capacidades perdidas y sobre todo, en su rehabilitación como actores de su desarrollo personal y social.

Un factor que explica este desencuentro entre la formalidad y la realidad, ha sido la insuficiente comprensión del contexto y la naturaleza del conflicto armado, que se resumen en dos características centrales de éste: de un lado, la focalización del conflicto en la población rural, comunera, indígena, en situación de extrema pobreza y en medio de profundas brechas de desigualdad social; del otro, el que las formas principales de afectación de estas zonas y poblaciones fueron de carácter colectivo, es decir incursiones sistemáticas, arrasamiento de comunidades, ocupación territorial y subordinación de autoridades comunales, cautiverio de comunidades y desplazamiento forzado. Si bien, el Informe Final de la CVR, aporta hallazgos y resultados importantes en torno a estos temas, lamentablemente no fueron articulados como referentes para la definición de los contenidos del proceso de reparaciones. Otro de los factores de esta bifurcación, ha sido el carácter dependiente del proceso de reparaciones. Los afectados y sus organizaciones mostraron en general disposición, compromiso, capacidad de resistencia y respuestas creativas frente la situación generada; sin embargo, estos esfuerzos resultaron insuficientes debido a la magnitud y profundidad de los daños ocasionados. Una efectiva reparación sólo sería posible con ayuda externa sostenida, principalmente del Estado peruano.

El verdadero cuello de botella del proceso de reparaciones ha sido la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos para asignar los recursos financieros oportunos y suficientes para garantizar su cumplimiento efectivo. Falta de compromiso sustentada en la marginalidad del tema y en una visión formalista de las reparaciones, esencialmente centrada en el cumplimiento formal de las obligaciones institucionales del Estado.

Aún con retraso significativo, desde 2005, el proceso contó con una propuesta, elaborada participativamente con las instituciones públicas y privadas con competencia y especialidad en la materia y las ocho redes de víctimas. Los aspectos mejor valorados de esta propuesta fueron la concepción centrada en el carácter reparador y sostenible, su carácter integral, la trascendencia del enfoque individual para incluir la dimensión colectiva. La propuesta también tuvo un importante consenso y el involucramiento directo de las víctimas y sus organizaciones, debido a un proceso permanente de consulta y negociación.

El costo total del proceso de reparaciones fue calculado en 4 mil millones de soles; el Estado debía asignar sólo para este fin 200 millones de soles por año, durante los 10 años de duración prevista para el proceso. Lamentablemente el Estado asignó sólo la cuarta parte del presupuesto previsto por año, generando condiciones en las que no era posible garantizar el logro de los objetivos y los resultados esperados, menos aún la sostenibilidad del proceso. Por estas razones, a pesar del tiempo transcurrido, la reparación de las víctimas sigue siendo en lo fundamental una tarea pendiente.

La prueba más palpable de esta formalización castrante del proceso, es una nueva situación de crisis que enfrentan estas víctimas por efecto de la pandemia coronavirus, un nuevo éxodo, esta vez de retorno a sus comunidades de origen en búsqueda de condiciones mínimas de sobrevivencia, negadas casi en términos absolutos en las zonas de refugio. Este denominado “retorno humanitario”, expresa el fracaso temprano de los procesos de retorno, de la inserción de los desplazados en zonas de refugio y por tanto la intrascendencia del impacto de las reparaciones en la atención de las demandas reales.

Lamentablemente, la recepción de estos retornantes también será tensa y traumática. Se prevé que enfrentarán un nuevo proceso de discriminación, esta vez por los suyos, por ser portadores de la “peste” y por el reparto de la pobreza subyacente. Quizá ésta es una nueva oportunidad para saldar deudas sociales con esta población tan castigada.