Frente a la terrible crisis generada por el COVID-19 en nuestro país vemos jugarse la vida a médicos, enfermeras y, en general, a trabajadores del sector salud que dan muestras de entrega y responsabilidad. Igualmente, advertimos la importancia de los trabajadores de limpieza pública y labores similares, una tarea crucial pero ninguneada. Policías y militares, más allá de los infaltables actos reprobables de una minoría, también están enfrentando correctamente nuevas responsabilidades.

Al margen de que los dueños de las grandes cadenas farmacéuticas subieran escandalosamente los precios de las medicinas, los trabajadores de las farmacias, como también de los supermercados y bancos se han mantenido en sus puestos, al servicio de otras personas. Trabajadores de los mercados cumplen con lo suyo, unos más organizadamente y otros menos, con riesgos cuyos resultados conocemos: un alto número de infectados entre ellos. Funcionarios gubernamentales, empezando por el presidente, los ministros e incluso algunos gobernadores y alcaldes, se esfuerzan para resolver urgencias inesperadas en todos los ámbitos imaginables. Campesinos y trabajadores rurales, superando dificultades de movilización y tantas otras, aseguran parte crucial de la alimentación diaria de millones de habitantes. Trabajadores penitenciarios laboran en condiciones más duras todavía, y millares de docentes se reinventan hora a hora para mantener la atención de sus estudiantes, en condiciones absolutamente nuevas.

Todas estas personas, junto con muchas más, pueden construir un país democrático, un mejor país para sí y para millones que la sufren y luchan por sobrevivir, incluidos los miles de venezolanos que migraron al Perú en búsqueda de una mejor vida.

Dialogar, colaborar, construir un “nosotros”

Esto exige de todos poner en segundo plano objetivos particulares, para construir confianzas nacionales y tejer pactos. Nada fácil. Peor aún si damos una mirada a la historia y recordamos la terrible frase de Basadre referida a que somos un país con tres grandes enemigos: “Los Podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca; los Congelados lo ven como un páramo; y los Incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata” (La promesa de la vida peruana. Lima: Mejía Baca, 1958, p. 51).

La situación es grave. La idea de que estamos en guerra parece una metáfora militar exagerada. De hecho lo es. Pero el gobierno sólo no podrá resolver la gravedad de una situación que dejará secuelas económicas, sociales y psicológicas por varios años. Requiere el apoyo, la colaboración, el diálogo, la movilización de todos. Estamos ante la obligación de romper con la tradición que Basadre marca con fuego. Ese es el primer y más básico sentido común que tenemos que romper, la desconfianza, la de ver en los adversarios a enemigos políticos. La de comportarnos de manera cuasi tribal. Es hora de aprender.

Fotografía: Luisenrrique Becerra- Asociación SER en Flickr</em>

Hasta el cálculo más pragmático debería enseñar que salir lo más pronto de la emergencia del COVID-19 beneficia a todos, incluso a toda la llamada élite política, que en las últimas décadas solo despertó desconfianza y muchas veces desprecio entre los ciudadanos. Los porcentajes altos de aprobación del poder Ejecutivo y del propio Congreso son inéditos. Esta es una gran oportunidad en un país desconfiado, pobre, débilmente organizado, con una frágil cultura ciudadana en todos los sectores sociales y políticamente fraccionado como es el Perú. Una oportunidad que no se puede dejar pasar.

Más aún, y hablando con el mayor pragmatismo —como les gusta a nuestros políticos—, un buen final para el actual gobierno favorece también a los vencedores de las elecciones del próximo año, tanto porque el presidente Vizcarra no tiene partido ni herederos, como porque encontrarán un país más empobrecido, pero con mayores vínculos interpersonales y mayor confianza de cara a sus políticos.

Este tiempo debería permitirnos avanzar en la forja de una comunidad nacional. El principal cambio, será modificar la actitud y la conducta tradicional con relación al “otro”, al “adversario”. Por la complejidad e incertidumbre del momento, el gobierno sólo, no podrá tomar todas las decisiones adecuadas ni convencer a la población de construir una cultura ciudadana más sólida, de respeto por la vida de uno y la del prójimo. Si lográramos cambiar hábitos atávicos negativos estaremos generando un cambio radical de nuestra manera de vivir en sociedad y avanzamos en construir ese “nosotros” que tanto requerimos. Ese es el gran cambio, y no una que otra política específica, por más importante que sea. Tenemos innegables diferencias, pero construir el sentimiento de comunidad nacional es una condición previa, un tejido de empatía básica sin el cual el conflicto —inevitable e incluso necesario—generará siempre grietas y desconfianzas más profundas.

Si no se cambia el modo de sentir y percibir el entorno, cada cual seguirá viviendo —y muriendo— convencido de su razón, de su verdad, mientras que el país seguirá siendo una yuxtaposición de identidades locales, individuales, sectoriales, grupales, pero no una comunidad nacional.

La solución de la crisis sanitaria trasciende los clásicos agrupamientos políticos

Afirmar que la solución y las secuelas se definirán no solo en el ámbito sanitario sino también en la política y la sociedad, no quiere decir que los alineamientos establecidos estén obligados a repetirse. Estamos ante una situación en la cual la victoria sobre la pandemia representa, en sí misma, un objetivo clave. Un triunfo, finalmente, de la vida y la esperanza, cuando todos estamos en riesgo, sobre todo las personas más viejas y las que tienen menos recursos para protegerse y proteger a sus familias. Hoy no se debe transitar calculadora en mano, sumando y restando votos o adhesiones.

En coyunturas como ésta, la importancia de la unidad nacional trasciende las correlaciones políticas. Es momento de ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, entre propuestas y posiciones distintas e incluso contrarias, bloqueando a aquellos recalcitrantes que no quieren dialogar, que pretenden que nada cambie en el modelo económico, a quienes continúen menospreciando el ámbito público y convalidando las desigualdades estamentales. No corresponde, en este momento, marcar las diferencias para distinguirse con miras al proceso electoral del 2021.

Fotografía: Presidencia Peru en Flickr</em>

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lo entiende bien cuando propone que: “Frente a la pandemia, unidad nacional para proteger la salud y vida de las y los peruanos” (comunicado del 8.5.2020). Bajo ese título, plantea sus puntos de vista sobre la situación y el gobierno y en una propuesta de cinco puntos, transmite una clara voluntad convocante y manifiesta una plena conciencia de la dimensión del problema: priorizar el derecho a la salud y a la vida de todas y todos los peruanos; garantizar la protección económica de las y los peruanos con un enfoque de derechos y atención universal; reactivación económica sin privilegios ni riesgos para la salud; velar por las poblaciones más vulnerables al COVID-19 y la crisis económica; y convocar a la sociedad civil y la participación ciudadana para contener la pandemia. Es lo que se llamaría una plataforma, un programa mínimo de acción (bastante similar al que planteamos), que permitiría agrupar a personas que, aun pensando de modos muy diferentes, están dispuestas a unirse para salvar vidas y procurar un futuro mejor. Jugar el partido con estrechez, con “espíritu de pequeño grupo” —“estoy con los que piensan como yo”—, es adoptar el punto de vista tradicional de quienes no quieren cambiar la “normalidad”.

Un buen ejemplo viene desde el sur. El alcalde de Valparaíso (Chile), Jorge Sharp, elegido por el izquierdista Frente Amplio chileno, da un ejemplo de esta doble responsabilidad: “Para Sharp, en La Moneda necesitan ayuda y por eso instó a la administración de Sebastián Piñera a ‘aceptar la colaboración’ y ‘poner a la política en cuarentena’. El alcalde afirmó que, independientemente de los 2,5 millones de cajas de mercadería que anunció el Presidente, lo que se necesita en las comunas es una ‘política de alimentación integral’ y un enfoque sanitario ‘basado en la atención primaria de salud’. Cuestionó a la oposición por ser ‘poco audaz a la hora de presentar propuestas’ y precisó que ‘lo que se ha planteado hasta ahora no le hace sentido a la gente’” (El Mostrador, 20.5.2020).

Crisis y unidad nacional: los desenlaces de las crisis

Si consideramos la última gran crisis que vivió el país y su desenlace (1988-1995), podremos ver que, además de los conocidos atributos que se le asignan al gobierno de Alberto Fujimori —esto es, vencer la inflación y derrotar a Sendero Luminoso—, hubo un factor clave que suele pasar desapercibido: Fujimori construyó un amplio consenso nacional, una unidad nacional autoritaria. Contra los partidos, que calificó de ineficaces y divisionistas, elaboró la narrativa de un “partido nacional único”. Esta fue una pieza angular de su éxito: lo que algunos llamaron la antipolítica —y que constituyó, según los demócratas un grave problema—, para el primer fujimorismo fue absolutamente indispensable y eficaz para su victoria.

Simultáneamente, Fujimori y su gobierno —autoritario y neoliberal, ya lo sabemos— lograron instalar nuevos sentidos comunes sobre el papel del Estado en la economía y la sociedad. Por ejemplo, instalaron la imagen de un Estado incapaz de proveer servicios adecuados; el papel preponderante de la empresa y la inversión privada como motor del progreso del país; el mito del individualismo emprendedor —a menudo informal o incluso ilegal— como base del progreso personal; una profunda desconfianza ante las regulaciones y cualquier atisbo de planificación; la primacía del consumismo; y, por supuesto, la idea de que el mercado es el dios todopoderoso que ordena y reparte con justicia.

Líder indígena de la Comunidad del Pilar. Fotografía: Presidencia Peru en Flickr</em>

Una alternativa de cambio democrático requiere un gran apoyo político y social, y esto no existe en la actualidad. Basta recordar, por ejemplo, los malos resultados de la gran mayoría de las fuerzas políticas en las recientes elecciones parlamentarias. Por eso, el camino es difícil. Y por eso también se requiere imaginar un corto plazo de cambios urgentes pero puntuales, que permitan victorias parciales a través del máximo de apoyo y consenso. Esta es una primera —inmediata— batalla política, académica, técnica y, si se quiere, ideológica, que ya está en curso. ¿Es necesario, entonces, plantear ahora una unidad nacional que se exprese en el diálogo y la colaboración ante la pandemia? Sí; y quienes la asuman podrán construir una poderosa fuerza política y social, porque se requiere movilizar activamente al Estado y a la ciudadanía, que permita derrotar la epidemia. De esto dependerá quién asuma posteriormente un liderazgo político con efectos sobre si las cosas quedan cómo están o se producen cambios que enfrenten las inequidades y los abusos de poder.

Crisis económica e impacto social: solidaridad en crisis y comunidad nacional

Con la arremetida del COVID-19 se han perdido miles o millones de empleos. Superado el peor tiempo, no es difícil imaginar que la informalidad se mantendrá incólume y la economía ilegal crecerá; que la precariedad del empleo se incrementará por varios años; y que, incluso si se logra un incremento gradual de las inversiones, éste no podrá compensar en el corto plazo la gravedad de la destrucción económica, sobre todo del empleo. Siendo cierto que hay marcadas diferencias regionales, es muy probable que las señaladas terminen por ser las tendencias nacionales predominantes. Las crisis económicas tienen efectos sociales disímiles, pero en su mayoría perniciosos; lo sabemos por experiencia.

Salvo que se promueva agresivamente la organización de base, sobre todo con el apoyo desde el Estado y ojalá con la participación de organizaciones y partidos progresistas, sucederá lo mismo con la crisis actual. En el Perú sabemos juntarnos y socorrernos, pero normalmente las formas de organización tienen un fuerte contenido local, familiar o vecinal. En esta crisis hemos visto los esfuerzos, en el ámbito rural, de las comunidades y rondas campesinas por preservarse de la epidemia, y también los llamados de las comunidades amazónicas clamando por apoyo estatal.

Incluso a nivel barrial se han reactivado, por acción de los vecinos, algunos comités de vaso de leche; y uno que otro gobierno local y regional han alentado y apoyado esfuerzos vecinales. Pero en general, los esfuerzos son aislados y no forman parte de una política pública regional o nacional, ni tampoco —y esto es grave— de un proyecto político de cambio democrático. La desconexión es evidente. Este, precisamente, es el gran cambio que debe producirse. Nos acecha la perspectiva de que la crisis no derive en un nuevo mundo justiciero —sueño de algunos—, sino en una mayor oligopolización de la economía, en más poder para las grandes empresas y transnacionales y en un individualismo sin derechos universales ni organización social, con un “sálvese quien pueda de por medio”. Bregar para que esto no suceda construyendo solidaridades, vínculos, empatías, corrientes de opinión y sólidas organizaciones sociales y políticas, es el desafío del momento.

En el corto plazo: derrotar al virus e impulsar reformas

El desastre sanitario exige centrar con precisión los objetivos para el corto plazo. La crisis ha develado las tremendas carencias del Estado y el enorme debilitamiento de las redes y las organizaciones sociales, sobre todo urbanas. Por eso urge dialogar, colaborar y sintonizar con la población proponiendo algunas medidas urgentes, que no tienen por qué ser las únicas.

1. concentrar esfuerzos para que el Congreso, con carácter de urgencia y de manera consensual, acuerde una reforma inmediata de aquellos artículos de la Constitución que les dan pase libre —e indebido— a los monopolios, a los oligopolios y al abuso especulativo de precios, con mayor razón en situaciones de emergencia nacional;

2. recoger sugerencias y promover acciones para el exitoso levantamiento de la cuarentena y, sobre todo, para la elaboración de un plan nacional de salida económica y social de la crisis;

3. hacer que las ayudas monetarias del gobierno lleguen lo más pronto posible a sus destinatarios —incluso movilizando a las organizaciones de base, gran herencia del pasado—, sobre todo considerando que las ayudas deberán continuar por un tiempo indeterminado, lo que probablemente implicará un mayor endeudamiento del Estado;

4. continuar fortaleciendo la infraestructura y las condiciones de trabajo del personal de salud, en especial en las regiones con mayor impacto del COVID-19;

5. lograr que el financiamiento crediticio del Estado llegue a las empresas que aseguren más empleo y a la pequeña agricultura;

6. preparar con carácter de urgencia un plan de creación del sistema único de salud pública; y

7. fortalecer el Acuerdo Nacional como espacio para intercambiar puntos de vista y adoptar acuerdos con la participación de las tres instancias de gobierno y el Congreso, organizaciones sociales urbanas y rurales, y partidos y agrupaciones políticas.

Mientras tanto, el gobierno debe corregir errores, con la activa colaboración de las organizaciones sociales y políticas, sobre todo en la estrategia de distribución de bonos. Tomó la decisión de aplicar una agresiva política de ayudas económicas, pero la crisis ha demostrado que las políticas de focalización tienen graves deficiencias. Aunque más costosa, la apuesta debió ser universalizar el apoyo y no focalizarlo.

Igualmente, hubo y hay demoras para apoyar al productor rural. Aun así, el esfuerzo en salud ha sido muy importante; es un ámbito en el que se partió de muy abajo y se han conseguido avances, sin que se haya podido evitar los miles de dolorosos fallecimientos.

La crisis sanitaria actual tiene particularidades que la hacen especialmente complicada: su factor desencadenante y de reproducción es casi incontrolable; destruye vidas y economías; devela carencias estatales elementales; debilita los vínculos sociales y tiene un carácter global, transnacional. Esta crisis tendrá un doble desenlace: uno en el ámbito de la salud y otro, como todas las crisis importantes, en la política y la sociedad. Ahí se jugará su suerte final, y sobre todo sus secuelas.

Por eso, distinguiendo con claridad corto y largo plazo, las críticas y las propuestas deben promover mejoras y ajustes en las políticas de emergencia del gobierno y deberían concentrarse en la modificación constitucional —y no en la reforma general— de los aspectos que con mayor urgencia afectan la salud y la vida de las personas.