Un país de pronóstico reservado obliga a asumir responsabilidades. En el 2000 soñamos una transición democrática que nunca llegó. No supimos construirla, una afirmación en primera persona del plural. No debemos quedarnos en ese lugar un poco cómodo, un poco inexacto, que es analizar el país como narrador omnisciente. Salvo la niñez de entonces, libre de toda responsabilidad social, los demás estábamos en una sociedad donde el neoliberalismo se enraizaba con sus formas de interacción e intercambio, productoras también de subjetividad.

Estudiar, transportarse, trabajar, comprar, divertirse, enfermar y sanar... todo pasó la criba de la austeridad fiscal y un Estado replegado en su deber de cuidado. La organización de la vida común adoptó sin mayor crítica o resistencia las lógicas del sector privado. Nos hicimos clientes, consumidores, antes que ciudadanos, sujetos de derecho. Y como era inevitable, colectivamente adoptamos esos valores, reprodujimos esas prácticas. Por eso urge pensar sobre cómo discernimos la realidad y hacemos política con verdad.

Seguimos siendo los mismos

Crecimos en un país feroz. Sus garras nos instituyeron socialmente. El comparar dos encuestas nacionales (2005 y 2022¹) sobre cómo nos percibimos nos deja claro que seguimos siendo los mismos. La continuidad histórica de valores y percepciones del cotidiano es abrumadora. En ambas encuestas, la mayoría reconoce las desigualdades como limitantes fundamentales del desarrollo; sin embargo, también se registran indicadores de una ideología individualista, asentada con el tiempo. Hace veinte años, más del 60% quería que la distribución de la riqueza y las oportunidades de progreso se repartiera en función de los logros alcanzados, en desmedro de la aplicación de valores igualitarios, que argumentaban poco más del 30%. Actualmente, la misma proporción (59%), afirma que el pobre puede volverse rico “si trabaja duro”, idea que llega a ser ligeramente mayor en los sectores D y E, con menos oportunidades y mayor vulnerabilidad.

Pero para ser imperante el individualismo necesita de otros valores para complementarse y reforzarse. En 2005, un abrumador 90% afirmó que éramos poco o nada democráticos e iguales ante la ley, y que éramos “tan o más” violentos y machistas que en años anteriores. En 2005 “años anteriores” quería decir “conflicto armado interno”. Con la distancia de dos décadas, la gente palpaba la intensidad de una violencia contenida, aún en postconflicto. Asimismo, valores patriarcales, machistas, estaban activos y eran obstáculos para el bienestar.

En 2003, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación advirtió que la forja del país necesitaba memoria y justicia y fue directa al señalar la violencia extrema alimentada por la profundización y desatención de la desigualdad, tanto como en la justificación de la “mano dura”. Con el gobierno Boluarte vivimos una repetición en toda regla. El Estado dispuso de la vida de los peruanos más pobres, incluyendo niños, para dar un mensaje de pacificación, control y orden “ejemplar”. Boluarte llegó con sus propias responsabilidades pero a consecuencia de la mano dura de Castillo, su salida autoritaria de diciembre pasado.

Seguimos siendo los mismos: “poco o nada democráticos” y “tan o más violentos que antes”. La negación de la realidad, más que patrimonio de la derecha, es una salida política corporativa, una preocupación de sobrevivencia. La radicalidad y la administración de la muerte llega a manos del Estado en sus ejecuciones extrajudiciales y masacres, pero también desde lo social en los rostros del sicario, del feminicida, del abusador de niños o del tratante de personas. Incluso cuando se impide el paso a una ambulancia durante un bloqueo de carreteras, o cuando se le justifica o se hace silencio.

Como sostuvo Francisco Durand,² estamos ante una cultura de la transgresión bien arraigada, como un único suelo que sostiene las prácticas ilegales que vinculan a los sectores formales y no formales, al Estado y a todos los estratos sociales. Se comparten los beneficios, de allí que perdure tanto. La coima, por ejemplo, ese “cariño” que libidiniza relaciones conscientemente tramposas, y que da al otro derecho a voltear la mirada y no ver nada. Para Durand, la transgresión era una cultura que va desde el leve fingimiento de un gesto cotidiano hasta la violación abierta de las normas. Sí, crecimos en un país feroz.

La política sin ética desbarata la ciudadanía

Como reacción a la elección de Pedro Castillo en 2021 nació el fraudismo³, hijo natural del establishment, que empleó, como diría Juan de la Puente, una política brutal para interpretar antojadizamente la realidad y actuar sobre ella. Se apeló a falacias de autoridad con estudios de abogados prestigiosos, el apoyo de líderes políticos y una prensa que asumió el fraude como hipótesis de trabajo. Si lo decían “los que saben”, debía ser cierto. Funcionó también porque se apoyaba en emociones muy primarias: por un lado, el temor al cambio y a perder un estilo de vida; por el otro, el desprecio étnico, de larga data en el país, pero ahora autorizado por discursos públicos. Fue una estrategia política que impactó directamente en el psiquismo de los peruanos. Se levantaron ansiedades y angustias de carácter difuso, con sentimientos urgentes que demandaban ser evacuados. En las calles y en las redes sociales vimos actos y contenidos cargados de desprecio social, insultos racistas y explícitos deseos de muerte.

El fraudismo, la reluctancia de Fuerza Popular a asumir su derrota, aunque nunca pudo demostrarse, fue efectivo. El 28% del país terminó creyéndolo (Ipsos, junio de 2021). Esa creencia instalada en la mente de las personas se materializa en el cotidiano. Las narrativas que distorsionan la realidad al punto de sostener mentiras políticas con tal de ganar, activan lo que en el mundo interno estaba contenido, probablemente con límites frágiles. Los mensajes son incorporados en las interacciones y decisiones de las personas, cada quien desde una particular interpretación, que luego se observa en las calles, las casas y las redes sociales. Un ejemplo directo es la movilización de La Resistencia, conocida como La Pestilencia por la brutalidad y cinismo de sus declaraciones y acciones.

El cinismo en la política

Hasta antes del informe de la CIDH, el gobierno de Dina Boluarte apostó por negar las ejecuciones extrajudiciales y masacres. Con la emisión del informe, y sabiendo que las recomendaciones son vinculantes, Boluarte empieza a aceptar, en lo discursivo, que se cometieron “excesos” y enseguida le endosó los muertos a Castillo. En rigor no hay novedad en el negacionismo, solo que en el Perú se volvió moneda corriente.

La negación del golpe de Estado de Pedro Castillo ha tenido un camino diferente. Inicialmente los argumentos parecieron pintorescos (Katy Ugarte: “solo fue un decir”) pero luego escalaron a lo inverosímil (Guido Bellido: “el presidente no recuerda lo que ha leído”). Se sugirió que fue drogado por la derecha para incriminarlo y justificar la vacancia, versión que se viralizó en instantes por redes sociales. Leonardo Croxatto sostuvo que solo fue un gesto, una proclama política antes de retirarse. Las razones que cita el abogado argentino sólo producen intriga y perplejidad: “En algún punto justifico el desorden de Castillo y que quizá es algo demasiado avanzado para este momento histórico y no somos capaces de entender. Se salió de una lógica jurídica”. Con estos argumentos entramos a la gravedad del cinismo.

En lo discursivo, el negacionismo implica el desanclaje de los parámetros mínimos que compartimos para concordar sobre lo fáctico. Que estoy escribiendo para la revista Quehacer es un ejemplo. Otro es que Castillo dio un Mensaje a la Nación difundido por medios oficiales, y que en ese mensaje, más que el fraseo usual de una proclama política lo que se escuchó fue una lista de imperativos que, dada su calidad real, material, objetiva de presidente constitucional, adquirían estatuto de verdad. Solo el presidente tiene la capacidad de decir “disolver temporalmente el Congreso de la República” y que todo el mundo se lo tome en serio.

La manipulación tosca de la realidad en la defensa de Pedro Castillo revela una falta de escrúpulos que debería generar rechazo público, o al menos una llamada de atención de quienes se ubican en un campo ético que aspira a proyectos que convenzan y conquisten a los más amplios sectores de la sociedad.

Qué país de verdad queremos

Apostar por el negacionismo es entrar a un callejón sin salida, con artificios (“desentrampamiento”, “proclama”). Se apuesta por la ganancia efímera, por aquello de “ganar la narrativa” más que pensar en un país que se construye incluso en las declaraciones políticas. Es lo que hizo en su momento Dilma Rousseff, cuando le fue inevitable reconocer la realidad de su impeachment: sostuvo su defensa en términos políticos transparentes, una narrativa de hechos limpios y adujo que no dañaría al país añadiendo confusión al entrampamiento de narrativas. Dijo que volvería, con los errores asumidos y las lecciones aprendidas. Lo recordó el día que Lula ganó las elecciones por tercera vez.

Las narrativas políticas impactan psíquicamente en la ciudadanía. No se trata sólo de marketing. Hay efectos reales, como vimos en el fraudismo. La ética en la política es asumir responsabilidades políticas y evitar, como dice Adela Cortina, los vacíos éticos. La ética es la llamada a trabajar el carácter con el que se asume la vida, sin dañar a la gente ni defraudarla en su confianza. La banalidad es silenciar lo problemático, apelar a estereotipos identitarios como si fuera lo central en la política, lo medular que construye un país. Levantar emociones primarias en vez de contrastar las ideas.

Más que hablar de una sociedad “en pie de lucha”, las izquierdas peruanas deberían ser capaces de reconocer que formamos una sociedad dañada, presa de contradicciones, capaz tanto de empatizar y solidarizarse que de desentenderse y volverse indolente con la mano dura. Somos una sociedad más frágil de lo que reconocemos. Ningún proyecto político sólido y propositivo puede nacer de instituciones y personas que se reconocen desiguales, violentas, machistas, o que defienden valores individualistas y entienden la desregulación como una demanda legítima para ganarse la vida.

Las izquierdas pueden considerar ubicarse y observarse como parte de la cultura de la transgresión señalada por Paco Durand. Ver lo que de la sociedad habita en ellas, y no solo el ímpetu, la solidaridad, el compromiso. Observar las formas de dependencia y sometimiento que les habitan y que promueven la justificación o tolerancia de la violencia destructiva. No conozco otra manera de romper el círculo vicioso de la repetición.