¿Qué tienen en común Alfredo Zegarra, alcalde provincial de Arequipa; el excongresista Gustavo Rondón; Justo Mayta, exalcalde del distrito de Paucarpata y candidato recurrente en el mismo; Mauricio Chang, consejero regional; y Elmer Cáceres Llica, exalcalde provincial de Caylloma? Más allá de ser arequipeños, todos, con una decena más de ciudadanos de ese departamento, aspiran a pasar a la segunda vuelta electoral el próximo 7 de octubre, en las elecciones regionales. Elecciones que, como es notorio, no han despertado hasta ahora mayor interés en la opinión pública.

En contraste con ese desinterés de la ciudadanía, los aspirantes a regiones y municipalidades se multiplican y entran en efervescencia, las agrupaciones políticas nacionales especulan sobre la importancia de los resultados para su futuro hacia el 2021 y administran los conflictos internos que acompañan a las elecciones, mientras los proveedores de las gestiones actuales buscan establecer nuevas relaciones, por si acaso, y muchos periodistas recogen información sobre los candidatos para preparar su demolición. Una mirada a algunos rasgos que se observan hoy día, deben preocuparnos.

La crisis de representación y la fragmentación electoral que se profundiza

De cara a las elecciones de octubre de 2018, el escenario nacional/subnacional, aparece políticamente "marcado" por distintos rasgos que caracterizan el momento que vivimos y que vienen desde atrás. Desde hace varios años, los análisis de las dinámicas políticas y electorales en el nivel descentralizado, han llamado la atención sobre la débil conexión que existe entre la política nacional, regional y local.¹

La política electoral no está estructurada nacionalmente; hay grandes diferencias entre actores, dinámicas y resultados entre los distintos niveles de gobierno. Tenemos un sistema de representación fragmentado, incongruente y con una pobre articulación entre la representación nacional (los partidos) y la representación subnacional. Como sostiene Zavaleta, desde los noventa los partidos políticos nacionales se descompusieron ante su incapacidad para atraer, incluso para conservar a políticos exitosos en sus organizaciones porque no contaron con recursos para beneficiar a sus candidatos, ni con principios ideológicos que fueran apreciados por la sociedad.² Desde entonces, tanto a nivel nacional como subnacional, los políticos han tendido a aglutinarse en coaliciones temporales que les permiten afrontar una elección particular para luego separarse.

En los ámbitos subnacionales, desde el año 2002 se formaron movimientos regionales que permiten seleccionar y aglutinar a los candidatos más competitivos entre sí, aunque sea de manera momentánea, brindando información mínima a los electores sobre la viabilidad de los competidores, muchos con una historia de vinculación previa con los partidos nacionales. La relevancia de estas agrupaciones de independientes en dichos espacios está vinculada a la ausencia de incentivos para invertir en organizaciones políticas duraderas, como a la debilidad institucional de los gobiernos regionales.³ Como resultado de este proceso de "doble entrada" –partidos nacionales deslegitimados y en crisis, pero con inscripción, compitiendo con movimientos regionales y locales emergentes–, el escenario electoral subnacional se fue fragmentando aún más.

Al extremo, como uno de los resultados de la descentralización, en un escenario de crisis total del sistema de partidos, se desarrollaron regímenes regionales que son diferentes del nacional, donde los espacios públicos regionales, en última instancia terminan organizados por sus propios líderes, redes sociales y organizaciones políticas.⁴ El éxito de los movimientos regionales y de las agrupaciones locales, así como el funcionamiento recurrente de la mayoría de los denominados partidos nacionales como "franquicias" en el escenario subnacional, contribuyeron a un proceso "inflacionario" de candidaturas y movimientos territoriales, que encuentran incentivos en las vallas políticamente endebles para su inscripción electoral y su participación en los comicios descentralizados.

Una vez más, las elecciones del 7 de octubre nos confrontarán con este dato duro de la realidad. 22 "partidos" nacionales recorren desde enero el país, buscando candidatos que les permitan dejar "huellas" de su actividad o simplemente ofertar sus servicios como vientres de alquiler para los innumerables aspirantes locales, provinciales y regionales que no lograron su inscripción.⁵ Compiten con 141 movimientos regionales que mantuvieron su registro tras los resultados electorales de 2014, a los que se suman las 30 nuevas agrupaciones que lograron hacerlo en la fecha establecida. En otras palabras, una gran feria de expectativas y vanidades.

Aunque el escenario varía entre una región y otra, la multiplicación de los panes y los peces es común. En un extremo, encontramos regiones con 10 de estos movimientos compitiendo (Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Puno y Tacna), mientras en el otro, está Lambayeque (2 agrupaciones) y aquellas que registran apenas 3 (La Libertad y Madre de Dios). Es de observar que no es el tamaño de una circunscripción electoral el que determina esta realidad (Arequipa y Tacna), tampoco su nivel de competitividad (Arequipa y Puno), ni su ubicación geográfica (Tumbes que registra 9, y Lambayeque).

La literatura sobre los movimientos regionales no es abundante, aunque los estudios puntuales sobre sus alcances y su significado electoral, aumentan en los últimos años. Inicialmente identificados como plataformas de outsiders, pronto se creyó que eran el punto de partida para la formación de organizaciones fuertes, pese a su dificultad para consolidarse una vez logrado su triunfo. De las miradas inicialmente entusiastas de los movimientos regionales, paulatinamente se desarrollaron argumentos críticos frente a la gran mayoría, haciendo hincapié en la fragmentación de la política, su débil o nula institucionalidad, su volatilidad y la ausencia de planteamientos y propuestas, además de su precario enraizamiento en la sociedad.

Más allá de los debates, quedan claras varias cuestiones sobre ellos hasta la fecha: (i) en la mayoría de casos se trata de alianzas coyunturales de independientes alrededor de una "figura fuerte" con algún recorrido por los partidos nacionales que "hibernan" o simplemente desaparecen entre procesos eleccionarios;⁶ (ii) son organizaciones ancladas en la capital de la región con muy poco éxito en los otros niveles de gobierno subnacional; (iii) en muchos casos, los políticos que las impulsan lo hacen desde organizaciones económicas, empresas y radioemisoras, que sustituyen a la organización partidaria; (iv) parecen explicarse por el funcionamiento de un sistema de "redes", es decir una forma de cooperación entre las personas, que en este caso, empieza en la sociedad y pasa al mundo de la política,⁷ donde la persistencia de aquellas y de la política que construyen como respuesta a un contexto cambiante, se explica por su relativo éxito electoral (los movimientos regionales obtuvieron el 28% de los gobiernos regionales en 2002; en 2014 triunfaron en el 76% de ellos).

En el caso de los partidos nacionales, las estrategias para definir sus candidaturas varían como en botica, aunque muchos tienen en el horizonte el 2021. En el caso de las agrupaciones con presencia en el Congreso e inscripción, están atravesadas por las distintas crisis que vive cada una de ellas⁸ a excepción de Alianza para el Progreso (APP). De lo que se observa, las más estructuradas y con mayores recursos, Fuerza Popular (FP) y APP siguieron caminos diversos para fichar a sus candidatos. Los primeros optaron por figuras propias para participar con su logo –Antonio Becerril en Lambayeque, Carmen Chiroque en Tumbes, Rosario Bazán en La Libertad–, pero también por alianzas pragmáticas con agrupaciones regionales como ocurre en Piura, donde el excongresista Juan Díaz Dios, postula a la alcaldía provincial con el movimiento Región para Todos, cercano al humalismo en el pasado reciente. Los segundos, "reclutaron" candidatos –figuras "visibles" y con alguna legitimidad propia en sus territorios–, para que postulen con su denominación y apoyo, aspirando a incrementar el número de sus autoridades regionales y municipales, afirmando su imagen de partido del interior.

El APRA, por su lado, combina su estrategia de participación, como lo ha hecho en el pasado. En unas cuantas regiones, como Piura, por ejemplo, participará con lista propia, mientras en muchas de las otras lo hará a través de movimientos regionales en los que participan sus militantes o exmilitantes visibles, como el excongresista Peralta y el movimiento Seguridad y Prosperidad en Piura o Pedro Bogarín y Acción Regional, en San Martín. Incluso, en Cusco, autorizaron a que el excongresista Wilson sea candidato por Restauración Nacional. Acción Popular participará con su nombre en la mayoría de regiones y usó sus comicios internos para atraer a sus filas a algunas figuras con caudal propio, cuidando la imagen de partido "institucionalizado" que están buscando construir.

Un segundo grupo, hoy sin participación en la escena oficial nacional, disputa la representación del supuesto espacio de la izquierda. Así, el Partido Humanista, unido en una sola organización con Juntos por el Perú (una agrupación de distintos grupos de la otrora izquierda sin inscripción), negoció su nombre con diversos liderazgos sociales y políticos en las regiones. Perú Libertario, del expresidente de Junín, Vladimir Cerrón, hizo lo propio apuntando a sectores más "puros"... hasta que cerró con Ricardo Belmont como candidato a la alcaldía de Lima, mientras Gregorio Santos, y su convocatoria más "radical", terminaría con Esther Capuñay y Unión por el Perú, también aspirando a la Municipalidad de Lima.

Con pragmatismo mayor o menor, los partidos se aprestan a "intervenir" en los comicios a partir de sus intereses, contribuyendo de manera significativa a la fragmentación política.

La ausencia de liderazgos nuevos

Así configurado el escenario subnacional, tanto de las agrupaciones nacionales cuanto de los movimientos regionales, lo que hemos visto es un proceso de "movilidad" y disputa en los territorios, alentado, entre otras cosas por la no reelección de autoridades, ya establecida por el Congreso de la República.

De esta manera, distintos alcaldes provinciales (vgr. Zegarra en Arequipa; Grundel, De la Cruz y Grandes en San Martín; Espinoza en Ancash; Torres en Tacna; Callupe y Trujillo en Pasco) y los alcaldes de los distritos más grandes (vgr. Lozano en Lambayeque y Aguirre en Huánuco) renunciaron a sus cargos buscando "migrar" hacia el gobierno regional. Unos postulan desde su agrupación actual y otros –al encontrar competencia y/o mejores incentivos-, van con nueva camiseta. Ex gobernadores regionales con agrupación propia, como Vladimir Cerrón (Junín) y César Trelles (Piura), o habiendo encontrado con quien hacerlo, como Ernesto Molina (Ayacucho), se aprestan a la contienda. Con ellos compiten varios ex congresistas (Rondón en Arequipa, Peralta y Huayama en Piura, Torrejón en San Martín, Urquizo en Ayacucho, Villanueva en Apurímac, Wilson en Cusco), así como distintos aspirantes tozudos al cargo, que ya tienen en su haber múltiples campañas infructuosas (vgr. Elera y García en Piura, Bogarín en San Martín, Martínez en Apurímac, Cáceres Llica en Arequipa).

Súmese a esta lista un importante número de consejeros y ex consejeros regionales, regidores y exregidores, exfuncionarios que han pasado por diversas dependencias municipales y regionales, así como unos pocos líderes de organizaciones sociales y uno que otro empresario exitoso; se tendrá un fresco aproximado de los aspirantes que se encuentran en las regiones. En general los aspirantes comparten "rasgos" básicos: la mayoría son profesionales liberales, tienen carreras políticas y públicas relativamente largas, en sus varias postulaciones y en algunas elecciones han transitado por diversas agrupaciones políticas –partidos nacionales y movimientos regionales–, habiendo sido recurrentemente candidatos.

En ese escenario, la diferenciación entre los aspirantes, antes que por propuestas y agendas de desarrollo para el territorio, está marcada por la competencia entre distintos sectores por posiciones de poder, que evidencian la existencia de redes sociales particulares, formadas en las historias específicas de cada región. Esa manera de diferenciación, se entiende por las muchas limitaciones que rodean al proceso: (i) un régimen político con baja legitimidad y credibilidad; (ii) una crisis significativa de representación política, marcada por el divorcio entre partidos y movimientos y la agenda; (iii) un vacío de liderazgo nuevo y efectivo, donde los actores en los territorios, se "reciclan" de una organización a otra y de una posición de poder, también a otra; (iv) un espacio público difuso y fuertemente organizado por los medios de comunicación, cuyo poder y capacidad en los territorios es importante; (v) la debilidad de la institucionalidad estatal; (vi) la incertidumbre que generan los distintos cambios normativos sobre el proceso, como resultado de una reforma electoral poco sistémica e interesada; (vii) una sociedad fragmentada, sin objetivos claros, en la que predomina una visión delegativa y relativamente autoritaria de la democracia y de la propia política.

Sobre corrupción y confianza en el Estado

A la crisis de representación y fragmentación, se suma ostensiblemente el tema de la corrupción, en un país con una larga historia en la materia que ha visto cómo ésta ha crecido significativamente en los últimos 25 años. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2017, nos calificó en el puesto 100 de 180 países cayendo 17 puestos desde 2012. Once ex presidentes regionales están o han estado presos y trece más de los últimos dos períodos se encuentran bajo proceso de investigación; en el caso de alcaldes y regidores, estos números son bastante más altos. No sorprende que al final de 2016 se encontraran 32,471 casos de corrupción en trámite en todo el país, de acuerdo a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.

La descentralización de la corrupción, sumada a las limitaciones y la ineficacia de muchos gobiernos regionales, explica en parte, la desconfianza en el Estado y sus instituciones en el interior del país. A pesar de la desconfianza en la política, los partidos y movimientos, la percepción de su vinculación con la corrupción y el desencanto con la gestión pública, la gente votará en octubre y elegirá sus autoridades. No esperemos grandes cambios para mejor desde esa dirección, tampoco pensemos que se "sellará" la suerte del país para el 2021. Se repartirán, si, nuevas cartas, pero difícilmente se renovarán desde abajo los libretos. Estamos advertidos.

Footnotes

1. Glave, Manuel y Gerardo Damonte (editores) (2016): Industrias extractivas y desarrollo rural territorial en los Andes peruanos. Los dilemas de la representación política y la capacidad de gestión para la descentralización, GRADE, Lima. ↩

2. Zavaleta, Mauricio (2014): Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, pp. 139-140. ↩

3. Zavaleta, ibíd, p. 141. ↩

4. Remy, María Isabel (2010): "Elecciones regionales 2010 o el sueño de la candidatura propia", Revista Argumentos, Año 4, N° 3 (julio). ↩

5. Desde enero del 2016 se vendieron más de 550 kits electorales para inscribir agrupaciones regionales antes del 10 de enero del 2018, fecha establecida por la Ley 30688. ↩

6. En cada proceso electoral subnacional de 2006 en adelante, cerca de dos tercios de los partidos que participaron no lo hicieron en la elección anterior. Desde 2002, de los 422 partidos regionales que han estado inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, solo nueve presentaron candidatos de manera consecutiva a nivel regional y local entre 2002 y 2014. ↩

7. Vilca, Paulo: La persistencia de la política: redes políticas en el altiplano puneño. Tesis de maestría en Ciencia Política y Gobierno, PUCP, Lima, 2014. ↩

8. En el caso de FP, el enfrentamiento entre los seguidores de Keiko Fujimori y el fujimorismo histórico que apoyó a Kenji; en el APRA, el secretario general y toda la directiva están confrontados y en pugna legal con el grupo que lidera el congresista Del Castillo; en Acción Popular (AP), la competencia se da entre el grupo alineado con la actual conducción partidaria y los seguidores del excongresista Mesías Guevara, mientras que en el Frente Amplio (FA) aumentan las distancias entre la agrupación de Marco Arana y otros grupos más pequeños aún. ↩