El 3 de octubre de 2021, en un acto en el imponente marco de Sacsayhuaman, el gobierno del profesor Pedro Castillo anunció, con gran despliegue publicitario y alto sentido de reivindicación, la implementación de la Segunda Reforma Agraria (SRA) en el país, política pública orientada a desarrollar la agricultura familiar y la inclusión de 2.2 millones de pequeños agricultores o más bien, de pequeños productores agropecuarios.

Meses antes, los anuncios de la Segunda Reforma Agraria ya habían generado sentimientos encontrados. Por un lado, los sectores ultraconservadores de la política nacional, empeñados en desconocer la legitimidad del nuevo gobierno, agitando anuncios de posibles medidas confiscatorias y poniendo sobre la mesa su recuerdo traumático de la Reforma Agraria de Velasco, que puso fin, con toda justicia, al gamonalismo y el latifundismo prevalecientes en el agro peruano. Estos temores fueron desmentidos por los voceros gubernamentales, anunciando que el objetivo no era la expropiación sino la inclusión social. De otro lado, el anuncio generó una amplia expectativa entre los pequeños agricultores, agobiados por los efectos de la pandemia que profundizó el abandono de las políticas públicas a lo largo de estas últimas décadas de neoliberalismo, donde se privilegió únicamente la agroexportación y los oligopolios alimentarios.

Se anunciaron nueve ejes estratégicos, todos muy loables ante las carencias del sector: (1) seguridad alimentaria, (2) asociatividad y cooperativismo, (3) infraestructura hidráulica, (4) Servicio Civil Agrario-SECIGRA Agrario, (5) industrialización rural, (6) mercados de productores y compras estatales, (7) articulación intergubernamental e intersectorial en el territorio, (8) repoblamiento ganadero, y (9) crédito desde un banco de fomento agrario al servicio principalmente de la agricultura familiar.

El 15 de noviembre de 2021 se aprobaron los lineamientos para la implementación de la SRA (D.S. 022-2021-MIDAGRI) con el objetivo de “incrementar de manera sostenible los ingresos y calidad de vida de los productores de la agricultura familiar, cooperativa, comunera y empresarial, promoviendo acciones articuladas de distintos niveles de gobierno con enfoque territorial y multisectorial, en el marco de la Política General del Gobierno 2021-2026”.

Estos lineamientos son los siguientes: (1) Implementar una nueva forma de gobierno para el mundo agrario y rural; (2) Impulsar más y mejores mercados para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria; (3) Impulsar la industrialización del agro y la transformación productiva del campo; (4) Generar seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de infraestructura de riego de manera planificada y priorizada en el territorio, con enfoque de cuenca y respondiendo a la demanda, especialmente de la agricultura familiar; (5) Impulsar el cambio e innovación tecnológica, la promoción de servicios y fomento agrario y forestal.

Cada uno de ellos iba acompañado de un amplio menú de líneas de acción que ponían una vez más sobre la mesa, la necesidad de revertir problemas estructurales de la política agraria que ha sido imposible de atender en los meses transcurridos con el ingrediente adicional de la crisis política y los cambios ministeriales en el errático rumbo del gobierno.

Así las cosas, cuesta mucho que el instalado gabinete agrario pueda avanzar en el primer lineamiento, si tomamos en cuenta, además, el divorcio entre los diferentes niveles de gobierno, la incomunicación sectorial y la desarticulación del propio sector, que constituyen un reto mayúsculo a superar.

En el segundo lineamiento se establece un rol muy activo del Estado para la protección y defensa de la producción nacional que colisiona directamente con el libre mercado constitucional y las políticas vigentes, como lo muestra en estos días el reclamo y paralización de los productores lecheros, enfrentados directamente con los oligopolios de Gloria y Laive y la política de libre importación de la leche en polvo y la grasa anhidra de leche. En este mismo campo, los productores del sector alpaquero, padecen la misma desatención del Estado ante un mercado de la fibra controlado por dos grandes empresas y un mercado de la carne de camélidos sin un soporte mínimo de entidades competentes como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú - SENASA y los gobiernos locales.

El quinto lineamiento también plantea un reto mayor. La innovación tecnológica y los servicios para la pequeña agricultura implicaría revertir la destrucción de la capacidad instalada de investigación que el fujimorismo realizó al rematar al sector privado las estaciones experimentales del Instituto Nacional de Innovación Agraria, que jamás cumplió con destinarlas a la investigación más allá de su producción comercial.

Los lineamientos de la Segunda Reforma Agraria en su conjunto, más allá de las palabras, requieren para su viabilidad una gran voluntad política y la asignación de recursos financieros que el presupuesto correspondiente no ha asegurado para el presente año, lo que explica la creciente tensión en el sector, la frustración de los pequeños agricultores y el anuncio de próximas medidas de lucha de gremios agrarios como la Convención Nacional del Agro Peruano- CONVEAGRO.