En lo que va de la gestión del gobierno de Pedro Castillo, la tendencia de los conflictos sociales no parece haber disminuido ni en intensidad ni en cantidad. Los reportes de la Defensoría del Pueblo y los de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) pueden diferir en cuanto al número, pero no en la intensidad con la que se manifiestan los pobladores movilizados.

¿Cuál es la razón por la que no parecen haber cambios sustanciales en la gestión de los conflictos? Podemos aducir que hay razones estructurales que están a la base de las protestas sociales, y que por tanto, en ocho meses resulta imposible atender y solucionar las demandas. Pero, lo que determina esta situación de la conflictividad social tiene otras explicaciones más concretas y directas. Revisemos las nuevas expresiones de las demandas de las poblaciones en conflicto, y sobre todo, los nuevos liderazgos que se han forjado en los últimos años.

Un nuevo pacto social

Como sabemos, los conflictos en el Perú son de larga duración, particularmente en las zonas mineras y petroleras, pero difícilmente podemos afirmar que estén centrados en la oposición a las operaciones mineras. Lo que se aprecia es que las agendas y plataformas de lucha han derivado, de la oposición a la minería, a una disputa por la renta minera. Hay varias expresiones de estos conflictos: el pedido de ser incluidos como zona de influencia, la demanda de renegociación de los acuerdos marco con los que las empresas mineras iniciaron sus operaciones, para que más comunidades y centros poblados sean considerados como beneficiarios de proyectos de inversión social de las empresas o que sean incorporadas como beneficiarias del canon y las regalías que aquellas pagan al Estado.

No obstante, algo cambió en este tipo de conflictos. Ya no son sólo las demandas económicas. Poco a poco se fue perfilando otro tipo de exigencia: las comunidades campesinas del entorno de los proyectos mineros fueron demandando a las empresas ser parte del proceso productivo de la minera; piden ser consideradas como empresas de servicio para tareas como la limpieza de carreteras, el transporte de mineral o servicios de alimentación. En esa dirección, exigen capacitación para cumplir con los estándares que las mineras se ven obligadas a cumplir. Es interesante observar cómo en el caso de la minería aurífera, los mineros artesanales exigen la capacitación para extraer y procesar el mineral y compartir el proceso de comercialización del oro.

Probablemente en varios conflictos socioambientales, la incorporación de las poblaciones como “socias” de los proyectos mineros pueda convertirse en una alternativa para establecer un clima de cooperación. Pero es todavía una posibilidad incipiente que ha surgido no por una política de Estado, sino por un proceso muy complejo de conflicto–diálogo–conflicto. Si bien en varios proyectos de la gran minería la conflictividad aún se mantiene en términos de exigencia de mayores cobros a la empresa por el uso de carreteras, terrenos o licencias de pase de instalación eléctrica, la posibilidad de llegar a un nuevo pacto social entre las comunidades y los proyectos sociales está dentro de lo posible.

Este cambio en este tipo de conflicto tiene mucho que ver con el tipo de liderazgos que han ido surgiendo en las comunidades campesinas y en la sociedad regional. Aquellos que han negociado los acuerdos señalados con las mineras, son en verdad eminentemente pragmáticos y con objetivos muy precisos: ganar dinero y obtener más rentas, ya sea personales o de grupo. Aunque hay también el interés político en el uso del conflicto, son pocos los dirigentes comunales o locales que han escalado al escenario político regional; cuando mucho, los espacios que alcanzan los líderes de los conflictos están relacionados a las alcaldías distritales.

Quizá esta particularidad del tipo de liderazgos que han surgido en el desarrollo de la conflictividad social contribuya a la fragmentación política del país. Los líderes de las protestas o de los conflictos sociales, no responden necesariamente a partidos o movimientos políticos; no muestran lealtades ni identidades partidarias en el momento de establecer sus demandas y exigir el cumplimiento de compromisos firmados. Un ejemplo es lo que le pasó al entonces Presidente de la PCM, Guido Bellido quien, a lomo de caballo llegó a dialogar con los comuneros de Chumbivilcas: consiguió una tregua que poco después fue rota. Eso mismo les pasó a otros ministros del actual gobierno. No han resuelto un solo conflicto, y la tensión por la conflictividad social en las zonas donde votaron por el presidente, se mantiene.

La desinstitucionalización de la gestión pública

Quizá uno de los efectos más críticos del proceso de los conflictos sociales de la última década ha sido la desinstitucionalización de la gestión pública. Los líderes de la protesta social, las autoridades comunales y los dirigentes de los barrios y las organizaciones sociales entendieron que para conseguir que el Estado (gobierno nacional, regional y distrital) diseñe, apruebe y ejecute obras ya no es necesario que cada entidad o institución pública aplique sus respectivos planes de gobierno y planes operativos. La acción directa es el modo más eficaz de obtener la obra que se desee o conseguir que las empresas se vean comprometidas con las organizaciones sociales de su entorno.

Foto: prensapcm en Flickr

Las estrategias de negociación que aplicaron este gobierno y los anteriores, reforzaron esa percepción. A cada conflicto le correspondió una mesa de diálogo, y en cada una se firmaron compromisos de cambio de políticas o una oferta de inversión pública en las regiones, provincias y distritos; por su parte, las empresas comprometidas en los conflictos firmaban sus propios acuerdos. La consecuencia ha sido el debilitamiento de la gestión pública al condicionar planes operativos y programas a las contingencias de los conflictos.

Los datos que muestra la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM¹ evidencian que estamos frente a un proceso de conflictos sociales que está condicionando la gestión pública: del 2011 a diciembre del 2021, se firmaron 5,101 compromisos registrados en 1,121 actas declaradas; en el 2021, se han registrado 437 compromisos en las 6 unidades territoriales (más el denominado Corredor Vial Sur CVS); Vivienda y Construcción Social y Agricultura y Riego son los dos sectores con más actas de compromiso, con 340 y 275, respectivamente; de los compromisos registrados en ese período, 57% presentan como responsable del cumplimiento a alguna entidad del Gobierno Central; el 17% corresponde a empresas públicas y privadas, el 17% son de responsabilidad de gobiernos subnacionales, mientras que el 10% presenta responsables de distintos niveles de gobierno u orígenes distintos.

Esta información permite afirmar la hipótesis de que el principal cambio en la gestión de los conflictos sociales, es que son los conflictos los que van definiendo los planes de inversión de los ministerios. Si algo cambió en la última década es precisamente la relación de los ministros con la ciudadanía o el sometimiento de los gobiernos municipales a la presión de los líderes sociales que se han convertido en verdadero contrapoder en los espacios locales. Son ellos los que negocian directamente con el Ministro o el Presidente del Consejo de Ministros, cuando la ocasión lo impone.