A fines del mes de febrero de este año, el tercer ministro de Cultura en lo que va del gobierno actual, el abogado Alejandro Salas, sorprendió a los medios tras una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno al afirmar haber recibido el encargo del presidente Pedro Castillo de “impulsar el proyecto de Ley de la creación de la Cinemateca Nacional, la cual permitirá que la memoria audiovisual tenga los registros que corresponden a su historia; será un legado del gobierno.”

Es la primera vez, que se tenga memoria, que un alto funcionario, invocando la figura del jefe de Estado, anuncia el compromiso gubernamental por hacer realidad la tan ansiada Cinemateca Nacional del Perú. Por supuesto, ya lo sabemos de sobra, del dicho al hecho hay un gran trecho; y el funcionario no goza en el sector, por sus antecedentes cuestionables en las redes sociales, de mucha consideración. Con todo, no deja de ser significativo que, por las razones que sea, esta demanda largamente ignorada y postergada, se coloque por fin en la agenda pública del país.

El proyecto a que hace referencia el ministro es el que le alcanzamos un colectivo de ciudadanos ligados al cine y la cultura (conformado por cineastas, investigadores, abogados y representantes de la Filmoteca PUCP y el Archivo Peruano de Imagen y Sonido -ARCHI-) a su antecesora, la ministra Gisela Ortiz, en una ceremonia realizada el 27 de octubre del 2021, establecido por UNESCO como día internacional del patrimonio audiovisual. El documento fue recibido de manera favorable por la ministra, comprometida públicamente con el tema de la memoria, anunciando su pronto estudio en las instancias respectivas del Ministerio, lo que lamentablemente no se pudo realizar por la burocracia y falta de conciencia del tema entre los funcionarios y asesores.

Esta propuesta, resultado de un largo trabajo de revisión legislativa, tomó como base anteriores intentos, así como experiencias en otros países que cuentan con ella (el Perú es el único en el continente que no la tiene). No es la primera vez que se intenta hacer realidad la Cinemateca en el Perú, estrellándose casi siempre con la indiferencia, cuando no hostilidad, de las instancias del Estado, empezando por el Ministerio de Cultura. El 2018, por ejemplo, por un Decreto Supremo suscrito por Martín Vizcarra como presidente y la entonces encargada de cultura, Patricia Balbuena, se consideró la creación de la Cinemateca en Cusco como un proyecto emblemático para el bicentenario. Todo no pasó sin embargo de los estudios de prefactibilidad y de un evento internacional en dicha ciudad, abandonándose luego con la pandemia y el cambio de autoridades en la Dirección Desconcentrada de la región.

En los sucesivos proyectos de nueva Ley de Cine que el Ministerio impulsó en los últimos años, y que culminaron en el Decreto de Urgencia N°022-2019, fue notorio que el tema de una institución para la preservación del audiovisual como la Cinemateca fue reduciéndose y dejándose de lado, quedando solo como una referencia simbólica que ni siquiera ameritó su inclusión en el Reglamento. Eso fue advertido por el responsable de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), Pierre Emile Vandoorne, cuando en un reportaje en la revista Somos en junio del 2019 dijo que su despacho en este punto se planteaba metas superiores. “La creación de una cinemateca no va a resolver el cuidado del patrimonio. Lo que importa es tener un Sistema Nacional de Preservación Audiovisual, que no recaiga todo el trabajo en una institución”. Un ejercicio de eufemismo para no hacer nada al respecto, como fue en la realidad.

Foto: Facebook Francisco Adrianzén

La solución ante la demanda creciente por la recuperación, planteada en el Ministerio de Cultura aprovechando la ampliación presupuestal de los últimos años para los estímulos financieros a la cinematografía, fue la realización de concursos de preservación audiovisual, donde cada productor presentaba su proyecto para rescatar, vía principalmente la digitalización, material fílmico que se encontraba en diversos grados de abandono o degradación. Una respuesta individualista, de constitución de archivos privados, que termina beneficiando a un pequeño círculo que tiene posibilidades para presentarlas, pero deja de lado todo el resto de nuestra memoria audiovisual que no es solamente de largometrajes cinematográficos, así como la posibilidad de un amplio archivo de acceso al público, como lo es en todas partes del mundo.

Un ejemplo del equívoco de esa mirada es lo acontecido con el archivo de películas de lo que fuera la Cinemateca Universitaria que administraba el Dr. Miguel Reynel en la Universidad Nacional Agraria. Luego de su muerte se hizo un inventario de los materiales, pero la desidia y falta de interés en diversas instancias del Estado llevó a los mismos a una situación crítica hasta que pudieron ser rescatados por iniciativa personal de Francisco Adrianzén. En ningún momento hubo un apoyo del Ministerio, incluso luego que fue presentado el proyecto para recibir estímulos directos, aduciendo que no se ajustaba a las bases por tratarse de un conjunto de obras en su mayoría no peruanas.

Al parecer lo que bloqueó las diversas iniciativas para la creación de la Cinemateca Nacional es la negativa de las autoridades de la DAFO a una institución que, aunque cumpla funciones diferentes, sienten que menoscaba o reduce su poder absoluto en el cine peruano. La idea del proyecto es poder contar con una entidad autónoma, similar a la Biblioteca Nacional o el Archivo General de la Nación. Téngase en cuenta que, en el caso de la primera de las mencionadas, no ha impedido la existencia de una Dirección del Libro y la Lectura en el propio ministerio, puesto que cumplen funciones diversas.

Todos estos antecedentes deben considerarlos el ministro y su equipo de asesores, si llegan a sobrevivir a la inestabilidad política del país. Si en efecto quieren impulsar la Cinemateca, van a encontrar los mayores obstáculos al interior de su misma institución, incluyendo también los celos en cuanto al ámbito de funciones con la Biblioteca Nacional e IRTP, que viene recuperando buena parte de su material televisivo en los últimos años. Tampoco se descarta desencuentros con funcionarios del Ministerio de Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros, que tienen que dar su aprobación en lo económico y organizacional, dependiendo en buena medida de la voluntad presidencial hacerla realidad, así como del Congreso, en última instancia, y sus impredecibles alianzas.

Lo anterior muestra que la creación de la Cinemateca Nacional Peruana será una tarea compleja y difícil pero no por ello menos necesaria y urgente, para empezar a rescatar y preservar de manera organizada y profesional los diversos archivos y materiales audiovisuales desperdigados por el país, para contar con una memoria viva de nuestro pasado para las futuras generaciones. Una deuda histórica que el Perú estaría empezando a saldar si efectivamente se hace realidad, y en un breve plazo, porque cada día que pasa, más de este pasado se seguirá perdiendo, inexorablemente.