La segunda semana de noviembre del 2020 ha sido una de las más intensas que hemos vivido como peruanos recientemente. Un punto denso de energía social que destituyó a un gobierno de facto en cuestión de días y que ya ha desencadenado un proceso acelerado de aprendizaje político en una joven generación que representará, el siguiente año electoral, cerca del 40% de los votantes.¹ Gestos y recambios políticos no van a bastar, existe la conciencia creciente de que los problemas del Perú son de otra escala: más de ochenta mil muertos y una debacle económica que amenaza con hacernos perder lustros de relativos avances han terminado de rasgar el disfraz ideológico de un milagro peruano que se alistaba a ser celebrado en su Bicentenario.² La narrativa triunfalista ya no se sostiene, pero esta semana el movimiento social nos ha permitido imaginar una distinta a la de la derrota. El Bicentenario se abre como una coyuntura crítica de cambio e innovación política para hacernos cargo de vencidas deudas sociales. El nombre que refleja la forma más radical de cambio en el imaginario político nacional es la creación de una nueva constitución, una propuesta que solo la izquierda ha mantenido a lo largo de los años, pero que ahora empieza a resonar con fuerza en otros sectores como solución a la crisis actual. Sin embargo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nueva constitución? ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambios profundos? ¿Cómo se está interpretando la crisis que se quiere resolver?

Un influyente discurso reformista plantea que los problemas de Perú se deben a un descalce entre su progreso económico y su sistema político: mientras el modelo económico ha ofrecido crecimiento económico, empleo y alivio a la pobreza, la esfera política se ha mostrado inepta, corrupta y fácilmente colonizada por intereses económicos poderosos. Una reforma política y electoral, junto a un pedido de auto-limitación (para su propio bien y perduración) de las élites económicas y sus prácticas “mercantilistas” (que influyen o capturan a los políticos para fortalecer sus beneficios retrasando importantes reformas), son las soluciones que se expresan para resolver el descalce y ampliar el éxito económico a la mayoría. Esta narrativa reformista, entonces, lee la crisis actual en estos términos, centrándose en la indecencia de los congresistas o en la crisis de representación política.³ Aunque la reforma política es importante (sobre todo el coto al financiamiento privado), no se habrá logrado nada y se habrá perdido una gran oportunidad si no se enfrentan dimensiones menos visibles y espectaculares, pero tanto o más decisivas, es decir, si no somos capaces de hacer de las estructuras de la economía un espacio de crítica y re-invención. Porque, si hay una lección decisiva este año es precisamente que las estructuras y sistemas (de propiedad, de poder, financieras, urbanas) importan y mucho; hemos visto cómo estas frustraron bien intencionadas políticas de contención y remedio de los efectos de la pandemia, ataron de manos al Estado, mientras las desigualdades elegían claramente quiénes llevarían el peso de esta crisis.

Esta “paradoja peruana”, que se hizo tan escandalosamente evidente con la crisis, era ya una clara realidad en varias regiones del país, marcadas por conflictos socio ambientales, que durante años han conocido el estado de emergencia y la represión.⁴ Por otro lado, como han advertido diversos investigadores, detrás del crecimiento del PBI y la reducción de la pobreza monetaria (amparada en los buenos vientos de los precios de las materias primas), persistentes desigualdades, escasez de empleo de calidad y precariedad de la seguridad social, dejaron una mayoría de peruanos en una amenazante vulnerabilidad marcada por múltiples privaciones fundamentales que este año se terminó de amortizar en pobreza y mortandad.⁵ La desconexión en el Perú, entonces, no se ubica solo entre su buena economía y su mala política, sino en que su economía en sí misma es contradictoria, pero una contradicción más problemática porque se sustrae de su articulación como un problema público. Nuestras expectativas frente a lo económico se han limitado a la provisión de empleo, posibilidades de consumo y estabilidad monetaria. Sin embargo, estas expectativas que el crecimiento ha satisfecho en parte y desigualmente en las últimas dos décadas, dejan de lado consideraciones de calidad y mayor nivel de control sobre el empleo, o calidad en la experiencia cotidiana del transporte, la vivienda, que solo se procesan como un problema personal, haciendo invisible la infraestructura económico política que las subyace. Pero, ¿qué está detrás de esta escisión? ¿Qué la hace más difícil de problematizar? ¿Por qué incluso intentos en años recientes de reformar algunos de sus elementos más perniciosos se han entrampado y encallado?

La constitución neoliberal de la economía peruana produce esta escisión y a su vez la vela. ¿A qué me refiero con la constitución neoliberal? En primera instancia, obviamente, me refiero a la carta magna del 93, un texto cuyo capítulo económico establece una serie de candados a la capacidad de la política democrática de intervenir en la economía, dando amplias ventajas a la inversión privada, a los acreedores y dueños de activos, limitando al Estado a un rol subsidiario y sustrayendo instituciones clave al control democrático (Banco Central). El neoliberalismo, a nivel global, podemos definirlo como un proyecto que, al entender la contradicción entre el capitalismo y la democracia, opta por movilizar recursos institucionales, legales y hasta morales (estos han variado con las épocas y contextos) para proteger al primero de las disrupciones de la segunda.⁶ Una de las estrategias políticas para lograr esta expulsión de la política del espacio de lo económico ha sido precisamente la “constitucionalización” de ciertas prohibiciones que tienen como objetivo desdentar al Estado, para que el eventual éxito democrático de una postura más reformista se encuentre sin muchas armas para llevar a cabo su proyecto.⁷ Sin embargo, las patologías de las economía peruana, las dificultades que se han encontrado para reformar sus más evidentes problemas, así como la dificultad para problematizarla públicamente no dependen únicamente de la carta magna (y tampoco se irán con un simple cambio de esta), sino de una serie de intereses, instituciones e ideas (que exceden lo nacional) que han configurado toda una imaginación económico-política que demarca aquello que nos está permitido esperar de nuestras vidas como productores, trabajadores, consumidores, inversores, etc. Existen muchas manifestaciones de estos imaginarios neoliberales de lo económico: la tecnocracia empoderada, cuya autonomía sin embargo solo parece permitida si sus criterios de operación se limitan a los de eficiencia; pero también vemos imaginación neoliberal en la dificultad para pensar en la dimensión colectiva de la organización del trabajo, en la hegemonía del credo del emprendedor que permea la sociedad.⁸

Es frente a este neoliberalismo exhausto que se hace necesario re-imaginar profundamente la economía, sacudirse de paradigmas teóricos y límites institucionales, así como muy enraizadas ideologías del día a día. Una nueva constitución política será solo un paso, o el resultado de este proceso más amplio de re-invención, por lo que se hace importante que esta conversación respecto a lo que podemos esperar de nuestra economía exceda la discusión legalista o economicista abstracta de la elaboración constitucional. La calidad del proceso constitucional es tanto o más importante que el resultado mismo. La clave aquí entonces es movilizar tanto la labor política (indispensable) de articular las demandas de los distintos espacios económicos (lo productivo, el consumo, la inversión, etc.), como un ampliado rol público de economistas y otros científicos sociales que puedan, tanto ayudar a dar cauce técnico a las propuestas populares, como ser sensibles a estas demandas antes que imponer blueprints. Por tanto, más que la nueva constitución en sí, es el momento constituyente el que puede ofrecernos la energía social necesaria para romper varios de estos bloqueos ideológicos reseñados. Revolucionar la manera en que medimos la riqueza y el éxito, diseñar sistemas y estrategias para no solo acelerar el crecimiento poniendo a los más débiles en el abismo de la optimización constante, sino incorporando también el criterio de seguridad y estabilidad para navegar la incertidumbre. En suma, un experimentalismo que recoja lo mejor de la imaginación social en todos sus sectores, para revitalizar no solo nuestra economía, sino todo el pacto social.

¿Es momento? ¿No es acaso arriesgado? ¿Es necesario? El crecimiento de esta demanda por un proceso constituyente que toque el modelo económico intensificará también la movilización de discursos y objeciones que se le oponen. Unas son dudas y preocupaciones sinceras, pero otras surgen del dogmatismo ideológico. El neoliberalismo, tras su semblanza de modernidad y eficiencia, esconde en el fondo una entraña profundamente religiosa, casi mística: la sublime inescrutabilidad de la economía de mercado debe ser respetada, todo intento democrático por aumentar la racionalidad y control de nuestros destinos económicos es una hubris condenada al totalitarismo. Este bloqueo al pensamiento y racionalidad de lo económico, en el Perú toma forma extrema en el “terruqueo” a toda propuesta de cambio social, asociándola con el terrorismo y el descalabro de los años ochenta. Sin embargo, queda claro que el discurso del miedo es cada vez más inefectivo frente a las promesas incumplidas del modelo y las expectativas de las nuevas generaciones que ya no ven el mundo desde las coordenadas de una guerra fría.⁹

Pero más allá de la fe neoliberal, hay preocupaciones legítimas sobre el timing de un proceso como este, ahora en medio de una crisis y con incertidumbre respecto a la recuperación. Se hace sin duda necesario pensar los mecanismos concretos de un proceso constituyente, así como de otras reformas necesarias que implican lo discutido, algo que no estoy en la capacidad de hacer aquí. Sin embargo, me atrevo a señalar que probablemente no encontremos mejor momento, tanto a nivel doméstico como internacional, para llevar a cabo estos importantes pasos en repensar nuestra vida económica. Más bien, no hacer nada y recurrir a un piloto automático para conducir en medio de esta incierta recuperación nos condenará a repetir la misma dificultad estructural. Nuevamente una recuperación que exige precariedad y sacrificio a las mayorías. ¿Cuántos años esta vez de ajustarse el cinturón? ¿diez, veinte? Esta recuperación neoliberal 2.0, además de injusta, la veo implausible políticamente, ya que como se dijo, las expectativas de las nuevas generaciones no son las mismas que la de los años 90, a la vez que la credibilidad de la promesa neoliberal ya se encuentra exhausta.¹⁰

Finalmente, a nivel internacional, se hace evidente que la pandemia ha acelerado transformaciones en la gestión de las economías mundiales, siendo lo más saltante un decisivo regreso del Estado en el terreno económico, así como una redefinición de la geopolítica económica con el ascenso de China. Esta tectónica de placas de la economía mundial se refleja en una fuerte crítica a consensos liberales, que ya se ha saldado cancelando una serie de tabúes que había desde los años 80: las políticas industriales¹¹, la intervención estatal en todos los niveles de la economía¹², la justicia impositiva y redistributiva¹³, el rol de los bancos centrales¹⁴, los límites al crecimiento para poner freno al cambio climático.¹⁵ La teoría económica misma, su enseñanza en varias partes del mundo, atraviesa una incremental transformación, a la vez que se reconocen la necesidad de incluir las dimensiones políticas, sociales, de género y ambientales en la discusión.¹⁶ La posibilidad de abrir también las cajas negras de nuestra economía, permite ganar la flexibilidad como país para responder a estas transformaciones globales, iniciando un proceso de aprendizaje técnico, social y político que nos permita no desperdiciar esta crisis en la que ya estamos y encontrar dinámicas más sostenibles y justas a nivel socio-económico, a la altura de las crecientes expectativas de nuestras nuevas generaciones. O, en otras palabras, enfrentarnos a este nuevo mundo y a las contradicciones de nuestro país con una constitución tan marcada por los procesos de los años ochenta y noventa, es como lanzar una carga de caballería contra las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Una masacre, un anacronismo.

Re-imaginar la economía peruana no es solo posible, es urgente e inevitable.