En estos meses las ciudades son un tema urgente. Su peso demográfico, concentración humana, de capitales, consumos e intercambios, así como la acumulación de conocimiento que en ella se realiza, justifican esta relevancia en medio de una pandemia que exige a las personas distancia física, cuando no aislamiento, algo que parece muy difícil de cumplir dadas las características del asentamiento urbano y los estilos de vida en las grandes y medianas urbes del mundo.

Con el coronavirus rondando, concentración y densificación, dos principios claves de los sistemas urbanos, han sido puestos en tela de juicio. Urbanistas, sociólogos, geógrafos, epidemiólogos y especialistas en salud pública evalúan su evolución futura y se preguntan sobre la viabilidad de desarmar progresivamente las grandes urbes y desconcentrar la población hacia ciudades y centros menores. Pronto se sumarán a esta discusión los economistas y los expertos en ruralidad.

Salvo las contadas excepciones de los países ricos, la mayor parte de lo que llamamos “ciudades” en el mundo son asentamientos sin calidad ambiental, desprovistos de servicios básicos, en los que la vivienda es precaria y sus ocupantes carecen de seguridad en la tenencia del suelo; lo mismo para periferias urbanas de ciudades altamente segregadas como para áreas centrales o centros históricos degradados.

Ciudades así han crecido durante décadas, siguiendo patrones de migración rural-urbana o de pequeños centros poblados a enormes metrópolis. Hoy, al impulso de la pandemia, se registran intensos y repentinos desplazamientos de retorno al campo o hacia villas, pueblos semi rurales y ciudades intermedias menores, un movimiento inverso al patrón acostumbrado. Esto ocurre en países con gran peso demográfico como la India, Rusia o Pakistán, pero también en otros menos significativos como el nuestro, poniendo en agenda las políticas de acondicionamiento territorial y urbanización.

Un desborde popular ‘inverso’

En medio de la situación de inmovilidad domiciliaria, una parte todavía imprecisa de la población asentada en Lima, ha iniciado su desplazamiento desde los barrios más pobres de la ciudad hacia las capitales y ciudades menores de otras provincias y regiones. A otra escala, esto se replica entre ciudades intermedias y menores en las que cunde el desempleo, como en Juliaca o Cusco en el sur andino. Descontando a quienes quedaron varados en medio de una gestión comercial o de salud, los protagonistas de este movimiento de retorno en plena cuarentena, han sido quienes de pronto encuentran inviable su permanencia con fines educativos ante el cierre de escuelas, institutos y universidades y crecientemente, y quienes no ven posible en el corto plazo obtener el sustento básico. La perspectiva de una mejor alimentación y un costo de vida menor que permita sobrevivir a la primera etapa de la crisis son hoy los principales factores expulsores de las grandes ciudades.

En medio de la situación de inmovilidad domiciliaria, una parte todavía imprecisa de la población asentada en Lima, ha iniciado su desplazamiento a pie hacia otras provincias y regiones. Foto: Luisenrrique Becerra. Asociación SER en Flickr</em>

Durante los últimos cuarenta años, la migración hacia centros urbanos dejó una estela de pueblos semi abandonados y viviendas cerradas, con el consecuente envejecimiento poblacional del entorno rural. Este movimiento de la población rural a las ciudades y el crecimiento de las áreas urbanas significó también el abandono de los terrenos agrícolas, crecientemente fragmentados. La limitada capacidad productiva del minifundio resultante, insuficiente en términos de sustento económico y alimentario, se tornó otro factor expulsor del campo.

En contraste, la población hoy en retorno la constituyen principalmente jóvenes urbanos volviendo a viviendas y tierras abandonadas, propiedad de sus familias. Una posibilidad para ellos es la reactivación productiva, para el autoconsumo en primera instancia, en el escenario de una cercana crisis alimentaria mundial. Para ello serán necesarias nuevas pequeñas inversiones, aportes tecnológicos y renovadas estrategias de reinserción en el mercado. Son miles de hectáreas agrícolas abandonadas a espera de aumentar su productividad y rentabilidad.

Ya hay señales de cambio para las dinámicas de oferta y demanda de mano de obra. La caída de más del 20% de los precios internacionales de los minerales y los serios problemas en la demanda mundial a nuestros productos bandera de agro exportación, suponen el fin de la supremacía de los salarios en la minería y servicios asociados, así como la probable baja en la oferta laboral temporal en la agricultura de exportación. Ello podría marcar una vuelta obligada de la mano de obra a sus lugares de origen y a la agricultura familiar, que es a fin de cuentas la que surte a las ciudades.

Lo cierto es que muy pocas regiones del país están preparadas para esos cambios. Los gobiernos regionales y municipios son entidades endebles, en particular los municipios más pequeños, sin capacidad para planificar. El 70% de los gobiernos locales no tiene planes de desarrollo urbano. Tal como ocurrió con Lima durante más de setenta años, las ciudades intermedias y menores que reciben a los migrantes de retorno, disponen de poca capacidad y recursos económicos para atender las demandas por servicios urbanos, vivienda y empleo que serán crecientes.

Aparece con más urgencia lo que siempre se ha demandado: mejorar la rentabilidad de la agricultura, promover el empleo local y diversificar, porque los pilares económicos -minería, servicios y turismo-, caen a cero arrastrando a mucha gente al desempleo total en varias ciudades.

Malamente emplazados

Es, a veces, una ironía llamar ciudades a pueblos grandes cuyos servicios y estilos de vida no corresponden a estándares urbanos mínimos. De acuerdo a criterios estadísticos de concentración demográfica, en Perú se identifican oficialmente casi un centenar de asentamientos como ciudades. La población en los centros poblados urbanos en 2017 sumaba 23 millones 311 mil 893 habitantes, la misma que representa el 79,3% de la población nacional.

Durante la segunda mitad del siglo XX, y hasta las dos primeras décadas del siglo XXI, las ciudades en el Perú se han expandido de manera desordenada debido a inadecuadas políticas urbanas y de vivienda. Ello expresa uno de los problemas estratégicos del país: el pésimo uso y ocupación del territorio. En Lima Metropolitana y Callao se ha producido una híper concentración urbana en la cual en tan sólo 2,839.2 Km2 de superficie –que representa el 0.22% del territorio nacional– vive el 34.8% de la población (10´848 566 habitantes).

Foto: Luisenrrique Becerra. Asociación SER en Flickr </em>

En el mediano plazo, estos procesos urbanos se han acompañado de una movilidad social ascendente que ha reconfigurado al país y les ha dado un nuevo rostro a las ciudades con la aparición de nuevas clases urbanas. Costumbres, expresiones culturales y demandas se han transformado como producto de los movimientos migratorios, la movilidad social y los intercambios en ese marco. Pero el producto urbano de ello, a ritmo del mercado y sin regulación estatal efectiva, son ciudades segregadas, con viviendas precarias y producción de riesgo sobre laderas, riberas y terrenos de mala calidad en general. En muchas ciudades se evidencian procesos de hacinamiento habitacional en sus centros históricos, que se complican por la precariedad de las casonas y solares, en medio de la ausencia de políticas de renovación. A esa situación preexistente debemos sumarle ahora la presión que significarán los retornantes desempleados y el déficit de servicios de educación al menos durante 2020.

Ciudades peruanas post epidemia 2020

Aunque aún está por verse la consistencia e impacto de los recientes desplazamientos de ciudades principales a intermedias y hacia los entornos rurales en varias regiones, la urbanización desordenada -que ya caracteriza las relaciones urbano-rurales y las estructuras intrarregionales- es parte hoy de un nuevo escenario. Es innegable que a los déficits estructurales y problemas endémicos de nuestros centros urbanos, se suman los nuevos producidos por la pandemia.

Las familias retornantes, aunque no tuvieran trabajo ni servicios de educación, salud y recreación, están ya habituadas a una vida urbana y demandarán a los gobiernos regionales y locales, carreteras, infraestructura productiva, agua potable, servicios de desagüe y recojo de basura o algunas mejoras en servicios de internet. Ello, en medio de un proceso de recuperación del valor del suelo al impulso de la ocupación de pueblos pequeños, villas y áreas rurales, hasta hoy casi abandonados. Siendo optimistas, podría significar algo de innovación y valores positivos de la vida urbana en medio de un escenario de crisis y una fuerte recesión. Siendo realistas, este impulso podría acentuar la mala distribución del espacio urbano, y precarizar aún más las estrategias de ingreso y empleo.

En cualquiera de los casos, se requiere capacitación, transferencia de recursos y asesoría a los municipios sobre este nuevo fenómeno social. Urge fortalecer políticas demográficas, ligadas a objetivos de descentralización, ampliación de servicios del Estado y de generación del empleo, sin abandonar el ordenamiento urbano ambiental para enfrentar la producción de riesgos en los asentamientos urbanos, la contaminación y la mala disposición de residuos sólidos, por nombrar tres de los déficits más notorios en la gestión de las ciudades intermedias y menores en el país. Todo ello sin mencionar lo obvio: el acondicionamiento urbano y sanitario ante las exigencias de la convivencia con un virus para el que aún no se tiene vacuna o tratamiento.

Es pronto para afirmar que el proyecto de migrar a Lima o a otras ciudades importantes en busca de oportunidades, se ha agotado como estrategia de movilidad familiar. Pero sí podemos decir que los movimientos de retorno evidencia el enorme retraso que llevamos en poner en marcha políticas territoriales y de urbanización que le den impulso a las potencialidades de las ciudades intermedias, y reviertan los profundos defectos de su crecimiento desigual y extremadamente dependiente de una sola actividad (el caso del turismo depredador), poco diversificado (reducido al abastecimiento comercial de un entorno productivo) o su postergación como espacio residual de la actividad extractiva. Del mismo modo, la agenda para la mejora de la calidad de vida rural está también sobre la mesa hace años: viviendas sismo-resistentes, cocinas mejoradas, eliminación de pisos de tierra, materiales de acuerdo al clima, uso intensivo de energía solar, infraestructura de comunicación, agua potable, a la par de políticas económicas para asegurar la sostenibilidad de sus actividades productivas.

La crisis urbana de nuestro tiempo necesita de nuevos enfoques y organizaciones capaces de generar modelos de ciudades, centros poblados y ocupación territorial, acorde con los condicionamientos que la pandemia del COVID-19 ha instalado para la continuación de la vida humana en sociedad. No será sencillo pero es indispensable revertir el derrotero y acomodarnos de otra manera mejor, más sana, si apostamos por una vida mejor para todos.