Se viven tiempos intensos en el feminismo. Frente a la masividad que gana el movimiento, algunas investigadoras se preguntan si estamos ante un nuevo momento. Aún no podemos responder con certeza.

La ola de denuncias que tuvo su versión internacional en el #metoo y el #niunamenos en Perú significó la apertura de un espacio para que miles de mujeres compartieran sus experiencias de violencias y acoso por las redes sociales. Esta tendencia se ha profundizado, y se ha logrado mayor atención a expresiones particulares de la violencia machista, como es el caso del hostigamiento en el espacio universitario.

En las universidades han emergido plataformas de estudiantes mujeres que buscan sanción a profesores y estudiantes por acoso sexual. El primer logro conocido se tuvo en 2017 en la Universidad Nacional de Ingeniería, una universidad históricamente masculina; en menos de dos años hemos visto aparecer varias de estas organizaciones bajo rótulos como “se acabó el silencio”, y hoy algunas se agrupan en el Bloque Universitario Feminista en la ciudad de Lima. En algunas universidades ya se han llevado a cabo procesos sancionadores y establecido protocolos contra el hostigamiento sexual.

Sin embargo, recién en marzo de 2019 el Ministerio de Educación (MINEDU) modificó el reglamento de infracciones y sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que indica como falta muy grave la inexistencia de un protocolo de atención, sanción y protección contra la violencia y el hostigamiento sexual.

Previo a ello, el MINEDU ya había establecido el contenido mínimo de los documentos normativos de prevención e intervención en estos casos, aunque no ha propuesto aún un abordaje profundo sobre la situación de la violencia de género en el ámbito universitario, como se ha hecho desde hace años en otros países como Chile. En el caso de las medidas de prevención, sugiere de manera muy general medidas como la difusión de documentos, la sensibilización en la comunidad universitaria, y la detección de casos a través de encuestas anónimas o investigaciones voluntarias.

La pregunta que surge cuando hablamos de violencias de género es si la sanción es suficiente; sabemos que la respuesta es no. Sin duda resulta indispensable y es lo mínimo que las universidades establezcan los procesos para el tratamiento de denuncias por hostigamiento sexual, porque sabemos que nos enfrentamos a un espacio no ajeno al machismo de nuestra sociedad y marcado por relaciones jerárquicas de poder, donde ha campeado la impunidad y el silencio.

flickr de pronabec</em>

Luego de la aprobación de la nueva ley universitaria en 2015, la SUNEDU estableció las Condiciones Básicas de Calidad para que las universidades peruanas sean licenciadas, condición indispensable para su funcionamiento. De acuerdo a la norma, como mínimo, se debía cumplir lo siguiente: existencia de objetivos académicos, previsión económica y financiera, infraestructura y equipamiento adecuados, líneas de investigación, personal docente calificado con no menos del 25% a tiempo completo, servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros), mecanismos de mediación e inserción laboral y transparencia.

La ley reconoce entre los fines de la universidad: pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión y el rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. Me pregunto si en el proceso de licenciamiento no se perdió la oportunidad de exigir a las universidades una condición de calidad referida a la existencia de mecanismos y políticas con enfoque de género e interculturalidad.

Más allá del acoso

No basta con sancionar el acoso si no logramos que la universidad sea un espacio que reconozca, reflexione y busque superar las desigualdades de género que sostienen las violencias. Incluir políticas de igualdad de género en la universidad permitiría no solo un reglamento contra el hostigamiento sexual que se ha logrado hacer obligatorio, sino por ejemplo políticas de discriminación positiva para la promoción de docentes autoridades e investigadoras mujeres.

Políticas de igualdad de género permitirían problematizar la corresponsabilidad y los cuidados y su impacto en el desarrollo docente y estudiantil –dando prioridad en horarios o cunas-. También abriría el camino a políticas internas de identidad para población trans, entre otras. Se podría tener mayor información desagregada por sexo o universidades con una oficina que promueva la investigación sobre las desigualdades de género dentro y fuera del campus, o una entidad de promoción para un campus libre de violencia de género, que incluya capacitación, sensibilización y vigilancia del uso de lenguaje sexista.

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Además, por supuesto, se podría motivar a las universidades para incluir en la malla curricular cursos sobre desigualdad y estudios de género. Mucho de lo anterior se encuentra en “las políticas de igualdad de género para la docencia” de la Pontificia Universidad Católica del Perú que incluye además un Observatorio de Género y que debería ser discutido entre quienes quieren generar cambios en la universidad peruana.

Hace poco la socióloga e historiadora feminista argentina Dora Barrancos " recordaba que la universidad es una "reserva patriarcal". ¹ Aunque es una verdad evidente para una feminista, es conveniente recordar por qué. Lo es, no sólo porque sus máximas autoridades y la mayoría de sus profesores principales son varones, no sólo porque haya elegido no ver y no sancionar el acoso sexual entre pares y superiores –eso recién está cambiando por la movilización de las estudiantes mujeres- sino que lo es porque es un espacio donde la ciencia y los saberes se construyen desde configuraciones patriarcales. Si vamos a hablar de violencias en la universidad no olvidemos la exclusión de las voces y la producción de pensamiento de mujeres y feministas, porque ahí radica también una de las principales violencias.