La nueva Ley Universitaria de 2014-2015 dio vida a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), entidad a cargo de la aprobación o la denegatoria del licenciamiento de universidades, facultades, escuelas y programas de estudios de las 143 universidades (51 públicas y 92 privadas) existentes en el país.

Hasta el momento 74 universidades públicas y privadas obtuvieron la licencia que les permite funcionar por períodos de seis, ocho o diez años. Se trata de aquellas que demostraron el cumplimiento de 55 indicadores vinculados a gestión institucional, docentes, infraestructura, investigación, entre otros temas prescritos en el modelo de licenciamiento que aplica SUNEDU. Otras 61 universidades deben aún definir su situación, en medio de preocupación y expectativa en los estudiantes y sus familias, pues no saben si su universidad logrará o no el ansiado licenciamiento.

Hasta el momento suman nueve las universidades a las que se ha denegado el licenciamiento al no demostrar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad. Si bien no se trata de desconocer los resultados positivos de la reforma universitaria, no podemos dejar de preguntarnos por los afectados. Y por afectados no se entienda a los “dueños” de dichos centros, sino a sus estudiantes, a quienes SUNEDU comunicó que ante la eventualidad del cierre, debían terminar sus estudios en dos años, o trasladarse a una universidad ya licenciada. La pregunta entonces es si éstas son opciones suficientes y viables.

Son alrededor de 27 mil los estudiantes afectados, distribuidos de la siguiente manera: la Universidad Peruana de Arte ORVAL (Orval) con 176 estudiantes, Universidad Peruana de Integración Global (UPIG) con 1257 estudiantes, Universidad Peruana de Investigación (UPEIN) con 420 estudiantes, Universidad de Lambayeque (UDL) con 646 estudiantes, Universidad Marítima del Perú (UMP) con 180 estudiantes, la Universidad Peruana Simón Bolívar (UPSB) con 538, Universidad Sergio Bernales (UPSB) con 704 estudiantes, Universidad Arzobispo Loayza (UAL) con 1722 estudiantes y finalmente, la Universidad Telesup con más de 20 mil estudiantes.¹

Mientras SUNEDU señala que la universidad no cumple ningún indicador que sustente que su servicio sea de calidad, la universidad sostiene haber sufrido “discriminación”. Ambas posiciones argumentan acerca de procedimientos regulatorios, pero no ofrecen solución para las y los estudiantes, cuyo proceso de formación se verá por lo menos interrumpido o postergado, si es que no frustrado del todo. Incluso para quienes logren concluir sus estudios en el plazo de dos años, lo que muy probablemente les espera es ser discriminados en el mercado laboral.

flickr de sunedu</em>

De acuerdo a las resoluciones de la SUNEDU, las universidades en proceso de cierre o ya cerradas tienen en común el haber ofertado programas educativos de bajo costo, pero de cero calidad. Los estudiantes que acceden a esta oferta son, en promedio, aquellos que estudian y trabajan, y que además tienen una carga familiar que no les permite acceder a oferta educativa que cuesta más y que es de mejor calidad. Sin duda, los responsables de la “estafa educativa” son los promotores de estas universidades que jugaron con las expectativas y los sueños de los estudiantes y sus familias. Sin embargo el otro gran responsable es el Estado que las autorizó y les permitió funcionar, hacer publicidad engañosa durante años y entregar también durante años, títulos a nombre de la Nación.

Por ello es necesario que ambos actores pongan sobre la mesa soluciones más allá de sus propios intereses. Está claro que los mecanismos de cierre no pueden ser los mismos para una universidad de 180 estudiantes que para una de 20 mil. Una opción podría ser discutir un crédito educativo estatal que permita a los estudiantes costear su traslado a otra universidad.

Y es que no son solo los dueños de las universidades los que deben responder ante sus “clientes”. Es también el Estado -que avaló la oferta educativa de baja calidad- el que debe dar la cara a sus ciudadanos. No solo impidiendo que los mercaderes de la educación continúen actuando, sino principalmente garantizando el derecho a la educación de los estudiantes y familias afectadas.