Cuando se refiere a educación, la palabra “reforma” tiene cierto prestigio entre nosotros y los neoliberales lo han usado para pasarnos gato por liebre. Reforma educativa nos refiere a la llevada adelante en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Una reforma que se llamaba tal porque tenía como objetivo democratizar la educación peruana. “Una educación liberadora” como decía Augusto Salazar Bondy, su principal ideólogo, para liberar a estudiantes y maestros del yugo feudal que pesaba sobre sus vidas y especialmente sobre sus cabezas.

Pero más todavía. Reforma universitaria, refiere a la gran gesta de Córdoba de un siglo atrás, cuando estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, publican en junio de 1918 el “Manifiesto Liminar a los hombres libres de América” que tenía también como fin democratizar la universidad en su país y en el continente todo. La asociación con reforma es entonces liberación y democracia.

Sin embargo, el 2014, con Jaime Saavedra ya bien posesionado del sillón ministerial de educación, empezó un movimiento contrario, con un fuerte componente mediático, que buscaba vender a la opinión pública la idea de que estaba ocurriendo una reforma; es decir que en un sector tan sensible como la educación estaba pasando una cosa cuando en realidad estaba ocurriendo otra. Se empezaron a potenciar medidas en la educación básica, muchas de ellas que venían del segundo gobierno de Alan García, que decían buscar la reorganización de la educación peruana sobre criterios meritocráticos, cuando lo que buscaban en realidad, era implementar un gran plan de sobreexplotación del magisterio, abaratando su costo y aumentando el control político sobre el mismo. El resultado fue la gran huelga magisterial del julio y agosto de 2017 que tuvo gran repercusión en el país.

Universidad de la calle. Eleazar Cuadros</em>

Una operación paralela y en muchos aspectos similar, se llevó adelante en la educación superior universitaria. Operación ciertamente más compleja por las características de un sistema universitario masivamente privatizado a partir del DL 882, promulgado durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, y controlado por la mediocridad y el clientelismo en las universidades públicas y el “negocio rápido”, en la mayor parte de las privadas.

La complejidad los llevó a no actuar directamente sino a asaltar un proyecto de reforma en curso, modificándolo para sus fines. Desde principios de siglo, un grupo de profesores de diversas universidades públicas, como San Marcos y la UNI y privadas como la Católica, la de Lima y Cayetano Heredia, habíamos iniciado un trabajo de consulta y debate sobre una nueva ley universitaria, que nos llevó a desarrollar casi 40 reuniones en diferentes universidades públicas y privadas entre 2005 y 2008. Ello dio lugar a un proyecto de ley que se presentó en el Congreso el año 2009 y que fue la base para que el año 2012, el congresista Daniel Mora iniciara los trabajos que culminarían en una nueva ley universitaria en julio de 2014. Hasta aquí todo suena bonito. ¿Qué pasó entonces?

La ley universitaria 30220 recoge un conjunto de reformas académicas, administrativas y de gobierno universitario, que estaban incluidas en el debate reformista que he señalado y que en teoría deberían permitir el inicio de la reforma universitaria anhelada desde treinta años atrás. Son destacables las mayores exigencias académicas para el ejercicio de la docencia universitaria, el apoyo a la investigación de docentes y estudiantes, las garantías para el ejercicio de la democracia en las universidades públicas y la mayor regulación a la que se somete a las privadas. Asimismo, y en diferentes partes del articulado, la demanda de un mayor presupuesto para las universidades nacionales. En especial, se establece el “Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Universidad Pública” que debía financiar el relanzamiento de las doce universidades más antiguas del Perú, que figuraban con nombre y prioridad en la propia ley.

Este conjunto de reformas debía completarse con un ente que cumpliera la función de regulación del conjunto de las universidades. Habían diversos diseños del mismo, pero en el debate de la ley se señalaba que debía ser uno que surgiera de las universidades y que no fuera ajeno a las mismas; una propuesta que en el proyecto inicial se llamaba Consejo Nacional de Universidades. Desde un punto de vista participativo propuse en diversos foros que esta instancia debía ser elegida por los profesores principales, investigadores con el grado de doctor, de manera tal que fueran expertos los que eligieran un consejo de expertos, para que regulara a las universidades peruanas. Desde la orilla neoliberal se criticaba este punto de vista señalando que la autogestión ya había fracasado como forma de regulación y que el ejemplo era la antigua Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Respondimos señalando que la ANR no tenía como función regular sino tan sólo coordinar y que estaba formada por rectores y no por expertos.

NN- sillas. Eleazar Cuadros</em>

El poder, sin embargo, se impuso al final. El entonces ministro Saavedra le dijo al Presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, que si quería los votos del entonces Partido Nacionalista en el pleno parlamentario, debía sacar el capítulo dos de la ley que planteaba un Consejo Nacional de Universidades y reemplazarlo por el articulado que traía él, redactado por sus asesores neoliberales, que proponía la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Ésta, planteada como una instancia controlada por el Ministerio de Educación, que, ¡oh sorpresa! figura también como titular de una “rectoría del estado” en la ley. Se cambió Consejo, que viene de conciliar, es decir entenderse, por Superintendencia que está emparentada con vigilancia y finalmente guachimán. La primera víctima de este atropello, para todos los efectos: la autonomía universitaria.

Tenemos entonces una ley con reformas importantes a la cual se le ha inoculado un tumor maligno: la SUNEDU.

¿Cuál es la lógica detrás de esta intromisión? Una autoritaria y tecnocrática. Autoritaria, porque crea una instancia sancionadora, no solo por encima sino también por fuera de las universidades, que no depende en ningún sentido de la voluntad democrática del claustro. Tecnocrática, porque está guiada, al menos en teoría, por la idea de “hacer las cosas bien”, donde las universidades no se conciben como instituciones productoras de conocimiento, impulsoras del debate de ideas y espacio de ejercicio de derechos, sino como proveedoras de servicios educativos en función del mercado. De esta manera, la SUNEDU nunca ha alcanzado legitimidad en las universidades, especialmente en las públicas.

Pero la SUNEDU, como está planteada, no es el único despropósito que existe en el ámbito universitario actual. Está también el sistema de becas que administra el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), entre las que destaca Beca 18. Se supone que en el Perú, el programa financiado para la educación superior universitaria con dinero del Tesoro Público debe orientarse a las universidades nacionales. Sin embargo, el apetitoso presupuesto de las mismas, aproximadamente 2,500 millones de soles en la actualidad, hace mucho tiempo que jala el ojo de las universidades privadas, especialmente de algunas con fines de lucro. Estas últimas, todavía no intentan un asalto directo a la partida misma de las universidades públicas, pero ya encontraron una manera oblicua de hacerlo: el sistema de becas del PRONABEC. El presupuesto de este último es de aproximadamente 1,000 millones de soles, casi un 40% de todo el presupuesto para las 51 universidades públicas, la mayor parte de los cuales va a universidades privadas. Tenemos entonces un programa paralelo a las universidades nacionales, financiado con dinero público, que termina financiando a las universidades privadas.

A la trampa de las becas se agregan las mentiras abiertas. El caso de la investigación y especialmente del Registro Nacional de Ciencia y Tecnología (RENACYT) es un buen ejemplo al respecto. Este es un registro, al que cuesta mucho entrar, que junta a los investigadores que acreditan una trayectoria con sus publicaciones especializadas. El caso es que para los investigadores de las universidades públicas, la ley 30220 señala un bono adicional del 50% de su sueldo mensual. Por arte de birbiloque, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha resuelto que no se pague a los investigadores doce meses sino apenas ocho….. ¡Hecha la ley, nuevamente, hecha la trampa¡

Olvidémonos entonces del “Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Universidad Pública” que señala la ley 30220, olvidémonos de los reiterados pedidos de aumento presupuestal de casi todas las universidades públicas. A ellas, el MEF les dice que no hay plata y que se financien produciendo más recursos propios. San Marcos, por ejemplo, hace más de 30 años que financia la mitad de su presupuesto con recursos propios, a tal punto que cuando las autoridades debaten la posibilidad de conseguir más recursos, siempre están pensando antes en cómo ordeñar mejor las unidades generadoras de ingresos propios que en exigir más dinero al Estado. Finalmente se impone la moral de las rodilleras. Así las cosas y luego de la monserga, MEF y MINEDU, de la mano, voltean y les dan a las universidades privadas lo que debería ser para aumentar el presupuesto de la universidades públicas. Sí hay plata entonces, sólo que se la dan a las privadas.

¿Cómo funciona esto en la práctica? Como una alianza entre mediocres universitarios y tecnócratas de la SUNEDU, el Ministerio de Educación y el MEF; tanto o más mediocres que los primeros. ¿Qué si hay buenos y competentes? Claro que sí, en varias universidades públicas y privadas hay buenos, competentes y cumplidores de a verdad, pero no son la mayoría, ni hacen el verano. Además, el funcionamiento del SUNEDU remarca su carácter de ente externo a las universidades, no porque tengan cuidado de la autonomía, sino porque no entienden el mundo universitario. Eso se puede observar hasta en la extracción de su burocracia que parece venir, en la mayoría de los casos, de universidades privadas de “alta gama”.

¿Qué tiene que ver esto con reforma y más todavía con democracia? No lo sé. Ni en la SUNEDU, el MINEDU o el MEF dan el debate; como buenos neoliberales se esconden y usan su poder para golpear tras bambalinas a los que consideran sus enemigos. Mientras tanto, nos toca insistir en el camino reformista, liberador y democrático. Hay instrumentos en la ley universitaria, como el gobierno democrático en las universidades públicas o el apoyo a la investigación que prioriza la ley 30220, que pueden servir para resistir a los tecnócratas y más todavía, para combatir su alianza con la mediocridad. El horizonte, sin embargo, está más difícil que una década atrás, porque en esos momentos el único adversario era la mediocridad; hoy, en cambio, tenemos la contrarreforma neoliberal que no tiene escrúpulos para escoger aliados y que quiere el control total de la universidad peruana.