El gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado coincidió en el tiempo con las demandas levantadas de la segunda ola del feminismo desde 1968. Las reformas velasquistas no necesariamente contenían lo que luego vendría a llamarse “enfoque de género”; hubo necesidad de que un grupo de mujeres llamara la atención al respecto. Estas demandas fueron recibidas en la medida que el gobierno se orientaba por una doctrina humanista, de “liberación”, con el objetivo de crear el binomio nacionalista “Pueblo-Fuerza Armada”.

En esa interacción se formaron grupos sin reconocerse como “feministas”, como el “Grupo Promoción de la Mujer”, de Helen Orvig, Violeta y Elena Sara Lafosse en 1971, “Acción para la Liberación de la Mujer Peruana” de Cristina Portocarrero y Ana María Portugal en 1972, Promoción Cultural “Creatividad y Cambio” de Rosa Dominga Trapasso y Timotea Galvín, y el Grupo de trabajo "Flora Tristán“ con Lía Morales y Carmela Mayorga en 1973. Sus integrantes fueron activas en la formulación de políticas públicas relativas a la igualdad de la mujer en el ámbito familiar, educativo, político y económico. Se trataba de una “revalorar” a la mujer que al igual que la población campesina era un grupo que sufría opresión. Esta idea quedó expresada en el artículo 11 de la Ley General de Educación de 1972, redactado por Helen Orvig, esposa de Augusto Salazar Bondy, ideólogo de la “filosofía de la liberación” y principal asesor de la reforma educativa: “La Educación será reorientada hacia la revalorización de la mujer, ofreciéndole las mismas oportunidades para su desarrollo personal, libre y pleno”.

Por primera vez, un instrumento de política pública como el Plan Inca publicado en 1974 describió la situación de las mujeres. En su acápite 23 se reconocía que la mujer no ejercía sus derechos, ni tenía acceso a puestos directivos; que en el matrimonio el hombre disponía de sus bienes sin su consentimiento, y que en los estratos más bajos se presentaba mayor violencia contra la mujer. Había que lograr como objetivo la igualdad con el hombre en derechos y obligaciones.

1975 fue declarado Año Internacional de la Mujer por Naciones Unidas, y Año de la Mujer Peruana, por el gobierno revolucionario. Se creó la Comisión Nacional de la Mujer Peruana encabezada por Consuelo Gonzales Posada, esposa del general Velasco, para coordinar a las organizaciones “femeninas”; organizaciones campesinas, trabajadoras y barriales. Se instauraron las “Tribunas de Opinión” en Lima, asambleas donde las organizaciones de base barrial planteaban sus demandas y críticas. Se incorporó a las mujeres en el servicio militar y se llevó a cabo un análisis de la situación de la empleada doméstica, que prolongaba en la práctica situaciones de servidumbre colonial.

Se trataba sin duda de una “revolución desde arriba” llevada a cabo en conjunto por militares nacionalistas y cuadros provenientes del catolicismo progresista bajo las ideas del Concilio Vaticano II, lo que hizo que se guardara distancia con los planteamientos de los feminismos norteamericanos o europeos que también reivindicaban una autonomía sexual y reproductiva. De allí que muchas asesoras del régimen no se autodenominaran “feministas”.

Luego de la dictadura, la agenda de liberación de las mujeres reclamando un lugar específico condujo a la formación por separado de grupos feministas apoyados por la cooperación internacional, sin que se lleve a cabo la integración de las ideas feministas en las organizaciones de derechos humanos o centros de estudio de la realidad social peruana mucho más influenciadas por sectores progresistas de la iglesia. Las mujeres de sectores más populares debieron organizarse en torno a las crecientes necesidades de la crisis económica y la violencia de los años ochenta.