Un congresista que carga sobre sus hombros una investigación por pertenecer a una presunta organización criminal asiste a un bar barranquino —que suele ser frecuentado por parte de las juventudes progresistas e informadas limeñas— y no lo reconoce nadie. En otras circunstancias, hubiera podido sentarse a tomar unas cervezas, complotar y devorar un sánguche de jamón sin que nadie note que es representante de una de las regiones más importantes del país, que protagonizó uno de los primeros escándalos de este periodo y que incluso intentó ser presidente del Congreso en una lista apoyada por la izquierda.

Pero esta vez, el niño Luis Aragón asistió acompañado de su pareja de viajes recurrente, una de las personas más aborrecidas del Congreso, Patricia Chirinos, y la situación se le fue de las manos. Aragón mintió cuando denunció en redes sociales que la clientela del bar agredió a ambos legisladores: a él nadie lo reconoció. Pese a su poder real, su paso por el cargo ha sido insignificante.

Las tres cuartas partes de los congresistas vivirían en el anonimato fuera de sus regiones. Aunque en los últimos tiempos se han popularizado las pifias contra ellos, se trata de eventos puntuales que no reflejan el abrumador rechazo que su institución genera entre los peruanos. Y aún así logran retener el poder en un pacto de cooperación entre fuerzas políticas y el Ejecutivo. La hiper fragmentación e inestabilidad al interior de las bancadas dificulta aún más asociar claramente sus atropellos, conflictos de interés y delitos con partidos concretos.

No pretendo discutir las razones que mantienen en el poder a esta alianza anticaviar —liderada por el fujimorismo, otras fuerzas de derecha y el cerronismo— sino algunas consecuencias. Mientras se hacen de la vista gorda con los escándalos del gobierno, el Congreso está consolidando antiguos y nuevos privilegios para beneficiar a grupos de interés que serán importantes en las dinámicas políticas de los próximos años. No son reparaciones de deudas históricas, sino beneficios para sectores legales e ilegales que representan bolsones electorales, de fuerza y económicos estratégicos.

Lo más desvergonzado hasta ahora ha sido el favorecimiento a economías ilegales, como la extensión del plazo para la formalización de los mineros ilegales. Esta decisión genera un costo altísimo para el Estado, en tanto prolonga la devastación ambiental, y beneficia a empresarios que pueden ganar a diario S/2.500 por trabajador en la extracción de oro ilegal. Pero a los congresistas no les cuesta nada ganarse el respaldo de este sector si los defienden, pues su desaprobación colectiva ya alcanzó su tope. En medio de la relación que construyen, ahora la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) presiona para que el pleno apruebe el proyecto de ley de Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) para ampliar el plazo hasta el 2027 y garantizar que les den un contrato de concesión para explotar los terrenos que ocupan ilegalmente.¹

Dado que el bien común no es algo que este Congreso proteja, no parece que haya freno para ceder ante estos pedidos, más aún cuando también hay incentivos económicos que fácilmente pueden permear la política. Estas decisiones le dan legitimidad a futuras movilizaciones que encabece este sector, que hasta hace unos años no era considerado un interlocutor válido.

Las críticas a estas decisiones del Congreso tienen el foco en los conflictos de interés y vínculos que tienen algunos parlamentarios, como su presidente, Eduardo Salhuana, con estos sectores. Si bien eso es importante, lo trascendental es el fortalecimiento de su capacidad de negociación en el tiempo. Un sondeo hecho hasta noviembre del 2023 ² ya mostraba que los mineros ilegales lograron reunirse con un abanico amplio de representantes: desde Guido Bellido, por la izquierda, hasta Jorge Montoya, por la derecha. Dos fuentes especializadas en minería ilegal me indican que en este periodo congresal, los representantes de estos grupos han logrado sostener más reuniones con legisladores y colaborar en la elaboración de más proyectos de ley que en el pasado. Su validación puede ser similar a la de los pescadores semi industriales que —haciéndose pasar por pescadores artesanales— participan activamente en reuniones con parlamentarios para defender sus intereses, y continuar depredando las cinco primeras millas del mar.

Otros privilegios que el Congreso ha impulsado son para aquellos que deberían estar del lado de la legalidad: los militares, un grupo de interés cuya defensa política ya ha trascendido al fujimorismo. Las prerrogativas que la derecha les ha brindado no solo son para reafirmar el mensaje de mano dura frente a la criminalidad, sino por su relevancia como actores políticos. En los últimos años, los generales asumieron roles importantes en este Congreso; y, en las calles, los militares en retiro fueron muy activos en las movilizaciones contra Pedro Castillo. Además, la familia militar-policial es un extenso bolsón electoral que buscan cosechar. Y para esto han dado concesiones legales, políticas y económicas, liberándose de los límites que tuvieron durante el post fujimorismo.

La primera gran muestra es la permisividad que hubo frente a los asesinatos de manifestantes y transeúntes durante las protestas contra el gobierno de su aliada Dina Boluarte. El pleno del Congreso aprobó la formación de una comisión investigadora, pero esta nunca se llegó a instalar. Ninguna autoridad policial o militar fue citada. Esa comisión ni siquiera tiene activa una página dentro del portal web del Congreso. La estabilidad del pacto de gobierno le debe mucho al olvido de esos crímenes.

El pico de una serie de privilegios que les aprobaron es la ley de impunidad para todos los criminales que cometieron violaciones a Derechos Humanos durante los ochenta y noventa, por iniciativa de Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular). Miembros del Destacamento Colina, como Carlos Pichilingue, Julio Chuqui Aguirre, Nelson Carbajal, César Alvarado Salinas y Ángel Pino Diaz, ya pretenden beneficiarse de esta ley. Si antes se aprobaban leyes del gatillo fácil para prevenir que sean procesados por el uso abusivo de la fuerza, este Congreso ha levantado barreras para impedir el procesamiento de los que ya cometieron esos delitos. Como en los noventa.

Otro intento de darles un privilegio a militares es la propuesta para aumentar las pensiones de militares y policías. Afortunadamente, aunque sin hacer mayor protesta, el gobierno observó esta norma que paulatinamente iba a generar un gasto de S/14,8 mil millones, bajo el argumento de que era la instauración de un régimen de pensiones privilegiado que beneficia a unos pocos a un precio extremadamente elevado para el país. Solo en el primer año, el costo para el Estado se iba a elevar en S/97 millones, un monto demasiado alto si se considera la incapacidad del Gobierno para alcanzar las metas de déficit fiscal previstas para este año.

Además, la Comisión de Presupuesto, presidida por Somos Perú, ya dio el visto bueno a un proyecto presentado por el Gobierno para darle un bono mensual de S/2.550 a los comandos Chavín de Huántar (costo anual de S/4 millones).³ Este es un reconocimiento tácito de que algunos militares son más valiosos que otros: para el marketing político es más fácil vanagloriarse de un reconocimiento hacia un grupo simbólico antes que atender a las necesidades de miles de militares que lucharon contra el terrorismo, e incluso quedaron con discapacidades permanentes,⁴ sin cometer violaciones de Derechos Humanos, o a miembros de los comités de autodefensa.

Discrepo de quienes consideran que estos congresistas aprueban todo lo que pueden, pues viven su one-hit-wonder personal, su única oportunidad antes de desvanecerse en la irrelevancia. Pese a que las posibilidades de reelegirse siempre son bajas (y su capacidad de admitirlo también), lo que están construyendo es un aparato que les dé más fuerza. Estas decisiones no son similares a las leyes populistas, como los retiros de los fondos de las AFP, pues aquí sí establecen relaciones clientelares con grupos específicos que puedan apoyarlos en las siguientes elecciones con votos, capacidad de movilización y propaganda, y con medios económicos. Al fin de cuentas, si los que ahora están en el Congreso no se reeligen, pueden gozar de buenas posiciones como asesores, funcionarios designados o ser elegidos en organismos constitucionalmente autónomos.

El último grupo de privilegios esencial en esta carrera los beneficia a ellos mismos. Empezaron eliminando las pocas reformas políticas aprobadas en el periodo anterior, y aún buscan controlar la elección de los jefes de los organismos electorales. Luego, aprobaron normas para garantizar su sobrevivencia frente a las investigaciones fiscales en curso, al impedir que los partidos políticos sean disueltos por delitos cometidos por sus líderes, y al debilitar la persecución de las organizaciones criminales. Como lo dijo Keiko Fujimori en un chat: No importa que se perjudiquen 10 mil o 100 mil personas (todos los afectados por estas mafias).

El cambio con mayores consecuencias políticas es haberle arrebatado la conducción de la investigación de delitos a la fiscalía para dárselo a la policía. Como ha explicado el penalista César Azabache,⁵ las investigaciones preliminares son las únicas que se pueden avanzar contra quien ejerce la presidencia durante su mandato; y la dirección de estas indagaciones va a quedar en manos del propio gobierno. Esto va a aplicar tanto con Dina Boluarte, como con sus sucesores.

Las bancadas de oposición no tienen ideas eficientes para contener la arremetida del pacto de gobierno. Mientras, las fuerzas populares, progresistas y liberales que quisieran enfrentarlos desde las calles son aún irrelevantes, y sus organizaciones carecen de la capacidad para ganarse políticamente a estos grupos de interés que este Congreso ha fortalecido. Las pocas iniciativas para desarmar lo construido por el pacto de gobierno apuntan a la derogación de estas normas en el siguiente periodo electoral, pero eso implica, para empezar, tener condiciones parejas para entrar al Congreso, algo que van a impedir; y además, capacidad para enfrentarse a los más favorecidos por este régimen. El poco espacio para el optimismo en el futuro se desmorona al ver la realidad.