Cuatro años después del inicio de la pandemia por el COVID-19, el deterioro de las condiciones socioeconómicas de los hogares peruanos no se ha revertido. El Perú enfrenta las tasas más altas de inseguridad alimentaria de todo América Latina (FAO, 2024), la pobreza monetaria alcanzó al 29% de la población y otro 31.4% es vulnerable a caer en ella. El incremento de estas variables es mayor en zonas urbanas. En Lima Metropolitana se ha duplicado la incidencia de pobreza monetaria entre 2019 y 2023, pasando de 14.2% a 28.7% (INEI, 2024). Se revela así una precarización del nivel de vida en las ciudades del Perú post-pandemia. ¿Qué explica este fenómeno de movilidad social descendente en el Perú? ¿Serán suficientes las mismas recetas para superarlo?

A inicios del siglo XXI, la pobreza monetaria afectaba a 1 de cada 2 peruanos. Estas cifras se revirtieron paulatinamente en las décadas siguientes. De un 54.8% de personas en situación de pobreza en 2001 se pasó a un 20.1% en 2019. El foco de las políticas para la superación de la pobreza monetaria se concentró en las zonas rurales. Los principales programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se orientaron a este sector. La pandemia ocasionó un fuerte retroceso que aún no hemos logrado superar. Al 2023, 3 de cada 10 peruanos no alcanzaba a cubrir una canasta básica y se encontraba por debajo de la línea de pobreza monetaria. De este total, 1.9 millones enfrentaban un escenario aún más complejo al no poder cubrir una canasta básica alimentaria, es decir, estaban en situación de extrema pobreza.

El escenario de deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población presenta ahora nuevas características. La incidencia de pobreza monetaria en el Perú rural concentra aún números altos. La extrema pobreza alcanza al 16% de peruanos en zonas rurales, lo que requiere de especial atención. Ahora se visibilizan también las crecientes cifras de pobreza y hambre en zonas urbanas. La costa es la región con mayor incremento de las tasas de pobreza monetaria pasando de 13.8% en 2019 a cerca del doble en 2023, 26.4% (INEI, 2024). Junto a la pobreza se extiende el hambre: las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares permiten identificar que Lima Metropolitana es la región con mayor incremento de déficit calórico en 2023. Al ser consultados por la situación económica que enfrentan, solo un 1 de cada 10 personas en zonas urbanas, afirma que sus ingresos resultan suficientes y les permiten margen para ahorrar (ENADES, 2024).

¿Qué explica esta situación? La inflación de precios de alimentos durante 2022 y 2023 como resultado de factores externos, internos y climáticos, ha sido una de las causas. Con la tasa de inflación más alta de las últimas décadas durante el primer trimestre de 2023, el costo de vida se elevó en todo el país. Agravando esta situación, los ingresos que perciben los peruanos no han logrado recuperar los niveles pre pandemia. Son las zonas urbanas las que han concentrado el deterioro de los ingresos post pandemia. Los datos del INEI a 2024 revelan que en ellas las personas están percibiendo mensualmente ingresos reales 188 soles inferiores a los que recibían en 2019. La reducción del nivel de ingresos es particularmente más elevada en Lima Metropolitana y el Callao, donde alcanza los 275 soles al mes.

La disminución de ingresos está relacionada con el nivel de salarios. La Encuesta Nacional de Hogares confirma que al 2023, el trabajo continúa como la principal fuente de ingresos a nivel nacional, representando 71.7% del total de lo que los hogares perciben mensualmente. Es decir, el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población en zonas urbanas está directamente asociado a la precarización de los niveles de salario en el mundo del trabajo, luego de la pandemia. En estos casos, no son suficientes para cubrir las necesidades básicas. Esta situación, en la que las personas trabajan activamente y no logran superar la pobreza, ha sido caracterizada por OIT como el “fenómeno del trabajador pobre”. El 79% de la población económicamente activa en situación de pobreza, labora en empresas de 1 a 5 trabajadores. Los sectores en los que se encuentran estos trabajadores en situación de pobreza son agricultura, servicios y comercio.

El empleo en Perú se caracteriza por presentar altos niveles de informalidad, baja productividad y estar asociado a pequeñas empresas (Jiménez, 2024). Fueron estos sectores los más afectados por la crisis económica asociada a la pandemia. Sin embargo, desde antes, Perú enfrentaba uno de los índices más bajos de calidad de empleo en América Latina (Banco Mundial, 2023). Este escenario es identificado en un reciente informe del Banco Mundial como uno de los principales factores detrás de la fragilidad de los avances sociales en el país. El informe sostiene, para el caso peruano, que las salidas a la pobreza no fueron sostenibles y ante un mayor debilitamiento del mercado laboral en el contexto de la pandemia, estas personas enfrentaron un proceso acelerado de movilidad social descendente . Los niveles de empleo adecuado retrocedieron a los obtenidos una década atrás y esto se vio reflejado en el incremento de pobreza.

La generación de puestos de trabajo de calidad se vincula a la estructura productiva. Es decir, con los niveles de articulación y la dinamicidad de las actividades económicas en un país determinado (Schteingart, 2017). La estructura productiva peruana sigue siendo heterogénea, con disparidades en el acceso a tecnología y capital (Gonzales de Olarte, 2015). Es así incapaz de generar puestos de trabajo de calidad que brinden salidas sostenibles a la pobreza. Si bien en las últimas décadas se revirtieron las cifras de pobreza, la vulnerabilidad a la pobreza siguió afectando a 1 de cada 3 peruanos. La vulnerabilidad persistente está asociada a la inestabilidad laboral y a la ausencia de protección social en contextos de alta informalidad.

Una ventana de oportunidad: Desarrollo productivo y transición energética

El informe de la OCDE para el Perú publicado en septiembre de 2023 coincide con el Banco Mundial en la necesidad de sofisticar la estructura productiva del país para revertir el deterioro socioeconómico que enfrentamos. El Banco Mundial afirma que el Perú necesita un crecimiento económico inclusivo y resiliente, enfocado en “mejorar la capacidad productiva de la población pobre y vulnerable” (Banco Mundial, 2023 p. 62). El estudio de OCDE para Perú señala que para incrementar los niveles de vida, y el crecimiento a largo plazo, será necesario “el aumento de la productividad y la inversión mediante el fomento de la competencia, la innovación y la diversificación de las exportaciones” (OCDE, 2023. p. 23)

Luego de la recesión de 2023, la economía peruana presenta un leve crecimiento liderado por el sector minero y la recuperación del sector pesca, luego del impacto del Fenómeno del Niño costero. Sectores clave para la generación de puestos de trabajo como la manufactura y la construcción siguen mostrando cifras negativas (-4% y -2.47% de PBI respectivamente). La cantidad de empleos se ha incrementado, pero si observamos la calidad del mismo, la disminución del empleo adecuado persiste (INEI, 2024). El rebote en el producto bruto interno está liderado por sectores primarios. Mantener esta tendencia será insuficiente para corregir la precarización de la vida y el trabajo en los hogares en el Perú urbano.

Las salidas sostenibles al deterioro de la vida y el trabajo en el Perú, deben estar orientadas entonces a dinamizar la estructura productiva. En una economía heterogénea en la que persisten sectores de baja y alta productividad, las políticas de inclusión productiva para generar un crecimiento de las mypes son fundamentales, mientras que en el caso de las empresas de alta productividad, fomentar la competencia y sofisticar su producción resulta clave (Ghezzi, 2021). La superación de la pobreza requiere no sólo de políticas sociales de alivio temporal, sino sobre todo de políticas para el desarrollo productivo que brinden salidas que persistan en el mediano y largo plazo.

El contexto actual brinda una ventana de oportunidad para estas discusiones. La transición energética en marcha vuelve a poner atención en América Latina como región proveedora de recursos estratégicos para la transición. Litio, níquel, cobalto y cobre son algunos de los metales estratégicos para la generación, conservación y conducción de energía eléctrica. Con el objetivo de ponerle límite al nivel de dependencia de los combustibles fósiles y reducir los impactos de la crisis climática, las tendencias se orientan hacia un nuevo periodo de extractivismo, esta vez recubierto de un discurso verde, en un nuevo “consenso”, en esta ocasión por la descarbonización (Svampa, 2023).

En este nuevo escenario, los países de la región inician discusiones para otorgarle valor agregado a los metales que exportan. Particularmente Chile, como país estratégico para la extracción de litio y la generación de hidrógeno verde. En el marco de su Estrategia Nacional del Litio buscan desarrollar una industria de ese mineral. La empresa pública CODELCO, el productor más grande de cobre del mundo, ya alcanzó un acuerdo para el desarrollo del litio en el salar de Atacama, a través de una asociación pública-privada con participación mayoritaria estatal. Se ha conformado un Instituto Tecnológico y de Investigación Pública de Litio y Salares para estudiar y proponer rutas para la generación de valor agregado.

El cobre peruano sigue siendo un mineral estratégico en este nuevo contexto de transición energética. La demanda por el mineral continuará al alza en los próximos años. Tenemos entonces la oportunidad de sofisticar nuestra producción, generar cadenas de valor y promover una gestión eficiente de los recursos públicos para el cierre de brechas en las regiones productoras. La política de ordenamiento territorial será clave para transitar hacia formas de producción con criterios de sostenibilidad ambiental. En el marco del modelo de desarrollo actual, una década de bonanza económica no generó salidas sostenibles a la pobreza, ni mejoras sustantivas en la calidad de vida de las y los ciudadanos. Las políticas para el desarrollo productivo serán fundamentales para revertir el deterioro socioeconómico que enfrentan los hogares peruanos y no repetir los errores del pasado.

Referencias

Banco Mundial (2023) Resurgir fortalecidos: Evaluación de Pobreza y Equidad en el Perú.

BID (2021) Costos y beneficios de la carbono-neutralidad en Perú: Una evaluación robusta.

Gonzales de Olarte, E. (2015). Una economía incompleta. Perú 1950-2007. Análisis estructural. Lima: PUCP, IEP

Herrera, J. (2002). La Pobreza en el Perú en 2001. Una visión departamental. INEI.

OXFAM (2024). Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades.

INEI (2024). Perú: Evolución de la pobreza monetaria 2014-2023.

Jimenez, F. (2024) Perú 1895-2019: Continuidad de la Dependencia Externa y Desindustrialización Prematura. Documento de Trabajo. Departamento de Economía PUCP.

OCDE (2023). Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023.

Svampa y Bringel (2024). “Consenso de la Descarbonización”. En: Revista Nueva Sociedad 306.