Entre mediados del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, el Perú rural ha experimentado la transición demográfica y las migraciones; la movilización por la tierra y condiciones dignas de trabajo; las reformas agrarias de las décadas de los 60 y 70; el conflicto armado interno; el neoliberalismo autoritario, populista y clientelista; el crecimiento económico y la transición democrática con descentralización; y, finalmente, la crisis política que se abre el 2016 y que vivimos hasta ahora.¹ Su gran transformación resulta de cambios en la demografía, la economía y la presencia del Estado, que han impactado en la dinámica y la organización social, las lenguas y las identidades, así como los comportamientos políticos de las poblaciones rurales.

Las dimensiones del cambio

La transición demográfica comenzó con la caída de la tasa de mortalidad infantil y el crecimiento acelerado de la población, siguió con la caída en la tasa de fecundidad, la moderación de las tasas de crecimiento y la reducción del tamaño de las familias. Las migraciones generaron el despoblamiento, la feminización y el envejecimiento de la población rural, pues son los varones jóvenes los que más migran. Ahora bien, las mismas se orientan cada vez más hacia las capitales provinciales y distritales y los centros poblados menores de los propios territorios rurales, ya no tanto hacia las grandes ciudades.

Con la transición capitalista, la población rural se encuentra, ahora, totalmente inserta en el mercado como productora y compradora de bienes y servicios. Además, asume comportamientos propiamente capitalistas, en los que las estrategias tradicionales de producción diversificada para prevenir riesgos y para combinar ingresos monetarios con autoconsumo, son desplazadas por la especialización productiva en función de las demandas del mercado. Se ha producido también una fragmentación de la propiedad, en las zonas rurales andinas y amazónicas, en pequeñas producciones familiares orientadas al mercado interno, y su concentración en plantaciones empresariales en la costa y partes de la Amazonía, orientadas a los mercados externos, con excepciones como las del cooperativismo cafetalero.

El crecimiento de actividad minera de pequeña escala, en manos de familias y comunidades campesinas, es una manifestación adicional de la prevalencia de esta lógica capitalista en el comportamiento de la población rural.

El Estado ha incrementado su presencia de manera significativa. El acceso a los servicios de educación y salud públicas es ahora casi universal y ha crecido de manera importante el acceso a las comunicaciones y al saneamiento básico, mientras que los programas sociales llegan a buena parte de la población rural en pobreza. Los gobiernos locales, provinciales y distritales, se han democratizado y —con las municipalidades de centros poblados menores— han crecido en número, recursos y competencias. Ya en el siglo XXI se han establecido los gobiernos regionales electos.

Sin embargo, las brechas de calidad de la oferta de servicios públicos a las poblaciones rurales y urbanas siguen siendo muy grandes, y tienen como consecuencia, por ejemplo, grandes diferencias en los índices de desnutrición infantil, comprensión lectora y razonamiento matemático, mientras el poder político sigue concentrado en élites e instancias del Estado centradas en la capital.

La transición demográfica y la transición capitalista, junto con la mayor y renovada presencia del Estado, han tenido fuertes impactos sobre el medio ambiente y sobre las sociedades rurales.

Los ecosistemas peruanos están sujetos a una fuerte presión como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola en la costa y la Amazonía, y de la búsqueda general de aumentar la producción y la productividad, lo que se expresa en la deforestación, la degradación de las capacidades productivas del territorio y la pérdida de biodiversidad. Esta situación se agrava por el calentamiento global, que genera el retroceso de los glaciares, el calentamiento de la tierra y los eventos climáticos extremos. La combinación de presiones internas y calentamiento global puede presentar efectos catastróficos, si en la Amazonía se llega a un punto de inflexión más allá del cual su desertificación será imparable.

La dinámica capitalista y la nueva presencia del Estado han fragmentado la sociedad rural, surgiendo nuevas formas de organización para el mejor desempeño en el mercado y para la relación con las muchas formas de presencia del Estado. En el camino, las comunidades campesinas y nativas reformulan su funcionamiento, sus agendas y sus liderazgos, en respuesta a las nuevas circunstancias que enfrentan, pero se mantienen como espacio fundamental de toma de decisiones económicas, sociales y políticas. Se debilitaron y entraron en crisis las organizaciones gremiales de segundo y tercer piso surgidas en las décadas anteriores, pero emergen otras organizaciones representativas, que responden a agendas identitarias indígenas, de las mujeres, de la producción agroecológica y de los grandes y medianos empresarios, por ejemplo.

La formación de nuevas sociedades rurales, que reemplacen a aquellas sustentadas en el control de la tierra y de la política por oligarcas y gamonales es un proceso que avanza de manera heterogénea en los territorios. La consolidación de burguesías y proletariados agrarios costeros permite hablar de actores sociales consolidados que se relacionan orgánicamente en sociedades rurales constituidas. En los espacios amazónicos coexisten pueblos indígenas, plantaciones, campesinos migrantes y mafias del oro, la madera y del narcotráfico, las cuales compiten por el control del territorio, pero no llegan a constituir una sociedad rural como tal. En los espacios andinos predominan la comunidad campesina y la pequeña propiedad, y la población rural tiene una fuerte presencia en la administración pública, la educación, los negocios y la política local, pero no llegan tampoco a formarse clases claramente diferenciadas que —como en la costa— se relacionen orgánicamente y constituyan una sociedad rural.

Ha caído el peso relativo de las lenguas y las identidades indígenas, como resultado de la urbanización de la población y el mayor acceso al sistema educativo. Pese a ello, su peso relativo se mantiene alto en algunos territorios rurales, incluyendo sus espacios urbanos. También llama la atención que, en algunos espacios urbanos de las regiones andinas, la caída en el uso de la lengua quechua y aimara no esté acompañada de una caída similar en la identidad indígena.

Durante el periodo estudiado, los conflictos sociales en el Perú rural han contado con diversas agendas. Primero fue el enfrentamiento entre campesinos y haciendas por la tierra. Después de la reforma agraria, la agenda se fragmentó en una multiplicidad de demandas relativas a la inserción en el mercado (precios, créditos, asistencia técnica, comunicaciones). Ya en el marco de políticas neoliberales, el conflicto fue con las empresas mineras en defensa del agua y la tierra, y por beneficios directos. Hoy día, la actividad minera sigue en el centro del conflicto, pero ahora las poblaciones rurales disputan a las empresas la explotación de los recursos mineros, pues ven en esa actividad la única capaz de generarles los empleos e ingresos que demandan. En la Amazonía, sin embargo, los pueblos indígenas se enfrentan al conjunto de las actividades ilegales (minería y forestación ilegales, narcotráfico) en defensa de sus territorios.

Desde el Estado se han creado diversos mecanismos de participación. Algunos en la década de 1990, otros, en el marco de la transición democrática y la descentralización iniciadas en la década del 2000. Varios son parte de los mecanismos de decisión relativos al medio ambiente y otros tienen que ver con las decisiones que impactan sobre los pueblos indígenas. Ha habido un uso importante de ellos al inicio de su puesta en vigor, pero luego la participación ha decaído en la medida de que las autoridades han limitado sus alcances o los han burocratizado, lo que se suma al desgaste que resulta de su carácter solamente consultivo y no vinculante.

En cuanto al comportamiento electoral, mientras existían partidos nacionales fuertes, con ideologías y programas claramente establecidos, las poblaciones rurales votaron con la misma orientación que la población nacional y los sectores mesocráticos urbanos. Sin embargo, a partir de la década del 2000 —en pleno ciclo de crecimiento económico y cuando el sistema de partidos entra en crisis— el voto rural se empezó a diferenciar del urbano y, sobre todo, del mesocrático urbano, al ser crecientemente más identitario, por candidaturas de origen rural y andino, y ser crecientemente más radical en sus cuestionamientos al orden establecido. Luego de una larga historia colonial y republicana de búsqueda de pactos con gobiernos percibidos como ajenos, este reciente comportamiento electoral puede marcar un momento de inflexión en el que las poblaciones rurales parecen pasar a la búsqueda de un gobierno propio. Queda por ver si después de la experiencia del gobierno de Castillo y la reacción racista de las elites económicas, políticas y sociales, esta tendencia se mantiene o cambia.

Por su parte, los pueblos indígenas de la Amazonía apuestan crecientemente por la creación de gobiernos territoriales autónomos para la toma de decisiones propias en los territorios que reclaman como suyos. Nada parecido ocurre en los territorios rurales andinos y costeños, pero el fracaso de la descentralización genera una situación en la que el gobierno del territorio está fragmentado entre las oficinas locales de los ministerios, los gobiernos distritales y provinciales, las autoridades comunales y tradicionales, y las grandes empresas, que a veces funcionan como los antiguos poderes locales hacendados. Queda planteada la interrogante sobre cuál sería la forma más democrática de gobierno de esos territorios.

Dos retos fundamentales

Tenemos, pues, una mayoría de la población rural inmersa en una dinámica productiva, plenamente capitalista e inserta en el ejercicio de la democracia representativa. Pero se trata de un capitalismo extractivista, el cual genera desigualdad, así como amenaza con afectar, de manera ya irreversible, los ecosistemas más frágiles; se trata de una democracia representativa que no garantiza igualdad en la calidad de los servicios públicos, ni respeto al voto de las poblaciones rurales, pues está impregnada de racismo social e institucional, de prácticas neocoloniales de ejercicio del poder.

Este escenario plantea dos retos fundamentales. El primero es implementar alternativas económicas post extractivistas, que generen empleos, ingresos y rentas públicas, y permitan disponer de alimentos, sin degradar aún más los ecosistemas, ni contribuir al calentamiento global. Hablamos acá de una estrategia de diversificación económica inclusiva y sostenible.

Hay múltiples iniciativas que apuntan en esa dirección, incluyendo algunas de agricultura y ganadería ecológicas, recuperación y fortalecimiento de saberes tradicionales en el manejo de los suelos y el agua, emprendimientos de turismo comunitario sostenible, pequeñas industrias que agregan valor a los recursos locales, etc. Pero se trata de iniciativas de las propias poblaciones rurales, de instituciones de la sociedad civil, de organismos de cooperación y de algunas pocas entidades del Estado; mientras tanto, las políticas públicas hegemónicas, aquellas que tienen impactos masivos en los territorios y las poblaciones, apuntan en la dirección contraria.

El segundo supone construir una gobernanza democrática poscolonial de los territorios, replanteando —desde abajo y con la gente— el actual proceso de descentralización. Los pueblos indígenas de la Amazonía caminan en esa dirección, al establecer gobiernos territoriales autónomos, integrando la multiplicidad de organizaciones locales e instituciones locales en un solo diseño de gobierno y replanteando la relación con las entidades del gobierno central. No hablamos de un diseño acabado ni de una práctica consolidada, pero en ese camino están. En el mundo andino, las comunidades, los municipios y las autoridades tradicionales pueden ser la base de una gobernanza democrática de los territorios, pero no hay aún procesos de escala y ambición similar a los amazónicos.

Para avanzar en este camino, se necesita, tanto el impulso desde abajo de las poblaciones rurales, como reformas institucionales y políticas nacionales de dimensión constitucional, en el marco de la construcción de una república descentralista y plurinacional.

Footnotes

1. Este texto resume las ideas centrales del libro “Capitalismo neoliberal y democracia neocolonial. La transformación del Perú rural”, publicado recientemente por IDEHPUCP y GPC, con apoyo de la Fundación Ford. ↩