Venezuela continúa como uno de los temas más controvertidos de la escena internacional. Abundan las declaraciones de presidentes y jefes de Estado en ejercicio y fuera de él –a título individual y grupal– que, entre otros, apuran a la Corte Penal Internacional (CPI) para que emita una orden de captura al presidente Maduro por delitos de lesa humanidad. Tienen lugar reuniones y resoluciones del Consejo Permanente de la OEA; informes de la Corte IDH, Human Rights Watch, Naciones Unidas y el Centro Carter; rechazo de países latinoamericanos a la orden de aprehensión de Edmundo Gonzales por no presentarse a las tres citaciones de la fiscalía con el fin de impugnar por los canales oficiales el resultado del triunfo electoral de Maduro y sustentar su anuncio de triunfo al día siguiente de las elecciones; condenas de algunos países latinoamericanos a la revocatoria del permiso otorgado por Venezuela al Gobierno de Brasil para representar a la embajada argentina, que finalmente no se concretó –donde se encuentran seis activistas opositores– debido, según el gobierno venezolano, a que dicha misión diplomática estaba siendo usada para fines magnicidas, entre otros.

Como es sabido, el Consejo Nacional Electoral le dio a Maduro el triunfo en las elecciones de julio con 52% de votos frente al 43% de la oposición. Por su parte, la oposición, de acuerdo con las actas publicadas por la lideresa María Corina Machado, dieron como ganador a su candidato Edmundo González con 67% de los votos, frente a un 30% de Maduro. El primer resultado fue ratificado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras el contencioso que presentó Maduro, dada la divergencia de resultados. Dicha instancia ordenó también la publicación de las Actas de sufragio, pero el gobierno no lo ha hecho. El plazo legal para hacerlo ya venció.

Facebook de Nicolás Maduro.

A la citación de la Sala Electoral del TSJ acudieron nueve de los diez candidatos que se presentaron a la contienda, con excepción de Edmundo González, quien tampoco asistió a las citaciones de la fiscalía. Señalado y con una orden de aprehensión por “instigación a la desobediencia”, “conspiración” y otros delitos, González solicitó asilo en España y obtuvo de inmediato el salvoconducto del gobierno venezolano. Una semana después, ya en Madrid, González señaló que “la decisión la tomó pensando en su familia y en todas las familias venezolanas para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela, sin conflictos de dolor y sufrimiento”. Con estas declaraciones, queda prácticamente descartada la posibilidad de que se instaure una versión 2 de Juan Guaidó cuando Maduro asuma el cargo en enero.

Un poco de historia

Desde que asumió el gobierno en febrero de 1999 con el mayor porcentaje del voto popular en cuatro décadas (56,2%), Hugo Chávez se convirtió en un estorbo para Estados Unidos. Una de sus primeras acciones de política exterior fue petardearle al vencedor de la Guerra Fría dos proyectos estrella: la construcción del Área de Libre Comercio Americana (ALCA) y la Integración Energética Hemisférica (IEH), que propiciaba la privatización de las empresas petroleras y gasíferas y las inversiones sin restricciones a los capitales estadounidenses. Ambas iniciativas fueron lanzadas durante la Primera Cumbre de las Américas realizada en Miami en 1994, reunión hemisférica trianual cuya secretaría general sería administrada en la OEA.

Chávez participó por primera vez en la III Cumbre de las Américas en Canadá, en abril de 2001, y mostró su desacuerdo con el concepto de democracia de los párrafos 1 y 6 de la Declaración de Quebec porque a su juicio la democracia debía ser entendida en su sentido más amplio y no únicamente en su carácter representativo, lo que fue consignado en el texto. Bajó su liderazgo, la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en 2005 sepultó al ALCA. Venezuela y los cuatro miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) no firmaron la declaración final. Entonces se recurrió a negociar los famosos Tratados de Libre Comercio (TLC).

El golpe

En febrero de 2002 el Washington Post reprodujo declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado que pronosticaba que “si Chávez no arregla las cosas pronto, no terminará su período”. Igualmente, funcionarios del FMI afirmaban que “no tendrían problemas en respaldar económicamente a un eventual gobierno de transición”.

Dos meses después se produjo un golpe de Estado contra Chávez y el gobierno fue asumido por Pedro Carmona Estanga. Lo primero que hizo fue derogar la Constitución redactada en 1999 por una Asamblea Nacional Constituyente elegida por voto popular. Se le mintió al país al afirmar que Chávez había renunciado. El gobierno golpista duró apenas tres días. La ciudadanía salió a las calles a exigir la restitución de Chávez. Carmona renunció y fugó a Colombia.

El golpe había contado con la participación de María Corina Machado. La actual lideresa de la oposición siempre tuvo profundas convicciones: en 2004 estuvo al frente de la recolección de firmas para lograr un referéndum revocatorio en contra del entonces presidente, quien lo ganó con el 59% de los votos. En 2005 se reunió con el Presidente George W. Bush y le solicitó apoyo para acabar con el gobierno. En enero de 2014 lideró la campaña Salida I, cuyo objetivo era “encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional al gobierno de Nicolás Maduro”, mediante un ciclo de asambleas de calle a nivel nacional para consultarle a los venezolanos qué mecanismo previsto en la constitución debía activarse para lograr no solo un cambio de gobierno sino de sistema. En simultáneo se organizaron manifestaciones para crear presión popular, las cuales devinieron violentas por la participación de las guarimbas, grupos armados de las fuerzas opositoras, que fueron reprimidas. En 2018 envió sendas cartas al entonces presidente de Argentina Mauricio Macri y al primer ministro Benjamín Netanyahu para pedirles que apliquen su fuerza e influencia para avanzar en “el desmontaje del régimen criminal venezolano, íntimamente ligado al narcotráfico y terrorismo”.

Los opositores

María Corina Machado cuenta con el respaldo de Estados Unidos. La lideresa promueve una economía liberal y ofrece privatizar empresas públicas como Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre otras. Se declara admiradora y amiga de Patricia Bullrich y de Javier Milei, así como de Jair Bolsonaro. Tiene estrechos vínculos políticos con Álvaro Uribe y con Iván Duque, y dice tener grandes amigos en el Partido Popular y en Vox de España.

Cumplido un año de la muerte de Hugo Chávez, siendo diputada, Machado se presentó ante la Asamblea General de la OEA como “embajadora alterna” ya que el Embajador de Panamá durante el gobierno de Ricardo Martinelli –quien actualmente purga diez años de prisión por lavado de activos– le cedió su silla para que hiciera uso de la palabra. Ante la prensa, Machado exigió sanciones contra Venezuela y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, sin éxito. Aquella vez fue destituida de su cargo de diputada y se ganó su primera inhabilitación para ocupar cargos públicos, por un año. El gobierno venezolano rompió relaciones diplomáticas con Panamá.

Manifestación de simpatizantes de Edmundo González. Facebook de Edmundo González Urrutia.

En 2015 la oposición ganó las elecciones en la Asamblea Nacional por amplia mayoría. La situación económica era grave, caracterizada por el desabastecimiento, la inflación, la especulación, el acaparamiento y la falta de producción. El descontento había crecido. La oposición impulsaba la idea de que la elección de la Asamblea Nacional era una suerte de plebiscito para terminar con “la dictadura”, al punto que en su primer discurso el designado presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, declaró que en seis meses Maduro saldría del poder. En ese punto, la crisis empeoró con la actuación de las guarimbas, con enfrentamientos que dejaron 114 muertos, cientos de heridos y detenidos. Fue el inicio de la masiva migración internacional venezolana.

En medio de un abierto enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo, el gobierno llamó en el 2017 a la elección de una Asamblea Constituyente. Millones de chavistas salieron a votar a pesar de la violencia. La Asamblea Constituyente –que no se produjo ninguna modificación sustantiva– funcionó en paralelo a la Asamblea Nacional. El mismo año se creó el Grupo de Lima, conformado por trece países de la OEA, ya que en ella no era posible alcanzar la votación para sancionar a Venezuela.

Este adquirió protagonismo cuando en enero de 2019 Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, lo cual dio inicio al plan “Salida II”. En su mejor momento, Guaidó fue ovacionado en el Congreso estadounidense durante el gobierno de Trump y contó con representaciones diplomáticas en 50 países, en el BID y en la OEA. Las elecciones para el período 2019-2025 las ganó Maduro. La oposición no se presentó. El presidente interino era todavía un naranjo en flor. Pero la correlación política en nuestra región cambió, el Grupo de Lima se extinguió y la presidencia de Guaidó se marchitó sin pena ni gloria, al elegirse una nueva Asamblea Nacional que entró en vigor en 2022.

El rol de Estados Unidos

El hecho de que Maduro continúe en el poder es atribuido por Donald Trump a la inutilidad de Biden, al decir que, cuando dejó la presidencia, Venezuela estaba a punto de colapsar: “Nos hubiéramos apropiado de ella y nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Lejos de eso, estamos haciendo rico a un dictador”. Como si él mismo no fuera un golpista con sus acciones en el Capitolio en enero de 2021, olvida que bajo su gobierno fracasaron los atentados con drones explosivos dirigidos a Maduro durante una ceremonia oficial y la Operación Gedeón,¹ incursiones armadas conjuntas de militares venezolanos que habían desertado y ex miembros de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos —entrenados en territorio colombiano— con el objetivo de capturar a Maduro y a otros dirigentes en mayo de 2020.

También bajo el gobierno de Trump se realizaron operaciones encubiertas en Venezuela, con el fin de armar casos falsos por narcotráfico contra dirigentes del país, incluido Nicolás Maduro. Así lo señalan dos periodistas de la agencia de noticias estadounidense Associated Press, Joshua Woodman y Jim Mustian, quienes publicaron un informe ² en febrero de este año a partir de la obtención de un memorándum secreto de 15 páginas, en el que se señala que la DEA envió agentes encubiertos a Venezuela con tales fines. La actividad encubierta fue reconocida por el propio gobierno estadounidense como una violación del derecho internacional.

Según el informe periodístico, el memorándum fue redactado “en la cúspide de la campaña de máxima presión del Presidente republicano Donald Trump para destituir al Presidente venezolano” en 2018. Debido a que el plan pasaba por alto el derecho venezolano e internacional, requirió la aprobación de lo que se conoce como el Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC), un panel secreto de altos funcionarios del Departamento de Estado y de Justicia reservado para los miembros de la DEA, en casos que involucran consideraciones difíciles en términos éticos, legales o de política exterior.

El escenario después de las elecciones

Por el momento, Maduro ha sido reconocido como ganador de las elecciones por casi cincuenta países, entre ellos China, Rusia, Catar, Irán, Turquía, Cuba, Siria, Bolivia, Nicaragua y Honduras mientras que el ahora exilado candidato Edmundo González ha sido reconocido por Perú, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica. La mayoría, incluida la Unión Europea, espera la publicación de las Actas de sufragio desglosadas por mesa de votación para reconocer a Maduro. Las actas presentadas por Machado exhiben múltiples incongruencias y eso lo saben bien las autoridades estadounidenses. Por lo demás, el abogado de Edmundo González, como los representantes de los partidos políticos que lo postularon, dijeron no disponer de actas y que Gonzáles no tenía nada que ver con la web que María Corina Machado presentó para sustentar sus argumentos de triunfo.

Facebook de María Corina Machado.

Por el momento, Maduro ha sido reconocido como ganador de las elecciones por casi cincuenta países, entre ellos China, Rusia, Catar, Irán, Turquía, Cuba, Siria, Bolivia, Nicaragua y Honduras mientras que el ahora exilado candidato Edmundo González ha sido reconocido por Perú, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica. La mayoría, incluida la Unión Europea, espera la publicación de las Actas de sufragio desglosadas por mesa de votación para reconocer a Maduro. Las actas presentadas por Machado exhiben múltiples incongruencias y eso lo saben bien las autoridades estadounidenses. Por lo demás, el abogado de Edmundo González, como los representantes de los partidos políticos que lo postularon, dijeron no disponer de actas y que Gonzáles no tenía nada que ver con la web que María Corina Machado presentó para sustentar sus argumentos de triunfo.

Las declaraciones de Edmundo González al asilarse a Madrid apaciguan la situación luego de las violentas protestas y represión durante los tres días posteriores a las elecciones, que dejaron un saldo de 25 muertes y 1800 detenidos. Habría que destacar también los intentos de mediación de los gobiernos progresistas de México (AMLO), de Brasil (Lula) y de Colombia (Petro) para una solución democrática y pacífica. Maduro cuenta en el exterior con el respaldo de Rusia y China, y en la interna con el respaldo de un sector importante de la ciudadanía, y sobre todo de las Fuerzas Armadas y policiales. Por su parte, María Corina Machado sigue teniendo el apoyo de los Estados Unidos, como también de varios países de la región y de Europa. Ha continuado organizando mítines para destacar su triunfo y el fraude de Maduro, sin que se hayan producido incidentes ni detenidos.

En este contexto, predomina el desgaste y el cansancio en la gente. Los objetivos planteados por Chávez de hacer de Venezuela una sociedad con mayor bienestar, más inclusiva y con menos desigualdad, no se han alcanzado. Pero hay un núcleo duro que sigue adhiriendo al proyecto chavista pues a pesar de todo persisten las políticas sociales para los más pobres y su integración en la gobernabilidad comunal. La explicación de esta situación incluye muchos factores, desde la propia ineficiencia y errores del gobierno, los evidentes signos de corrupción, hasta las sanciones económicas y una polarización social de larga data propulsada por el sectarismo político sin ninguna capacidad de diálogo tanto de parte de la oposición como del gobierno. Lo que no hay que perder de vista es que en Venezuela no solo están en juego los modelos democráticos sino, claramente, sus enormes recursos naturales y su posición estratégica en un escenario de pugna por el poder hegemónico entre las principales potencias.