Las y los peruanos no confiamos en el Congreso de la República. Esta afirmación, más que una opinión, es la descripción de un sentimiento presente desde hace por lo menos dos décadas. De acuerdo a la información recopilada en el Latinobarómetro, entre el 2000 y el 2023, la desconfianza hacia el Legislativo ha sido una constante innegable en el país. Desde hace más de veinte años, las y los peruanos consideramos que el Legislativo es una institución con serios problemas de corrupción y sin capacidad de desempeñar adecuadamente el rol político que el sistema democrático demanda.

Esta desconfianza se ha consolidado en paralelo a nuestra última transición y la reconstrucción del sistema democrático. Esta observación es relevante en tanto indica una situación bastante compleja: si bien en el Perú se logró reinstalar la legalidad del sistema democrático —a través del fortalecimiento del sistema electoral y el desarrollo periódico de las elecciones nacionales, por ejemplo— aún persisten motivos para no confiar en las autoridades que elegimos.

En esa línea, a propósito de la desconfianza estructural a la que se refieren César Cosíos y Matías Vega Centeno ¹, cabe reconocer la relación que existe entre confianza y legitimidad: la sensación de confianza se traduce como la validación de un poder capaz de satisfacer las demandas ciudadanas. Por ello, no es suficiente conformarnos únicamente con la dimensión legal y normativa del sistema democrático, sino que es igual de importante problematizar y construir la dimensión afectiva de las instituciones, por lo mismo que en ésta se fortalece (o disminuye) su legitimidad.

Así, si bien el Congreso de la República es una institución legal, en tanto que es resultado de las elecciones celebradas periódicamente, tiene un grave problema de legitimidad. Si bien se podría intuir que el problema de legitimidad es transversal a todas las instituciones públicas, considero que el caso del Legislativo es bastante más grave ya que, en teoría, su poder político debería estar arraigado en su capacidad de representatividad; situación que, como vemos, no está presente en el caso peruano.

Nuestro Congreso es incapaz de satisfacer las demandas colectivas, de construir legitimidad y representatividad y de reforzar relaciones afectivas con la ciudadanía. Es una institución que cada año se aleja de sus propósitos originales para responder solamente a propósitos privados y ajenos al país. Más aún, si bien el problema de tener un Legislativo impopular, ilegítimo y sin representatividad es un fenómeno de larga data, quisiera concentrarme en el período 2016 – 2023.

Luego de lo ocurrido con Kuczynski, cada decisión tomada por el Legislativo ha sido para concentrar la mayor cantidad posible de poder, tanto político, como judicial y económico. Sobre ello, por ejemplo, podemos mencionar cómo los congresistas han abusado de manera reiterada de los mecanismos de control institucional, como la vacancia presidencial, convirtiéndola en una herramienta de amenaza y chantaje.² De otro lado, si bien es competencia del Legislativo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ello exige que el Legislativo sea una institución responsable con el equilibrio de poderes del Estado. Como sabemos, no es así. El resultado es un TC a la medida de las conveniencias congresales,³ posiblemente a modo de retribuir favores personales,⁴ incluso si ello implica otorgar al Legislativo competencias que ni siquiera son parte de su naturaleza política y jurídica.⁵

Este desbalance del equilibrio político es difícil de percibir, por la ilusión que genera la dimensión normativa explicada líneas arriba. Sin embargo, el hecho de que las elecciones se celebren de manera periódica y transparente no es suficiente para garantizar que nuestro país sea plenamente democrático.

Si se considera el rol que cada uno tiene en sus redes y relaciones sociales, es importante reconocer, para nuestro caso, el rol que cumple la clase media intelectual y académica en este tipo de escenario. Debemos dejar de apropiarnos de vocerías ajenas y retomar la construcción de nuestras propias vocerías políticas, para, más allá de expresar y organizar un malestar general, apuntar a una propuesta colectiva capaz de generar contrapoder frente al abuso autoritario del Congreso de la República.