En tiempos recientes, la cultura y el arte han sido un recurso valioso que ha permitido expresar lo que pensamos y sentimos frente al periodo de violencia política y los graves hechos de violación de derechos humanos cometidos en el Perú. Estas prácticas desafiaron los mecanismos que desde los grupos de poder se implementaron con el fin de silenciar a la ciudadanía organizada respecto a los actos de violencia ejercidos por el poder político, las fuerzas armadas y policiales. La expresión cultural y la resistencia desplegada desde actores y organizaciones sociales de sectores del país sistemáticamente invisibilizados, ha sido una gesta loable para exigir justicia y preservar la memoria.

Con el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003, se abrió la posibilidad de reconstruir la verdad respecto a los hechos de violencia ocurridos. En ese esfuerzo se entendió la memoria como la herramienta que nos permitía ser conscientes de lo sucedido, asumir la responsabilidad y encaminarnos hacia un futuro de no repetición (Luque y Martens, 2012, p.15). Las recomendaciones de la CVR, lo sabemos hoy, no fueron asumidas debidamente desde el Estado, no hubo política pública que tradujera sus hallazgos en programas educativos sostenibles en el tiempo o medios de comunicación que se comprometan con la generación de conciencia. Muy por el contrario, la labor y las recomendaciones de la CVR poco a poco fueron objeto de estigmatización y en la actualidad somos testigos del interés de ciertos sectores por reescribir la historia, justificando y celebrando la acción de quienes estuvieron detrás de terribles acciones. Sin embargo, afirma Vich (2021), “fue en el sector cultural donde se apostó por continuar simbolizando y pensando el horror de lo ocurrido”, como una forma de interpelar a la ciudadanía desde el arte y la memoria, “creando un espacio de articulación entre la ciudadanía, artistas, organizaciones de derechos humanos y las propias víctimas de la violencia política”.

En este marco surgieron iniciativas como el Museo Itinerante de Arte por la Memoria ¹ en el 2009, con la intención de graficar en los espacios públicos el impacto del periodo de la violencia política, a través de diversos recursos como la fotografía, la pintura, la performance o los murales, en escenarios como universidades, plazas, parques e incluso los propios lugares en donde se perpetraron tales actos de violencia. Estos procesos dirigidos a resignificar espacios e incluso prácticas cotidianas pueden también identificarse en la performance realizada por la Asociación Hijos del Distrito de Accomarca – AHIDA. ² Fundada en 1970 en Lima, desde el 2011 la AHIDA recrea, en medio de las celebraciones por la temporada de carnavales en el país, la masacre perpetrada por una patrulla del Ejército en 1985, durante el gobierno de Alan García, contra 69 accomarquinos, niños y ancianos incluidos. Esta escenificación, estudiada por el historiador Renzo Aroni, recrea la vida cotidiana de Accomarca, al son de cánticos y bailes acompañados por un marco musical de guitarra, mandolina, quena y tambores; a la vez, apela a los carnavales como un recurso artístico y cultural útil para referirnos a ese pasado doloroso, y como práctica simbólica para, a decir de Aroni, “salir del dolor y construir una forma de dignidad humana”.

La escenificación hecha por las familias sobrevivientes y descendientes de la violencia en Accomarca, con un contenido de denuncia y crítica política, fue una forma de desafiar prácticas oficiales garantes de esas “buenas costumbres” que se activan ante toda iniciativa movilizadora que pueda alterar el statu quo de los grupos de poder. Es en continuidad de ese ánimo de transgresión que en 2023 la AHIDA recreó la represión violenta de las protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte³, que resultó en el asesinato de más de cincuenta ciudadanas y ciudadanos de las regiones del sur del país, Apurímac, Ayacucho y Puno, principalmente. La escenificación buscó dejar en evidencia la complicidad entre el gobierno y la gran prensa limeña para justificar las muertes, bajo el pretexto que la democracia estaba siendo amenazada por mafias organizadas, grupo criminales y terroristas, tratando de esa forma de deslegitimar el derecho que asiste a toda persona de organizarse y a la participación política.

Externalizar mediante el arte y la cultura aquellos sentimientos producidos por hechos traumáticos en un contexto de violencia sistemática ejercida desde el poder político, no solo es un proceso que resignifica costumbres y simbologías arraigadas en la cotidianidad, sino que representa una posibilidad disruptiva para alterar ese orden jerárquico hegemónico que va estigmatizando lo político y los espacios de organización.

Así, la temporada de carnavales a inicios del 2024, con comparsas y pasacalles en las ciudades del sur del país, habilitó el espacio público para que diversas agrupaciones artísticas e incluso la población asistente pueda expresar su angustia e indignación por la impunidad ante la amplia evidencia que responsabiliza al gobierno y a la coalición autoritaria en el Congreso de la represión violenta y las muertes de ciudadanas y ciudadanos que participaban de las movilizaciones en regiones y en Lima. El paso por las calles y avenidas de las diversas alegorías y dramatizaciones que ridiculizaron a las autoridades del poder central y local, como el “jalón de pelos” que le propinaron a la mandataria en Ayacucho, o el repertorio de coplas en rechazo al poder que se sostiene hasta hoy por la fuerza y la corrupción. Desde danzas para escenificar con el propio cuerpo la brutal represión y avivar el espíritu contra las voces que desde el gobierno sostenían que “Puno no es el Perú”,⁴ durante las celebraciones por la Candelaria, hasta alegorías como “La descarada”, elaborada por el profesor cusqueño César Aguilar Peña de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito, artista que retrató a Boluarte en una base de cráneos, en alusión a los asesinatos cometidos bajo su investidura. Obras que, dicho sea de paso, tras volver a las calles en las festividades por el mes jubilar en Cusco,⁵ fueron desaparecidas, presuntamente por fuerzas de seguridad.

No es novedad que estas festividades tengan un contenido político y crítico para cuestionar la normalización de la indiferencia y la impunidad, tampoco debe sorprender que la cultura sea un medio para que la acción ciudadana irrumpa en la política. Debido a ese poder movilizador de conciencias, son censuradas por aquellos que temen perder sus condiciones de privilegio y se van limitando los espacios que favorecen la democratización de las políticas públicas, como las políticas culturales.

Que asumamos a la cultura y al arte como medios para ejercer nuestros derechos políticos, permite ir en contra de la visión mercantilista que estereotipa las expresiones vivas de las comunidades y pueblos del país, y las restringe solo a ciertas actividades en tanto no representen una amenaza. Paradigmas como el intercultural permiten identificar las diferencias en torno a las relaciones jerárquicas que se establecen entre los sectores subalternos y los grupos de poder. A partir de esa conciencia, es posible cuestionar sentidos comunes que avalan el poder hegemónico y la dominación de unos sobre otros, en nuestro caso, la dominación de los grupos económicos y políticos arraigados en el poder centralista y capitalino, sobre las poblaciones del sur del país y de todo aquel de cuestione el orden existente.