El 14 de enero de 2024, me junté con varios amigos y amigas en la Plaza de la Constitución en el centro de la Ciudad de Guatemala para esperar la llegada de Bernardo Arévalo, quien debió ser investido a las cuatro de la tarde como nuevo presidente de la República, luego de haber ganado las elecciones en segunda vuelta en agosto de 2023. Estaba previsto que Arévalo llegaría a la plaza para dirigirse a la población movilizada, especialmente la población indígena de Guatemala, que defendió el voto popular ante varios intentos por parte del oficialismo y grupos de poder por desconocer su victoria y prevenir que asumiera la presidencia.

Desde la mañana, las comunidades indígenas de Guatemala marcharon desde la periferia de la ciudad hasta la Plaza de la Constitución, llenando las calles de la capital con los brillantes colores de sus trajes y huipiles. Grandes pantallas llenaron la plaza para que todas las personas presentes pudieran ver y escuchar la ceremonia de investidura del presidente y luego sus palabras en la misma plaza. Ambulantes vendieron canchita y paletas y agua en bolsas de plástico para apaciguar el calor.

Las personas reunidas en la plaza estuvieron alegres; su mera presencia ese día en la plaza anticipando la llegada de Arévalo significaba que habían vencido los intentos del llamado “Pacto de Corruptos” de prevenir la investidura. El Pacto de Corruptos es el nombre que las y los guatemaltecos utilizan para describir una alianza de diferentes sectores —políticos ultra conservadores, miembros de la elite económica, militares, y elementos del crimen organizado— que buscaron hace varios años cooptar todas las instituciones del Estado de Guatemala, especialmente al Poder Judicial, con el objetivo de poner fin a los esfuerzos por erradicar la corrupción y por llevar a grandes violadores de los derechos humanos ante la justicia.

Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta con veinte puntos por encima de su contrincante, Sandra Torres. Aún así, el Pacto de Corruptos hizo todo lo posible por evitar que asumiera el poder. Torres, la ex primera dama quien con los años se acomodó a las estructuras de corrupción que atormentan Guatemala, rehusó reconocer la victoria abrumadora de Arévalo. La Fiscal General de la Nación, Consuelo Porras, una de las caras más visibles del Pacto de Corruptos, sancionada dos veces por el gobierno de Estados Unidos por hechos de corrupción, utilizó su poder para cancelar, de modo irregular, al partido de Arévalo, Movimiento Semilla. Cuando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) certificaron el resultado electoral, la fiscalía, alegando que hubo fraude, incautó las papeletas y luego acusaron a las autoridades del TSE de corrupción en la compra del software electoral; varios salieron del país por miedo a ser detenidos. Posteriormente, la fiscalía les acusó espuriamente de actos criminales en un intento para levantar su inmunidad, un patrón de persecución política ya endémica en Guatemala, especialmente luego de 2019, cuando el Pacto de Corruptos logró cerrar una comisión de la ONU que estaba ayudando a las autoridades locales en la lucha contra la corrupción e impunidad. Decenas de fiscales y jueces que trabajaron en la lucha contra la corrupción huyeron al exilio; algunas de ellas, como la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, fueron encarceladas injustamente. También hubo complots para asesinar a Arévalo y a su vicepresidenta Karina Herrera.

Pero el pueblo, sobre todo la población indígena, se había movilizado para defender el voto. Se mantuvo una movilización pacífica por 105 días ante el Ministerio Público para defender el voto popular y el resultado de las elecciones. Además, las autoridades indígenas en varios lugares del país se declararon en estado de emergencia permanente y denunciaron constantemente las movidas del establishment por desconocer a Arévalo. La comunidad internacional también hizo su parte para garantizar que los resultados de las elecciones fueran respetados. Las personas en la Plaza de la Constitución ese soleado y caluroso 14 de enero imaginamos, entonces, que Arévalo sería investido el 14 de enero como correspondía. Pero el Pacto de Corruptos tenía otro truco de última hora en la manga.

Antes de investir a un presidente o presidenta como tal, la Constitución de Guatemala señala que los y las diputados salientes deben certificar a los nuevos miembros elegidos del Congreso, quienes luego deberán elegir a los integrantes de la Junta Directiva del poder legislativo. Es decir, quien ocupa la presidencia de la Junta Directiva del Congreso es quien pone la banda presidencial al nuevo presidente.

Pero diputados salientes aliados del Pacto de Corruptos maniobraron para retrasar por varias horas la juramentación de los y las nuevos diputados; sin esos legisladores, no era posible integrar una nueva Junta Directiva para investir al binomio presidencial. También suspendieron de manera provisional al Movimiento Semilla, a pesar de sus 23 diputados electos, apoyándose en una orden de juez menor en un proceso legal que todavía no había concluido. Su intención era asegurar que el presidente de Semilla, Samuel Pérez, no llegue a presidir la Junta Directiva.

A las 2:00 p.m. estaba programada la certificación de los congresistas; la inauguración de Arévalo estaba prevista para las 4:00 p.m. Alrededor de las 2:30 p.m. se empezó a correr la voz que miembros del Congreso saliente no querían certificar a las y los nuevos diputados. Representantes de las autoridades indígenas agarraron los megáfonos y comenzaron a explicar a la multitud lo que estaba pasando. Invitaron a un grupo a acompañarles hasta el Congreso para hacer presencia ante el legislativo. Un grupo grande de personas así lo hizo: mujeres y hombres, niños y niñas, abuelos y abuelas, de varias etnicidades maya, y jóvenes y gente mayor ladina de la capital, todas murmurando su indignación por la actitud del Congreso.

Hubo bloqueos de policías en diferentes puntos alrededor del Congreso. En la medida en que iba creciendo la incertidumbre sobre la transferencia del poder, crecía la tensión y la molestia entre la gente en la calle. Pero las representantes de las autoridades indígenas recordaron cada tanto que no habría que perder la paciencia y que la manifestación tenía que mantenerse pacífica. Cuando un grupo de jóvenes buscaron romper el cerco de la policía, ésta respondió con bombas de gas lacrimógeno. Las autoridades indígenas volvieron a dirigirse a la multitud, reiterando que la movilización debería mantenerse pacífica y que la pelea no era con la policía. Las cosas se calmaron. Así pasó en otras partes cerca al Congreso según me comentaron colegas que también presenciaron lo que sucedió ese día. La sensación de impotencia era grande, sobre todo cuando el mismo Arévalo denunció que el Pacto de Corruptos quería impedir su investidura. Pero con su presencia física en la calle las y los guatemaltecos estaban haciendo escuchar su voz en rechazo a las medidas dilatorias de algunos congresistas, y en defensa del voto y de la transferencia de poder.

Por otro lado, en el Teatro Nacional, donde se había juntado un número grande de jefes de Estado, diplomáticos, y observadores para presenciar la inauguración de Arévalo, también se empezó a expresar frustración e incredulidad ante el intento tan burdo del Congreso de obstaculizar la transferencia del poder. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea exhortaron al Congreso a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Alrededor de las 5:00 de la tarde, luego de reunirse con cancilleres de varios países de la región que estaban presentes para la investidura de Arévalo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, convocó una improvisada rueda de prensa y leyó un comunicado en que llamó al Congreso de la República “a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder como exige la constitución en el día de hoy al presidente electo Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera”. Gobiernos de varios países entre España, Honduras y Colombia, enviaron mensajes de solidaridad con Arévalo y Herrera. Cuando el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de X que se quedaría en Guatemala hasta que Arévalo fuera inaugurado como presidente, la multitud en las calles se emocionó, entre aplausos y abrazos y felicitaciones por la solidaridad del mandatario colombiano.

Finalmente, después de las 10:00 de la noche, en un proceso que inducía a un infarto, Semilla logró un acuerdo con otros partidos menores para introducir enmiendas para permitir que diputados y diputadas independientes conformaran la Junta Directiva. Luego de ello, la plancha con Samuel Pérez de Semilla ganó a la plancha dirigida por Sandra Jovel, quien fue ministra de relaciones exteriores en el gobierno de Jimmy Morales y es una reconocida figura del Pacto. Finalmente, un poco pasada la medianoche, ocho horas más de la cuenta, en el Teatro Nacional, ante jefes de Estado, diplomáticos y otros dignatarios, Pérez puso la bandera presidencial sobre el pecho de Bernardo Arévalo, declarándolo Presidente de la República de Guatemala.

Arévalo dio un emotivo discurso en el Teatro Nacional. Reconoció ante todo el apoyo popular, especialmente de la población indígena y de los jóvenes, que logró que la democracia venciera al autoritarismo. También agradeció a la comunidad internacional. Dijo que la democracia en Guatemala no podría prosperar mientras Guatemala siguiera sufriendo la pobreza y la falta de educación, y elaboró una serie de propuestas para atacar estos problemas en el país centroamericano, uno de los más pobres de América Latina, con altos niveles de malnutrición infantil, entre otros indicadores. Sobre todo, reconoció que el Estado de Guatemala tiene una “deuda histórica” con los pueblos originarios, y prometió gobernar en base al diálogo y el respeto.

Luego, Arévalo fue a la sede del Ministerio Público, donde los pueblos indígenas, entre ellos los 48 Cantones de Totonicapán, la alcaldía indígena de Sololá, del pueblo ixil y autoridades ancestrales de Palín, Escuintla, y de Huehuetenango, aún mantenían su vigilia por la democracia. Les dijo: “Los cuatro pueblos: mayas, garífunas, xincas y mestizos caminaremos juntos en este cambio democrático. No más exclusión para los pueblos originarios dentro del Estado de Guatemala”. Luego, llegó a la Plaza de la Constitución, donde el pueblo soltó su angustia y lo recibió entre aplausos, llantos, y abrazos.

El “Pacto de Corruptos”

Por varios años, con la ayuda internacional, a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el país experimentó grandes éxitos en la lucha contra la corrupción. El CICIG ayudó a fortalecer la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial así como su capacidad para investigar y procesar crímenes complejos. Como resultado, cientos de oficiales de gobierno, políticos, ex militares, y algunos miembros de la élite económica, fueron investigados por gran corrupción, financiamiento electoral ilícito, y también por graves violaciones a los derechos humanos; varios de ellos fueron procesados y condenados.

Para estos grupos, eliminar la CICIG y volver a someter el sistema de justicia nuevamente a su control era la única forma de parar las investigaciones, y garantizar que volverían a gozar de la impunidad a la que se habían acostumbrado. Y así hicieron. Ya controlaban al Ejecutivo, al Congreso, y la Corte Suprema; con el tiempo fueron ganando el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad (CC) y otras instancias menores como la Defensoría del Pueblo. En 2019 obligaron al cierre de la CICIG. Tras ello, lograron la cooptación total del Estado, con la finalidad de perpetuar su poder y garantizar su impunidad, tal como lo advirtió CICIG en su informe final, presentado antes de cerrar sus puertas.

Para las elecciones de 2023 habían logrado influenciar en el Tribunal Supremo Electoral, buscando apartar del proceso electoral a varios candidatos que podrían representar una amenaza a su plan de seguir en el poder. Su error, tal vez, fue no unificarse detrás de un sólo candidato o candidata: eran varios que representaban al Pacto de Corruptos, entre ellos Manuel Conde, del partido Vamos del presidente Giammattei; Zury Ríos, del partido Valor, la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, condenado en 2013 por genocidio hasta que sus amigos en la CC voltearon la condena; Sandra Torres, la ex primera dama, investigada por corrupción en las elecciones anteriores; entre otros.

Bernardo Arévalo tenía un nivel de intención de voto muy bajo en las encuestas, por lo cual no se tomaron la molestia de eliminar su candidatura. Cuando ganó en segundo lugar tras Sandra Torres, quisieron prevenir que compitiera en la segunda vuelta. No lo lograron y Arévalo no sólo ganó a Torres; le ganó con veinte puntos de diferencia, marcando un mandato por el cambio que era difícil de desconocer. Pero el Pacto de Corruptos igual lo intentó, como ya describí arriba.

El candidato que no vieron

Hubo tres factores que favorecieron a Arévalo en los comicios de 2023. Por un lado, él tenía una imagen, como persona y como político, de alguien limpio, ajeno a las redes y estructuras de corrupción que han hundido Guatemala, uno de los países más pobres y desiguales de América Latina. A su vez, su partido, Movimiento Semilla, nació en medio de las grandes movilizaciones del año 2015 contra la gran corrupción, que obligaron a renunciar al entonces presidente, el exmilitar Otto Pérez Molina; él, junto con su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y decenas de otros miembros de su gobierno y entorno, fueron enviados a prisión. Arévalo y su partido representaban la lucha contra la corrupción, una lucha que había tenido grandes éxitos hasta que los grupos de poder tomaron la decisión de atajarla, haciendo todo lo posible por acabar con ella.

A su vez pesó su linaje. Arévalo es el hijo de Juan José Arévalo, quien en 1944 ganó las primeras elecciones democráticas en la historia del país, luego del levantamiento civil y militar que derrocó al gobierno represivo del dictador Jorge Ubico. Lideró lo que en la historiografía guatemalteca se conoce como “la primavera democrática”, que fue un experimento audaz por romper el poder de una oligarquía que gobernaba al país como su feudo, con la ayuda de la fuerza militar y apoyado por el capital extranjero, particularmente el estadounidense, que tenía un interés en Guatemala como fuente de tierra fértil y trabajo barato para la exportación de plátanos. Arévalo padre implementó varias reformas sociales, incluyendo mejoras en las condiciones laborales y la expansión de la educación en un intento por erradicar el analfabetismo, especialmente entre la población indígena. Su sucesor, Jacobo Arbenz, intentó ahondar estas reformas, pero su reforma agraria, al tocar intereses de la United Fruit Company, fue el comienzo del fin de su gobierno y del experimento de la primavera democrática. Los dueños de UFCO convencieron al gobierno de Estados Unidos de que Arbenz era comunista y que representaba una amenaza a la estabilidad regional; en realidad, representaba una amenaza al mismo poder de UFCO para continuar explotando la tierra y a las y los campesinos guatemaltecos.

Una esperanza para América Latina

Con su investidura, Bernardo Arévalo ganó la primera batalla, pero la guerra continúa. La Fiscal General sigue en su puesto, y ha declarado su intención de cumplir su mandato, que corre hasta 2026. La alianza oficialista en el Congreso es muy tenue, y las facciones de ultraderecha están a la espera de retomar el control de la legislatura. El crimen organizado está muy presente, y la vieja guardia militar también. Las altas cortes están aún en manos de personas ligadas al Pacto de Corruptos. Sí, tiene el pueblo movilizado a su lado. Por el momento, a la comunidad internacional también. Es un hombre íntegro pero no tiene experiencia de gobernar, y su partido es pequeño, con apenas una década de experiencia en la política.

Aún así, el gobierno de Bernardo Arévalo representa una esperanza no sólo para Guatemala sino para toda América, donde líderes autoritarios de diversas tendencias ideológicas prometen soluciones fáciles con mano dura de por medio. Por ello es crucial que Arévalo tenga éxito en extirpar la corrupción, garantizar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas y del estado de derecho, y mejorar las condiciones de la población más pobre de su país.