Aunque no corren a la par, la minería y la agricultura son las actividades económicas más importantes en el país por su contribución al producto bruto interno (PBI). Según el Banco Central de Reserva, en el año 2022, el sector minero representó el 10.3% del PBI y el 60% de las exportaciones totales del país, siendo el cobre el principal producto de exportación; en el mismo período, el sector agropecuario representó el 7.6% del PBI y el 7% de las exportaciones totales.

Si bien la participación de la agricultura en la economía nacional es menor que la de la minería, juega un papel fundamental en la generación de empleos directos, en la lucha contra la pobreza, y la seguridad alimentaria. Sobre esto último, cabe precisar que, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, la agricultura familiar en el Perú aporta el 70% de los alimentos que se consumen en el país. De acuerdo al Atlas de la Superficie Agrícola del Perú (Midragri, 2021) en la Macro Región Sur —Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna—, el 97% de los agricultores (561,129) se dedican a la agricultura familiar, y el otro 3 % (16 224) a la agricultura no familiar, concentrándose en número en Puno y Cusco.

Así como la agricultura es relevante en esta zona del país, también lo es la minería, pues estas tierras son ricas en minerales. De allí que el mayor porcentaje de terrenos concesionados a esta actividad se concentren en el sur, así como la cartera de proyectos de exploración minera por desarrollar. Las empresas mineras siguen mirando al sur, a pesar de la gran cantidad de conflictos socioambientales que han surgido y se han sostenido en el tiempo, como consecuencia de una mirada distinta de desarrollo y por la presión sobre los recursos naturales, agua y suelo.

La competencia por los recursos naturales

Así lo nieguen, la explotación minera genera contaminación del agua, suelo y aire a pequeña escala, bajo el manto de los “límites máximos permisibles”, afectando la calidad de vida de las comunidades y poniendo en riesgo la salud de los ecosistemas. Se estima que 25% de los pasivos ambientales mineros del país —equivalentes a 1698— se distribuyen entre los departamentos de Puno, Arequipa y Cusco, en los que se concentra el 82% de pasivos identificados en la Macro Región Sur.¹ Si bien se han desarrollado tecnologías limpias para la explotación minera, no todas las empresas están dispuestas a invertir en ellas; es exigua su incorporación a la actividad minera de pequeña escala legal y nula en la ilegal, que en el sur se ha extendido por valles interandinos y zonas altoandinas, incluso en zonas tradicionalmente agrícolas.

Las comunidades locales se encuentran en una encrucijada: por un lado, la minería ofrece oportunidades de empleo indirecto e ingresos por diversos servicios; por otro, la agricultura representa un modo de vida menos agresivo con el ambiente y una fuente de recursos naturales vitales, pero que no reditúan ni en el volumen ni con la velocidad de la minería.

Un caso emblemático es el conflicto por Tía María, en Arequipa, donde la población se opone a la puesta en marcha de este proyecto minero, por el uso de recursos como el agua, en disputa con la agricultura, además del impacto ambiental y el temor a la contaminación, temor fundado en el comportamiento histórico de la Southern Perú Corporation en su actividad en Ilo, que provocó lluvias ácidas en el valle de Tambo, dañando tierras agrícolas, situación por la que los agricultores nunca fueron resarcidos. Actualmente, la Southern aparece en el grupo de empresas que concentra un alto número de infracciones ambientales, incluyendo en su caso una sanción activa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por una infracción grave: el incumplimiento de las obligaciones ambientales en el proyecto Tía María.

En el otro lado de la moneda están los pobladores de la Comunidad Campesina de Pamputa, en Apurímac, que tradicionalmente se dedicaban a actividades agropecuarias y que han virado a la minería de pequeña escala. Extraen cobre y oro en socavón. Camionadas de tierra con estos minerales son llevadas a Abancay para su refinamiento. El giro productivo ha sido animado por los jóvenes de la comunidad, en muchos casos retornantes, que ya han perdido el apego por la Pachamama, alejados de la cosmovisión andina y deseosos de aprovechar directamente la riqueza de los recursos minerales existentes en el territorio comunal, interesados en dar trabajo a sus vecinos, sin preocupaciones por la afectación ambiental o la salud a largo plazo. Otro límite de este proyecto es que las tierras comunales de pamputa forman parte de la concesión del proyecto Las Bambas, por lo que se avizora un conflicto, aunque eso es tema para otro artículo.

Este tipo de controversias evidencia los límites de una estrategia de crecimiento económico que lo apostó todo a la inversión minera y que dejó en el papel los planes de diversificación productiva. En positivo, hace urgente la necesidad de un diálogo transparente entre las comunidades y el Estado sobre las posibilidades reales de convivencia de la agricultura y la minería.

El factor hídrico

Actualmente, la demanda de agua supera la cantidad disponible en el mundo. Hay países que sufren más estrés hídrico que otros. “Cuanto menor es la brecha entre el suministro y la demanda, más vulnerable es un lugar a la escasez de agua. Que un país enfrente estrés hídrico extremo significa que está utilizando al menos el 80 % de su suministro disponible, mientras que estrés hídrico alto significa que utiliza el 40 % de su suministro”, explican. ²

El Perú se encuentra entre los países que ahora sufren estrés hídrico alto, y en el sur es donde hay menor disponibilidad de agua. Sabemos que el cambio climático va a empeorar esta situación. Las actividades económicas más afectadas serán la agricultura y la minería, que son las que consumen grandes cantidades de líquido para operar. Además, persisten problemas para mejorar las infraestructuras de riego, lo que provocan gran desperdicio por un manejo agrícola inadecuado. También tenemos una deficiente actuación para resolver casos de contaminación del agua; así, existe un largo historial de acuerdos en mesas de diálogo en la Cuenca de Llallimayo en Puno, tras casi una década de contaminación de fuentes de agua por la minería formal. La poca disponibilidad de recurso, se ve así agravada por malas prácticas en el ámbito de ambas actividades económicas.

El factor hídrico no puede seguir soslayado en la ecuación agro – minería. En un contexto de cambio climático es crucial buscar un modelo de desarrollo que equilibre las necesidades económicas con la protección del ambiente y el bienestar de las comunidades. Algunas propuestas para lograrlo incluyen impulsar una minería responsable, priorizando la remediación de pasivos ambientales y la inversión en tecnologías limpias; fortalecer la agricultura sostenible, promoviendo sobre todo el uso eficiente del agua y políticas orientadas a la agricultura familiar; culminar el proceso de Zonificación Ecológica Económica y hacerlo vinculante, por ejemplo, para el otorgamiento de concesiones mineras. Finalmente, siguen siendo necesarios los espacios de diálogo entre las empresas, las comunidades y el Estado, donde tener un punto de vista crítico o incluso contrario a la actividad minera no debería significar ser calificado de “terrorista antiminero”.