El genocidio perpetrado por Israel contra la población civil en Gaza y Cisjordania, en respuesta al terrible y condenable atentado del grupo Hamás aquel fatídico 7 de octubre, avalado por los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre otros, y la mirada al costado del resto de europeos, ha suscitado diversas reacciones en la comunidad internacional. Las incursiones terrestres y aéreas de Israel han causado la muerte de 11.200 civiles, 42% de los cuales son niños. Cien funcionarios de la ONU y 42 periodistas han muerto, 37 de Palestina, cuatro de Israel y uno del Líbano. La franja de Gaza continúa cercada, sin suministro eléctrico, agua ni alimentos.

La opinión pública y un número creciente de países consideran inadmisibles los métodos usados por Israel para derrotar a Hamas, los cuales violan el derecho internacional humanitario en su afán de realizar una limpieza étnica y ocupar el territorio de la franja de Gaza, empezando a preocupar a Estados Unidos frente a las crecientes voces de protesta.

En las Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas se ha mostrado incapaz de frenar este genocidio. Estados Unidos ha vetado todas las propuestas para decretar un alto al fuego en el Consejo de Seguridad. Ante los reiterados fracasos en esa instancia, el 27 de octubre se convocó a una Asamblea General Extraordinaria, donde en representación de los 22 países que conforman la Liga Árabe, Jordania presentó un proyecto de resolución que fue aprobado por 120 países, rechazado por 14 y 45 abstenciones. Un golpe a Israel y Estados Unidos. En nuestra región, sólo Paraguay y Guatemala votaron en contra, en tanto Uruguay, Panamá y Haití se abstuvieron.

La Resolución pide la liberación incondicional de todos los civiles cautivos; una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida; la exigencia de que todas las partes cumplan el derecho internacional humanitario y de que se proporcionen suministros y servicios esenciales a la Franja de Gaza de forma “continua, suficiente y sin obstáculos”. Además, se exige seguridad, bienestar y trato humano, de acuerdo con el derecho internacional y se rechaza el traslado forzoso de la población civil palestina.

En el texto de la resolución no hay una condena explícita a Hamás, por lo que Canadá, en coordinación con Israel y Estados Unidos, propuso una enmienda que “rechaza y condena inequívocamente los atentados terroristas perpetrados por Hamás” en Israel que se produjeron a partir del 7 de octubre, así como la toma de rehenes. Como corresponde a las reglas, la enmienda también fue sometida a votación, y obtuvo 88 votos a favor, 55 en contra y 23 abstenciones. No fue adoptada porque no obtuvo dos tercios de los votos necesarios.

La resolución fue rechazada tajantemente por el embajador de Israel ante este organismo, Gilad Erdan. “Todos hemos sido testigos de que la ONU ya no tiene ni un ápice de legitimidad o relevancia. ¡Qué vergüenza! Israel seguirá defendiéndose para garantizar su futuro y existencia como Estado, librando al mundo de la maldad de Hamás para que nunca pueda volver a amenazar a nadie. Lo sucedido en la Asamblea General fue un hecho podrido y miserable”.

Las relaciones con ese organismo son tan tensas que el gobierno israelí ha pedido la renuncia de su secretario general, y ha anunciado que negará visados a funcionarios de Naciones Unidas. Ello debido a que, al condenar tajantemente el atentado por parte de Hamas a ciudadanos civiles israelíes el pasado 7 de octubre, Guterres, dijo también que éstos “no venían de la nada” y señaló que el pueblo palestino había sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante y vió sus tierras constantemente devoradas por los asentamientos y plagadas de violencia.

La Unión Europea

En la declaración del Consejo Europeo que tuvo lugar en Lisboa el 26 y 27 de octubre para fijar, entre otros temas, una posición común frente a esa guerra, se pidió tibiamente una “pausa humanitaria” de los bombardeos israelíes en Gaza, pero no un alto al fuego. La presidenta de la Comisión Europea reafirmó el apoyo a Israel, alegando que dicho país tiene derecho a la autodefensa conforme al derecho internacional, responsabilizando a Hamás de provocar la crisis humanitaria en Gaza.

Los comentarios de von der Leyen tuvieron lugar a pesar de que la directora de la organización Human Rights Watch, Tirana Hassan, señaló que “no se puede aniquilar a familias enteras, hacer colapsar a un sistema sanitario, arrasar vecindarios enteros, referirse a las personas como animales. No se puede castigar a toda una población al impedir que la ayuda llegue a quienes la necesitan con desesperación. El derecho internacional humanitario es claro: las atrocidades que se cometen de un bando no justifican las atrocidades que se cometen del otro bando”.

La Unión Europea no tuvo una única voz en la Asamblea General de la ONU en la que se aprobó la Resolución presentada por Jordania. De los 27 miembros, siete (Francia, España, Bélgica, Irlanda, Portugal, Liechtenstein y Noruega) la respaldaron. El embajador de Francia, Nicolas de Rivière, declaró que su delegación votó a favor, ya que “nada justifica la matanza de civiles”. El Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya había pedido anteriormente un alto el fuego humanitario inmediato y no estaba de acuerdo con la tibia pausa humanitaria. Otros países como Alemania consideran que un alto el fuego podría vulnerar el derecho de Israel a la autodefensa. El canciller Olaf Scholz dijo que no tenía “ninguna duda” de que el ejército israelí respetaría el derecho internacional. De allí que la declaración conjunta de la Cumbre Europea no fuera acatada por todos sus miembros en la votación de la ONU.

El mundo árabe e islámico

El 11 de noviembre, Arabia Saudita organizó en Riad una cumbre que reunió a los 57 países miembros de la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica para exigir un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza.

Los líderes adoptaron un importante posicionamiento político común que insta a romper el cerco a Gaza e imponer la entrada inmediata en la Franja de Gaza de convoyes árabes, musulmanes e internacionales de ayuda humanitaria con alimentos, medicinas y combustible. Pide al fiscal de la Corte Penal Internacional que complete la investigación sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por Israel; se suspenda el suministro de armas a Israel que son “utilizadas por el ejército y los colonos terroristas para matar al pueblo palestino y destruir sus hogares, hospitales, escuelas, mezquitas e iglesias”, rechaza las afirmaciones israelíes que señalan que se está actuando en "legítima defensa" y exige que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopte "una resolución decisiva y vinculante" para detener la "agresión" de Israel, entre otros.

Sin embargo, no acordaron ninguna medida económica ni política punitiva contra Israel, por lo que no satisfizo las expectativas de la Yihad Islámica, aliada de Hamás en Gaza, que criticó que la cumbre se haya realizado 35 días después del inicio de los ataques de Israel a la población civil en Gaza. Según la publicación Le Grand Continent, Hamás pidió a los participantes de la cumbre que expulsen a los embajadores israelíes, formen una comisión legal para juzgar a los "criminales de guerra israelíes" y creen un fondo de reconstrucción para el territorio.

América Latina

Uno de los primeros comunicados publicados fue el de Argentina, que se limitó a condenar los ataques terroristas y la muerte de ciudadanos israelíes. El 1° de noviembre la cancillería publicó un nuevo comunicado en el que señala que nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, al condenar el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, el cual produjo cientos de muertos y heridos. Exigió detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la Franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadoras de agua y centros destinados a acoger refugiados y recordó que no puede haber una solución armada al conflicto israelí-palestino.

Por su parte, la cancillería colombiana emitió dos comunicados sobre la situación en Israel y la Franja de Gaza. El primero condenó enfáticamente las acciones terroristas, mientras que el segundo hizo un llamado para que Israel y Palestina retomen los diálogos en busca de un proceso de paz que conduzca a la coexistencia pacífica. Petro había expuesto sobre la causa de Palestina y la represión de que era víctima su población por el Estado de Israel en la última Cumbre de los Países no Alineados celebrada el 15 de septiembre en La Habana. Al respecto, solicitó una conferencia de paz para abordar el tema. El 31 de octubre llamó a consultas a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, por la escalada de la violencia en Gaza y dijo que “si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá".

La posición del gobierno de Chile también tuvo cambios. El primer comunicado de la Cancillería expresó la absoluta condena a los ataques de Hamás e hizo un llamado al cese de “esta violencia inconducente, a fin de evitar una escalada que provoque mayores daños y sufrimientos a la población civil”. Asimismo, manifestó la urgencia de impulsar el proceso de negociaciones conducentes a un acuerdo de paz justo, pleno y definitivo. El incremento de la violencia dio lugar a que el 31 de octubre resolviera llamar a consultas a su embajador en Tel Aviv debido a las “inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza”. Lo propio hizo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el pasado 3 de noviembre. En la misma línea que los de Colombia y Chile se pronunciaron los gobiernos de Brasil y México, condenando explícitamente el atentado de Hamás, pero advirtiendo sobre la escalada de violencia que podría generar la respuesta israelí.

El gobierno mexicano señaló que ninguna causa justifica el recurso al terrorismo. Reconoce el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel, pero advierte que éste debe regirse por las condiciones establecidas en el derecho internacional y condena el uso de la fuerza, independientemente de quién provenga. Asimismo, hace un firme llamado para permitir el suministro, sin obstáculo alguno, de la asistencia humanitaria, proponiendo una solución integral y definitiva al conflicto, que permita la consolidación de un Estado palestino política y económicamente viable que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.

El presidente de El Salvador, Nayub Bukele, de ascendencia palestina, condenó duramente a Hamás y dijo que no ayuda a la causa palestina. Exigió una solución para que ambos Estados convivan en paz. “Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que Hamás desaparezca por completo”.

Los gobiernos de Bolivia, Uruguay, Perú, Costa Rica y la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe emitieron mensajes breves de condena al atentado perpetrado por Hamás y de respaldo a negociaciones que conduzcan a la paz, sin exhortar a que el Estado de Israel descarte el uso de la violencia contra la población civil en el ejercicio de su defensa. Sin embargo, con el recrudecimiento de la violencia, Bolivia se convirtió en el primer país latinoamericano en romper relaciones diplomáticas con Israel, “en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza". Por las mismas razones, el gobierno de Belice suspendió sus relaciones diplomáticas con Israel el 14 de noviembre.

Los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua no han condenado explícitamente el atentado terrorista de Hamás, pero han rechazado la violencia en todos sus términos. Nicaragua lo hizo en un comunicado en el que llamó a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a pronunciarse y contribuir a detener “esta nueva masacre de hermanos, que nos exige a todos respeto y solidaridad para emprender nuevamente los diálogos, las conversaciones, indispensables en base al derecho para defender la vida de todos”.

El gobierno venezolano abogó por una “negociación genuina” entre Israel y Palestina para poner fin a la violencia en la Franja de Gaza y dijo que “esta escalada es el resultado de la imposibilidad del pueblo palestino de encontrar en la legalidad internacional multilateral un espacio para hacer valer sus derechos históricos”.

En cuanto al gobierno de Cuba, tampoco condenó el atentado de Hamás y atribuyó la escalada de violencia entre Israel y Palestina a los 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y a la política agresiva y expansionista de Israel. Demandó una solución amplia, justa y duradera al conflicto sobre la base de la creación de dos Estados, que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital. Para Cuba “el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe cumplir su mandato y poner fin a la impunidad de Israel, la potencia ocupante, de la que Estados Unidos ha sido cómplice históricamente, al obstruir de manera reiterada la acción del órgano, socavando la paz, la seguridad y la estabilidad en el Oriente Medio…”

A diferencia de la ONU y los países árabes y musulmanes, ningún organismo de integración subregional ha emitido un comunicado conjunto y tampoco lo ha hecho la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el organismo de coordinación política por excelencia. ¿Será que es tan difícil encontrar denominadores comunes que posicionen a la región con una sola voz frente a un tema tan crucial? Con pequeñas modificaciones o agregados, hay denominadores comunes que podrían formar parte de una declaración común que parta de la condena a todos los hechos de violencia contra la población civil, exija el alto al fuego y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, que deben dar lugar a dos Estados soberanos.