Agosto de 2016 fue un momento en que la multitudinaria marcha Ni Una Menos se convirtió en el evento que volvía a colocar en la agenda pública las demandas de las mujeres. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski había llegado al poder sólo un mes antes, haciendo la diferencia con Keiko Fujimori en cuanto al respeto a las libertades individuales, y evadiendo, aunque fuera por un lapso, tiempos autoritarios y mafiosos para el Estado. A la larga, años después quedó demostrado que la opción salvadora entre el neoliberalismo democrático y el populismo neoliberal autoritario ¹ era una falsa opción. Cinco años más tarde, nos hemos dado cuenta a nivel global que lo segundo parece ser el trágico capítulo final de lo primero. El progresismo no sólo está debilitado en el Perú, sino que su imagen internacional es más la de un decrépito Biden —que evoca al débil gobierno y la figura de PPK— al lado de una revitalizada ultraderecha, que regresa luego de cien años vociferando un supremacismo joven, blanco y masculino, así sea en cuerpo de mujer, como Giorgia Meloni en Italia.

Como el guión de una película en la que los buenos triunfan, entre 2016 y 2021 —etapa final de una seguidilla de gobiernos neoliberaldemocráticos en el Perú desde el inicio de siglo, cuyos electos presidentes acabaron presos—, el movimiento de mujeres pudo jugar en pared con los gobiernos progresistas de turno y obtener una serie de medidas favorables a sus derechos. Así, además de mejorar la red de servicios de atención conformada por Centros de Emergencia Mujer, fiscalías especializadas y comisarías, e implementar procedimientos de investigación en casos de violencia contra la mujer, en 2018 se reconoció como delitos al acoso, acoso sexual, el chantaje sexual y la difusión de imágenes, audiovisuales y audios con contenido sexual. En 2019, el Ejecutivo aprobó una política nacional de igualdad de género. En 2020, por decreto de urgencia, se aprobó una pensión de orfandad para los familiares de las víctimas de feminicidio. Durante el quinquenio 2016-2021 la paridad en la participación política fue considerada un gesto de corrección política al interior del Ejecutivo y sus gabinetes ministeriales, y en julio de 2020 llegaría la Ley 31030, de paridad y alternancia, por la que el componente de representantes mujeres del actual Congreso es el más alto de la historia republicana, cuestión que no ha servido para mejorar el prestigio congresal.

Si bien el movimiento de mujeres en las calles no pudo salvar a la democracia liberal que se desgranó en cuatro presidentes para un período presidencial de cinco años, pues su lucha estaba focalizada en la violencia contra las mujeres, la resultante favorable de esos años fue la de posicionar la importancia de las mujeres —así fuesen conservadoras o autoritarias— en el imaginario social, hacerlas visibles en espacios antes sólo habitados por hombres, borrar viejas costumbres relacionadas con el consentimiento tácito de acceso a su corporalidad, entre otros. La autonomía sobre lo corporal instauró una batalla entre el feminismo y el conservadurismo de izquierda y derecha cuando se trató del campo educativo, en particular de los temas de educación sexual integral (ESI), enfoque de género en el currículum escolar, y rechazo a la homofobia en la escuela; en el campo de la salud, la disputa fue en torno a la implementación de alguna forma de interrupción del embarazo.

Sin embargo, de las luchas llevadas adelante, surgieron interrogantes sobre las cuales reflexionar a futuro: una cultura de la cancelación que cierra cualquier línea de fuga que escape a determinismos y autoritarismos; un populismo penal que en lugar de dar salidas sociales, castiga; la mercantilización de productos culturales hechos por o para las mujeres, como suficiente evidencia de una igualdad de género; la apropiación de mujeres para liderar causas más bien contrarias a los intereses de éstas, así como ha ocurrido con afrodescendientes, quechuahablantes y lgtb+, congresistas de la República. Otro oportunismo fue el uso político de algunas de las protagonistas de casos de violencia, así como en el pasado ocurrió con las víctimas del terrorismo.

Llegado el final del progresismo con la elección de Pedro Castillo para la presidencia en 2021, y en medio de un fuerte cuestionamiento popular hacia los partidos políticos, el movimiento feminista perdió a sus aliados en el gobierno, concretamente en el Poder Ejecutivo, hasta entonces el más moderno y menos conservador de los poderes. Tras la elección de Castillo, así como también tras su caída, el movimiento indígena de las regiones quechua y aymara hablantes lo desplazó en cuanto a importancia sociopolítica, lo que fue evidenciado por el alto costo en vidas humanas que provocó su represión.

Hoy en día, la tenencia del poder tanto por la ultraderecha como por agrupaciones que no representan posiciones políticas sino intereses particulares o delictivos, ha nublado el panorama no solo para los derechos indígenas, de las mujeres y lgtb+, sino también para los de la población en general. Muy rápidamente, a la par del deterioro de la gestión del Estado, del descrédito de las instituciones políticas y de la falta de fe en lo político, el retroceso en relación a los derechos conquistados es lo que marca la pauta. El desacuerdo de la ciudadanía se recoge en la poca aprobación del Ejecutivo y del Congreso.

La ultraderecha es la más interesada en imponerse con victorias en el plano simbólico, apresurada por ganar una “batalla cultural”² que implique la liquidación o resignificación de los derechos humanos que hasta el momento habían ido instaurando las reivindicaciones de las minorías desde 1948, gracias al sistema internacional de los derechos humanos. La ultraderecha mundial concentra esfuerzos en liquidar al sistema a fuerza de reclamar la primacía del derecho nacional. El planteamiento peruano, desde la Cancillería a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, es el de quedar fuera de la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos, a fin de evitar que las “minorías siembren el caos”³ en el ámbito nacional, gracias a sentencias favorables a ellas.

Para confrontar a los grupos identitarios organizados, la estrategia está fundada en la estigmatización, preludio del aniquilamiento.⁴ Está instalándose una cultura del miedo. La feminista es una “asesina” que quiere matar a concebidos, el quechuahablante es un “terruco” violentista, reconocer derechos sexuales es “homosexualizar” a niños en las escuelas, los progresistas son llamados “caviares” es decir, tecnócratas que quieren vivir de la mamadera del Estado. La estigmatización y erradicación se llevan a cabo aplicando el lawfare, enjuiciando a ex funcionarios, atacando con discursos de odio en las redes sociales, acosando con piquetes callejeros o mediante la propia represión policial.

Todos estos fenómenos se han agudizado a la par de la instalación del gobierno de Dina Boluarte en alianza con el Congreso. Como resultante, los ultraderechistas se reservan el lugar de guardianes de valores ya presentes en el imaginario popular, que acomodan a sus propósitos: la familia como espacio privado donde no debe penetrar el Estado, negando así la autonomía y derechos de cada persona que la integra; los símbolos patrios, que en un país de tradición militarista, subrayan el componente masculino y el nacionalismo; y Dios como fuente de un modelo moral de obediencia, acorde al recorte de autonomías personales.

En esa “batalla cultural”, se ha arremetido para cesar en las políticas públicas y gestión del Estado contra todo aquello vinculado al enfoque de género. En septiembre pasado, se suprimió la Dirección de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con esto se perdió peso, prioridad y ámbito de influencia en los demás sectores del gobierno. En el Congreso está a la espera de aprobación el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer por el de la Familia. En septiembre también, el Congreso legisló contra el lenguaje inclusivo que fue eliminado como requerimiento estatal, pese a las disposiciones de la ley de igualdad de oportunidades. Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima derogó la ordenanza que instauró en junio de 2021 sobre la transversalización del enfoque de género en las políticas, servicios públicos y gestión municipal, para reemplazarla por un enfoque de valores tradicionales familiares de inspiración católica. En mayo de 2022, la ultraderecha y Perú Libre, eliminaron la educación sexual integral y el enfoque de género del currículum escolar, imponiendo la “vigilancia” de las familias sobre contenidos, profesores y funcionarios, modalidad usada en otros países para imponerse al Estado y a la educación pública laica. Elevar el estatuto de la célula fecundada a “persona” es otro de los caballitos de batalla en la estigmatización de las mujeres, para instalar en el imaginario esa premisa que llevaría a acusarlas de asesinato si abortaran, sin importar las víctimas colaterales de ello, las vidas de niñas embarazadas contra su voluntad.

Así, la ultraderecha ha terminado de tomar cuerpo luego de décadas de incubación, primero como una derecha religiosa que había surgido en oposición al feminismo de los años setenta y ochenta en los Estados Unidos. Luego, como una derecha religiosa occidental, que a instancias del Vaticano, se oponía a la institucionalización del enfoque de género, y de los derechos sexuales y reproductivos durante los años noventa,⁵ gracias a las Conferencias internacionales de Beijing y El Cairo. Iniciado este siglo, se insistía en que el problema era solo cosa de mujeres y LGTBI+, de género y sexualidad. Eran pocos quienes dedujeron que el auge de lo religioso era síntoma de que algo no iba bien en la democracia neoliberal progresista y que, en el fondo, de lo que se trataba era de decidir si se eliminaba o no al Estado, base comunitaria de nuestras vidas, como hoy en día se plantea, luego de su progresivo desmantelamiento a partir de Thatcher y Reagan. Décadas en que lo privado fue sustituyendo a lo público, reduciendo las garantías individuales que hasta ahora había dado el derecho, como si volviéramos a épocas de feudos y señores.

“Esta democracia ya no es democracia”, se dice en las calles. Frente a la amenaza contra un Estado como dador de garantías y derechos, persistir en movimientos identitarios focalizados en sus luchas particulares, no sirve de mucho. Es preciso dar un salto cualitativo en el activismo de las mujeres, donde la recuperación de un modelo democrático a partir de un nuevo pacto social sea prioridad. Para ello se requerirá de alianzas estratégicas entre movimientos sociales, donde el movimiento indígena como protagonista de los últimos eventos políticos y como núcleo más homogéneo —en contraste con el pluriclasismo del movimiento feminista— sea un actor central.