Es indiscutible que, imbuido del dogma neoliberal, Guillermo Lasso ha gobernado para cumplir las recomendaciones “austericidas”, privatizadoras, desreguladoras y aperturistas del Fondo Monetario Internacional como tutor de la economía nacional, en función del sector plutocrático, particularmente del grupo Banco de Guayaquil y de una élite codiciosa y corrupta que buscó incrementar su poder económico mediante el poder político, recurriendo inclusive a vinculaciones con organizaciones mafiosas.

A nivel nacional, en sus dos primeros años de gobierno tuvo el respaldo político de los grandes medios corporativos, los mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, junto con el activismo de ciertas élites enfermas de odio anti-correísta. Vale resaltar que Lasso continuó las mismas políticas antiestatales y desinstitucionalizadoras de Moreno, impulsando la agenda neoliberal, desconociendo la Constitución, destruyendo las instituciones y servicios estatales, profundizando el estancamiento de la economía nacional y agravando la pobreza, el desempleo y la vulnerabilidad de los ecuatorianos.

Pese a los ingresos extraordinarios provenientes del precio petróleo y de la reforma tributaria (ilegalmente expedida),¹ así como de las remesas de migrantes que superan el 4% del PIB, el presidente Lasso desaprovechó la oportunidad para reactivar la economía ecuatoriana y prefirió, en sus palabras, “poner la casa en orden”, ejecutando en el año 2022 una magra inversión pública que representa apenas el 6,5% de la realizada el año 2014. De esta forma, de acuerdo con la perspectiva del FMI, más importante que el rescate del estancamiento económico, es el ajuste estructural para cumplir los indicadores macroeconómicos y el aseguramiento del pago de la deuda externa. El Gobierno se regocijó de tener casi 9.000 millones de dólares en reservas internacionales, mientras la economía aún con el efecto de rebote, no sólo no alcanzaba el nivel pre-pandemia, sino que se convirtió en el penúltimo país de la región en su desempeño post pandemia.

Sin embargo, no todos los sectores económicos fueron igualmente golpeados por la crisis. No es casual que las ganancias de la banca, particularmente las del Banco Guayaquil, se incrementaran el año 2022. El mencionado Banco tuvo utilidades por 95 millones, una de las mayores de su historia. Esta bonanza de la élite bancaria ocurre mientras, según datos de la CEPAL, la pobreza y la pobreza extrema aqueja a casi la mitad de la población, y apenas tres de cada diez personas tienen un empleo adecuado, a la vez que siete de cada diez tienen un ingreso mensual inferior al valor de la canasta básica.

Breve crónica del desgobierno y naufragio del régimen

Además de su extrema incompetencia e indolencia, la intransigencia esgrimida por el presidente Lasso se convirtió en un caldero hirviente que agudizó los problemas del país, tales como la escalada extrema de la inseguridad, el estancamiento de la reactivación productiva tras la Covid-19, la persistencia del desempleo y el empleo precario en siete de cada diez trabajadores, la virtual desatención del agro y de la pequeña producción familiar; la estampida migratoria con doscientos mil migrantes fuera del país entre 2021 y 2022; la ausencia de medicinas y el colapso de los servicios de salud; el deterioro de los servicios del Registro Civil para obtener una cédula o un pasaporte y la persistencia de la corrupción generalizada en todas las entidades públicas.

El incumplimiento de las promesas de campaña, junto a su incapacidad para dialogar y articular acuerdos políticos mínimos con actores sociales y políticos relevantes, originaron, después de la campaña de vacunación valorada positivamente, un proceso creciente de resistencia social y política, que escaló hasta producir un paro nacional indígena y popular en junio del 2022, con una duración de 18 días en el que por el uso excesivo de la fuerza fallecieron 9 personas, se produjeron cientos de heridos y más de un millar de detenidos. La masiva movilización social obligó a retroceder al Gobierno en su pretensión de poner a flotar los precios de los combustibles, culminando en un acuerdo global con las organizaciones indígenas, que pudo haberse negociado desde un inicio evitando el desgaste político sufrido.

La intensidad de la protesta permitió que distintos sectores políticos de oposición, encabezados por la Revolución Ciudadana, la mayoría de Pachakutik y algunos independientes, impulsen la destitución del presidente de la República y la aplicación de la llamada “muerte cruzada” (artículo 130 de la Constitución, numeral 2, relacionado con grave crisis política y conmoción social), por su incapacidad para ejercer el Gobierno. Esta iniciativa alcanzó un significativo respaldo de ochenta votos a favor de la destitución, restándole apenas doce para lograr los dos tercios (92), con lo que se habría convocado a elecciones anticipadas, presidenciales como legislativas.El inesperado resultado demostró claramente que el Gobierno había perdido la mayoría parlamentaria que fue forjada a través de componendas y repartos de cargos a inicio de la legislatura.

Tras el paro nacional, la resistencia acumulada por el desgobierno se trasladó a la escena electoral a través de varias iniciativas ciudadanas por la revocatoria del mandato presidencial, presentadas desde junio del 2022 por varias organizaciones sociales, las que fueron bloqueadas por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, impidiendo la entrega de formularios para recolectar las firmas de respaldo necesarias para convocar a una Consulta Popular por la revocatoria del mandato.

Al finalizar el año 2022, el presidente tenía pésimos resultados de popularidad y credibilidad en todas las encuestas² y, al mismo tiempo, enfrentaba la reactivación de la protesta, así como la continua y masiva manifestación de rechazo ciudadano en redes sociales por la ausencia de respuestas y por su indolencia ante los hechos diarios de violencia, corrupción, migración, colapso de los servicios de salud y educación.

La derrota electoral

Ante el deterioro dramático del gobierno, éste apeló a llamar a una Consulta Popular con 8 preguntas que, según el oficialismo, tendrían la aceptación general de la ciudadanía. En la consulta, las propuestas obtuvieron un 60% de rechazo en promedio. Estos resultados totalmente desfavorables aceleraron el colapso de su flotación política.

Además del fracaso en las elecciones seccionales, el Movimiento CREO solo obtuvo 5 de las 221 alcaldías. La derrota de la Consulta Popular prácticamente anuló la capacidad de gestión política gubernamental, mientras su inoperancia demostrada, llevó a la ola de violencia criminal a niveles jamás vistos; complicó gravemente la vulnerabilidad humana por su incapacidad de reacción ante la irrupción de desastres naturales en el país. A esto se sumaron graves denuncias de corrupción que involucran al círculo cercano del presidente³ y el descontento general por el mayor deterioro de las condiciones de vida y los servicios públicos.

Lógica oligárquica y autoritaria de gobierno

Los encendidos pronunciamientos del presidente Lasso sobre el carácter democrático de su gestión poco tenían que ver con sus actos, que pisotearon la independencia de funciones del Estado y utilizaron los recursos del gobierno para intervenir de forma abusiva y autoritaria en todas las instituciones públicas, tales como la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y aún en la Fiscalía.

Con la Corte Constitucional que resultó de destituciones inconstitucionales e ilegales y de un proceso fraguado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, Lasso mantuvo a la mayoría de magistrados como aliados, y gracias a ello, entre otras actuaciones, consiguió que se apruebe el dictamen de constitucionalidad del cuestionario de la Consulta Popular de febrero de 2023, pese a que algunos de los temas eran motivo de reforma y no de enmienda constitucional. Sin embargo, con el descalabro del régimen y la pérdida de autoridad del presidente, la Corte Constitucional dio en marzo el dictamen de admisibilidad para el juicio político al presidente, aunque rechazando dos acusaciones de concusión y sin absolver una cuestión primordial: la relacionada con la aplicación del mecanismo de “muerte cruzada” por parte del presidente de la República (Art.148) mientras se tramita la solicitud de juicio político.

Gobierno corrupto y juicio político

El enjuiciamiento político contra el presidente Guillermo Lasso por peculado se logró tras la aprobación por 104 votos del informe de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional para investigar la denuncia sobre el caso denominado Gran Padrino, en el cual se concluyó que existen sospechas de responsabilidad política del mandatario en delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. La denuncia se fundamenta en informes de Contraloría, en el informe del ex secretario anticorrupción Luis Verdesoto y en el informe de Inteligencia León de Troya sobre hechos que muestran la penetración de organizaciones criminales en el Estado, entre otros.

Sin embargo, en la solicitud de juicio político propuesta por los asambleístas, demandaron políticamente sólo por dos delitos de concusión y uno de peculado. La Corte Constitucional había descartado las dos acusaciones de concusión, pero aceptó la de peculado en el contrato entre FLOPEC (Flota Petrolera Ecuatoriana) y Amazonas Tankers. En el transcurso del juicio político, los proponentes señalaron la responsabilidad del presidente, pues, a pesar de tener conocimiento de un contrato lesivo para los intereses estatales, permitió que este se mantenga, beneficiando a un tercero (Amazonas Tankers) y mantuvo al gerente de las Empresas Públicas (EMCO), incumpliendo los requisitos de experiencia y conocimiento requeridos por la Ley de Empresas Públicas.

Frente al juicio político, el régimen desplegó una campaña publicitaria apoyada por un sector de los grandes medios de comunicación y, sobre todo, una sistemática operación de acercamiento a los legisladores “para entregarles argumentos” que puedan torcer las voluntades. Quedaron así en evidencia ofrecimientos por parte del régimen y pedidos de legisladores para no sumar los votos para el juicio, que requería 92 de los 137 asambleístas, para censurar y destituir al presidente de la República.

La posibilidad de la destitución en el juicio político reactivó la amenaza presidencial de recurrir a la “muerte cruzada” para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones, gobernando con decretos ley mientras éstas se realizan.

El proceso

Repasemos. El enjuiciamiento político fue la culminación de un proceso de investigación iniciado en enero por la Asamblea Nacional, a partir de varias denuncias de corrupción en las empresas públicas del Estado, difundidas en el portal digital La Posta, que involucran al entorno familiar y de confianza del presidente Lasso. Posteriormente, La Posta público el Informe de una investigación oficial de inteligencia denominada “León de Troya”, archivada convenientemente, que mostraba la existencia de probables vínculos del cuñado del presidente, Danilo Carrera, y otros operadores políticos, como Rubén Cherres, con la mafia albanesa. Vale indicar que Cherres fue asesinado junto con otras personas de forma cruel y misteriosa, mientras se realizaba el juicio político. La Comisión que investigó estas denuncias recomendó con 104 votos a favor el enjuiciamiento al Presidente de la República.

La solicitud de enjuiciamiento político se presentó con 56 firmas ante el Consejo Administrativo de la Legislatura, siendo aceptada por dicho organismo y remitida a la Corte Constitucional, la que mediante dictamen del 29 de marzo, admitió la solicitud de enjuiciamiento por la causal segunda del artículo 129 de la Constitución, esto es por la responsabilidad política en delitos contra la administración pública, concretamente por el delito de peculado, aunque como hemos remarcado, rechazó dos acusaciones de concusión, pese a que existían grabaciones que involucraban a “Danilo” y su influencia para la colocación de personas claves en el entramado de corrupción.

Desde comienzos de abril hasta inicios de mayo, se efectuó el proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta oficialista Fernando Villavicencio, garantizando el derecho a la plena defensa del mandatario a través de sus abogados e incluso impidiendo la aprobación de un informe que recomiende el juicio, a pesar que, la mayoría de congresistas de dicha comisión estaban a favor del enjuiciamiento al presidente Lasso.

El Pleno de la Asamblea reunido el 9 de mayo, con 88 votos, resolvió continuar con el juicio político, lo que obligó a que el presidente concurra a la Asamblea el 16 de mayo e intervenga por 50 minutos, aunque podía hacerlo tres horas. De la misma forma, no utilizó su derecho a la contrarréplica, a pesar de que los interpelantes Viviana Veloz (Revolución Ciudadana) y Esteban Torres (del Partido Social Cristiano) mostraron pruebas sobre el conocimiento de un contrato inconveniente para el Estado por parte del presidente sin que este hiciera nada para evitarlo, beneficiando a la empresa Amazonas Tanker.

Muerte cruzada: escape por la puerta trasera

El 17 de mayo pasado, abusando de la prerrogativa prevista en el artículo 148 de la Constitución del Ecuador, el presidente Guillermo Lasso promulgó el Decreto 741, mediante el cual disolvió la Asamblea Nacional.

La posibilidad de cerrar la Asamblea Nacional (Art. 148), así como la de destituir al presidente por parte del parlamento (Art. 130), constan en la Constitución de la República, y la consecuencia en ambos casos es la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en los 7 días subsiguientes y que deberá realizarse en máximo 90 días; aunque la permanencia durante el periodo de transición depende de quien active primero el mecanismo, si es la Asamblea Nacional quien destituye al presidente, esta posesionará al vicepresidente y seguirá sesionando hasta la realización de nuevas elecciones, pero si la decisión es tomada por el primer mandatario a través de decreto, la Asamblea se disuelve y se mantendrá el presidente gobernando, incluso mediante decretos ley de urgencia económica que requerirán de dictámenes previos de la Corte Constitucional.

La “muerte cruzada” es un mecanismo de contención constitucional, pero requiere de causales. En caso de aplicación por parte del presidente, las causales son: arrogación de funciones constitucionales por parte de la Asamblea Nacional que no le competan, previo dictamen de la Corte Constitucional; si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta última ha sido la empleada por el presidente Guillermo Lasso, pese a que no existía movilización ni enfrentamiento social. La Corte Constitucional, por su parte, negó la admisión de las varias demandas que se presentaron contra el decreto 741 por parte del presidente de la Asamblea Nacional y varias fuerzas políticas opositoras, con la excepción de la Revolución Ciudadana, que si bien reconoció la ilegalidad del decreto, también ratificó, como lo había manifestado en varias ocasiones, que era una oportunidad para que el pueblo resuelva democráticamente la pugna política. Al inadmitir las demandas, se perdió la oportunidad de desarrollar esta institución e impedir que sea utilizada como mecanismo para evitar procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional al presidente. Así, la decisión de usar la “muerte cruzada” fue una antidemocrática escapatoria jurídica del gobernante para evitar su censura y destitución por parte de la Asamblea Nacional, que necesitaba de las 2/3 partes de sus integrantes, es decir 92 votos.

Epílogo

La decisión del presidente Lasso se produce en un momento de absoluta debilidad y orfandad política debido a su subordinación al Fondo Monetario Internacional, además de su extrema incompetencia, indolencia y pérdida de autoridad que le impedirán en la práctica, ejercer las tareas de gobierno.

La disputa política activada con la “muerte cruzada”, abre un escenario de virulenta confrontación electoral en el que los sectores gubernamentales, sus aliados políticos y los grupos fácticos como la banca y las corporaciones mediáticas, podrían utilizar todos los medios, legítimos e ilegítimos, como la persecución política y judicial o la utilización de recursos públicos con fines de publicidad política para evitar la inminente victoria del sector progresista, liderado por Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, que tendría una intención de voto superior al 40%, como han señalado varias encuestadoras en medio de un apretado calendario electoral y un profundo deterioro de las condiciones de seguridad, de las instituciones y de la propia democracia.