El neoliberalismo no afecta únicamente cuestiones materiales de nuestras interacciones, como las persistentes asimetrías sociales que van naturalizándose en el país.¹ Su impacto alcanza también a las condiciones generales para su propia reproducción. El peso gravitante del sistema de precios en la organización de la existencia social, radica menos en la sustitución de la sociedad por el mercado que en la capacidad de una lógica económica específica para redefinir el sentido común. Esto implica otra orientación en el modo de proceder, acorde con dichos preceptos. En el Perú, la resemantización de la democracia burguesa, quizá resulte ilustrativa para aprehender la dinámica de ese desplazamiento.

En menos de tres décadas, la democracia liberal dejó de entenderse como un espacio para la construcción de un referente colectivo, siempre en disputa (Adrianzén, 1992). En su lugar, ésta ha sido acotada a un acceso al poder por medio de un proceso electoral. El problema no descansa en los fueros de la ciencia o en la polarización entre un enfoque institucionalista y otro histórico-estructural. Lo concreto es que la gente se ha apropiado a secas de una concepción procedimental de la democracia, semejante a la dinámica del mercado, donde diversos actores producen discursos políticos que circulan para el consumo de la población votante. De ahí que su participación y valoración se sustente por esos criterios.

Esta inflexión proviene del campo del derecho, apoyada en el análisis económico.² Aunque poco atendida en la investigación, esa disciplina ha contribuido de manera significativa en la continuidad del neoliberalismo. Si el sistema de precios recopila información precisa a través de las transacciones individuales, entonces la teoría jurídica asume que la fluctuación irrestricta de ideas en el sistema electoral replica esa virtud del mercado para una mejor toma de decisiones. Cualquier diferencia sustantiva entre ideas y bienes se desvanece hasta desaparecer, siempre y cuando la vinculación de aquellas carezca de algún impulso hacia la acción colectiva.

De ese modo, las elecciones se convierten en oportunidades para el consumo. Valores mercantiles como la competencia, el riesgo, la eficiencia y la eficacia se traslapan con otros de tipo democrático. En la coyuntura actuante, el alicaído adelanto de elecciones recoge mucho de esta interpretación. En contra de la voluntad del congreso y la clase política, la propuesta desliza la idea de un traspié en el sufragio, un problema de mala elección, cual mercancía defectuosa que solo requiere de un reemplazo por otra pieza con mejores cualidades. A primera vista, la solución es el recambio, seguido de algunos ajustes procedimentales, exceptuando la tentativa del retorno a la bicameralidad que sí toca carne.

En ese instante surge la pregunta sobre si el adelanto de elecciones busca una salida a la crisis política o una evasión a un tentativo proceso constituyente. A pesar de contar a su favor con los medios de comunicación, los recursos monetarios y el aparato político para rodar una campaña consensuada, llama la atención que la derecha siga renuente a un referéndum. ¿A qué temen, si exhiben una fe inconmensurable en los logros del capítulo económico de la constitución de 1993? Incluso en el supuesto que pierdan, ellos cuentan con la pericia para palanquear la toma de decisión al interior del aparato público. Aquí, el resquemor no responde al miedo a la derrota, sino que devela su repudio al componente deliberativo.

Como ha señalado Weber (1996), la acción económica racional cobija dos tipos de racionalidad que expresan una tensión entre el cálculo instrumental y el valor humano. Por un lado, la racionalidad sustantiva parte de la pregunta por los fines que delinean un horizonte normativo. La otra, la racionalidad formal, designa los procedimientos y métodos para lograr los objetivos trazados por la anterior. En el neoliberalismo, el desvanecimiento del componente deliberativo implica que lo sustantivo ya está dado por un orden social que el mercado ha creado de alguna extraña forma espontánea. En esta visión, la sociedad nunca discute ni los fines, ni la dirección tomada, sólo requiere de alguien que custodie y gestione lo existente.

Pero cualquier modificación en el sentido común va en correspondencia con cambios en el conjunto de la sociedad y en cada uno de sus elementos constitutivos. De ahí que importe detenerse en el fenómeno migratorio, ocurrido desde la década del cincuenta hasta el noventa, cuando concurre con las reformas neoliberales. Al respecto, Franco (1991) presenta la tríada acto-proceso-experiencia. La primera noción designaría la movilidad colectiva sobre un territorio. No obstante, el desplazamiento se inscribe también como un acontecimiento de carácter colectivo e histórico, en el que sus protagonistas van procesando de manera individual un conjunto de vivencias. Entre otras experiencias, Franco destaca la liberación de una subjetividad tradicional, asociada con el régimen oligárquico.

En esa ruptura raigal va prefigurándose otra sociedad, una nueva, aunque todavía contenida en la anterior. Lo singular —nos dice Franco—, radica en el hecho de que el tránsito no fluctúa de lo tradicional hacia lo moderno, sino por intermedio de éste último. Una variedad de instituciones económico-productivas, urbano-vecinales y socio-culturales tejen una relación conflictiva con la oficialidad, ensanchando los márgenes de la misma para facultar la incorporación de estos sectores sociales. Así pues, la cultura del mundo rural pierde centralidad en la sociabilidad, convertida en un elemento en coexistencia con lo urbano-occidental, lo criollo-oligárquico y lo andino.

En retrospectiva, la migración trajo una reconfiguración de la vida social peruana que desencadenó una especie de brecha generacional entre los partidos y los diversos grupos sociales. El debate sobre lo popular, ante el declive del papel político del proletario, ilustra los esfuerzos de la izquierda por sortear las dificultades de una mediación con las mayorías. La otra cara de la moneda es la derrota del Frente Democrático (FREDEMO) en las elecciones del noventa. Si bien el Movimiento Libertad encontró una vía de posicionamiento ante las transformaciones en curso con el discurso de la informalidad, la coalición con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano cerró el espacio para la representación del sujeto emergente (Ghersi, 1991).

Copada por la derecha, que tras el régimen de Morales Bermúdez tentó la restauración del poder oligárquico, la campaña electoral se asoció a la cultura de los partidos tradicionales.³ La apuesta del Movimiento Libertad terminó socavada por los cambios descritos. Más allá de la fatídica publicidad del mono con sus excretas, dos imágenes coinciden sin lograr unicidad en las siguientes pautas. De una parte, la crítica a la clase política y su mundo burocrático en “La mecedora”; de otra, la recurrencia en su otra propaganda a paisajes bucólicos e históricos —en pocos años traducidos en atractivos turísticos—, así como la referencias al obrero industrial que iba perdiendo presencia en la sociedad peruana.

La imposibilidad de lo nuevo para desprenderse de lo viejo encontrará otro curso con la instauración del neoliberalismo. La incapacidad de los partidos para procesar la tendencia descrita incrementa la atomización que impide a la política la formación de un referente colectivo. Este impase deriva en el estilo político como medio para construir una relación efímera con la población, ante la dificultad de las organizaciones políticas para representar de manera efectiva a los diversos grupos sociales. De igual forma, éste suple la necesidad de aprehender la realidad por un relato que organiza una lectura legítima del mundo. En ese sentido, el neoliberalismo no resuelve el problema, sólo lo suspende en una especie de limbo.

La ausencia de una propuesta programática e ideológica va gestando el agrietamiento de la democracia liberal, cada vez con mayor profundidad. La salida electoral produce un desfase entre las expectativas de la población puestas en ésta y las condiciones objetivas para un cambio de curso. Poco a poco, la resistencia cede paso a una reticencia a lo político. Este repliegue, que no es otra cosa que una tendencia a la despolitización, beneficia el acaparamiento de todo lo de interés público por parte del mercado. Sin recurrir a una imposición vertical, el dominio se ejerce por medio de entramados horizontales. Una cuestión a retomar más adelante.