El intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, triste y mala imitación del de Alberto Fujimori en 1992, desnudó el deterioro total de la democracia en el país. Su vaciamiento de contenido de larga data, el imperio del patrimonialismo y el clientelismo en la política —a los que no fue ajeno el ex mandatario—, la ampliación de desigualdades y exclusiones tan antiguas como nuestra historia republicana, así como la multiplicación de la corrupción, terminaron por erosionar el régimen político, aumentando exponencialmente los distintos malestares de nuestra sociedad, acicateados por la pandemia del COVID 19.

Largos años después de la transición democrática y del ciclo de alto crecimiento económico, constatamos el desplome de nuestro Estado, débil y precario, mientras vivimos los costos de la informalidad. Asistimos, una vez más, a la incapacidad de la clase política, descubriendo cómo en una sociedad marcada por la pérdida de sus formas sociales y de la cohesión básica, las/los individuos enfrentan, en las distintas relaciones que sostienen —formales, informales o ilegales—, juegos constantes entre grandes desigualdades de poder, sin encontrar la fuerza política o la capacidad de agencia en la sociedad para establecer un curso compartido. La crisis de nuestra democracia está en relación directa con la crisis general de nuestro Estado. Pero también con los grandes problemas de una sociedad con importantes niveles de desigualdad, fragmentación y dispersión.

La crisis que hoy tenemos frente a nuestros ojos es aquella del ciclo presuntamente democrático del régimen neoliberal. Si el 2020 la movilización de la gente frenó el intento “restaurador” de los noventa, encabezado por Manuel Merino, hoy, enfrentamos uno nuevo, en el que convergen factores diversos y complementarios, que movilizan “tiempos” distintos. Los inmediatos son los de la coyuntura, que tienen entre sus principales canales a la calle y el espacio público. Los segundos corresponden a la larga duración, histórica y estructural, alimentados por décadas de desigualdad, exclusión, discriminación y olvido del mundo rural, de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, los más empobrecidos del país que salen masivamente ahora a protestar y encuentran en las calles el espacio de reivindicación de su identidad y dignidad, de sus derechos individuales y colectivos. Los terceros, no menos importantes, resultan de la temporalidad del modelo de crecimiento, el neoliberalismo con elevada informalidad y escasa solidaridad orgánica.

Como precisara exactamente Durand,¹ nuestra sociedad se descompuso en tres subsistemas: uno minoritario de la formalidad, el segundo, mayoritario, de la informalidad, y el tercero, el de la economía ilegal, cada uno con sus normas y redes, sus burguesías y estructuras de poder, pero interconectados y accediendo a cuotas en el mundo formal en los distintos niveles de gobierno y los varios poderes.

El resultado del golpe fallido, aprovechado de manera inmediata por el Congreso, que veía diluirse su tercer intento de vacancia, instaló en el gobierno a Dina Boluarte, que desde su juramentación, ignoró el carácter de transición de su gobierno y el deseo mayoritario de la ciudadanía para que el Congreso también se vaya. Con su discurso inicial para satisfacer al parlamento y a la élite limeña y la composición de su primer gabinete, encabezado por un premier derechista, alimentó la explosión social.²

El estallido social: las dos primeras olas de movilización

Las protestas estallaron el mismo 7 de diciembre como reacción a la indiscutible alianza entre Dina Boluarte —en condición de personaje menor—, las derechas políticas, el Congreso, la élite empresarial, la mayoría de medios de comunicación limeños y las fuerzas armadas. Este primer momento registra actores y repertorios claramente diferenciados, en respuesta frente a la barbarie de la represión, así como al discurso y narrativa confrontacional del poder.

Las primeras movilizaciones tuvieron un acento significativamente identitario y de defensa del sentido del voto, ninguneado por el Congreso de la República y la derecha extrema. La salida de Castillo fue interpretada por su electorado como el desconocimiento de su voto y de la voluntad de las mayorías. Ilave y Azángaro antes que Puno o Juliaca, y Espinar antes que Cusco, el movimiento empezó en las provincias antes que en las capitales regionales; en los primeros días se generalizaron en algunas regiones del país —Apurímac, Ayacucho, Puno, Arequipa, Huancavelica y Junín— con concentraciones y bloqueos de carreteras, especialmente en la Panamericana Sur. Se trataba de organizaciones territoriales locales, principalmente rurales, campesinas e indígenas, acompañadas por asociaciones barriales y juntas de regantes. Apoyándolos, aunque más bien discursivamente, algunas articulaciones nacionales como la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú, la Central Única de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú y la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú.³

El segundo momento llegó pronto. Con las matanzas en Apurímac y Ayacucho se sumaron otros sectores, varios de ellos críticos de Castillo, en protesta contra la represión y sumándose a la demanda de adelanto de elecciones por la nula legitimidad de un Ejecutivo que, acompañado por la frivolidad del Congreso y el silencio del Ministerio Público, hizo de la muerte y el cinismo su carta de presentación.

Las protestas se dieron en 22 regiones del país y, como suele ocurrir, la respuesta del gobierno fortaleció a los liderazgos más radicales en los distintos territorios. La violencia estuvo presente y no tuvo un solo origen. Muchas veces reactiva a la acción de las fuerzas del orden, aunque marginal, también hubo violencia organizada. Así, mientras los mineros informales de Chala atentaron contra locales judiciales donde se ventilan largos conflictos entre ellos, un sector de los mineros movilizados en Madre de Dios lo hacía por su legalización. Delincuentes comunes y extorsionadores aprovecharon, como ocurre siempre, el espacio de las protestas y minúsculos remanentes del pasado también estuvieron activos.⁴ La represión al intento de toma del aeropuerto Andahuaylas dejó siete muertos, incluyendo dos menores de edad. Que varios de los sucesos más violentos y la represión más brutal y sin sentido se produjeran en Ayacucho, es parte de la tragedia nacional. Nuestra historia acredita que toda muerte indigna es germen de hostilidad y resentimiento de larga duración.

El estallido evidenciaba pues territorios y rostros; el sur, en especial el andino, concentró las protestas más visibles.⁵ En ese contexto, la designación de Alberto Otárola como nuevo premier y el nombramiento de un jefe de la DINI con historial montesinista —corregida luego por la presión mediática y porque el Ejecutivo necesitaba “aire”—, ratificaron la entente Boluarte-Congreso-Fuerzas Armadas, donde la primera aparecía cada vez más claramente como una inquilina precaria, operando como inevitable combustible.

La tercera y cuarta olas de movilización y protesta

En el interregno, las protestas entraron en receso la segunda quincena de diciembre. La disputa de las narrativas extremas se instaló entonces. La derecha, con su discurso tradicional: denunciar conspiración e injerencia extranjera (Evo Morales, los ponchos rojos, las balas dum dum), alertar sobre terroristas y enemigos internos que azuzan (senderistas, movadefistas, mineros ilegales) y subrayar la ingenuidad e ignorancia de las mayorías movilizadas, en un libreto viejo para enmascarar la represión. Desde las izquierdas los énfasis iban desde la expectativa por un movimiento que se leía como antineoliberal y democratizador hasta el nacimiento de uno que podría ser pluricultural, en todos los casos con la idea de estar en un momento constituyente.⁶

Las movilizaciones de enero marcaron un nuevo momento. La masacre de Juliaca, representó un punto de quiebre que devino pronto en la marcha a Lima y su denominada “toma”. La torpe y abusiva intervención de la Universidad de San Marcos y las movilizaciones que le siguieron, evidenciaron el talante brutal del gobierno. En ese escenario, se involucraron distintos grupos que hasta entonces se habían mantenido al margen, en la protesta: redes de estudiantes y organizaciones universitarias salieron a las calles, mientras miles de manifestantes de provincias, especialmente del sur, llegaron a la capital y se movilizaron durante varias semanas.

Como resultado, se afirmaron las demandas por la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones generales para el 2023 y la consulta constituyente. Aunque las protestas parecieron debilitarse desde fines de febrero, en realidad continuaron, fuertemente territorializadas en Puno, las provincias altas de Cusco, Apurímac y en menor medida Madre de Dios, advirtiéndose la eventualidad de nuevas olas en otros espacios del país como Cajamarca y parte del Norte, mientras en Lima, los miedos y desvaríos del alcalde metropolitano y sus pares de Miraflores y San Isidro, los llevaron a prohibir y reprimir concentraciones y protestas en sus respectivas jurisdicciones.

Así las cosas, a lo largo de marzo llegaron a Lima algunas delegaciones, particularmente del sur del país, buscando, sin éxito, la continuidad de la protesta en la capital. Con las economías severamente afectadas —las de los territorios movilizados y ciertamente las de los protestantes— y el miedo generado por la represión, la muerte y la persecución, las movilizaciones entraron en un comprensible receso, en busca de formas de articulación. Es probable que tras el 19 de julio se mantengan con altas y bajas, hasta que aparezca alguna válvula de escape donde eventualmente coincidan con los malestares sociales que se derivan de la incapacidad de gestión del gobierno, como lo demuestra su pésimo manejo de los desastres naturales o del dengue, por citar apenas un par.

Algunas constataciones para tratar de entender

Estamos sin duda frente a un estallido social lleno de elementos nuevos que, guardando similitud con el ciclo largo de organización y protestas de los setenta del siglo pasado, así como con las movilizaciones de los Cuatro Suyos y la explosión del 2020, es distinta de ellas por múltiples razones. De acuerdo a la información de la Defensoría del Pueblo, entre diciembre de 2022 y mayo de este año se produjeron 3,369 acciones colectivas de movilización y protesta, en un escenario de alta conflictividad social en el que mensualmente no se dieron menos de 218 conflictos. Por primera vez en décadas las protestas políticas son largamente mayores que las sociales. La demanda de la Asamblea Constituyente, más allá de si estamos en un momento constituyente o destituyente, es la demanda simbólica de un nuevo acuerdo social para darle sentido y legitimidad a la democracia. Las consignas que finalmente se han afirmado —renuncia de Boluarte, adelanto general de elecciones y consulta sobre Asamblea Constituyente— además de la clara exigencia de inclusión, tienen un innegable contenido institucional.

El estallido, más allá de su innegable importancia y su altísimo costo —67 muertos, 1956 heridos y centenares de procesados y perseguidos—, no esconde la gran fragmentación de nuestra sociedad y su dificultad para articular intereses. No existen organizaciones y movimientos sociales capaces de agregarse, como ocurría en los setenta; tampoco partidos ni políticos con liderazgo para sumar intereses y dirigir, como ocurrió en la Marcha de los Cuatro Suyos. Finalmente, entre la heterogeneidad de actores destacan aquellos rurales, comuneros, campesinos e indígenas, que son los significativamente movilizados hoy, distantes de las juventudes urbanas, especialmente de las limeñas, y de las formas de convocatoria, movilización y acción que viéramos el 2020.⁷

En esta heterogeneidad de participantes no parece clara la formación de una mayoría ni la articulación de una plataforma con capacidad de agencia. Las distancias entre organizaciones nacionales como la CGTP y los actores territoriales locales y regionales, a pesar de los esfuerzos de las partes, se mantienen. Como ha ocurrido con el Encuentro de Líderes de las Regiones Macro Sur, donde quienes se reunieron en Chincheros el 20 de mayo, desconocen a quienes lo hicieron en Quillabamba, la dificultad para articular los distintos espacios de coordinación territorial termina por debilitar a todos. La “competencia” entre espacios que se pretenden articuladores, como la Asamblea Nacional de los Pueblos y el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú es parte de este problema.

No hay que soslayar la grosera desconexión de la realidad por parte de congresistas y políticos, así como el peso creciente de las derechas extremas y autoritarias en el país. Además, constatar que la muerte y la represión más violenta se concentran en los territorios comuneros e indígenas, además del discurso y la narrativa racista y clasista de los medios, que invisibiliza o criminaliza a quienes protestan, ahonda los mortales desencuentros que han caracterizado nuestra historia.

Más allá del desenlace de esta explosión, hay algunos elementos que debemos tener presentes: (i) la convergencia ineludible de tres “tiempos”, a los que hay que responder en forma política; (ii) el crecimiento de una derecha extrema, antidemocrática, autoritaria y conservadora, con tonos claramente populistas, que disputa con éxito relativo el sentido común de varios sectores populares;⁸ (iii) unas izquierdas en dificultades, que estarán condenadas a la marginalidad si no recuperan su relación con la sociedad y combinan su lucha por la democracia y los derechos con la confrontación de la desigualdad y la discriminación; (iv) una distancia creciente entre lo urbano y lo rural, entre una parte de Lima y sectores de la costa, y el interior del país andino y amazónico, impidiendo la construcción del Estado Nación; (v) una conflictividad social que seguirá oscilante, con alzas y bajas, fuertemente territorializada y fragmentada, claramente política, en el sentido ciudadano del término.

Footnotes

1. Durand, F. (2007): El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima. ↩

2. Revista Comunes, Comité Editorial (2023): Entre la construcción de una transición democrática y la caída acelerada al autoritarismo. En: Revista Comunes, primera edición, Lima, febrero. ↩

3. Defensoría del Pueblo (2022): Reporte de Conflictos Sociales No 225. Noviembre, Lima. ↩

4. Sobre el particular ver: "Sobre las olas de la explosión social". Desco opina, febrero de 2023. ↩

5. Así, 7 regiones que generan más del 20% del PBI nacional, concentran 43% de la inversión minera y simultáneamente muestran algunas de las brechas sociales más altas del país. 68 distritos de esas regiones (14%) tienen más del 50% de sus habitantes en situación de pobreza y la informalidad supera en tres de ellas el promedio nacional. Apurímac, Puno y Cusco se encuentran entre las más rurales de Perú (60%, 46% y 44% respectivamente), superadas apenas por Huancavelica (77%), concentrando más del 38% de las comunidades campesinas. Si miramos la realidad desde el Índice de Densidad del Estado 2019, cerca de la mitad de las provincias de la Macro Sur están entre las que tienen menor presencia pública, destacando Puno, donde 7 provincias (Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, San Antonio de Putina, Sandia y Lampa) aparecen entre las que ocupan los últimos 25 puestos de las 195 provincias del país. ↩

6. Coronel, O. (2023): Ni revolución ni barbarie: ¿por qué protestan en Perú?, en Nueva Sociedad No.304, Marzo-Abril. ↩

7. Sobre el papel de la juventud el 2020 ver, Martuccelli, D.(2021): La sociedad desformal. El Perú en sus encrucijadas. Edições Plataforma Democrática, Sao Paulo. ↩

8. Ver, Ballón, Eduardo (2023): Notas para una anatomía de la derecha extrema en el Perú, en: Revista Comunes, Cuarta Edición, Lima, abril. Ver también: Las derechas extremas y la pretensión de un fujimorismo 2.0. DESCO Opina, 19 de mayo de 2023. ↩