“Mi cuñada me levantaba cada día gritándome ‘Vago. Anda a buscar trabajo’. Y salía, señito... pero no encontraba. Por eso me vine a Madre de Dios”. Juan trabaja doce horas diarias, seis bajo un sol abrasador, entre 35 y 40 grados, hundido en un lodazal para mantener conectada a tierra la manguera que succiona el lodo que contiene el oro. Las otras seis horas las pasa manejando el motor que activa el proceso. El fin de semana asume el rol de cliente explotador. Con “su plata” compra orgulloso a 20 soles la botella de cerveza y la compañía de la chica más bonita y joven del bar. Juan es uno de los 60 mil hombres que llegaron a Madre de Dios para poner su mano de obra al servicio de la minería ilegal de oro.

El camino de Perla fue distinto. A los 16 años soñaba con salir de Carhuayo, una comunidad quechua donde el ingreso mensual por persona bordea los 120 soles. Cuando su prima le ofreció trabajo por 600 soles para ir a trabajar a Mazuko, en Madre de Dios, como ayudante de cocina, aceptó. Una oferta demasiado buena para ser verdad. Semanas después fue rescatada por la policía cuando salía de un campamento en compañía de un hombre mayor de edad. Su historia es la de muchas. Como ella, se cuentan 5000 mujeres que terminaron trabajando en bares, vendiendo cerveza y ejerciendo la prostitución o siendo víctimas de trata de personas luego de ser engañadas con una falsa oferta de trabajo. Allí, en los bares en los que materializa la trata de personas, continúa la historia de postergación y subordinación de las mujeres captadas.

¿Quiénes son las mujeres explotadas en las actividades extractivas ilegales de Madre de Dios? Son adolescentes o jóvenes que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, de comunidades quechua o amazónicas, víctimas de desigualdad, con familias disfuncionales y sin redes sociales sanas. ¿Quién las llevó? La mayoría han sido captadas por sus compañeras de colegio, sus primas, sus amigas o sus vecinas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 8 de cada 10 víctimas de trata fueron reclutadas mientras buscaban trabajo. En el caso de las víctimas de trata en la ruta de la minería ilegal del oro del sur andino, la causalidad está vinculada a la pobreza extrema, a la desigualdad y a la precarización del mercado laboral de su zona de origen.

¿Qué destino les espera?

La historia de Estrella, sobreviviente de trata de personas que volvió a La Pampa ?zona en la que se concentró la extracción minera ilegal de oro en Madre de Dios? dibuja perfectamente la relación causal existente entre pobreza, mercado precario y vulnerabilidad para ser víctima de trata de personas.

Después de tres años de estancia en el Centro de Acogida Residencial Especializado (CARE), pandemia de por medio, Estrella volvió a Cusco sin empleo, sin ahorros y sin un oficio. Muchos negocios seguían cerrados y encontrar trabajo era un milagro. Luego de un mes sin suerte, consiguió una jornada de 18 horas al día en una pollería. Trabajó una semana a ese ritmo hasta que se enfermó: “El caballero no tenía compasión por mí, me levantaba a las cinco de la mañana. Tenía que levantarme a las cinco para limpiar el local. Me mandaba a dormir a las once de la noche… Sí me daba de comer bien. Quería mi hora libre pero no me daba. A la semana me enfermé. Yo puse todo de mí. No me quiso pagar”.

Estrella sabía perfectamente que la estaban explotando y que podía denunciar al dueño y, con suerte y si no había corrupción, iría preso. Pero salir de la pollería no era opción para ella, porque era regresar a vivir en la calle. No quería pasar otra vez por esa experiencia, pero su cuerpo habló. Se enfermó. Imposibilitada de trabajar con fiebre de 39, perdió el empleo.

No sabríamos de Estrella si no fuese porque luego de la experiencia fallida de trabajo fue testigo del asesinato de su mejor amiga en La Pampa. La entrevisto en el segundo de cuatro escondites en los que estuvo mientras actuaba como testigo durante la investigación preliminar. Estaba asustada pero paralelamente la sentí asertiva. Quería contar su historia: de la pollería se fue directamente a un bar en La Pampa, invitada por Cielo, a quien conoció en el CARE. Cielo, de dieciséis años y madre de una niña de dos, era linda, traviesa, rebelde. En el CARE se habían sentido como hermanas. El plan era trabajar en La Pampa para tener capital y encontrarse con otras dos amigas. Todo era fiesta hasta que asesinaron a Cielo una noche que salieron a divertirse en el bar de moda. De allí todo se volvió una pesadilla. No sabe nada de Marleni, la otra amiga menor de edad que se unió al grupo. Luego de declarar ante la policía y la fiscalía, ella se hizo humo: “No me contesta”. Pero Estrella sí está en contacto con Britni, que como ella era mayor de edad. La tiene preocupada porque se está volviendo alcohólica. Britni tiene diecinueve, está embarazada y tiene problemas: vive con su pareja que le pega. Estudia en la universidad en Cusco. Britni no quiere saber nada con el Estado.

Estrella sí quiere ayuda. Por el momento vive una vida que define como “ambulatoria”. Cambia de lugar de residencia apoyada por la fiscal del caso de Cielo. Estrella quiere encontrar al asesino y cree que si regresa a La Pampa podría obtener pistas, pero la fiscal le ha dicho que es peligroso y le ha pedido que confíe en ella. Estrella cumplió con quedarse hasta cuando se le necesite. Al escribir este artículo logró confirmar que vive lejos de Madre de Dios y de Cusco. Por el momento tiene donde vivir y comida asegurada.

Hipótesis, certezas y propuestas

Aunque parecen historias salidas de una novela, cada detalle pertenece al mundo paralelo, al que se ven arrinconados las víctimas de desigualdad que cruzan la línea de la formalidad y legalidad para sobrevivir. Y, claro, quienes estudiamos y activamos sobre el tema nos cuestionamos nuestro propio trabajo. ¿Para qué sirve? ¿Qué hacemos por las sobrevivientes en el Perú? ¿Cuánto se invierte en ellas? Las respuestas no son contundentes. Algunas están a nivel de hipótesis, otras son aproximaciones, aunque sí tenemos certezas y con ellas propuestas. Nuestro trabajo, incluso este artículo, es parte del esfuerzo por insertar en la agenda pública los derechos de las sobrevivientes de violencia de género, siendo los casos de trata la puerta de entrada para desnudar un sistema de protección que ha colapsado. Una certeza es que los derechos de las sobrevivientes no se circunscriben a castigar a los agresores. Otra certeza es que el enfoque centrado en la víctima debe dar como resultado su empoderamiento como ciudadana y la capacidad de generar ingresos suficientes para una vida digna, convirtiéndose en líderes de sus vidas. Vidas en las que la palabra libertad sea la precursora de su felicidad.

¿Qué hacemos por las sobrevivientes del Perú? Desde el activismo y desde las plataformas a las que pertenecemos tratamos de influir en la mejora de los servicios, investigamos para producir evidencias. Por ejemplo, en el estudio Protegidas o re victimizadas, publicado por Terre des Hommes Suisse en 2016,¹ damos cuenta de la tensión e incluso el antagonismo existentes entre las sobrevivientes de trata y el sistema que debe protegerlas. En este ensayo alertamos sobre las condiciones materiales en los CARE. Podemos decir con cierta paz interior que hoy los CARE tienen condiciones materiales estandarizadas para dar una vida digna a las sobrevivientes durante lo que dure su estadía. Previamente algunos no contaban con agua potable o ni siquiera tenían colchones suficientes para que cada víctima durmiera sola. Las remesas para la compra de alimentos no siempre llegaban a tiempo y el personal debía distraer sus funciones pidiendo donaciones en los mercados para que las víctimas y ellas mismas pudiesen comer. Desde el 2016 en que Indira Huilca presentó el ensayo en el Congreso y apoyó en el cabildeo de las propuestas con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana María Romero hasta el año 2022, los CARE han mejorado la calidad del servicio de cuidado. Se han actualizado protocolos y procedimientos. Durante su gestión en el MIMP, Diana Miloslavich aprobó uno nuevo.

Han llegado varios millones de dólares de la cooperación internacional. Y aunque el Estado ha disminuido sistemáticamente su presupuesto en la lucha contra la trata, la inversión en los CARE ha crecido en 89% entre el 2020 y 2022, pasando de 13 millones 950 mil soles a casi 44 millones 610 mil soles. Sin embargo, las historias post rescate de estas sobrevivientes nos interpelan, pues el mayor presupuesto, el mayor número de horas de capacitación de la historia, los nuevos protocolos, los nuevos enfoques, no han sido suficiente para garantizar que las sobrevivientes reconstruyan su vida resignificándose como ciudadanas empoderadas.

Estrella, con una resiliencia admirable, quiere ayuda y ha decidido cambiar radicalmente su vida. Pero Britni es víctima de violencia doméstica, está camino al alcoholismo y no quiere ayuda del Estado. Marleni, no quiere ser ubicada y tampoco quiere la ayuda del Estado, ni colaborar como testigo para investigar la muerte de Cielo. Cielo murió asesinada. En su caso, una interrogante lastima las relaciones entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer en Madre de Dios: ¿por qué el sistema de protección entregó a Celeste a su madre si ella fue quien la introdujo al mundo de los bares? Si asumimos que un modelo de atención se debe validar con el destino final que tengan sus beneficiarias, diremos que el sistema ha colapsado. Este modelo peruano de atención residencial no pasa el proceso de validación. Más bien se cae como un castillo de naipes destruido por un huracán, no solo porque el gigantesco esfuerzo que se realiza no tiene el impacto deseado, sino porque tampoco produce el resultado esperado: continúan las fugas, los motines, las autolesiones, así como el retorno de las sobrevivientes protegidas a los lugares de explotación.

Las interrogantes se multiplican. ¿De qué manera se garantiza que las sobrevivientes tengan las habilidades y recursos para generar ingresos al egresar del CARE? ¿Qué le dicen a las autoridades estas historias? ¿Las evalúan? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Qué criterios sigue el MIMP para decidir el egreso de las sobrevivientes? ¿Cuentan con criterios especiales para evaluar la pertinencia de retornar a las sobrevivientes a sus familias si, como es el caso, viven en un territorio signado por las economías ilegales extractivas y por mandatos de masculinidad en los que la violencia hacia la niñez y hacia la mujer están normalizados?

Una reciente investigación del Consorcio de Investigación Económica y Social sobre las representaciones sociales que tienen sobrevivientes y funcionarios sobre el delito de la trata y sobre los CARE, señala que el sistema de protección no sólo no las empodera económicamente, sino que “le trasladan parcialmente la responsabilidad del delito a la sobreviviente y a sus familias, culpando a las primeras por su conducta y a las segundas por su negligencia en el cuidado. Se individualiza las responsabilidades y se despolitiza el tema, liberando al Estado de su responsabilidad por generar condiciones propiciadoras para la trata de personas”.²

Esta misma investigación, al igual que un estudio realizado por la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas (OIM), señalan que las sobrevivientes se rebelan contra la subordinación a la que son sometidas durante su residencia en los CARE. Como hemos señalado anteriormente las sobrevivientes se fugan, se amotinan, se autolesionan. Ellas tienen una relación ambivalente con el sistema. Lo odian, pero también sienten gratitud.

Tenemos el desafío histórico de sincerar esta situación, de aliarnos y trabajar interinstitucionalmente para evitar que las sobrevivientes sean vendidas nuevamente junto a una botella de cerveza, evitando que sus cuerpos se conviertan una y otra vez en territorio subordinado al dinero, al poder y al deseo de los clientes explotadores. Tenemos el desafío histórico de darle enfoque de derechos humanos y de género al rescate y la reintegración conforme a lo anunciado en la Política Nacional Frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación. Tenemos el desafío de darle contenido al enfoque centrado en la víctima, siendo esencial escucharlas. En suma, tenemos el desafío de lograr que el rescate deje de ser el inicio de un nuevo ciclo de revictimización.