Un año más gobernados por el FMI

Al cumplirse el quinto año de aplicación de políticas macroeconómicas fondomonetaristas, el gobierno de Guillermo Lasso se evidencia como la continuidad de propósitos del régimen del expresidente Moreno. Se trata de llevar adelante una estrategia “destituyente” y de arremetida contra el modelo garantista de derechos y de economía social y solidaria instaurado en la década 2007-2017 a través del proceso de “revolución constituyente” que implementó el correísmo.

El presidente Lasso gobierna subordinado al Fondo Monetario Internacional —que funge como tutor de la economía nacional— y en defensa de los intereses de la oligarquía bancaria, las élites empresariales nacionales y extranjeras y los intereses geopolíticos del gobierno de EEUU. Desde su perspectiva neoliberal la agenda macroeconómica y política gubernamental, se ha concentrado en reducir el gasto estatal (“poner la casa en orden” en palabras del Presidente), garantizar el pago de la deuda externa, mejorar la rentabilidad financiera y empresarial, facilitar la libre transferencia de capitales al exterior, disminuir el riesgo país, mejorar estímulos y buscar acuerdos comerciales para favorecer la inversión extranjera y preparar condiciones para la concesión (privatización) de las empresas y servicios públicos.

El continuismo económico de Lasso y Moreno, dirigido desde el Ministerio de Finanzas por Simón Cueva (exfuncionario del FMI), ratificó todos los compromisos del Programa suscrito en 2021 con el FMI y en consecuencia prolongó las más nefastas y regresivas políticas y acciones aplicadas por el régimen anterior en perjuicio de los ecuatorianos, tales como la agresiva reducción del Presupuesto General del Estado (PGE) con el compromiso de reducirlo en 5000 millones más hasta 2025, el incremento del precio de los combustibles, el intencional desmantelamiento de las empresas y servicios públicos —incluido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social— para facilitar su privatización, la ilegal aprobación e implementación de una reforma tributaria regresiva, la eliminación de las políticas de fomento agropecuario y soberanía alimentaria, el impulso de una reforma laboral anti derechos de los trabajadores y la promoción indiscriminada de acuerdos de libre comercio en detrimento de la producción nacional, entre las principales.

Avance de la agenda neoliberal y oligárquica

Desde su perspectiva neoliberal, el gobierno hace alarde de contar con casi 9000 millones en reservas internacionales, mientras la nación está inmersa en una catástrofe de los servicios de salud y educación públicos y la inseguridad se incrementa a niveles nunca antes vistos. Pese a que el gobierno fue “autorizado” para ampliar el techo de inversión pública, el resultado de la ejecución en el primer trimestre apenas fue del 7% del monto programado, producto de su incapacidad (68 millones de 1800).

A pesar de que el régimen cuenta con nuevos e importantes recursos provenientes del incremento del precio del petróleo —estimados en más de 4.000 millones— y con más ingresos, derivados de una reforma tributaria regresiva y aprobada de manera ilegal —que le proporcionarán más de 1900 millones en los años 2022 y 2023—, los graves problemas estructurales heredados del Gobierno de Lenín Moreno permanecen sin solución y han ido agravándose. Con la aplicación de estas políticas, la percepción ciudadana de haber sido engañados en sus expectativas de mejora de la situación nacional se refleja en varias encuestas que señalan que apenas 2,8 de cada 10 entrevistados califican como positiva la gestión gubernamental y, según la encuestadora Perfiles de Opinión (julio 2022), sólo el 21% cree en la palabra del Presidente.

Los problemas heredados de la gestión anterior se han agudizado. En materia de reactivación productiva, el crecimiento de rebote post pandemia 2021 del 4,2% del PIB fue uno de los más bajos de América Latina (después de que el año 2020 se produjo una caída histórica del 8% del PIB). Mientras el subempleo se mantiene por encima del 62%, el empleo adecuado cubre sólo al 28% de la PEA y se agudiza la desatención de los sectores rurales donde se concentra la pobreza. Igualmente, la inseguridad ha llegado a niveles históricos con cifras escalofriantes de 293 personas encarceladas asesinadas en las prisiones durante el año 2022 y una tasa de 17 muertes violentas por cada cien mil habitantes en la ciudad de Guayaquil, similar a la del Estado de Sinaloa (México).

El Presidente ha preferido ignorar los clamores de la ciudadanía y refugiarse en el amparo que le otorgan los acuerdos con el FMI, en el respaldo de los medios de comunicación corporativos y de las Cámaras de la producción, así como también en la promesa de apoyo estadounidense a través de una oprobiosa propuesta de Ley (Ley DAV 22083) que pretende convertir a Ecuador en una especie de “estado tutelado”, para enfrentar la influencia de China, privatizar las áreas estratégicas y ser supervisados por el Secretario de Estado y la USAID. Dicho proyecto buscaría, en el año del bicentenario de la independencia, convertir a Ecuador en la nueva cabeza de playa dentro del ajedrez geopolítico de EEUU para América Latina.

Gobierno oligárquico, autoritario y opaco

En el gobierno paulatinamente se ha venido instaurando una lógica oligárquica-autoritaria, que se ha distanciado de los principios democráticos y de su propuesta electoral del diálogo y el “encuentro” y, por el contrario, ha concentrando la política gubernamental en función de una agenda que sirve a minúsculos intereses, para lo cual ha cooptado y subordinado de forma arbitraria las otras funciones del Estado, acudiendo a la represión contra la protesta social, la persecución de los movimientos sociales, y la amenaza y descalificación de los sectores políticos de oposición, contando además en esta tarea, con el alineamiento incondicional de los medios de comunicación corporativos y el disciplinado protagonismo de líderes de opinión empresariales y de sectores conservadores.

Aunque para el enmascaramiento electoral de su relato “pro encuentro” el Presidente hizo gala de gran apertura para ser apoyado por sectores de la izquierda tradicional, el movimiento indígena, así como sectores ambientalistas y feministas, —unificados por su anticorreismo—, después de catorce meses de gobierno el presidente Lasso se ha enfrentado con todos ellos y aparece cada vez más sólo y distante de sus aliados electorales, como el Partido Social Cristiano (derecha).

Al autoritarismo del régimen se suma la opacidad y falta de transparencia de sus autoridades, a costa incluso del debilitamiento institucional. Es así que el candidato y ahora Presidente Lasso, pasó por encima de la ley que impide que un candidato o funcionario público tenga bienes o activos en paraísos fiscales, situación que se evidenció con la denuncia realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en octubre de 2021, sobre bienes que el mandatario tenía en paraísos fiscales de EEUU. Aunque la acusación suscitó un debate nacional y motivó que la Asamblea decidiera conformar una comisión investigadora, el presidente Lasso, desconoció la capacidad de control político de la misma y resolvió por su cuenta, que la Contraloría —que atraviesa por una severa crisis institucional— era el único ente con capacidad para conocer el caso, aprovechando la confianza en que tenía un contralor —subrogante del subrogante— débil, sin legitimidad y cooptado, el que lógicamente fallo a su favor.

La captura e instrumentalización de la Justicia efectuada durante el régimen de Moreno también ha servido al Presidente Guillermo Lasso para tomar el control de las demás funciones del Estado tales como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el propósito de controlar la designación del Contralor General del Estado, las autoridades electorales y otros altos cargos. Así mismo, mediante decisiones judiciales el gobierno logró mantener durante varios meses a la defenestrada presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con el objeto de controlar al primer poder del Estado.

Lejos de entablar un diálogo conducente a generar gobernabilidad y consenso con la Asamblea Nacional, el gobierno se ha movido, desde su instalación en mayo del 2021, con una táctica de compra de apoyos, logrando “desgranar” 22 legisladores, pero obteniendo mayorías frágiles que finalmente se resquebrajaron poniéndolo en minoría y debilidad por el resto del período. En lugar de buscar entendimientos, el gobierno ha llegado inclusive a amenazar con recurrir a mecanismos constitucionales, como la “muerte cruzada” —que produce la destitución y adelanto de elecciones generales— o al llamamiento a consulta popular.

Agudización de la crisis y devastación de los pequeños y medianos emprendimientos

Aunque el impacto de la pandemia no afectó en mayor medida a los sectores tradicionales de exportación y por el contrario favoreció grandemente a otros, la carga más dura de las políticas del régimen continuó recayendo sobre centenas de miles de emprendimientos de cuenta propia del campo y la ciudad, así como de pequeñas y aún medianas empresas vinculadas al mercado interno.

Como resultado de la progresiva polarización en la distribución de la riqueza social se ha ocasionado una disminución del dinero en el bolsillo de los trabajadores y sectores medios, por la cual ocho de cada diez negocios están quebrando o entrando en la informalidad. El empleo formal se mantenía reducido a 31,7% en abril de 2022 frente al 31,6% en marzo de 2021; el desempleo absoluto lo hacía en el 4.8% y el subempleo se sostenía en el 62,5%.

El continuismo de las políticas agrarias implementadas por Lasso y Moreno han traicionado y abandonado el Pacto Agrario que surgió de la Constitución y las leyes del Régimen Agropecuario y ha llevado al extremo la precarización de la agricultura campesina. La población rural que suma el 37% del total nacional, por causa de la pandemia “neoliberal” ha perdido sus medios mínimos de sustento y alcanzaba índices de pobreza multidimensional de más del 57% a diciembre de 2021.

Junio 2022: La gran movilización contra el neoliberalismo

Ecuador atravesó del 13 al 30 de junio pasados, por un nuevo ciclo de movilizaciones, convocado por las principales organizaciones indígenas del país: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador—CONAIE, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador—FEINE y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras—FENOCIN). Se trató de un “paro nacional indefinido” con una plataforma de lucha contraria a las políticas neoliberales aplicadas por el Presidente Lasso, provocando una paralización del país durante dieciocho días, la más larga en nuestra historia, con la mayor parte de carreteras bloqueadas, la interrupción del tránsito y las actividades económicas, educativas y estatales en las principales ciudades de la sierra, la amazonía y parcialmente de la costa.

Entre las demandas planteadas al gobierno, aparecen la rebaja del precio de los combustibles, la moratoria y renegociación de las deudas de los pequeños productores, los precios de sustentación para los productos agrícolas, el incremento de la inversión pública para reactivar la economía y el empleo, la moratoria de la ampliación de la frontera minera y petrolera, el respeto a los derechos colectivos reconocidos por la Constitución, la no privatización de los sectores estratégicos y del patrimonio estatal, políticas de control de precios, presupuestos para salud y educación pública, así como políticas para frenar la delincuencia y la inseguridad. El paro arrancó el 13 de junio con el cierre parcial de las vías y ante la detención ilegal del presidente de CONAIE, Leonidas Iza, se encendió la movilización escalando a nivel nacional, pese a que la justicia dejó en libertad condicional al dirigente indígena.

Para enfrentar la protesta, el gobierno promulgó varios decretos de estado de excepción y cometió nuevos abusos como allanar la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y varios predios universitarios. Con las fuerzas armadas en las calles, se produjo el recrudecimiento de la represión y la violencia, lo que dejó como saldo 8 muertos, más de 331 heridos —varios con ojos y miembros mutilados— y 200 detenidos ilegalmente.

A los diez días de paralización nacional y del agravamiento de la represión gubernamental, los asambleístas del Movimiento Revolución Ciudadana, cumpliendo con los requisitos legales, solicitaron al Presidente de la Asamblea Nacional la destitución del Presidente de la República, por grave crisis política y conmoción interna, con base a lo establecido en el artículo 130.2 de la Constitución. De haberse aprobado la solicitud, a su vez habría implicado la finalización del mandato de todos los miembros de la Asamblea y el adelanto de elecciones generales. Aunque la votación por la destitución alcanzó 80 votos y no se aprobó, debilitó aún más y dejó maltrecho al gobierno y coadyuvó para que éste busque salidas a la protesta mediante el diálogo.

El 27 de junio, con mediación de la Asamblea se inició un diálogo, temporalmente interrumpido por el agravamiento de los enfrentamientos en la Amazonía. Sin embargo, debido a que los dirigentes indígenas, profundizaron la convocatoria a la movilización de las bases, se retomaron las conversaciones el 30 de junio y después de seis horas de deliberación, se concretó un acuerdo con el que se levantaba el Paro Nacional y por parte del Gobierno, el estado de excepción.

Entre las principales reivindicaciones logradas figuran la suscripción del Decreto 452 para prevenir y erradicar la especulación de precios, la declaratoria de emergencia del sector salud, la rebaja de quince centavos en los precios del galón de diésel y gasolina extra, la derogatoria del Decreto N. 95 en materia de hidrocarburos y el compromiso de reformar el decreto 151, que contiene el Plan de Acción Minero para limitar la extracción minera en áreas consideradas sensibles. Adicionalmente se instalaron mesas técnicas para seguir analizando los 10 puntos originales de la demanda de los movimientos indígenas.

El escenario post Paro Nacional

En un contexto de creciente reestructuración mundial, con una capacidad política y económica bastante reducidas, una base electoral dinamitada, un mayoritario rechazo popular, y además con un marcado aislamiento político dentro de la región, el Presidente Lasso inicia la segunda fase de su gestión, con su capacidad de liderazgo y gobernabilidad muy disminuidas, de tal forma que si no realiza cambios sustanciales con concesiones programáticas importantes para generar una real concertación política, ni siquiera podrá mitigar los problemas cruciales del país.

Frente a un gobierno que no ha dado respuestas a las expectativas sociales,paulatinamente va cobrando fuerza la resistencia y la presión de la ciudadanía para implementar salidas democráticas a la incapacidad gubernamental, tales como la revocatoria del mandato que ya se ha iniciado y podría convertirse en un nuevo escenario de la disputa democrática.