Sintetizar la crisis democrática de Estados Unidos es una tarea compleja, aunque una imagen puede facilitarnos la labor. La que tengo en mente ocurrió en la ciudad de Washington el 24 de junio de 2022, el día en que la Corte Suprema, haciendo una interpretación literal de la Constitución, decidió derogar el derecho al aborto. Hasta entonces, el procedimiento estaba protegido por una sentencia de 1973 conocida como Roe vs Wade, fundamentada en la libertad individual.

La tarde del 24 la sede de la Corte Suprema parecía un fortín. Un cordón policial y unas vallas cercaban toda la manzana. Enrejada, la estructura blanquísima de arquitectura neoclásica que aparece con escaleras muy concurridas en las películas, pero ahora vacías, enviaba un mensaje de superioridad y hermetismo a una multitud arrinconada en una estrecha pista. Los rostros enfurecidos de los manifestantes reflejaban su repudio a la decisión del Supremo, pero estaba claro que ni el grito más ensordecedor llegaría a escucharse dentro del recinto.

La escena descrita ilustra el resultado de una de las más exitosas embestidas al sistema democrático estadounidense. El ataque está diseñado por una minoría conservadora, y consiste en la captura del Poder Judicial. Así, haciendo uso de una sofisticada maquinaria, esta minoría ha conseguido que la Corte Suprema revierta un derecho de casi 50 años de antigüedad, evadiendo argumentos clínicos, de bienestar económico y de interés general.

Las mayorías no respaldan el fallo.[^1] Alrededor del 59% del país se opone, y la cifra asciende a 67% entre las mujeres estadounidenses. El sentir es similar en estados conservadores como Kansas, donde un reciente referéndum ratificó abrumadoramente mantener el aborto como un derecho. ¹ La salud y el impacto en los bolsillos de las familias estadounidenses tampoco fueron incorporados en la discusión del Supremo, a pesar de la vasta evidencia científica que describe estos temas como intrínsecamente conectados. Por ejemplo, en el estudio Turnaway,² basado en un seguimiento durante una década a 1000 mujeres estadounidenses —unas que abortaron y otras que lo quisieron, pero se les impidió hacerlo—, concluyó que 95% de aquellas que interrumpieron su embarazo no se arrepintieron, mientras que a quienes se les denegó el procedimiento experimentaron graves problemas de salud mental y física a largo plazo. El estudio además identificó un crecimiento de la presión financiera en estas últimas, colocándolas en un 72% de probabilidad de vivir bajo el nivel de pobreza, a la vez que sus hijos registraron un grado significativamente menor de aprendizaje que sus pares.³ Las consecuencias de impedir el aborto, según el estudio, son multigeneracionales.

Los grupos conservadores sostienen que el reciente fallo fue producto de una deliberación imparcial; pero mienten. Investigaciones periodísticas han confirmado que estos grupos llevan años destinando cientos de millones de dólares para conseguir que la Corte Suprema sea integrada por una supermayoría de magistrados antiaborto.

Su golpe de suerte fue en 2010, cuando una sentencia, conocida como Citizens United, ⁴ legalizó las contribuciones empresariales ilimitadas dirigidas a las campañas electorales. Desde entonces, los grupos antiaborto redoblaron sus esfuerzos de recaudación de dinero que luego entregaron a parlamentarios a cambio de que apoyen las nominaciones de jueces conservadores y rechacen las de jueces progresistas. Por ejemplo, en 2016, la ONG antiaborto “Judicial Crisis Network” financió con 7 millones de dólares una campaña de desprestigio contra Merrick Garland, un juez nominado por el expresidente Barack Obama a la Corte Suprema. La aprobación de Garland ni siquiera llegó a ser discutida en el Senado.

La sentencia Citizens United también protege el anonimato de los votantes, convirtiéndose en una herramienta clave para los grupos antiaborto. Así, sin temor a ser expuestos, empresarios millonarios deducen impuestos financiando ONGs conservadoras, que a su vez están exentas de impuestos, y que posteriormente canalizan el dinero a candidatos y a campañas electorales. Es tan difícil averiguar los nombres de los donantes que éstos subsidian descaradamente redes enteras de ONGs, creando la ficción de que existen numerosas organizaciones ciudadanas con las mismas demandas. El Washington Post destapó un caso así en 2019. La investigación descubrió que una red de ONGs antiaborto —con características de ser la fachada de una sola— había recaudado 250 millones de dólares en solo tres años. Detrás de la trama estaba Leonard Leo, un abogado ultracatólico que en aquel entonces había dejado de coordinar ONGs “cascarón” para ser el asesor judicial de Donald Trump en la Casa Blanca.

Rastrear la trayectoria de Leo sirve para hallar un engranaje más del ardid conservador. La pieza se llama “Federalist Society”, y es una institución dedicada a esculpir el sistema judicial estadounidense. Leo trabajó en la asociación desde su creación en los 90s. La entidad se presenta como una fraternidad de abogados, pero su objetivo principal es reclutar a estudiantes de Derecho de pensamiento conservador, prepararlos y conseguirles puestos en los tribunales y el gobierno.

El expresidente Donald Trump pudo reemplazar a un cuarto de todos los jueces federales del país y conseguir que tres nuevos magistrados vitalicios antiaborto se incorporaran a la exclusiva Corte Suprema de solo nueve integrantes (tres de los cuales ya eran antiaborto). Lo hizo con la guía de Leo como asesor la Federalist Society actuando como departamento de recursos humanos y los flujos millonarios producto de la desregulación electoral estadounidense, El pensamiento conservador —que además incluye regulaciones débiles en materia impositiva, ambiental y de acceso público a la salud y la educación— ha alcanzado un poder e influencia sin precedentes en el Sistema Judicial estadounidense.

El 24 de junio fue una fecha trágica para la justicia reproductiva en EEUU; también fue el inicio de una gran batalla en curso. La decisión del Supremo revocó el aborto como derecho constitucional, aunque no lo prohibió. Como resultado, ahora los 50 estados tienen la potestad de, unilateralmente, proteger o vetar el procedimiento en sus territorios. Hasta la fecha, unos doce estados lo anularon. En algunos de ellos, ni siquiera fueron incorporadas excepciones para casos de malformación del feto, incesto o violación. Así sucedió en Ohio, donde en el mes de julio apareció en los medios el drama de una niña de diez años que, embarazada tras una violación, tuvo que viajar a otro estado para interrumpir su gestación. En otros tres estados se han impuesto limitaciones severas, como restringir el aborto después de las seis semanas de gestación, que es antes de que muchas mujeres sepan de su embarazo. No obstante, en la mayoría del territorio del país, la decisión de acceso al aborto aún está dirimiéndose en los tribunales locales.

Una alternativa que puede reposicionar al procedimiento como un derecho a nivel nacional sería la aprobación de una ley por parte del Legislativo estadounidense. Pero por ahora es inviable. No existen los votos necesarios en el Congreso. Ante este escenario desfavorable para los derechos reproductivos, el presidente Joe Biden, con el respaldo del Partido Demócrata, firmó dos órdenes ejecutivas otorgando subsidios a mujeres que quieran interrumpir su embarazo y deban viajar fuera de sus estados para hacerlo. Las ONGs progresistas y los movimientos feministas enfocan sus esfuerzos en acciones similares, destinadas a recaudar fondos para costear los gastos de traslados. En última instancia, estas respuestas son paliativos a la avanzada victoriosa de los grupos conservadores.

Y aunque están ganando, no están conformes. La estrategia conservadora busca ir más allá. En su mira está la total criminalización del aborto, y recientemente ha impulsado sendos proyectos de ley para catalogar la interrupción del embarazo como un homicidio. Por el momento, se ha conseguido que en estados como Texas, Tennessee, Idaho y Oklahoma se penalice a los médicos que practiquen abortos ilegales. En Oklahoma, las penas para los médicos incluyen una multa de 100 mil dólares y hasta 10 años de prisión. El siguiente paso es aprobar legislaciones que encarcelen también a las pacientes; y si bien hasta el momento ninguna propuesta ha triunfado, los movimientos antiaborto amenazan con seguirlo intentando.

Los próximos meses serán cruciales para las mujeres en EEUU. Es entonces cuando comprobaremos si la maquinaria conservadora vence de nuevo como lo hizo derogando Roe vs Wade o si el pueblo estadounidense encuentra formas de desmantelar el poderoso aparato antiaborto que, a punta de dinero y manipulación, mantiene a las instituciones de espaldas al interés y beneficio de las mayorías.

[`1]: Supreme Court’s Roe Decision Disapproved by Majority in CBS Poll. En: Bloomberg. Publicado el 26 de junio de 2022.