Entre julio de 2020 y julio de 2021 asistimos al cambio de tres presidentes, la instalación de cuatro gabinetes, la negación de investidura a un primer ministro, elecciones con 18 candidatos, la mayor desafección política en las elecciones congresales de este siglo y una segunda vuelta electoral en la que el fujimorismo y la derecha en su conjunto, promovieron una fuerte polarización entre el supuesto riesgo del comunismo y la presunta defensa de una democracia sin contenido.¹ El triunfo de Castillo -inesperado para él y para PL que lo hizo candidato-, fue histórico porque rompió el patrón tradicional del país. Por su origen e historia personal, ² estableció un hito más allá de los logros y fracasos de su gestión, instalando un gobierno plebeyo y tumultuoso, desvinculado de las élites y la clase política tradicional, resistido mayoritariamente por los medios de comunicación, que buscaron su demolición.

El resultado electoral evidenció cambios significativos en nuestro mapa electoral. Destacamos la desaparición del centro político, el surgimiento de un bloque de derecha radicalmente conservador, autoritario y antidemocrático, cuya figura más visible es Renovación Nacional que arrastró a otras agrupaciones a enfatizar su conservadurismo, así como la derrota y retroceso de las organizaciones partidarias que afirmaron en la campaña el respeto de los derechos y libertades proponiendo su ampliación -la suma de ellas apenas alcanzó el 15.6% de los votos válidos-, incluyendo a sectores de la sociedad civil organizados y movilizados alrededor de aquellos.

La confrontación desde el primer día

La votación reeditó la del 2016, con un Ejecutivo en franca minoría congresal sumando en el mejor de los casos 49 votos. Al frente, una derecha radical que no aceptaba su derrota -Fuerza Popular, Renovación, Avanza País y Podemos- con el mismo número de representantes, quedando AP y APP como dirimentes con 32 votos; mientras los primeros apostaron siempre por la vacancia, los segundos lo hicieron por la penetración y “captura” del nuevo gobierno.

Para completar la figura, y como fuera notorio desde la primera vuelta, el partido de gobierno, más allá de su marxismo acartonado y de manual, comparte posiciones con la derecha extrema en materias como el enfoque de género, la centralidad de la familia, la violencia contra la mujer, el aborto y un largo etcétera, expresando la mirada y la distancia en estas materias de sectores significativos del mundo popular, urbano y especialmente rural. Comparten también, la anatemización de la “izquierda caviar” como su enemigo fundamental, así como intereses que los llevan a proteger la informalidad y la opacidad en el transporte, las actividades extractivas, la gestión de terrenos y la educación.

Como ha recordado Sinesio López,³ un elemento crítico de nuestro sistema político es la forma de gobierno, un presidencialismo “parlamentarizado”, que es aliciente al chantaje y el golpe cuando el Ejecutivo carece de mayoría en el Congreso. Más grave aún en uno como el actual con partidos “franquicia” o con “propietario”, donde 47% de los congresistas se inscribieron a fines de 2020 en la agrupación por la que postularon y 28% no eran afiliados a ella (49% y 40% en el caso de PL y 84% y 8% en el de FP).⁴ Resultaba ingenuo entonces esperar “lealtades” y “disciplinas” partidarias en una representación marcada por intereses personales y de pequeños grupos; intereses frecuentemente compartidos por los extremos en el Congreso. El riesgo de la vacancia será permanente, no inminente en el plazo inmediato -salvo errores groseros del Presidente- porque supondría el recorte del mandato congresal,⁵ un “suicidio” al que no parecen dispuestos muchos congresistas.

Las precariedades del Ejecutivo y el Legislativo desde el día uno

La juramentación por tramos de los integrantes del primer gabinete, mostró lo que sería uno de los rasgos distintivos del Ejecutivo: las disputas en el partido de gobierno y con sus aliados de la segunda vuelta, con Vladimir Cerrón tratando de afirmar, altisonante y amenazadoramente, el peso de Perú Libre como partido de gobierno en las decisiones. Los primeros pasos, incluida la designación de Guido Bellido como Primer Ministro y la lógica de cuoteo que se instaló entonces, lo evidenciaron así. Aunque su integración ratificó el carácter plebeyo del gobierno -70.6% de sus integrantes nacieron en el interior y la mayoría estudió en universidades nacionales-, mostró voces disonantes y alejadas de una estrategia compartida, además de varias historias y trayectorias problemáticas, a las que se sumaban la limitada capacidad y experiencia de muchos de sus integrantes.

Ello en un marco donde se instaló la improvisación en la designación de distintos funcionarios públicos alejados de los perfiles y capacidades mínimas requeridas,⁶ facilitando el trabajo de una oposición encrespada en una polarización que se mantuvo con fuerza y que sectores del gobierno parecían interesados en promover, mientras el Ejecutivo perdía lenta y casi sostenidamente parte de su capital político inicial, refugiado en que su legitimidad de origen y su rostro popular eran argumentos suficientes.

Los gabinetes posteriores mantuvieron las lógicas del cuoteo,⁷ la ausencia de estrategias compartidas y las historias y trayectorias oscuras en muchos casos. El actual, liderado por Aníbal Torres obtuvo la confianza con 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones; cuatro menos que su antecesora Mirtha Vásquez y nueve menos que Bellido. Antes, renunció el brevísimo gabinete Valer que expresaba el abandono de toda pretensión de cambio de un Ejecutivo que en su objetivo único de mantenerse, descubrió que su principal capital político era la precariedad del Congreso y en particular de la oposición de una derecha llena de ambiciones menudas y más desconectada de la gente y sus necesidades que el gobierno.

Desde el inicio, las debilidades del Congreso también fueron grandes, como quedó claro con la instalación de su Mesa Directiva, la conformación de las comisiones y el desplante de su Presidenta al ex mandatario Sagasti. En agosto de 2021, ya se habían creado dos comisiones investigadoras para revisar las presuntas irregularidades cometidas por el nuevo gobierno en su primera semana de gestión y el supuesto fraude en las elecciones. Las armas de la derecha estaban definidas en estrategias diferenciadas: como pasos compartidos por todos los partidos que la conforman, la interpelación y la censura de sucesivos ministros para desgastar al mandatario y dificultar una gestión que se sabía débil. AP y APP⁸ jugando a la presión-negociación para ganar posiciones en el gobierno y partidas presupuestales para “sus” regiones y provincias; Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País embarcados en la vacancia presidencial y la liquidación de Castillo a cualquier precio, apoyados por “jubilados” como Flores Nano, Del Castillo y Sheput, que insisten en “movilizar” a la calle junto con grupos violentos… en defensa de la democracia contra el comunismo y la corrupción.

Como parte del enfrentamiento, Castillo ha sido acusado de promotor de fraude, terrorista, comunista, traidor a la patria, inepto y promotor de mafias y redes de corrupción.⁹ Su incapacidad para responder y sus contradicciones, abonaron a favor de los dos últimos cargos; en la medición del IEP de febrero, 65% de los encuestados creía que los errores de su gobierno obedecían a su falta de capacidad y a que se encuentra rodeado de gente negativa. En cualquier caso, paulatinamente fue quedando claro, más allá de la manipulación constante de los medios de comunicación, que al lado de los lobbies de los grandes grupos empresariales que tienen capturado al Estado desde hace décadas, el nuevo gobierno permitió ampliar la llegada de las mafias de distintos grupos económicos informales, que influyen tanto en el gobierno como en el Congreso, asegurando frecuentes acuerdos entre ellos, más allá de los discursos inflamados de ambos.

Adicionalmente, estas coincidencias que hablan de alguna forma de contubernio, se evidencian en la resistencia de Perú Libre y todos los grupos de la derecha a cualquier intento de reforma política. Para defender sus cuotas de poder, sus ingresos y prerrogativas, votaron juntos por la suspensión de las primarias para las elecciones de octubre y aprobaron extender el plazo para la inscripción del padrón de afiliados, además de suspender las causales de cancelación de la inscripción de partidos y movimientos regionales.

A fin de cuentas, un enfrentamiento entre actores precarios que responden a intereses mezquinos y a agendas particulares disfrazadas de ideología y verbo encendido, antes que a programas o propuestas. Agrupaciones acostumbradas a negociar bajo la mesa y a procedimientos patrimonialistas y clientelares, más allá de izquierdas y derechas. En sentido estricto, representando un hito, el gobierno de Castillo, contra todas sus promesas, es fundamentalmente uno de continuidad antes que de cambio. Al extremo que los actores de sus limitados intentos de gestión y transformación -vacunación exitosa, segunda reforma agraria, reforma tributaria-, están hoy día fuera del gobierno.

Una nota sobre el profesor

Pedro Castillo expresó la posibilidad de una salida democrática a la crisis nacional. Pronto fue claro que no se trataba del gobierno con Perú Libre, partido del que se acerca y se aleja de acuerdo a sus necesidades, pero al que está “soldado” por ahora para evitar la vacancia; tampoco es el gobierno de una persona sola. Se trata de un grupo familiar, territorial y de confianzas básicas. Sus primeras redes de confianza, la familiar y la de paisanaje, tienen especial importancia para él. Hermanos y sobrinos, pero también paisanos que proceden de AP, el APRA, APP y otras agrupaciones; un grupo que no es de izquierda y que no tiene una agenda política que es reemplazada por el pragmatismo del profesor, aprendido en su rol sindical y de militante peruposibilista distrital. Como sostiene provocadoramente en una entrevista José Luis Rénique, “Lo vemos ahora con una cantidad de elementos que nos convocan a pensar que las provincias y regiones andinas del Perú llevaron su parte en esta crisis de la República. Hay ahí una supervivencia de elementos autoritarios, gamonales, de patrimonialismo, que tienen que ser vistos con la mayor seriedad”.¹⁰

A partir de comportamientos recurrentes del mandatario, queda claro que tales redes son cruciales en su designación de autoridades y funcionarios, en su desconocimiento sistemático de las formas, donde funciones y normas institucionales son reemplazadas por el “gabinete en la sombra” que consagra prácticas clientelares y acepta acuerdos opacos y eventualmente actividades ilegales en el entorno presidencial. Castillo conversa con todos, escucha a todos, se demora en confiar, nunca lo hace totalmente y decide él, en función a los resultados que busca, a la vez que no dice "no" y es hermético. Elevó la política distrital, hija de la política peruana que vació de contenido la democracia, a nivel nacional.

¿Y la sociedad?

En un escenario con actores políticos precarios, incapaces de estructurar la opinión pública y trazar líneas verosímiles, a algunos les sorprende una sociedad desmovilizada,¹¹ distante de la política y su espectáculo, harta de malestares recurrentes, en permanente estado de desconfianza¹² y atravesada por distintos clivajes. Fragmentada y activa alrededor de demandas puntuales como parte de la conflictividad social creciente que se observa, la expectativa que despertó en sectores de aquella el gobierno, está en caída y su aprobación desciende mensualmente. Sin capacidad de articulación y construcción de una agenda compartida, las organizaciones sociales tradicionales y los nuevos activismos pugnan contra distintas y particulares manifestaciones de la desigualdad y luchan desde su perspectiva por derechos, pero lo hacen desde una distancia muy grande -cultural, de socialización y de formas de vida- y una desconfianza significativamente instalada en ambas partes, que expresa las brechas y el desconocimiento que existe entre ellas, pero también el fuerte debilitamiento de la confianza interpersonal.

Nuestros límites estructurales se evidencian en la coyuntura. Un Estado incapaz de cumplir sus funciones, construido los últimos 30 años por el neoliberalismo; la mal llamada informalidad con parte significativa de la PEA fuera del sistema productivo formal, mayoritariamente pobre y viviendo al día; las desigualdades de una estructura económico-social excluyente y del centralismo histórico; la ausencia de un patrón elemental de cohesión social; la atomización social y política y la corrupción sistémica. En ese marco la crisis es del régimen político pero también del modelo económico, con una sociedad que amenaza con “desplomarse” porque las estrategias de desformalización, antes que un problema, durante años fueron una solución para muchos sectores en el país; una solución que se agotó en el contexto de la pandemia.

Esa es la gravedad de la crisis que afrontamos, que es de una profundidad que exige de cambios mayores para construir un camino distinto del actual, que permita una salida política en un proceso de debate y organización ciudadana para establecer un nuevo acuerdo en el país. Debemos defender nuestro futuro de la derecha autoritaria y de la descomposición que ha apurado el gobierno de Castillo y parece incapaz de frenar (28 de marzo de 2022).