Desde que el nuevo Gobierno y el Congreso se instalaron en el poder representando a fuerzas políticas polarizadas, las causas relacionadas a los derechos de las mujeres pasaron a estar en cuestión. El primer Congreso legalmente instalado con paridad entre hombres y mujeres, corresponde al Congreso más fragmentado de los últimos tiempos, clara demostración de la descomposición de la clase política. Los avances logrados por las mujeres hasta el gobierno de Francisco Sagasti, son recientes y necesitarían confirmarse con contextos propicios, así como también su profundización en reformas. Sin embargo, en este clima tan poco auspicioso para la democracia, en que tanto un polo político como el otro, coinciden en su indiferencia ante los derechos humanos y en su resistencia a otras reformas en curso -la política y la universitaria- que empiezan a sufrir retrocesos.

Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Sin embargo, su origen occidental y su escasa aplicación en Perú hasta antes del conflicto armado no los hicieron parte de nuestra cultura política. Perú Libre representa el voto regional de sectores históricamente excluidos del Estado, cuyos niveles de ciudadanía y goce de derechos fueron mínimos y diferentes a los que podían ser alcanzados en sectores modernos y capitalinos. Al ámbito excluido se sumó en el siglo XX la presión de un grupo como Sendero Luminoso, descreído de la democracia y sus derechos; como para confirmarlo, se añadieron las violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado durante el conflicto interno. Pese a que veinte años de democracia sucedieron a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, éstas no calaron con más fuerza que la posverdad fujimorista y su terruqueo. Deberíamos preguntarnos las razones. Los sectores de extrema derecha representan en cambio, la reafirmación de los sectores hegemónicos en su oposición al avance internacional de los derechos humanos vigentes desde 1948 como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Esta tendencia se ve reforzada a nivel mundial porque quizá nunca se calculó el real efecto que tendrían como cuerpo de derecho de aspiraciones universales en los años a venir. Las convenciones contra el racismo y por la no discriminación contra la mujer, llegaron mucho más rápido que los cambios materiales que les dieran sustento y aceleraron cambios culturales. Y es que el reconocimiento normativo de derechos no puede dejar de estar respaldado por realidades de distribución de los diferentes tipos de capital o de cambios culturales que no toleran más las distintas formas de violencia.

En estos meses, mientras el Ejecutivo disparaba a cualquier lado sobre el tema de derechos de la mujer y dudaba en reemplazar o no al MIMP por un Ministerio de la Familia, el Legislativo, con iniciativas desde Renovación Popular o Fuerza Popular, apoyadas por Perú Libre, iniciaba una arremetida en distintas comisiones sobre leyes de tenencia compartida, escuelas libres de materiales con ideología de género o mociones como la del interés nacional del día del niño por nacer, todas ellas destinadas a devolver el poder perdido del control familiar sobre la mujer. Todas esas iniciativas repitiendo un repertorio internacional: un proyecto sobre tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza fue introducido en Uruguay por el conservadurismo, proyectos sobre el control de materiales educativos fueron planteados en la ultraconservadora Polonia, el Brasil de Bolsonaro, la España del PP y una Guatemala católico-colonial, mientras que días del niño por nacer ya son celebrados desde 1993 y en Perú desde 2002, a instancias del entonces Premier del gobierno de Toledo y activista provida, Luis Solari. La reciente declaración de interés nacional aprobada por el Congreso a inicios de marzo, apuntó a reforzar su significado. La argumentación sustentatoria utilizó la Constitución, las leyes y convenios internacionales que defienden la vida del concebido en condiciones regulares y no excepcionales como un embarazo forzoso. En otras palabras, se aprovechó el vacío legal referido a la voluntad de la madre que además invisibiliza a la mujer. Una invisibilización hecha estigma en la simbología del hiper representado embrión. Acorde con una doble moral, nada dicen los defensores de la familia sobre realidades y correctivos a la paternidad irresponsable o a su ausencia en las estadísticas nacionales donde sólo hablan de “maternidades”.

Desde posiciones políticas autoritarias en el mundo el interés actual se dirige a restringir los derechos de las mujeres y en un clímax, a vetar el aborto aún en caso de ser terapéutico. Aunque despenalizado en Perú desde 1924, recién se reglamentó en 2014, lo que aumentó la atención de 257 a 1643 casos.¹ Cinco países latinoamericanos prohíben el aborto, aún en caso de riesgo de vida de la madre: El Salvador (primer país en declarar el Día del niño por nacer), Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Es de notarse la cercanía de estos países no solo en términos geográficos sino en su pobre récord en derechos humanos, lo que los hace más susceptibles a normas restrictivas de la libertad y vida de las mujeres bajo la presión de un movimiento antiaborto, hoy en día transnacional y que interpreta las normas constitucionales bajo una perspectiva religiosa fundamentalista. ¿Será este el camino que emprendan las fuerzas políticas en poder del Ejecutivo y el Legislativo? Sin duda, los indicadores de género serán indicadores también de los niveles de autoritarismo que este país alcance.