Las conversaciones con la intermediación de Noruega, realizadas entre la Plataforma Unitaria de Venezuela —que aglutina a la mayoría de la oposición— y el gobierno venezolano en México, representan el fin del Grupo de Lima y el inicio de una etapa en la que las negociaciones las deciden los venezolanos. Éstas buscan restablecer la institucionalidad y la convivencia democrática en ese país y poner fin a las sanciones económicas que asfixian a sus ciudadanos.

La deslegitimada agrupación nació en agosto de 2017 por iniciativa del ex presidente Donald Trump, específicamente por su asesor en seguridad para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, John Bolton, ante la imposibilidad de conseguir los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada que permitiera invocar a la Carta Interamericana Democrática y sancionar a Venezuela en el marco de la OEA.

Su creación tuvo lugar en circunstancias de fuertes enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. Como se recordará, la Asamblea Nacional, que presidió Juan Guaidó, fue ganada por la oposición en 2015 en el marco de una campaña política que buscaba la salida de Nicolás Maduro, elegido en 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez. Las demandas para que Maduro abandonara el poder se tornaron violentas y en 2017 este convocó a una Asamblea Constituyente que funcionó como una instancia paralela a la Asamblea Nacional. El objetivo del Grupo de Lima fue interceder en la crisis democrática venezolana, perfilada como autocracia.

Sin embargo, la ausencia de México en las reuniones de dicho Grupo desde que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia en julio de 2018 y la renuncia formal de la Argentina el pasado 24 de marzo, lo debilitaron. El canciller argentino Felipe Solá expresó entonces su desacuerdo con las prácticas que buscaban aislar al gobierno de Venezuela imponiendo sanciones y bloqueos, que no habían hecho más que agravar la situación de su población.

La condena que ha hecho el gobierno peruano a los bloqueos, embargos y sanciones unilaterales a países de la región, así como el anuncio del gobierno de Santa Lucía, el 11 de agosto, de retirarse del Grupo de Lima, restablecer de inmediato las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro y actuar en consonancia con la posición oficial de la Comunidad del Caribe (CARICOM) de no injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos, constituyen un golpe mortal. El Grupo de Lima se ha convertido en un cadáver que yace en la morgue geopolítica, aunque muchos se niegan a reconocerlo.

El Grupo fue el contraejemplo de una entidad mediadora, pues la oposición actuaba como juez y parte, al ser miembro del mismo, mientras que el gobierno de Maduro no lo reconocía. Además, dos de sus miembros no estaban en condiciones de impartir clases de democracia a ningún gobierno: Honduras y Bolivia. El gobierno del primero fue electo en un proceso muy irregular que determinó que el propio Luis Almagro, dijera que éste debía repetirse. En el caso del gobierno de Bolivia, presidido por Jeanine Áñez, su designación fue resultado de un golpe de Estado avalado por la OEA.

Las negociaciones para restablecer la convivencia democrática, la independencia de poderes y el fin de la crisis humanitaria en Venezuela avanzan por otras vías.

Los nuevos mediadores

Las conversaciones entre la Plataforma Unitaria --que agrupa a la mayoría de partidos de la oposición -- incluidos el de Juan Guaidó y Leopoldo López, conocido en el Perú por su presencia en la campaña a favor de Keiko Fujimori, junto a Alvaro Vargas Llosa-- y el gobierno de Maduro, se realizan bajo la mediación de Noruega en territorio mexicano, con la presencia de Rusia y de los Países Bajos. La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá coinciden en su disposición a “revisar las sanciones” impuestas a Venezuela si se produce “un avance significativo en una negociación global” que repare “las instituciones del país” y permita elecciones libres.

Esa voluntad política fue puesta de manifiesto por Antony Blinken, Josep Borrell y Marc Garneau, máximos representantes de la diplomacia de esos países, en un documento que firmaron conjuntamente a fines de junio, en el que abogan además por una “solución pacífica” que parta “del propio pueblo venezolano” y se canalice a través de las estructuras políticas venezolanas.

Estos puntos revelan un cambio radical de enfoque con respecto a la propuesta durante el gobierno de Trump, cuando Mauricio Claver Carone, entonces director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela, consideraban –a principios de 2019– que Juan Guaidó era quien tenía que convocar a elecciones en ese país. Para ambos, Maduro era un ciudadano más de Venezuela y, como tal, sólo podía transmitir esa oferta al gobierno interino presidido por Guaidó. “Nosotros no reconocemos a Maduro como Presidente y desde nuestra perspectiva no tiene la autoridad para convocar nada”. Una grosera injerencia, con el pie en alto, en casa ajena.

Entonces el Grupo de Lima apoyaba incondicionalmente esa prepotente actitud que sólo agudizó la crisis y el sufrimiento de la población. Sin considerar que Venezuela tiene un cogobierno cívico-militar, el Grupo alentaba a las Fuerzas Armadas a desconocer a Maduro. Había que ser poco conocedor de la realidad del país para suponer que podían triunfar fácilmente. Así les fue en Afganistán.

El plan express para derrocar a Maduro incluyó ingentes recursos para mantener representaciones diplomáticas paralelas y en algunos organismos internacionales, manipular la ayuda humanitaria con fines políticos y, lo más grave, la agudización de un plan de embargos y bloqueos para asfixiar la economía, que ya se había iniciado en 2015 bajo el gobierno de Obama, al considerar que Venezuela representaba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Tampoco tuvieron éxito las incursiones armadas conjuntas de militares venezolanos que habían desertado y ex miembros de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, entrenados en territorio colombiano (Operación Gedeón) con el objetivo de capturar a Maduro y a otros dirigentes, en mayo de 2020. Se trata de las empresas militares privadas que contratan mercenarios, como las que participaron en el asesinato del presidente de Haití y las que estaban presentes en Afganistán.

En medio de estos continuos fracasos, el 6 de diciembre de 2020 Guaidó perdió el cargo de presidente de la Asamblea Nacional toda vez que la mayor parte de la oposición no participó de la elección por considerar que sería fraudulenta, de la misma forma que lo dijo Donald Trump en las elecciones frente a Joe Biden y, como lo anuncia ya, Jair Bolsonaro sobre las elecciones que tendrán lugar en octubre de 2022. Sin el cargo, Guaidó perdió el paraguas de legitimidad que le permitió ser reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, muchos de los cuales, irrisoriamente lo siguen reconociendo como tal. No es clara la posición de Perú sobre esta anomalía sin precedentes.

Es probable que éste sea uno de los motivos por los que el gobierno de Biden, en consonancia con la Unión Europea y Canadá ha dejado de lado una solución injerencista y opta por una entre venezolanos, amparada en su Constitución. En efecto, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, y el abogado de la oposición Gerardo Blyde, firmaron un memorando de entendimiento en México antes de iniciarse la primera ronda de negociaciones en ese país. Se han previsto mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales, así como acompañamiento internacional. Además de Noruega como facilitador, los Países Bajos, Rusia y otros países a los que convocará Noruega conformarán un denominado Grupo de Países Amigos del Proceso.

Las negociaciones

La primera ronda de negociaciones tuvo lugar del 13 al 15 de agosto y fue calificada por los representantes de la oposición y el gobierno como “constructivas”. Los avances fueron respaldados por un nuevo comunicado conjunto del representante de la diplomacia de la Unión Europea y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que Guaidó agradeció. Lo propio hicieron algunos gobiernos latinoamericanos, Perú entre ellos.

El canciller de México, Marcel Ebrad, declaró en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), “que toda la región y el mundo entero tienen los ojos y los mejores deseos puestos en la conversación”. Por el lado del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez señaló que con el gobierno funciona el diálogo, la negociación y el respeto a la Constitución y no las amenazas.

El 17 de agosto la Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad el memorando de entendimiento suscrito en México y Nicolás Maduro saludó la posibilidad de resolver la crisis entre venezolanos;el 31 del mismo mes, la opositora Plataforma Unitaria anunció a la comunidad internacional que participaría de las elecciones regionales y municipales que tendrán lugar el 21 de noviembre. Los “asilados políticos” empiezan el regreso a su patria para candidatear a los cargos.

El segundo encuentro se realizó entre el 3 y el 6 de septiembre, concluyendo con dos acuerdos preliminares: la defensa de la soberanía sobre la Guayana, Esequiba, territorio en disputa territorial que enfrenta a Venezuela y Guyana desde hace 180 años, y, el más importante, la necesidad de rescatar y “recuperar los activos pertenecientes a Venezuela, así como los dineros y riquezas que se encuentran en el exterior, necesarios para la recuperación económica en la post pandemia". Los recursos serían así destinados a la dotación de hospitales, compra de vacunas contra el Covid-19, rehabilitación de hospitales, etc. Sin embargo, a pesar de las congratulaciones del portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, por el desarrollo de las conversaciones, no queda claro todavía cuál será el alcance de los recursos que deberían ser destrabados para cumplir con las metas acordadas. Biden tiene la llave para suspender las sanciones económicas.

Las puyas electorales

El segundo encuentro en México estuvo cargado de algunas puyas propias del escenario electoral. Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, explicó que los puntos debatidos buscan aminorar la profunda crisis económica que golpea a Venezuela, aunque resaltó que el problema de fondo es un modelo económico que "fracasó". Por su parte, Nicolás Maduro, ha prometido mano dura (sin mencionar su nombre) a Juan Guaidó, quien enfrenta múltiples acusaciones en Venezuela y ha señalado que sueña "con el día que haya justicia porque es mucho el daño que ha hecho”. Dijo además que siente que en México están negociando con Estados Unidos "porque esos políticos han respondido a las políticas estadounidenses siempre, en tiempos de Bush, de Obama, de Trump, y ahora de Biden".

Guaidó es vapuleado también por el sector minoritario de la oposición, que no participa de las negociaciones, pero que tiene capacidad de hacer mucho ruido y ser invitado a medios de comunicación internacionales. Entre ellos, María Corina Machado, quien considera que la firma del memorando lo que hizo fue “reconocer al régimen de Maduro como gobierno legítimo” y no como un régimen usurpador. Otros líderes como Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, y Andrés Velásquez del Partido Causa R, que tampoco participan, exigen que el gobierno sea condenado por crímenes de lesa humanidad, que se aplique la Carta Democrática Interamericana y que se rebelen los militares. Estos sectores le recuerdan que antes sostenía que “votar en elecciones en las que participe Maduro era ser un tonto útil, un traídor, un cómplice del régimen”.

Estos sectores de oposición no parecen darse cuenta que Maduro tiene el respaldo de los militares y que la asfixia económica y la imposición de un presidente paralelo, con una diplomacia propia y asiento en el BID, así como los intentos de intermediación a través de la OEA, el Grupo de Lima e inclusive el Grupo de Contacto Internacional (que aglutina a algunos países europeos y latinoamericanos), han fracasado y sólo han causado mayor sufrimiento a la población. Tampoco parecen darse cuenta de lo incómodo que resulta tener embajadores de un presidente interino que carece de toda institucionalidad.

Mientras tanto, una ciudadanía agotada y escéptica observa con algún grado de esperanza que esta nueva etapa de negociaciones, cuyo destino y agenda está diseñado por los venezolanos al amparo de su Constitución, termine con la crisis que aflige a ese país.