Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) “los primeros años de vida son cruciales en el influjo de una serie de resultados sociales y de salud a lo largo del ciclo vital (...) muchos de los desafíos afrontados por la población adulta tienen sus raíces en la infancia”. En ese sentido, el bienestar social en la primera infancia, asociado a diversos indicadores de servicios públicos para el desarrollo humano, es un derecho que el gobierno peruano debe garantizar a cada niño o niña. Si bien es cierto en estas últimas décadas hemos tenido avances en términos de la legislación y en la cobertura de servicios dirigidos a este sector, aún queda pendiente varios retos que se han visibilizado y agravado en el contexto de pandemia.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, a través del Programa Nacional Cuna Más y su servicio de Acompañamiento a Familias en la región Huancavelica registraba al mes de diciembre de 2020 un total de 6,700 usuarios, de los cuales 6,194 son menores de 36 meses (Niñas: 3,051 y niños: 3,143); y 506 son mujeres gestantes.

Veamos algunos indicadores del estado de la población atendida. Respecto a la identidad de los usuarios; de un total de 6,194 niños, 5,081 tienen DNI, 125 partida de nacimiento y 988 niños y niñas no tienen documento. En referencia al aseguramiento de salud de niños y niñas, se identificó un total de 5,902 asegurados (5,769 están en el Seguro Integral de Salud, 116 en ESSALUD, 04 en FFAA – PNP, 03 en seguro privado y otros que no precisan, asciende a 10).

Alarma que 292 niños y niñas no cuentan con ningún tipo de seguro. Tanto como alarman los niveles de anemia y otros indicadores de salud. Con cifras a diciembre de 2020 se reporta en Huancavelica 36.8% de anemia en niños y niñas menores de 3 años. El 50.5% de menores de 36 meses no siguen controles de crecimiento y desarrollo para su edad, el 49.3% de menores de 36 meses no tienen las vacunas que corresponden a su edad y el 67.1 % de niñas y niños de 6 a 35 meses no recibieron suplemento de hierro. El estado de estos indicadores referidos a infancia durante el 2020, se debe a varios factores, que caracterizaremos brevemente.

En primer lugar, tenemos la restricción en los servicios sociales, en particular, un servicio que es la base para acceder a otros provistos por el Estado: el documento nacional de identidad (DNI) para los menores de 36 meses, instrumento clave para hacer uso de los servicios de salud. En contexto de pandemia la brecha referida al registro de la identidad de este grupo poblacional se ha incrementado en áreas rurales: 698 niños y niñas no han obtenido el DNI oportunamente. Esta carencia es el desencadenante para que no se pueda acceder al seguro integral de salud, por ende, a los controles CRED, al diagnóstico, seguimiento y suplementación en un establecimiento de salud.

Otro factor ha sido la suspensión del servicio de salud en el primer nivel de atención. Recordemos que durante los picos altos de la pandemia el gobierno central decidió la suspensión del primer nivel de atención en salud, lo que ha generado el incremento de niños y niñas sin control completo según su edad, suspensión en la entrega del suplemento de hierro y la paralización del seguimiento a la población infantil con anemia.

Finalmente, pero no menos importante, es necesario considerar que las directivas en salud no han respondido a una lectura actualizada de la realidad regional en cuanto a las telecomunicaciones, y mucho menos aún a un criterio intercultural. Para muestra, presentamos solo un elemento referido a las disposiciones para garantizar las prestaciones de prevención y control de anemia en contexto COVID-19, que entre otros elementos privilegió la atención a través de teleconsulta, telemonitoreo y seguimiento telefónico, sin tener en cuenta que muchas familias rurales no acceden a dichos medios de comunicación. Se trata de otro caso de política pública aplicada con una mirada general y una norma homogénea en un territorio con realidades diversas. Claramente eso provoca una profundización de las brechas sociales.

Como vemos, la situación de la infancia en Huancavelica se agrava. Ya antes de la pandemia todos estos indicadores expresaban una brecha de desigualdad. Ahora con el virus presente y con los servicios de salud al límite, se hace más evidente la raíz de injusticia social que solo puede ser enfrentada con una mejor presencia del Estado, pues se trata no sólo de “atender a la población” sino de reducir las desventajas estructurales a las que se enfrentan las futuras generaciones.