Durante los últimos 15 años en el Perú, la tasa de embarazo adolescente se mantiene e incluso se ha incrementado, situación que merece escaso trato por parte del Estado. Ello exige reflexionar sobre qué se debe y puede hacer desde la esfera estatal para evitar la afectación de la integridad física y psicológica de las adolescentes que resultan embarazadas, la frustración de sus proyectos de vida a partir de las dificultades para el acceso y la continuidad en su formación escolar o superior.

No reconocer la existencia de la vida sexual de los y las adolescentes es uno de los principales obstáculos para enfrentar esta problemática; pretender evitar que se incluya la educación sexual integral en la educación básica regular, como proponen los sectores conservadores actualmente en el Perú, solo empeora las cosas. En lugar de tratar la sexualidad en la adolescencia como un problema, lo que se debe considerar es que las y los adolescentes son sujetos de derechos con autonomía, capaces de tomar decisiones atendiendo a su crecimiento y madurez. En ese sentido, el objetivo de la educación sexual integral debe ser que ellos y ellas se sientan en libertad de llevar a cabo un proyecto de vida sin prejuicios.¹

Otro obstáculo para la prevención del embarazo en la adolescencia es la desinformación, consecuencia de la poca atención que se brinda a la sexualidad en esta etapa, lo que redunda en la persistencia de mitos en torno a la anticoncepción, que dificultan la adopción de prácticas de sexo seguro, como demuestran diversos estudios. Así, muchas veces la cultura, las prácticas y las creencias de diversas comunidades representan la principal resistencia a la discusión sobre salud sexual y reproductiva²; y los y las adolescentes no se protegen adecuadamente, inhibidos por las normas sociales y culturales.

Para paliar esta situación la respuesta reside en la acción integral y multisectorial de las instituciones a través de políticas públicas de salud que tengan como eje un enfoque de derechos, que las autoridades internalicen que es una obligación del Estado y no una mera opción brindar óptimos servicios de salud para el efectivo goce de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes, haciendo especial énfasis en las mujeres, que son las que enfrentan las consecuencias de un embarazo no deseado.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), un embarazo no deseado en una adolescente no es resultado de una decisión deliberada sino de la ausencia de opciones al no tener acceso a la información o a la atención médica. En ese sentido, una política de salud sexual y reproductiva para adolescentes debe entender que el derecho a la salud, en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, implica que se garantice una vida sexual segura y sin riesgos, en la que se pueda decidir si procrear o no, en qué momento y la frecuencia de ello.

Una política de este carácter debe tener en cuenta de manera diferenciada las situaciones particulares de los y las adolescentes, los factores económicos y sociales que inciden en sus vidas, pues la tasa de embarazos no es la misma en zonas urbanas frente a rurales; y reparar que una de sus consecuencias más acuciantes es la deserción escolar, pues, como registra MINEDU, un tercio de las adolescentes que abandona el colegio lo hace a causa de un embarazo. En suma, es una cuestión que exige atención y acción.