“¡Yo aborté! Fue una decisión difícil pero que tomé con suma responsabilidad”. Mariana es una mujer católica que decidió abortar pese a que el discurso oficial de la jerarquía católica condena esta práctica. La historia de Mariana no es distinta a otras que suceden a diario y que el Estado y las jerarquías eclesiales buscan criminalizar desde la legislación penal o desde la culpa y el estigma.

Necesidad y transgresión

Ante la historia de una mujer que presenta un aborto, las lecturas, interpretaciones y soluciones están relacionadas con la ideología, la visión del mundo y la moral sexual de quien las realiza. Es así que en la historia de América Latina el tema del aborto ha planteado un diálogo que aparece y desaparece dependiendo de varios factores sociales y políticos, que no ha estado exento de las influencias de los grupos fundamentalistas religiosos y políticos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, afectando principalmente a las políticas públicas.

En el Perú, por ejemplo, el aborto terapéutico es legal desde 1924 y desde 2014 contamos con un Protocolo de Aborto Terapéutico (PAT) que ha permitido estandarizar los criterios y procedimientos técnicos para realizar un aborto por indicación terapéutica. Pese a ello, su implementación ha estado limitada por razones de índole ideológico y de convicción religiosa.

La legislación que permite la criminalización del aborto es consecuencia de un proceso de secularización que no ha acabado y que ha sido el punto principal sobre el cual las jerarquías eclesiales buscan mantener una estrecha vigilancia y control. Para lograr esta vigilancia y control, muchas veces han operado en dos niveles: a nivel público, a través de su histórica relación con el poder político y económico; a nivel privado, a través del púlpito y del discurso teológico patriarcal de la sanción moral, el estigma y la culpa hacia las mujeres.

Pero así como el discurso del aborto no ha sido unívoco en la historia de la Iglesia católica, las percepciones y experiencias de las y los católicos en el campo de la sexualidad y la reproducción han estado plagadas de transgresiones al orden tutelar eclesial en el ámbito privado.

Según el Censo de Población y Vivienda-2017, 76% de la población peruana es católica; sin embargo, queda claro que el ejercicio de la sexualidad de la población no ha estado sujeto al mandato divino de la reproducción, así como la decisión del aborto no se ha limitado por los mandatos religiosos de control a los cuerpos de las mujeres. En nuestro país, 19% de las mujeres en edad reproductiva (18 a 49 años) han abortado alguna vez en su vida (IOP-PUCP, 2019) y cada día ocurren más de mil abortos en situación de clandestinidad (C.M.P. Flora Tristán, 2006). De otro lado, es importante señalar que 71% de la población peruana no está de acuerdo con el encarcelamiento de las mujeres que abortan (Encuesta Nacional Datum, 2018) y 73% de la población católica considera que las mujeres que abortan pueden ser buenas madres y buenas personas (CDD-Perú, 2013).

Lo anterior demuestra que las mujeres abortan por situaciones concretas en contextos determinados por la criminalización legal y social del aborto, la pobreza, la violencia de género y la ausencia de una política integral de educación sexual. La condición de clandestinidad o ilegalidad en la que se practica el aborto se configura como un instrumento de sanción moral que busca reforzar las nociones de pecado y crimen que pululan desde el púlpito, el confesionario, y ahora más, por campañas de grupos fundamentalistas que no reconocen a las mujeres como sujetas morales para decidir sobre sus vidas, cuerpos y sexualidad.

La democratización de las sociedades, el surgimiento del movimiento feminista y el cada vez más sentido pluralismo religioso han reconfigurado estas ataduras, politizándolas e incidiendo en el cambio del discurso oficial de odio y condena eterna a las mujeres que abortan. Así mismo, ha permitido la construcción de teologías liberadoras y el surgimiento de organizaciones de disidencia religiosa. Es el caso de Católicas por el Derecho a Decidir-Perú, una organización que politiza la experiencia de abortar y la asume como una lucha colectiva desde la misma identidad católica.