La implementación del Nuevo Currículo Nacional (NCN) se inició a mediados del año 2016. Una de las novedades de este documento es la incorporación del enfoque de género como política pública educativa impulsada por el Ministerio de Educación (MINEDU). El MINEDU optó por impulsar este enfoque considerando la alta tasa de feminicidios reportados; así, entre los argumentos más resaltantes que justificaron la puesta en marcha del NCN está apostar por la concientización de los estudiantes de educación básica regular respecto a la igualdad de derechos existentes entre varones y mujeres, teniendo como efecto positivo la reducción de crímenes cometidos teniendo como trasfondo estereotipos de género.

Ante ello, muchos sectores de la sociedad civil mostraron su conformidad con la implementación del NCN, al considerar que insertar el enfoque de género en ese documento, demuestra la preocupación del MINEDU por brindar la importancia que merecen temas tan sensibles como la igualdad de género, lo que simboliza un avance significativo en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en oportunidades. Sin embargo, como es natural existieron reacciones adversas provenientes de grupos religiosos, colectivos de padres de familia, congresistas, entre otros sectores conservadores que mostraron su oposición al NCN expresando que su contenido se halla impregnado por la mal llamada “ideología de género” incitando a la sexualización prematura de sus hijos, vulnerando inclusive su derecho como padres a decidir sobre la educación sexual de sus hijos.

Esta polémica trascendió a la tribuna jurídica, cuando el colectivo Padres en Acción (PEA) interpuso una demanda constitucional de Acción Popular contra el NCN sustentados en los argumentos indicados líneas arriba. De la misma manera, el MINEDU se vio en la necesidad de presentar sus contrargumentos, invocando que el NCN no persigue como objetivo de política pública educativa, implantar la “ideología de género” como alude el colectivo PEA peyorativamente al enfoque de género, sino que busca la erradicación de formas de discriminación sexual basada en estereotipos.

Paralelo a este debate, se sumaron protestas sociales lideradas por el colectivo “Con mis hijos no te metas” -quienes representan al sector conservador recalcitrante- exigiendo su anulación por supuestamente promover la homosexualidad, las relaciones sexuales a temprana edad, destruir el concepto de familia, y no tomar en cuenta la opinión de los padres de familia en la redacción del NCN.

La disputa jurisdiccional se declaró fundada parcialmente en primera instancia, determinando la supresión del párrafo que PEA consideraba lesivo al relativizar el concepto de lo “femenino” y “masculino”, en desmedro de las que denominan nociones naturales. Ambas partes apelaron, el caso fue resuelto en última instancia a nivel nacional por la Corte Suprema de Justicia de Lima declarando infundada en todos sus extremos, la demanda interpuesta por el PEA.

De esa manera, la controversia culminó en lo judicial, mas no a nivel político. Aún a la fecha el debate es una constante, y lo seguirá siendo mientras los sectores conservadores no reconozcan la importancia de contemplar como política pública el enfoque de género; menos aún, el derecho a una educación sexual que evitaría embarazos no deseados, aumento porcentual de la pobreza, enfermedades de transmisión sexual, y situaciones de violencia alimentadas por estereotipos de género.