La xenofobia está de moda en la agenda nacional, centrándose en el papel de los migrantes venezolanos en el avance, real o imaginado, de la delincuencia y la inseguridad. Las autoridades anuncian mano dura y deportaciones express. Redadas y controles se multiplican. La agresión contra el foráneo, con y sin uniforme, se dice justificada. La discriminación, el prejuicio y el acoso son entusiastamente aplaudidos por los medios y respaldados por múltiples sectores.

La respuesta ante la realidad de la migración venezolana y los múltiples problemas y desafíos que conlleva, desde el Estado y la sociedad, expresa bien nuestras capacidades y carencias como país frente a fenómenos y situaciones críticas. Como sucedió con la Pandemia del COVID-19, la masiva llegada de extranjeros al país ha generado un escenario donde lo mejor, pero también lo peor, de nosotros, aflora en múltiples dimensiones: en las medidas de política y en el tratamiento mediático, pero también en actitudes cotidianas frente al foráneo que están marcadas por el recelo y el antagonismo.

Si bien la xenofobia nunca se puede justificar, se puede entender. En un contexto de crisis e incertidumbre donde vemos deteriorarse nuestros niveles de vida y descarrilarse nuestras expectativas de progreso, la confianza, la solidaridad y la buena voluntad, pasan lamentablemente a segundo plano. En la disputa por espacios y recursos mínimos, el tejido social se fragmenta y se diluye tanto para nacionales como para el extranjero, convertido en “el otro”: el competidor, el adversario en la lucha diaria por la subsistencia. Y así, la xenofobia levanta cabeza. Ciertamente, la actividad delictiva de los extranjeros existe y se suma a la inseguridad. Organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, han aprovechado la crisis de la seguridad pública para enquistarse en el país y controlar espacios, en particular en los conos de Lima Metropolitana. La ausencia de una política migratoria coherente, la debilidad de los controles fronterizos, la insuficiencia de las fuerzas del orden, así como la ausencia de oportunidades laborales y la profunda crisis económica y social, han sido señalados como elementos que facilitan las actividades delictivas de algunos venezolanos.¹

La criminalidad vinculada a la migración es sólo otro actor que aprovecha los vacíos de poder existentes, tal como lo hacen los cárteles del narcotráfico, los mineros ilegales, los traficantes de terrenos y tantos otros grupos que surgen y avanzan desde la marginalidad, gracias a la debilidad del Estado y la irresponsabilidad e incapacidad de nuestra clase política. En apenas dos años hemos tenido nada menos que once ministros del Interior, algunos rescatables, la mayoría cuestionables, pero todos efímeros. El deterioro de la institucionalidad, la desintegración de las estructuras sociales, la profundización de la crisis multidimensional, conforman el caldo de cultivo para la delincuencia, nacional e importada.

Pero la evidencia disponible también indica que la criminalidad venezolana, sin negar su presencia, se ha magnificado. Así, los reclusos de origen venezolano constituyen menos del 2% de la población penitenciaria.² Más aún, investigaciones sobre el vínculo entre migración e incidencia de la criminalidad sugieren que, proporcionalmente, los migrantes venezolanos cometen menos delitos que la población peruana.³

Sin embargo, es innegable que la inseguridad alienta temores y prejuicios. En las encuestas regionales, el Perú figura como el país donde la percepción de que la delincuencia avanza es mayor, con un abrumador 87% de encuestados.⁴ En tal escenario, la desconfianza frente al foráneo se ve reforzada. Así, pese a que los hechos delictivos atribuibles a venezolanos son un mínimo del registro policial, entre buena parte de la ciudadanía la sensación de inseguridad por su presencia , a los que justa o injustamente se vincula con la criminalidad, es elevada.⁵

Cabe señalar la relación directa que existe entre la percepción de inseguridad frente a los migrantes y la acción de los medios de comunicación.⁶ La magnificación de los actos delictivos cometidos por venezolanos y la difusión de generalizaciones y estereotipos, equiparando extranjero con delincuente, se han convertido en una rentable veta de audiencia para los sectores más sensacionalistas de la prensa. Así, las percepciones que vinculan al migrante con los problemas de seguridad ciudadana, se difunden y popularizan entre la ciudadanía.⁷

Existe una suerte de simbiosis perversa entre el poder político y el poder mediático para sacar ventaja en este tema. La magnificación de la criminalidad migrante por los medios amarillos juega en pared con los intereses de una clase política ansiosa por encontrar a quien culpar por sus yerros. Para autoridades deslegitimadas, el gesto adusto y la respuesta tonante que anuncia mano dura con los extranjeros, son un oportuno salvavidas político. La delincuencia de origen venezolano resulta así una excusa para soslayar los descuidos en el campo de la seguridad ciudadana. La narrativa gubernamental de atribuir casi en exclusiva el avance de la delincuencia a los migrantes, es un “ampay, me salvo” tan irreal como censurable.

En todo esto hay una enorme oportunidad perdida, en un país que se ha especializado en perder oportunidades. La migración pudo haber sido el gran catalizador para establecer una estrategia nacional de desarrollo y emprender reformas estructurales. El masivo flujo de capital humano pudo haberse absorbido con políticas de recepción e integración para maximizar los beneficios generados por el equivalente a un boom demográfico. Lamentablemente no se supo aprovechar una oportunidad histórica única, y el migrante venezolano terminó siendo un elemento más, agregado al descuido, a esa mezcolanza que es nuestra vida nacional.

Muchas décadas atrás, un presidente peruano dijo, con una mezcla de sinceridad y cinismo, que en nuestro país había dos clases de problemas: los que se resolvían solos y los que no se resolvían nunca. La respuesta estatal frente a los problemas de la migración venezolana, incluyendo el tema de la criminalidad, cuadra bien con lo que decía aquel mandatario y ejemplifica lo que sucede en otros temas críticos de la agenda nacional: la falta de previsión, las soluciones inmediatistas, los anuncios inefectivos, la difusión de responsabilidades, la descoordinación a todo nivel. Sustitúyase “migrantes venezolanos” por “minería ilegal”, “cambio climático” o “caos vehicular” y se tienen situaciones equivalentes, donde, salvo honrosas excepciones, desde el Estado y quienes lo controlan, lo que se ve es una generalizada lavada de manos.

Ignorar, marginalizar o demonizar a los migrantes no los hará desaparecer. Al final, más allá de antagonismos y desencuentros, tanto peruanos como venezolanos ahora comparten un destino común. Quienes arribaron y quienes nacimos y crecimos aquí, y que tercamente nos empeñamos en vivir en este Perú del mal, de alguna manera compartimos la esperanza de que este país aún puede corregirse, resolver sus problemas y, pese a todo, ofrecernos un futuro mejor.