En nuestro país, llama la atención la escasez de estudios sobre el empresariado. De hecho, hasta tal punto se da por sentada la acción empresarial que, salvo algunas excepciones, no se tienen registros sobre sus transformaciones recientes o su heterogeneidad. Investigadores como Francisco Durand¹ o Enrique Vásquez² han dado cuenta de su reestructuración durante los noventas, pero es poco lo que sabemos sobre el comportamiento del empresariado en dimensiones específicas, como la laboral.

Desde miradas críticas, el empresario aparece como una figura explotadora que solo piensa en su bolsillo. Aun cuando esto fuera cierto -- no necesariamente lo es -- la pregunta clave es por qué ocurre así. La mirada sociológica no asume que sea por naturaleza, o por ser una personificación perfecta de lógicas estructurales. Es necesario analizar, en concreto, los vínculos entre aspectos estructurales y capacidad de agencia.³

Requerimos, entonces, ir más allá de la idea de "explotadores por naturaleza". Si queremos imaginar una política de cambios, necesitamos conocer qué imágenes construyen los empresarios sobre el trabajo y los trabajadores; cómo interactúan con las instituciones peruanas; y cómo funcionan sus dinámicas de autoridad dentro y fuera de la empresa.

Hay tres núcleos de la actual discusión sobre empresariado y organización del trabajo que me interesa enfatizar. El primero está centrado en las imágenes que construyen los empresarios sobre el mundo del trabajo y los trabajadores. Desde los trabajos de Max Weber, hay en la sociología una temprana preocupación por la "cultura empresarial", una mirada luego continuada por Reihard Bendix⁴ en su estudio sobre la autoridad gerencial en USA y Europa, en el que se intenta comprender las circunstancias en las que ciertas maneras de controlar el trabajo humano surgen y se transforman junto a los distintos procesos de industrialización ocurridos hacia fines del siglo XIX. En el caso latinoamericano, son los historiadores quienes mejor han dado cuenta de aspectos específicos, como por ejemplo, de la mirada de los empresarios sobre el campesino/minero, y los mecanismos usados para controlarlos a ellos y a sus familias.⁵

Más recientemente, asistimos a una transformación sobre cómo se piensa a los trabajadores en la "nueva economía"⁶. Como argumenta Alvesson, se habla cada vez menos de 'trabajadores' y más de 'colaboradores', se aplaude la autonomía sobre la sumisión, e incluso se pide creatividad antes que "seguir las reglas"⁷. Por supuesto que estas miradas pueden esconder el ejercicio de poder por parte de la empresa contemporánea,⁸ pero su análisis detallado revela mucho de la transformación de las expectativas del empresario contemporáneo.⁹

Un segundo tipo de análisis se enfoca en la relación entre empresariado e instituciones, esto es, el conjunto de reglas, formales e informales, que cada sociedad tiene. La "Nueva Sociología Económica" utiliza conceptos como "embeddedness"¹⁰ para explicar cómo la acción económica -- que suele pensarse como utilitaria y racional -- está definida por reglas sociales sobre lo aceptable y cognoscible. Piénsese, por ejemplo, en la forma como se van construyendo "mercados" para diferentes productos y servicios, lo que está lejos de estar dado de antemano, y se produce solo a través de decisiones políticas¹¹. El caso de la educación superior peruana es un buen ejemplo sobre cómo un mercado "aparece" junto a actores especializados que buscan lucrar. De haber menos de 8 universidades privadas en 1980, hoy existen 92. Ello hubiese sido imposible sin procesos de desfinanciamiento de la educación pública y flexibilización para la creación de universidades privadas.

La legislación laboral puede ser comprendida desde esta mirada, así como la manera como esta se constituye en una herramienta que permite la negociación de contratos de trabajo. Esto no viene dado de antemano, si no que obedece a una serie de luchas iniciadas por los sindicatos durante el siglo XX. La manera como se plantea cada legislación, los requisitos que exige a los empresarios, la posibilidad de aplicarla (y no dejarla solo como letra muerta), varía en cada sociedad, aún al interior de América Latina¹². Desde aquí es posible pensar fenómenos como el cumplimiento de la ley, y la compleja relación entre globalización y cumplimiento de estándares laborales en Perú. Pensemos, por ejemplo, en el caso del sindicato de Topy Top, que debió recurrir a la intermediación de la Federación internacional del sector textil y a las marcas globales que se abastecen con la empresa peruana, a fin de resolver un conflicto por despidos antisindicales y establecer una pauta de diálogo laboral.¹³

Finalmente, un tercer núcleo de análisis sobre empresariado y organización de trabajo concibe a las instituciones como espacios de negociación permanente. Se incorpora de esta forma una mirada sobre la capacidad de los empresarios para implementar estrategias a nivel social y organizacional. Se vuelve sobre la discusión abierta por el marxismo sobre la relación entre Estado y empresarios capitalistas, y la posibilidad de autonomía del primero. Esta mirada se ha vuelto muy influyente para pensar procesos de "captura del Estado" bajo un modelo neoliberal.

Se abre así debates sobre la capacidad del empresariado para modificar instituciones cuando se implementan determinadas políticas sobre el mundo del trabajo, sea en la relación entre empresarios y organizaciones de trabajadores;¹⁴ en las políticas sobre familia y tiempo de maternidad;¹⁵ o aquellas sobre el capital humano de un país.¹⁶

En síntesis, estos tres núcleos abren varias preguntas respecto de la manera como los empresarios conceptualizan, definen y actúan en relación a la sociedad, en general, y a las políticas laborales, en particular. Sin embargo, el potencial de estas miradas no se ha reflejado en una discusión sistemática sobre el empresariado peruano. Aunque es un actor que aparece constantemente en noticias -- por ejemplo, tras los recientes escándalos de corrupción -- , o en comunicados sobre temas como la reforma laboral, no disponemos de discusiones globales sobre sus características. Para avanzar en ello, sugiero tres ideas planteadas en investigaciones previas sobre el empresariado.

La primera idea es que no existe un solo tipo de empresario. Variables como el tamaño de la empresa, la región en la que el empresario opera, o el sector económico en que participa, define sus acciones. Es claro que el pequeño comerciante de Gamarra es distinto, en sus valores, capacidad de inversión y vínculos con el Ministerio de Trabajo, que la familia Flores, que maneja Topy Top, y ambos casos son diferentes al de los empresarios de la educación superior. Esto tiene consecuencias sobre sus estrategias empresariales y claro, sobre sus políticas de relaciones laborales y recursos humanos.

En cierto sentido común se entiende por 'empresariado' únicamente al sector proveniente de las finanzas y la manufactura, asociado a la migración desde Europa. Es de este tipo de empresariado que proviene parte importante de la élite del país, que reemplazó a la oligarquía desde mediados del siglo XX.¹⁷ Es sobre este sector que se debatió, desde mediados del siglo XX las características de la burguesía peruana y sus posibilidades de tornarse en una "clase dirigente", leyendo la realidad nacional desde una lógica que idealizaba lo ocurrido en Europa o USA.

Estudios que van más allá de ese empresariado clásico son recientes. "Los otros empresarios: ética de migrantes y formación de empresas en Lima", de Adams y Valdivia, publicado en 1991, es un intento por comprender cómo la experiencia de la vida en el campo y la movilidad a la ciudad dotó a los migrantes de habilidades vinculadas a la innovación y autonomía. Hoy es conocido que familias como Huancaruna (Altomayo), Flores (Topy Top) o Añaños (AJE) lograron conformar grupos económicos exitosos, a pesar de no haber contado con los privilegios económicos y políticos de la élite consolidada. Aunque esta veta fue parcialmente explorada a inicios de los noventa por los estudios culturales,¹⁸ la exploración de las identidades de estos nuevos empresarios la debemos a trabajos recientes como los de La Cruz, que estudia a los comerciantes aimaras de Unicachi en Lima¹⁹ o Durand que se ocupa tanto de los Benavides, Graña y Montero, Brescia, Ferreyros, Romero, Dyer o Rodríguez-Pastor, como de los Rodríguez, Añaños, Acuña, Huancaruna y Flores.²⁰

Estas investigaciones dan luces sobre las identidades de los nuevos empresarios, y su posición respecto del empresariado tradicional. Sin embargo, encontrándose más cerca a la sociología política, no incorporan un análisis desde el lugar de trabajo. Todavía es necesario conocer más sobre qué consecuencias tienen los orígenes de los empresarios sobre sus prácticas dentro y fuera de sus organizaciones. No hay estudios sobre el rol de la familia en distintos sectores empresariales, o sobre sus efectos en las políticas de contratación o de relaciones laborales. Tampoco sabemos si diferentes grupos de empresarios (simplificando, los "consolidados" y los "nuevos") tienen diferentes políticas en cuanto a la voz que se da a los trabajadores (¿son ambos grupos igualmente autoritarios o democráticos en la organización?), ni si su capacidad de profesionalizar su gestión del personal, de conflictos laborales o de contratación se maneja de la misma forma.

La segunda idea tiene que ver con la 'racionalidad' empresarial. Aunque necesariamente sea una generalización, existen indicios anecdóticos sobre el poco interés del empresariado peruano en aumentar utilidades a través de la innovación. En lugar de ello, estos privilegiarían la necesidad de "bajar costos". Un ejemplo de ello es su constante pedido por reformas que reduzcan los llamados sobrecostos laborales. Aunque la reforma laboral es crucial, es llamativo que el énfasis se ponga en los sobrecostos y no en la necesidad de mejorar el nivel de capital humano o aumentar la productividad, para no hablar de la desigualdad social. Piénsese, por ejemplo, en la "Ley Pulpín", y en el tipo de argumentación que se dio alrededor de ella por parte de los gremios empresariales.²¹

En contraste con ello, no se dice mucho sobre otras maneras de aumentar la competitividad de la empresa peruana. No es común encontrar en el espacio público discusiones sobre mejoras tecnológicas en minería o en el sector textil, sobre la necesidad de mejorar la infraestructura y capacidad logística de las regiones, o de políticas de gestión del trabajo acordes con la "nueva economía". Son temas que aparecen, una y otra vez en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), pero que luego desaparecen de la discusión a nivel gremial.

La relevancia de lo anterior es clara si notamos que Perú se encuentra entre los países que menos invierten en innovación. En 2015, el Estado invirtió menos de 0.13% del PBI de acuerdo al Ministerio de la Producción, mientras que este porcentaje llega a un promedio de 0.7% en América Latina.²² La comunidad empresarial no ha dicho demasiado sobre esta política, ni parece mostrar gran preocupación sobre el capital humano del país. Aunque los estudiantes de hoy son su futura fuerza de trabajo, es llamativa la ausencia de debates respecto del futuro de la reforma educativa, por ejemplo. Más allá de una discusión moral, llama la atención que el empresario promedio parece buscar solo al trabajador más barato o, cuando es necesario, "cazar" talentos ya preparados en empresas más pequeñas. Se evita entonces discutir sobre líneas de carrera, programas de capacitación y desarrollo profesional, etc.²³. En contraste con los cientos de cursos y asesorías disponibles en el mercado, la empresa privada no parece muy interesada en hablar de formas novedosas de organizar el trabajo, vinculadas con horarios flexibles, trabajo en equipos o mayor autonomía.

Esto nos lleva al tercer punto: En el caso peruano, a diferencia de países como Chile,²⁴ no es claro el interés (formal) de los empresarios respecto de la arena política.²⁵ Si bien parte de la élite empresarial tiene intereses en el Estado y en la práctica hace política vía lobbies o medios de comunicación,²⁶ estos hechos no se relacionan con un esfuerzo por opinar sobre política, interesarse sobre la política pública, o plantear proyectos de largo plazo. La excepción son los llamados a elegir candidatos que aseguren el crecimiento (económico, solo económico) del país.

¿Qué gremios empresariales o empresarios líderes en su sector dijeron algo, a favor o en contra, del indulto presidencial concedido a Alberto Fujimori en diciembre de 2017? ¿Cuántos se pronunciaron tras el incendio que acabó con la vida de dos trabajadores en Las Malvinas? La élite política, la mayoría de empresarios, parecen más preocupados por el PBI que por lo que ocurre con el poder judicial, el medioambiente o la institucionalidad del país. En pocos sectores esto es más claro que en el caso de la educación superior, que experimentó un rápido crecimiento tras las reformas de Fujimori; hoy la mayor parte de organizaciones son empresas privadas más preocupadas por el lucro que por aumentar la calidad de la educación. Frente a ello, los intentos por defender el sistema no se han dado tanto a través de debates en la arena pública, sino de defensas interesadas, a través de presión en los poderes legislativo y judicial.

¿Qué consecuencias trae esto sobre el mundo del trabajo? La primera es que los empresarios no parecen preocupados por organizarse para imaginar el desarrollo del país. Salvo algunos discursos de Gastón Acurio, personaje insignia del boom gastronómico peruano,²⁷ no conozco de empresarios que muestren de forma pública y política, un interés por su relación con el Estado, y, desde allí, por pensar cadenas de valor, competitividad y estrategias de innovación. Los aspectos clave en la generación de clusters exitosos en otros países parecen invisible para los actores locales.²⁸

La segunda consecuencia es que, a nivel organizacional, tenemos empresarios que repiten la negación de la política, que acaba siendo una afirmación autoritaria de su poder. Esto se refleja en el autoritarismo, tan común en el lugar de trabajo peruano: como muestran los estudios de Hofstede²⁹ Perú en uno de los países donde la distancia entre patrón y empleado es más amplia. La empresa peruana reproduce dinámicas de machismo, acoso sexual y nulo empoderamiento de la mujer. Esto no es sorprendente si se piensa en el contexto en el que la empresa opera. Aunque hay valiosas excepciones, como la de grupo de empresas que a fines de 2017 firmaron la "Declaración de Lima" comprometiéndose a reducir la brecha de género,³⁰ no deja de llamar la atención que estos asuntos no pasen de las oficinas de Recursos Humanos, y que pocas veces se vea a dirigentes gremiales hablando de ello como parte de sus estrategias a mediano plazo.