Nunca antes se ha conseguido tan rápidamente, y con tan altos niveles de eficacia, una vacuna para prevenir una enfermedad ocasionada por un virus. Poco más de un año después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara a la COVID-19 como una pandemia aquel infausto 11 de marzo, la humanidad dispone ya de catorce vacunas aprobadas para uso de emergencia.

A fines de 2020 se inició el proceso de vacunación. El nuevo año fue recibido con la esperanza de erradicar la pandemia, pero esta se ha estrellado con la inequidad. Solo cinco países registran porcentajes importantes de la población con la doble dosis de vacuna: Israel (58.5%), Chile (35.2%), Bahrein (32.4%), Estados Unidos (31.6%) y Reino Unido (22.8%). Muchos países, especialmente en África, aún no han empezado el proceso, y en la mayoría de países, incluida la Unión Europea, el proceso es lento. Ello ocurre, a pesar que la Comisión Europea, en representación de los 27 países miembros, realizó las compras de las vacunas de manera conjunta para asegurar mejores precios. Sin embargo, los laboratorios (AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y Johnson&Johnson) no han cumplido las entregas en las fechas pactadas.

La situación en América Latina es aún más grave. Solo se cuenta con dosis para inmunizar al 6% de la población, mientras las altas tasas de contagio y muertes apuntan a incrementarse con una tercera ola. Teniendo en cuenta que la región alberga al 8 % de la población mundial pero el 28 % de todas las muertes por esa enfermedad, el presidente del BID, Mauricio Claver Carone sentenció que "la COVID-19 ha golpeado a América Latina y el Caribe como a ningún otro lugar del mundo".

Al momento, la producción mundial de vacunas contra la COVID-19 es insuficiente y ha sido acaparada por los países desarrollados, que han comprado entre dos y tres veces las necesidades de su población, acción conocida como “nacionalismo de las vacunas”. Sin embargo, la compra no garantiza necesariamente la disponibilidad. A pesar de esta realidad, no ha habido ningún intento de los países desarrollados de encontrar una solución real. Las propuestas de carácter voluntario han fracasado.

Propuestas para garantizar la equidad

Desde abril del año pasado empezaron a surgir algunas propuestas de carácter voluntario para encarar el tratamiento de la enfermedad de forma global. La primera de ellas fue el Centro de Acceso Global a Vacunas COVID-19 (Covax), una iniciativa de colaboración internacional de financiamiento para distribuir equitativamente las vacunas, conformado por la Alianza para las Vacunas (Gavi) --de la que participa la Fundación de Bill Gates--, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la OMS. La idea original de Covax era coordinar las compras a nivel mundial para garantizar que los países más pobres no quedaran fuera de la carrera y lograran vacunar en 2021 al 20% de su población, cifra insuficiente para controlar la pandemia. Durante el primer semestre solo se dispone de dosis para vacunar al 3.3% de la población.

En mayo, la OMS hizo un llamado internacional a la acción solidaria y en ese marco lanzó la iniciativa de conformar un Technology Access Pool (C-TAP), una suerte de banco de datos que permitiría centralizar en la OMS todo el conocimiento disponible para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la COVID-19. A pesar de su carácter voluntario, la iniciativa fue rechazada por la Federación Internacional de Compañías y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA). Horas después de que la OMS lanzara la propuesta, el entonces presidente de USA Donald Trump anunció su retiro de esa organización por considerarla una institución “al servicio de China”.

En octubre, India y Sudáfrica plantearon una audaz propuesta en el Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) de la Organización Mundial de Comercio (OMC): suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual relacionados con los tratamientos y la prevención de la COVID-19 hasta disponer de una oferta que permitiera proveer las vacunas a toda la población. Si bien en el acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC se prevén algunas exenciones -por razones de interés público, un Estado puede pedir al titular de una patente que autorice a un tercero a que produzca su medicamento o vacuna- el proceso es complejo y engorroso.

La iniciativa considera que la única manera de satisfacer la demanda de vacunas requerida por la población mundial consiste en facilitar el conocimiento a los países que tienen la capacidad de producir medicamentos tanto para su consumo interno como para exportarlos, sin ser sancionados por violar las normas de propiedad intelectual de la OMC. Además, prioriza la rapidez del proceso no solo para evitar muertes innecesarias o evitar las cuarentenas en curso, sino para impedir nuevas mutaciones del virus a medida que continúe propagándose entre las poblaciones desprotegidas, ya que estas variantes podrían no ser controladas por las vacunas disponibles hoy.

Esta propuesta fue debatida por última vez los días 10 y 11 de marzo de 2021. Más de 100 de los 164 países miembros la respaldan, así como por lo menos 350 organismos no gubernamentales, entre ellos Médicos sin Fronteras y Amnistía Internacional, miembros del Parlamento Europeo y congresistas de Estados Unidos. En cambio, se oponen los gobiernos de los países sede de la industria farmacéutica: Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Canadá.

Sucede que aumentar la producción de vacunas, tal como busca la iniciativa, implicaría menores precios y reduciría la capacidad de los laboratorios farmacéuticos de imponer condiciones a los gobiernos, tal como lo vienen haciendo. No les importa la pandemia. Negocios son negocios. La rentabilidad en la industria farmacéutica es probablemente sólo superada por la del narcotráfico y la venta de armas.

El poder de la Big Pharma

Los gobiernos y los organismos de salud pública en todo el mundo, han tenido que aceptar mantener en secreto detalles clave de los contratos de adquisición de las vacunas (precios de las dosis, calendario de entrega, pagos por adelantado, entre otros). Las condiciones son sencillamente inaceptables. Como los laboratorios son dueños de la patente -a pesar de los miles de millones de dólares que han recibido en subsidios públicos para desarrollar la vacuna- les prohíben a los Estados exportarlas o donarlas sin su consentimiento. Los términos les permiten manejar los plazos de las entregas sin ninguna consecuencia e incluso canalizar la producción al mejor postor.

Las demoras en la entrega de las vacunas generan una sensación de desconfianza en la ciudadanía, puesto que las autoridades no pueden programar el proceso de vacunación Los gobiernos suelen ser calificados por los medios de comunicación como ineficientes, mientras el sector privado presiona para que se les permita comprar directamente las vacunas a los laboratorios. Esto ocurre en Brasil, Perú, México y Argentina. Probablemente piensan que los laboratorios no les pedirán garantías y que con ellos sí cumplirán el plazo de las entregas. Quizás suponen también que las garantías que le exigen los laboratorios a los gobiernos para eximirse de toda responsabilidad ante la probabilidad de daños causados por la vacuna debería ponerlas el Estado, tal como ocurrió con la deuda externa privada, que tuvimos que cargarla los contribuyentes, durante la década de los ochenta.

China y Rusia: diplomacia de vacunas

Mientras la humanidad pugna desesperadamente por las vacunas, China y Rusia han encontrado la puerta abierta para hacer diplomacia con las suyas, y tener una mayor presencia en el tablero de la geopolítica mundial. En América Latina, Chile ha vacunado con la doble dosis al 35.2% de su población, con el 90% de vacunas producidas por el laboratorio chino Sinovac. La Universidad Católica de Chile participó en un ensayo clínico y el gobierno tuvo acceso preferencial a ellas. En Brasil, Sinovac tiene un acuerdo de transferencia de tecnología de su vacuna y participa con el Instituto Butantán de Sao Paulo en su fabricación. La entrega de vacunas chinas ha dado lugar a que el gobierno brasileño permita la participación de la empresa Huawei en la licitación de la instalación de la tecnología 5G en Brasil, que hasta entonces estaba inhabilitada por presión del gobierno norteamericano.

Argentina y Perú realizaron ensayos clínicos con Sinopharm y, toda vez que la vacuna está aprobada, han recibido una primera entrega de un millón de dosis, de un acuerdo por 30 y 38 millones de dosis, respectivamente. México, con una de las tasas más altas de muertes por número de habitantes en el mundo, registró incumplimientos en la entrega de las dosis adquiridas, básicamente, a laboratorios norteamericanos. Por eso, durante una reunión virtual sostenida el 1 de marzo con el presidente Biden, el presidente López Obrador tenía proyectado pedirle a su colega compartir con México parte del suministro estadounidense de vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, antes del inicio de la reunión, se descartó que Estados Unidos estuviera considerando, al menos en esta fase, compartir las dosis con su vecino u otros países. Días después, el gobierno mexicano acordó la compra de 10 millones de dosis de Sinovac y 12 millones de dosis de Sinopharm. Además, aprobó el uso de otra vacuna china, producida por CanSino, que será fabricada en el país.

Salvo Costa Rica, El Salvador, Panamá y Cuba –que no ha aprobado ninguna– todos los países de la región han aprobado el uso de la vacuna rusa Sputnik V, fabricada por el laboratorio Gamaleya, o alguna de las cuatro vacunas chinas producidas por los laboratorios CanSino, Sinopharm y Sinovac. Cuba es el único país latinoamericano que tiene dos proyectos de vacuna que ya se encuentran en la fase 3 de los ensayos clínicos.

Las vacunas chinas y rusas se ofrecen también en África, Asia e, inclusive, Europa, donde algunos países se han desmarcado de las compras conjuntas realizadas por la Comisión Europea, para adquirirlas a ambos países. Recientemente, la farmacéutica italo-suiza Adienne Pharma & Biotech y el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), que tiene la patente de la Sputnik V, firmaron un acuerdo para producirla en Italia.

Estados Unidos reacciona

El 12 de marzo se realizó una cumbre virtual de los miembros del Diálogo Cuatripartito de Seguridad (QUAD) conformado por Estados Unidos, India, Japón y Australia. Este grupo informal creado en 2004, aborda temas de cooperación, aunque mirando siempre de costado a China.

En el encuentro, el presidente Biden se comprometió a apoyar financieramente a Biological E, un laboratorio de vacunas de la India, con el fin de producir mil millones de dosis hacia 2022 y beneficiar a las naciones de Asia-Pacífico, así como al mecanismo Covax. El apoyo no contempla la urgencia del corto plazo y, más bien, parece priorizar el debilitamiento de la presencia china y rusa, y retirar a la India como protagonista en la OMC de los pedidos de suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. Días después del anuncio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) informó en su reporte de 2020 haber persuadido a Brasil de no aceptar la vacuna rusa y ofrecido a Panamá asistencia técnica a cambio de no aceptar una oferta de médicos cubanos, con el fin de evitar la amenaza de esos “Estados malintencionados”.

Biden es acusado por organizaciones internacionales defensoras de la salud de acaparar vacunas. Se le exige a su administración que canalice el sobre stock a las naciones más necesitadas, pero él ha reiterado que no se desprenderá de una sola vacuna hecha en laboratorios de ese país hasta no haber vacunado a todos los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, en el escenario de los graves problemas en la frontera con México, ha acordado el envío de 2.5 millones de dosis de AstraZeneca, aún no autorizada en ese país.

A diferencia de Estados Unidos, que viene vacunando vertiginosamente a su población, China y Rusia han desplegado la venta de sus vacunas por el mundo, a costa de sus bajas tasas de vacunación. Si bien China se puede dar ese lujo al tener la pandemia controlada, Rusia, con sólo 5.3% de vacunados, no consigue bajar la cifra de muertes diarias (400). Es el costo de ser parte de las grandes ligas en el tablero de la geopolítica global. En cualquier caso, la humanidad tiene el conocimiento y la capacidad de producir el arma contra el virus. Sin embargo, la inequidad y la pugna por el poder hegemónico se erigen como las grandes murallas que impiden la erradicación de esta catástrofe.