Como muchos, crecí escuchando que el velasquismo fue la génesis de todos nuestros males. Que nos dejó un Estado elefantiásico, intervencionista y burocrático. Que la Reforma Agraria fue un fracaso. Que las empresas públicas y de propiedad social fueron focos de ineficacia y corrupción. Y así, como una letanía, asistí por años a una retahíla interminable de problemas y “errores” atribuidos al corto gobierno de Velasco (1968–1975) que resulta ocioso enumerar en este artículo.

Más allá de esta visión simplista, parcial e intencionada del proceso militar, lo cierto es que durante el velasquismo se dieron transformaciones fundamentales para ayudar a comprender el Perú actual. Una de ellas residió en la reforma laboral que impulsó entre 1970 y 1975, expresada en la aprobación de una legislación garantista de los derechos de los trabajadores. Esta decisión descolocó a la oligarquía y a la naciente burguesía local, que de pronto, como nunca antes, tuvieron que enfrentar a un proletariado organizado y empoderado legalmente en crecimiento.

Velasco impulsó una revisión integral de la legislación laboral que cambió la orientación de un Estado que hasta entonces había abdicado de su rol tutelar (Neves, 2016). En términos generales, durante su gobierno se impuso un modelo de intervención en el mercado de trabajo y en las relaciones laborales. En lo individual, estableció mecanismos de protección al trabajador en la contratación y despido. En lo colectivo, promovió el reconocimiento de sindicatos y también la negociación colectiva, ubicando al Estado como árbitro de las convenciones colectivas (Verdera, 2000). Parte de estos principios fundamentales quedaron consagrados en la Constitución de 1979.

De todos los derechos constituidos, el que mayor relevancia tuvo fue la estabilidad laboral. La ley N° 18471 de 1970 estableció que el trabajador pasaba a gozar de estabilidad en el empleo a partir de su tercer mes de labores, es decir, era incorporado a un régimen de contratación indeterminada que lo protegía del despido arbitrario (Mujica, 1987). Esta norma tendría una vigencia parcial hasta el primer aprismo (1987), para desaparecer totalmente con la reforma neoliberal fujimorista (1991–1996). Cinco décadas después, hay quienes siguen acusando al “proteccionismo laboral” de Velasco de ser la causa de la alta informalidad y subempleo de nuestros días.

Una segunda reforma fundamental, pero de menor duración, fue la creación de la Comunidad Industrial. Este sistema incorporaba la participación de los trabajadores en la gestión y propiedad de las empresas. El modelo no llegó a cuajar, y el rápido final de la “primera fase” del gobierno militar impidió que la masa laboral tuviera tiempo para asumir el reto de la administración empresarial.

El impacto de las reformas velasquistas sigue siendo hoy objeto de debates y polémica. Para la derecha el proteccionismo y rigidez de su propuesta laboral estarían a la base del subempleo, informalidad y precariedad laboral. No consideran en su análisis los efectos de la crisis e hiperinflación de fines de los ochenta, ni el impacto del shock económico y de la flexibilización laboral de inicios de los noventa, en la calidad del empleo y sus indicadores paupérrimos.

Obvian deliberadamente que fue por esos años que la tasa de sindicalización y el número de sindicatos creció como nunca. Que los cambios introducidos fomentaron la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso y el crecimiento del empleo asalariado estable. Que los salarios y remuneraciones alcanzaron su pico máximo (1974). Y que la participación de los ingresos laborales como porcentaje del PBI logró su mayor proporción (Alarco, 2018).

Nada de eso importa. Velasco seguirá siendo el cuco que, al reconocer al trabajador como sujeto de derechos, le dio poder para pelear por mejores condiciones de vida. Una herejía para el Perú oligárquico y, ahora, neoliberal.