El 9 de octubre de 1968, seis días después del golpe militar presidido por el General Juan Velasco Alvarado, el Ejército tomó los pozos petroleros y la Refinería de Talara, de propiedad de la International Petroleum Company (IPC), declarando su nacionalización como también el Día de la Dignidad Nacional. Ese mismo día el presidente Velasco en su mensaje a la Nación declaró: “Hace más de 50 años que, como una dolorosa herida, el problema de La Brea y Pariñas ha constituido para la república un capítulo de oprobio y de vergüenza, por representar un ultraje a la dignidad, al honor y a la soberanía de la nación”. Y ese mismo día flameaba en la refinería de Talara, como dijo Velasco, “el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía”.

Había bastantes motivos para ello. Durante todo el siglo XX la IPC había tenido el cuasi monopolio de la producción, refinación y comercialización del petróleo y había innumerables denuncias acerca de su comportamiento abusivo en materia de apropiación de rentas, fijación precios elevados y, sobre todo, un impresionante poder político, apoyado por el régimen oligárquico gobernante.

Todo se origina con la firma del Acta de Talara entre el gobierno de Belaúnde y la IPC. El Acta contemplaba que la IPC podía seguir operando la Refinería de Talara en forma de concesión por un lapso de 40 años. La empresa estatal le cobraría a la IPC un precio acordado por la venta del crudo y el gas. Asimismo, se acordaba la condonación de los impuestos no pagados por la IPC, que sumaban varias decenas de millones de dólares.

El problema central fue la denuncia, por parte del presidente de la empresa estatal de petróleo, la EPF, de que había desaparecido la página 11 del Acta de Talara, que establecía el precio que la empresa estatal debía cobrarle a la IPC por el crudo producido.

La indignación fue mayúscula. El partido Acción Popular se dividió. Fernando Belaúnde había ganado las elecciones de 1963 enarbolando un programa reformista, que incluía varios temas claves como la reforma agraria de la tierra (base del poder económico y político de la oligarquía) y la recuperación de la soberanía nacional sobre la industria petrolera, aunque no necesariamente la nacionalización. Tras el escándalo, su gobierno cayó prácticamente en una crisis terminal.

El contexto internacional después de la II Guerra Mundial

La nacionalización de la IPC no fue un tema solamente “peruano”, sino que formó parte de un vasto movimiento internacional que comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo como eje la lucha por la independencia de los países africanos y asiáticos, que eran colonias de las principales potencias europeas. Los puntos más altos de esta lucha fueron la independencia de casi todos los países africanos y asiáticos (incluidas la China y la India) después de largas luchas por la independencia nacional, lo que incluye la guerra de Vietnam que logró la unidad y la independencia de ese país, derrotando a EEUU.

Este vasto movimiento mundial se planteó importantes luchas por la recuperación de la soberanía nacional y la renta del petróleo, principalmente, hasta ese entonces dominadas por empresas norteamericanas y británicas, llamadas las Siete Hermanas (Esso, Mobil, Shell, British Petroleum, Chevron, Gulf y Texaco).

Este movimiento terminó con las concesiones petroleras, cuya duración era de 100 años y otorgaba la propiedad de los hidrocarburos a las empresas. En su lugar, los gobiernos de estos países constituyeron empresas estatales, que tenían la propiedad de los hidrocarburos. Los principales países petroleros formaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo (la OPEP), con el objetivo de participar en la generación y distribución de la renta petrolera mundial.

En América Latina este movimiento comenzó mucho antes y en casi todos los países hubo enfrentamientos políticos para recuperar la soberanía sobre la renta petrolera. Argentina fue el país pionero: en 1922 se constituyó la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Le siguió Petróleos Mexicanos en 1938, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Más adelante se formaría la Empresa Petrolera Fiscal en el Perú (EPF, antecesora de Petroperú), Ecopetrol en Colombia, PDVSA en Venezuela, Petrobras en Brasil, CEPE en Ecuador, ENAP en Chile, YPFB en Bolivia y ANCAP en Uruguay.

Fue también durante los años 60 que se formalizó un nuevo modelo de contrato con las empresas extranjeras, llamado también de participación en la producción. Estos nuevos contratos fueron resistidos por las Siete Hermanas (en 1953 se dio un golpe de Estado en Irán contra Mossadegh, poniendo en el poder al Sha de Irán), pero finalmente se adoptaron en muchos países en desarrollo y también en el Perú.

Las estrategias de desarrollo: teoría de la dependencia e industrialización por sustitución de importaciones

El gobierno militar adoptó una estrategia de desarrollo que se sustentaba -por lo menos, en el discurso- en la teoría de la dependencia y, también, en la necesidad de industrializar al país para superar el subdesarrollo. Veamos esto más de cerca.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1971-75, se dice: “Desde comienzos de la época moderna algunas sociedades del Viejo Mundo expandieron su acción hacia zonas que les eran periféricas, las dominaron económicamente y las incorporaron en condiciones de subordinación al naciente sistema capitalista europeo. Nuevos centros de poder industrial surgieron posteriormente en otras partes del mundo, pero la dinámica de su dominación sobre áreas periféricas fue básicamente la misma. Las relaciones de subordinación serían más tarde denominadas relaciones de dependencia. El fenómeno de dependencia alude, por tanto, a las relaciones de subordinación económica establecidas entre países económicamente poderosos y países económicamente débiles. Y aunque la dependencia tiene otras dimensiones importantes, su connotación básica es de carácter económico. En este sentido, dependencia alude al fenómeno imperialista, es decir, a la penetración de los intereses económicos de los centros industriales de gran poder sobre área de economía menos diversificadas y de carácter pre-industrial”.

Como se aprecia, la relación de dependencia va mucho más lejos que los planteamientos de Raúl Prebisch, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, que desarrolló el concepto centro-periferia, donde el centro eran los países industrializados y la periferia los países del Tercer Mundo. Vale la pena recalcar que el concepto centro-periferia no hace alusión al “fenómeno de la dependencia” ni, menos, al fenómeno imperialista.

En el análisis de Prebisch, la falla fundamental es que las teorías económicas de especialización en las ventajas comparativas como modelo para el desarrollo habían fracasado. Cada país debía especializarse en la producción de aquellos bienes y mercancías en los que tiene una ventaja comparativa. Esta teoría dice que cuando se produce el intercambio de bienes entre los países, los precios de todas las mercancías, tenderán a igualarse, ya sean estos bienes industrializados con alto valor agregado, o productos básicos, con muy poco valor agregado, como el petróleo, el cobre, el banano y el azúcar.

La realidad ha determinado que eso no sea así, por diversos motivos, dice Prebisch, siendo uno de los más importantes el hecho de que los sindicatos de obreros de los países industrializados se apropian, mediante la negociación colectiva y las luchas salariales, de la “tajada” del aumento de la productividad que debía trasladarse al abaratamiento de los precios de las mercancías producidas en esos países.

Por ello, América Latina debe dejar de lado la teoría de las ventajas comparativas y avanzar en un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, donde le cabe un rol preponderante a las políticas explícitas del Estado para su impulso: banca de desarrollo, protección del mercado interno vía el alza de aranceles, tasa de interés diferenciado e incentivos tributarios.

Archivo Quehacer</em>

En los hechos, el gobierno de la Fuerza Armada adoptó un híbrido de las dos teorías. Impulsó reformas estructurales de fondo para cambiar las relaciones de dependencia: expropiaciones de empresas imperialistas, reforma agraria, refuerzo de empresas públicas ya creadas (como SiderPerú) y creación de nuevas empresas (como Petroperú, MineroPerú, SiderPerú, ElectroPerú, Induperú, entre otras) así como un fuerte apoyo a las empresas de propiedad social.

Y también puso en marcha la industrialización por sustitución de importaciones, con muchas de las medidas reseñadas líneas arriba. Pero fue mucho más lejos que lo expuesto por Prebisch al crear, dentro de las empresas, la Comunidad Industrial formada por todos los estamentos de la empresa (incluidos los empleados y obreros), que poco a poco detentaría el 50% de las acciones de la empresa.

El rol de los recursos naturales: petróleo y minerales

En esta estrategia cumple un rol central la apropiación del Estado en la renta de los recursos naturales, componente central de la soberanía y de la recuperación de la dignidad nacional.

El gobierno militar apoyó decididamente a Petroperú en todos los aspectos, destacando las inversiones en exploración de petróleo en la Amazonía. Fue Petroperú el primero en descubrir petróleo en la Selva, con los pozos de Trompeteros, Capirona y Pavayacu. En esta estrategia no se dejó de lado al capital extranjero, que también participó con 16 contratos en la selva amazónica. Solo uno de los contratistas encontró petróleo: Occidental Petroleum en el Lote 1-AB ¹

El gobierno militar llevó al Perú a formar parte del Consejo Intergubernamental de los países Exportadores del Cobre (CIPEC), junto con Chile, Zambia y Zaire. Su objetivo era coordinar las políticas de los países miembros a fin de optimizar los ingresos provenientes de la explotación del cobre emulando, de alguna manera, a la OPEP. Este intento no tuvo éxito y la organización llegó a su fin en 1988.

También debe destacarse que el gobierno militar permitió la actividad minera de empresas extranjeras, destacando fundamentalmente la empresa Southern Perú Copper Corporation, filial de ASARCO, empresa de EEUU (en el 2004 el Grupo México adquirió la mayoría accionaria que le permitió ser propietaria de la SPCC).

Un breve colofón: El “argumento final” de los militares reformistas

Es cierto que los militares querían que los recursos naturales sean los generadores de rentas importantes y de divisas para impulsar la industrialización del país. Pero estos objetivos chocaron con problemas de tiempo de maduración de los proyectos y, más importante aún, con cambios en la coyuntura política.

En efecto, el oleoducto hasta Bayóvar recién entró plenamente en operaciones en 1978, por lo que solo en ese momento se pudo valorizar el petróleo encontrado en la selva. De su lado, la mina Cuajone comenzó a producir en 1976, llegando a su máximo recién en 1978.

Sin embargo, la coyuntura política comenzó a cambiar en 1975, después de la salida del general Velasco, lo que coincidió con el inicio de la crisis económica. Es en esos años que el gobierno del general Morales Bermúdez comienza la llamada “segunda fase”, que desemboca en la salida de los militares reformistas a mediados de 1976.

Así las cosas, los objetivos iniciales del gobierno militar quedaron truncos. Es importante anotar que éstos eran parte de un plan mayor, como afirma Fernando Sánchez Albavera en su libro “Minería, Capital Transnacional y Poder en el Perú” (DESCO, 1981), pues se contemplaba que una vez que se llegará a cierta cantidad todo iba a ser nacionalizado: “Para los sectores progresistas era cuestión de tiempo. Southern debía ser expropiada después de culminar la inversión de Cuajone. Sin embargo, se pecó de ingenuidad. Los sectores progresistas de la FA fueron barridos y la Southern es hoy la empresa más importante y el símbolo del poder transnacional en el Perú”.

Esta idea, de primero expropiar las empresas que explotaban nuestros recursos naturales para luego nacionalizarlas en su integridad, es un buen ejemplo de la radicalidad de un proceso que no se quedaba en el mero estatismo, como se afirma muchas veces, sino que aspiró a construir, como se decía en esos tiempos, una sociedad distinta, ya que estatización y nacionalización no es lo mismo.