La reforma agraria: hacendados y campesinos en la Sierra Central
Después de casi cincuenta años, la Reforma Agraria llevada a cabo por el gobierno del General Velasco sigue generando agudas controversias. En ese sentido, abundan los testimonios y análisis sobre su impacto en la población campesina. Sin embargo, muy poco se habla de los hacendados, aquellos a quienes se les expropiaron las tierras.
Recordemos lo sucedido en la Sierra Central, especialmente los departamentos de Junín y Huancavelica. Junín fue un departamento en donde surgieron fuertes y emblemáticos conflictos previos a la reforma de 1969, como resistencia a la expansión de la división ganadera de la Cerro de Pasco Corporation. Como respuesta, en 1964 el gobierno de Belaúnde promulgó una ley de reforma agraria que priorizó precisamente a Pasco y Junín.
Paralelamente a la concentración de tierras por parte de la minera, también estuvo la impulsada por la Sociedad Ganadera Fernandini –llamada después Algolán– que luego de expropiarse se adjudicó inmediatamente 207 000 hectáreas de sus tierras. Esta hacienda llegó a tener 309 090 hectáreas (llegando hasta la costa de Ica y selva de Huánuco), 352 264 cabezas de ganado ovino, 13 408 vacunos y 1105 equinos.
Estos fueron los antecedentes para la formación de las SAIS Túpac Amaru, integrada por quince comunidades campesinas y una cooperativa de servicios, y Cahuide sindicada como la empresa campesina más extensa no solo del departamento de Junín sino del país, pues sus 270 000 hectáreas abarcaron los distritos de Pariahuanca, Chongos Alto y Santo Domingo de Acobamba (provincia de Huancayo), Yanacancha (distrito de Chupaca) y el distrito de Comas (provincia de Concepción) del departamento de Junín, además del distrito de San Marcos de Rochac (provincia de Tayacaja), en Huancavelica. Sus unidades de producción se localizaron sobre las antiguas ex haciendas Laive (37000 ha), Antapongo (36000 ha), Tucle-Río de la Virgen (18000 ha), Acopalca (37000 ha), Huari (3 000 ha), Runatullo (102000 ha) y Punto (20000 ha), ubicadas en ambas márgenes del río Mantaro.
En el caso de Huancavelica, aunque con una rentabilidad más cercana a la subsistencia, las haciendas poseían una gran importancia, sobre todo, por el control de la mano de obra campesina que permitía la propiedad de la tierra. Entre las haciendas teníamos a Palcas y Constancia, cuyo propietario era la familia Alarco; Rumichaca, de los Delgado; Pichoy y Ocopa de la familia Larrauri Vidalón; Pampachacra de Fabriciano Salazar y su esposa Olinda Patiño, entre otras.
Como consta en los testimonios recopilados por Mercedes Crisóstomo, una experiencia que marcó la vida de muchos huancavelicanos, fue haber servido como pongos: “los gamonales nos hacían sufrir”. Por eso, recuerdan nítidamente al patrón huyendo, esquivando las piedras lanzadas con “huaracas” por los comuneros cuando empezó la reforma agraria por esos lares.
De la fusión de más de 54 haciendas se conformó la SAIS Huancavelica en 1974. Abarcaba por lo menos tres provincias del departamento de Huancavelica, pero fundamentalmente Angaraes, con más de 83000 hectáreas, incorporando a ex yanaconas de esas haciendas así como a comuneros. Pero se impusieron los conflictos entre los socios y las comunidades que quedaron fuera de la organización. La SAIS Huancavelica sería disuelta en 1980 por la presión de los campesinos. No siempre la reforma salió como lo esperaban los tecnócratas del Gobierno Militar. Los comuneros se opusieron a que la SAIS se consolidara porque “eran ingenieros (…) eran como los hacendados”.
Algunos ex hacendados pugnaron por recuperar sus haciendas a través del Poder Judicial, incluso violentamente como en Colcabamba, Huancavelica. Otros pensaron en la autoparcelación y hubo quienes decidieron ceder a la propuesta de gobierno con la finalidad de no poner en riesgo posibles futuros negocios. Otros se fueron a vivir a Lima a la espera del pago del “bono agrario” prometido.