La realización de encuestas está íntimamente vinculada con el espíritu democrático de un país. Debe considerarse que su correcta aplicación requiere que la ciudadanía se sienta en la libertad de expresar su opinión. Las encuestas no funcionan en regímenes autoritarios o donde las personas sienten que pueden ser sancionadas por sus opiniones. Por eso se pone en duda su eficacia en escenarios de alta polarización, donde el deber ser social no coincide con lo que la persona siente. Hoy, antes que el individuo tenga una posición informada, interesa que tenga una opinión y sienta que existen las condiciones adecuadas para expresarla.

El panorama electoral nos tiene acostumbrados a la publicación constante de encuestas, en lo que comúnmente se llama “carrera de caballos”, aunque su real utilidad va mucho más allá de medir la intención de voto de los candidatos, independientemente de si ésta es espontánea, apoyada o potencial. Este uso de las encuestas nos hace olvidar que no tienen un carácter predictivo, que lo que nos muestran es lo que hemos logrado hasta el momento de efectuar las mediciones y que su mayor utilidad es guiarnos en medio de las decisiones que deben tomarse con miras a una elección o en medio de una coyuntura política.

Contra lo que muchos agoreros señalan, las encuestas siguen siendo la mejor forma de acercarse al conocimiento del estado de la opinión pública. Su utilidad, en las distintas fases de una elección como en la gestión del gobierno, es indiscutible, pero vale la pena preguntarnos si realmente se está haciendo un uso adecuado de ellas.

¿Cuándo medir?

Contar con mediciones sistemáticas de la opinión pública resulta indispensable. Hacer estudios sólo en coyunturas electorales o ante situaciones críticas es un error. Los gobiernos democráticos requieren mecanismos para evaluar permanentemente la opinión pública y poder persuadir en caso de ser necesario. Establecer niveles de respaldo a las autoridades y a las medidas adoptadas es algo indispensable y que no debería ser considerado un uso inadecuado de los recursos públicos. Sin esta información, mantener la legitimidad puede ser impensable y su carencia puede generar ingobernabilidad.

Por supuesto que la mera realización de encuestas no garantiza que se adopten las acciones adecuadas, pero bien usadas pueden ayudar a definir una candidatura ganadora, a iniciar una buena gestión o a establecer una estrategia de gobierno que genere “optimismo y paciencia”.

Un error frecuente de los políticos es guiarse por las mediciones que publican los medios de comunicación, las que no sólo tienen metodologías no comparables, son producto de cuestionarios que nunca se llegan a conocer en su totalidad. Aún aspectos como la aprobación de una gestión, pueden variar de acuerdo con la forma en que se pregunta o el lugar que se le asigna a las preguntas dentro de un cuestionario.

Toda investigación cuantitativa supone el desarrollo de hipótesis, esto es, parte de una lectura de la realidad. De allí que sea necesario que quienes tienen que tomar decisiones (los gobernantes, los congresistas, los líderes políticos, los candidatos), cuenten con estudios diseñados ad hoc para ellos, que sean estructurados para la toma de decisiones.
Lamentablemente, en nuestro país los estudios se han limitado cada vez más a los temas coyunturales, dejando de lado el indagar sobre actitudes, que perduran en el tiempo y que influyen en el comportamiento de los ciudadanos en el mediano y largo plazo. Identificar las actitudes y creencias de la gente es necesario para establecer políticas o campañas que realmente funcionen. Una interpretación errónea puede llevar a que algunos gobiernos se derrumben, como cuando PPK tomó la decisión de indultar a Alberto Fujimori, sin considerar el impacto que tendría en el sector que lo eligió presidente de la República.

Otro de los grandes déficits en la investigación de opinión pública que se realiza en el país, tiene que ver con la cobertura de las mediciones. La subvaloración de las zonas rurales, la concentración de la muestra, puede no pasar factura cuando la realidad que se quiere medir es homogénea entre todos los segmentos investigados. Sin embargo, en un país como el nuestro, las opiniones suelen variar de forma significativa de un grupo social a otro, por lo que debería tenerse más cuidado al momento de señalar a quién se está realmente se representa en las muestras efectuadas. Obviar esta situación ha generado muchas sorpresas en los últimos años, como es de público conocimiento.

¿Qué medimos?

Existen una serie de indicadores sobre cuán democrática, racista, machista o tolerante a la corrupción es una sociedad y cómo se ubica con relación a otros países. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado al establecer qué se está midiendo. De otro modo se pueden generar equivocaciones en la interpretación, como cuando se evalúan los resultados del Latinobarómetro sobre el nivel de satisfacción con la democracia. De acuerdo con la última encuesta, El Salvador es el país latinoamericano donde se registra mayor satisfacción con la democracia (64%), aunque existen cada vez más dudas sobre su carácter democrático. Lo mismo ocurrió en el 2009, cuando en la Venezuela de Hugo Chávez se encontraban más personas satisfechas con el funcionamiento de la democracia en su país que la registrada en países como el Perú. Quedó claro en ese momento que los encuestados estaban pensando más bien en el desempeño de los gobiernos de turno, lo cual nos lleva a preguntarnos sobre si vale la pena seguir haciendo ese tipo de pregunta o si la única conclusión que podemos sacar está relacionada con lo que las personas toman en cuenta al responder la interrogante.

Una reciente encuesta pregunta textualmente: “Si el Congreso destituye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿usted cree que afecta o no a la democracia?”, obteniendo 74% que respondió afirmativamente. Si consideramos que anteriormente la propia firma que realiza la encuesta había señalado que la mayor parte de las personas no conocía de la JNJ, ¿qué está midiendo la pregunta? Obviamente no la importancia de esta entidad, sino la mala imagen del Poder Legislativo.

Para entender al electorado debemos tener claro qué estamos midiendo. Si se trata de creencias, actitudes, intenciones o simples opiniones. De eso dependerá qué tan fácil será o no modificar la posición en la que se encuentra la población. Los políticos no pueden limitarse a entender dónde está la población: deben saber si existe o no la posibilidad de cambiar su posición. Para muestra, lo ocurrido con el Referéndum con el que se aprobó la Constitución de 1993. Al inicio las encuestas indicaban una tendencia mayoritaria a votar por el sí, aunque una encuesta efectuada por Imasen mostraba como cambiaba la percepción de la ciudadanía cuando se ponía la atención en determinados aspectos.

Lo ocurrido ya es historia, se aprobó la Constitución, pero por un margen estrecho y en medio de sospechas de fraude. Los opositores al gobierno de Alberto Fujimori lograron que un importante porcentaje de peruanos no votaran por el sí. Para que las encuestas sean usadas de esta forma requieren de políticos que estén dispuestos a liderar, a asumir la conducción de la sociedad y a convencer de que sus posiciones son las más adecuadas. En estos últimos tiempos, pareciera que los políticos se han cansado de esgrimir argumentos y que han optado por simplemente actuar, olvidando que la falta de legitimidad se termina pagando más temprano que tarde.

¿Qué piensan los políticos de las encuestas?

Los políticos suelen tener argumentos contradictorios frente a las encuestas. En más de una ocasión tienen discursos contra ellas, cuestionando su legitimidad, idoneidad e incluso seriedad profesional. Lo cierto es que saben de la importancia de las encuestas y las usan intensivamente. Lo hacen cuando se trata de analizar quién o quiénes deben ser los candidatos, incluso algunos tratan de identificar con mucha anticipación el perfil del candidato ideal o el público al que deben dirigirse. Si llegan al gobierno, también recurrirán a las encuestas para saber si las medidas planteadas tendrán o no aceptación, así como para saber cuáles son sus niveles de aprobación y cómo aumentarlos.

Los políticos saben que las encuestas tienen impacto en financistas, líderes de opinión y hasta dentro de su militancia. La repercusión de las encuestas en la opinión pública es más relativa. De aquellas épocas donde una empresa encuestadora salió para legitimar el respaldo al cierre del Congreso, aludiendo a una encuesta nacional hecha en unas horas, ha pasado mucho. En la actualidad, las personas ponen en tela de juicio todo lo que aparece en los medios de comunicación, y las encuestas publicadas no son la excepción. Las personas están dispuestas a confiar solamente en lo que coincide con sus puntos de vista; el poder de las encuestas en la forma como las personas perciben las cosas aparece más limitado. La idea de que las personas votan por quién va ganando en las encuestas tampoco ha sido demostrada.

Los políticos modernos saben que tienen que hacer encuestas, pero sobre todo entenderlas, incorporarlas en sus procesos de decisión. No son lo único a considerar, pero sí son importantes.