Durante su participación en el juicio a Alberto Fujimori, el antropólogo Carlos Iván Degregori relata un episodio ocurrido en Junín durante el Conflicto Armado Interno.¹ Un grupo de ronderos, comités de autodefensa campesinos, va al cuartel con la intención de comunicar su voluntad de aliarse con los militares para combatir a Sendero Luminoso. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, rechazan el ofrecimiento acusándolos de terroristas, de terrucos. Entonces, los ronderos se retiran, le tienden una emboscada a un grupo de senderistas, los asesinan y les cortan la cabeza. Al volver al cuartel, dejan una bolsa con las cabezas y confrontan a los militares: “¿Bueno y ahora? ¿Nos creen o no, que somos aliados?”

Este episodio funciona como una suerte de escena primordial del terruqueo y del modo con que los terruqueados deben actuar para ser aceptados y reintegrados a la colectividad. Los actores en cuestión calzan en los roles del terruqueado y el terruqueador: por un lado, una comunidad campesina andina, sospechosa por excelencia de haber formado parte de algún grupo subversivo; por el otro, los militares, quienes tienen la potestad, y sobre todo la fuerza, para detener y disponer de los cuerpos que crean sospechosos. Al momento de llamar ‘terrucos’ a sus interlocutores, lo que se hace es expulsarlos del colectivo nacional, aún cuando quizás los terruqueados nunca se hayan sentido parte de ese colectivo; a partir de ese momento pasan a convertirse abiertamente en extranjeros, enemigos, sujetos sin derechos. Entonces, quienes han sido terruqueados pueden aceptar pasivamente la etiqueta o, lo que es más probable, intentar demostrar lo contrario. Los comuneros de Junín buscan probar su “inocencia” del modo más drástico posible: exhibir las cabezas cortadas de los senderistas y mostrarles a las fuerzas del orden que son tan capaces como ellos de ejercer violencia contra los enemigos de la nación.

Mi impresión es que esta escena se ha venido repitiendo innumerables veces en las décadas recientes, si bien después del fin de la guerra, la demostración de inocencia suele prescindir de la violencia física: por lo general, los terruqueados hoy “tan solo” matan a los terroristas verbal y simbólicamente. Al respecto, basta echar una ojeada a la prensa y ver qué adjetivos suelen calificar a los ex subversivos: sanguinarios, crueles, bárbaros, despiadados, etc. No se trata por supuesto de que la subversión no haya cometido actos de esa naturaleza, que sí los cometió; lo que está en juego aquí es que la adjetivación cumple una función preventiva que busca que el emisor sea desde ya identificado como contrario a los enemigos de la nación. Si alguien es acusado de terrorista y quiere limpiar su imagen, debe matar —física o simbólicamente— a los terrucos.

Ahora bien, este acto no siempre es suficiente para demostrar la inocencia del terruqueado. La resolución de la acusación dependerá de quién es el que terruquea, cuál es la razón con que fundamenta su acusación, quién es el terruqueado y cuán contundente es su respuesta exculpatoria. Es aquí donde entran los prejuicios raciales y de origen, los cuales determinan quién puede llamar al otro terrorista y quién es sospechoso de serlo: con los ronderos de Junín, su sola presencia física —un grupo de hombres, andinos, armados— justificaba, para los militares, considerarlos terroristas. En otros casos, el terruqueo se fundamenta a partir de la contigüidad con una persona u objeto vinculado al terrorismo: que alguien tenga en su poder el Libro rojo de Mao o la bandera de la hoz y el martillo, que alguien comparta en redes sociales un discurso de Abimael Guzmán aunque sea para criticarlo, que alguien haya sido visto o fotografiado (o photoshopeado) junto a un sospechoso de terrorismo… todas serán pruebas incriminatorias. La proximidad con “el terrorismo”, al que se le atribuyen poderes de contagio irresistibles, justifica la sospecha de este tipo de terruqueo, cuyo procedimiento fundamental parece ser el de la contigüidad o, para usar un término literario, la metonimia: si A está junto a B, es porque A es igual a B.

Pasemos a algunos ejemplos. En diciembre de 2020, Rubén Vargas, el ministro del interior del gobierno interino de Francisco Sagasti, lleva a cabo el Operativo Olimpo, en el que se detiene a casi una centena de miembros del Movadef, acusados de terrorismo sin presentar ninguna prueba contundente. El argumento era que los detenidos, si bien defendían una política de amnistía general, seguían profesando el “pensamiento Gonzalo”. La medida fue tan arbitraria que hasta César Nakazaki, abogado ex defensor de Alberto Fujimori, y alguien que no se identifica precisamente con la izquierda o con el senderismo, la cuestionó duramente.² Lo que es menos conocido es que la misma tarde en que se efectuó el operativo, la prensa local difundió una noticia sobre el propio ministro: tendría un medio hermano que había sido dirigente senderista.Vargas se defendió aduciendo que no conocía al supuesto pariente y que su familia había sufrido el acoso de Sendero Luminoso.

Según se conoció poco después, Vargas habría sabido que la noticia se iba a difundir y eso lo motivó a acelerar la ejecución del Operativo Olimpo, aún cuando algunos oficiales de la policía consideraban que éste todavía estaba “verde”.³ Así, como prevención, el ministro se adelanta, mata simbólicamente a los supuestos terroristas y “ofrece sus cabezas” a la nación. Horas después, el terruqueador es terruqueado y a éste no le queda otra alternativa que renunciar. ¿Por qué esta vez la defensa no fue efectiva? No parece haber sido importante que el público peruano creyera realmente que un derechista como Vargas fuera hermano de un senderista, sino que su caída era vista como el primer paso para desestabilizar el débil gobierno de Sagasti, que no contaba con el favor de la gran prensa y la ultraderecha. Al competir con un acusador con medios más poderosos que los suyos, el terruqueado fue derrotado.

El caso del exministro, el del terruqueador terruqueado, no es tan raro como parece, y sobre todo muestra con elocuencia cómo funciona el mecanismo de contigüidad: ser familiar de un terrorista implica ser sospechoso, estar demasiado cerca, compartir el estigma. Sin embargo, la contigüidad no es el único modo de terruqueo, ni necesariamente el más frecuente. La promulgación de las distintas leyes contra la apología al terrorismo ha facilitado la expansión indiscriminada del terruqueo. Para ameritar ser llamado terrorista, no se necesita ya cometer un acto de terrorismo, participar de una agrupación que los cometa o estar relacionado con alguno de sus miembros, sus ideas o simbología. Tan sólo se necesita emitir una opinión que pueda ser considerada filoterrorista —es decir, que exalte el terrorismo, que lo difunda, que relativice sus daños o que sea percibida como complaciente, demasiado tibia—, una categoría que abre posibilidades infinitas y encuentra a veces víctimas insospechadas.

Uno de los ejemplos más célebres es el del expresidente Alan García, quien en Ayacucho, durante la clausura del VII Congreso Nacional de la Juventud Aprista en mayo de 1988, elogió la “mística” de los militantes senderistas quienes, equivocados o no, le merecían su “respeto y personal admiración” por la firmeza de sus convicciones.⁴ De acuerdo con Carlos Tapia, García no sabía que estaba siendo grabado y buscaba ajustar su discurso frente a un público radicalizado que al parecer quería escuchar más de medidas efectivas contra la pobreza, entendida como causa fundamental de la subversión, que de una mayor militarización en la zona.⁵ Sin embargo, cabe preguntarse si no hay algo de cierto en las palabras del líder aprista, si no es que el mejor engaño es el que se hace diciendo la verdad. Me aventuro a creer que García, quien había llegado a tener 90% de aprobación al inicio de su mandato, y cuya popularidad para 1988 ya estaba en franco declive, debía envidiar, en cierto modo, la obstinada fidelidad con que los militantes senderistas seguían, a pesar de todo, a Abimael Guzmán. En todo caso, a confesión de parte, relevo de pruebas: la frase de García evidencia que para él Sendero Luminoso retoma una tradición, de mística y sacrificio militante, presente en el aprismo originario. A veces, la prohibición de hablar de Sendero, que es el efecto que a la larga produce la ley de apología al terrorismo, parece tener como objetivo silenciar las continuidades del movimiento senderista con la historia peruana.

En todo caso, no parecería ser tarea de la izquierda o del progresismo la de fungir de policía de las opiniones ajenas. Las declaraciones de García son despreciables por su incoherencia, su voluntad de engañar y manipular, de hacer algo y decir lo contrario. Además, revelan cierta vocación autoritaria que su sucesor, más ducho en esas artes, perfeccionaría. Dicho ésto, ¿en qué tipo de sociedad alguien que lanza una opinión como esa, que no tiene consecuencias inmediatas, tendría que ir a prisión? Revivir el video para acusar de apologeta del terrorismo a García —algo que sucede cada cierto tiempo desde sectores que son terruqueados—, puede servir para ganar una polémica en redes sociales, pero no contribuye a desenredar el relato del terruqueo. Al contrario, lo refuerza.

La mayoría de abordajes sobre el terruqueo han enfatizado en cómo este mecanismo es utilizado desde las élites peruanas como arma política y legal para intimidar, discriminar o deshumanizar a sus adversarios políticos. Sin embargo, es importante también preguntarse cómo responden a estas acusaciones quienes son terruqueados, interrogarse cuándo y por qué se opta por rechazar frontalmente el apelativo, aplicar una suerte de “contra-terruqueo” o escoger la autocensura y el silencio preventivo. Desafortunadamente, si estas respuestas —por más justas que sean—, no escapan del ritual exculpatorio de “matar a los terrucos”, el relato del terruqueo, hoy hegemónico en el Perú, permanece intocado. Por eso, cuando las circunstancias lo permitan, el objetivo crítico debe ser el de desmontar ese discurso y cuestionar sus binarismos elementales.