En agosto de 2021 se declaró en emergencia el sistema educativo peruano hasta el término del primer semestre de 2022. El Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, aprobado poco después, propuso recuperar y consolidar los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica y el retorno a la presencialidad a través de cinco medidas: (i) asegurar las condiciones para un retorno gradual, flexible, seguro y voluntario a las escuelas; (ii) fortalecer Aprendo en Casa y la estrategia nacional para la reinserción y la continuidad educativa, (iii) generar condiciones para recuperar y consolidar los aprendizajes e implementar una estrategia de refuerzo escolar, (iv) brindar soporte socioemocional a estudiantes y familias y, (v) evaluar y actualizar el sistema curricular.

Finalizado el período de emergencia educativa, cabe preguntarse tanto por las condiciones en las que seis millones de estudiantes retornaron a las aulas en marzo de 2022, como por lo avanzado en prevenir la interrupción temporal o el abandono definitivo de la escolaridad obligatoria entre las estudiantes más vulnerables. También es momento de reflexionar sobre la calidad y oportunidad del apoyo técnico y socioemocional brindado a docentes y directivos de las instituciones educativas, en cuyas manos estuvo y estará atender, de manera flexible, pertinente y diferenciada, las cada vez más complejas y diversas necesidades de aprendizaje, cognitivas y socioemocionales, de todas las niñas, niños y adolescentes para que nadie se quede atrás.

Para evaluar el plan de emergencia o cualquier política pública, se requiere de acceso a información cuantitativa y cualitativa sobre la situación de inicio, el proceso y sus resultados. Lamentablemente el acceso a información pública de calidad, uno de los derechos fundamentales para ejercer una ciudadanía plena, sigue siendo un problema en el sector educación. A diferencia del sector salud, no contamos con una sala situacional que proporcione información confiable y actualizada sobre la reapertura parcial o total de las escuelas en el país, no conocemos cuántas escuelas continúan en modalidad semipresencial o a distancia, ya sea porque no cuentan con los servicios básicos o por el mal estado de su infraestructura. Tampoco se conoce el comportamiento de la matrícula, los hallazgos de la evaluación diagnóstica de los estudiantes al retorno, la situación y necesidades formativas del personal docente y directivo, los avances en la implementación del currículo, los resultados del monitoreo de las condiciones de bioseguridad o de las estrategias que desplegaron las escuelas para recuperar aprendizajes.

Sí hemos conocido recientemente los resultados de las pruebas virtuales de lectura y matemática que el Ministerio de Educación aplicó en noviembre y diciembre de 2021 a estudiantes de cuarto y sexto grado de primaria y a estudiantes de segundo año de secundaria que tenían dispositivos electrónicos y conexión a internet. Si bien los hallazgos de la Evaluación Virtual de Aprendizajes no son representativos de la población escolar, son muy relevantes porque confirman que los dos años de educación remota de emergencia han ocasionado rezagos significativos en el desarrollo de las competencias lectora y matemática de los estudiantes que tuvieron acceso a internet, lo que permite suponer pérdidas de aprendizaje aún mayores entre estudiantes vulnerables y con lengua materna indígena que no participaron en la evaluación porque tenían acceso limitado o ningún acceso a internet.

Sabemos también que la suspensión de clases presenciales y el confinamiento prolongado en los hogares afectó las habilidades socioemocionales de los estudiantes de segundo grado de secundaria evaluados. Los hallazgos son claros. Sólo uno de cada diez adolescentes evaluados controlan sus emociones, se alientan en el desánimo y son positivos (autoeficacia emocional), dos de cada diez hacen amigos fácilmente, expresan sus opiniones, conversan con personas poco conocidas (autoeficacia social) e, igualmente, sólo dos de cada diez se esfuerzan por lograr sus objetivos, hacer planes y aprender de sus errores (autorregulación conductual).

Todos saludamos los esfuerzos que realizaron el Ministerio de Educación y las instituciones educativas desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo de 2020. Se logró garantizar la continuidad del servicio educativo y se organizó en muy corto plazo una oferta multimodal de educación remota (Aprendo en Casa), a la que luego se agregaron otras estrategias: acompañamiento emocional a estudiantes, familias y docentes; desarrollo de capacidades docentes y directivas para la gestión de la enseñanza y el aprendizaje de manera remota y en entornos virtuales, la dotación de tabletas a las poblaciones escolares más vulnerables para reducir la brecha digital, el sistema Alerta Escuela para mitigar el riesgo de interrupción de estudios, o la estrategia de refuerzo escolar. Todo este esfuerzo, sin embargo, no ha sido suficiente para lograr las metas de recuperación de aprendizajes y retorno a la presencialidad plena, con mejoras pedagógicas previstas en el Plan de Emergencia.

Es imperativo invertir más esfuerzos y recursos públicos y privados en implementar medidas eficaces para frenar las pérdidas en aprendizajes y asegurar el logro de las competencias esperadas al término de la educación básica, cerrar las brechas de desigualdad educativa que la pandemia ha agravado, mitigar los riesgos de interrupción o abandono de la educación obligatoria y mejorar, sin pausa, la calidad de la enseñanza, la infraestructura y el equipamiento en todo el sistema.